El Secretario General del PP, Ángel Acebes Paniagua, asegura que del Estatut en Catalunya está ‘tutelado por ETA’

No parece tener límites el Partido Popular a la hora de hacer oposición. Ayer, a través de su diputado Vicente Martínez-Pujalte, que seguía la senda trazada la víspera por el portavoz Eduardo Zaplana, no dudó en mancillar a instituciones nacionales y europeas con el único objetivo de socavar a Zapatero. Ambos diputados populares, en una exhibición de ignorancia sobre el funcionamiento de las instituciones europeas, sostuvo la peregrina argumentación de que, si llega menos dinero de los fondos europeos, caerá sobre el Gobierno la sospecha de haber negociado bajo cuerda esa rebaja a cambio de la inhibición de Bruselas en la OPA de Gas Natural sobre Endesa. El PP y sus cajas de resonancia mediáticas sostienen que esa negociación habría sido el objeto de la entrevista entre Zapatero y el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso. Aparte de que está acusando de prevaricación a ambos, de todos es sabido que la reducción de los fondos está ya inscrita en el horizonte europeo desde la ampliación a 25 y, sobre todo, debido al aumento de renta relativa que se ha producido en las regiones españolas respecto a la media comunitaria.

El presidente Barroso, que pertenece al Partido Popular Europeo, tildó anteayer de absurda la acusación. Y lo es. En primer lugar, porque no hay relación posible entre la negociación de los fondos y la OPA. La decisión sobre las próximas perspectivas financieras 2007-2013 no la tomará Barroso, ni siquiera la Comisión, sino que debe ser decidida por unanimidad de los Veinticinco, y está hoy en manos principalmente de la presidencia británica de turno, así como de los dos socios de más peso, que son Berlín y París. En segundo lugar, poco tiene que decir Barroso de la OPA. Era una decisión que podía tomar autónomamente la comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, que ha preferido acudir a una decisión del Colegio de Comisarios para que no hubiera sombra de parcialidad. Precisamente ha sido el PP el que ha dado un pésimo espectáculo intentando presionar sobre sus amigos en la Comisión.

En las acusaciones que lanza el PP se reflejan como en un espejo sus comportamientos sectarios, que persiguen el objetivo de aplazar y, si puede, frustrar la operación. Para ello no duda en amalgamarlo con todo, Estatuto catalán incluido, hasta expresar su preferencia por capital extranjero antes que por una institución de ahorro española. Tal como ha recordado Solbes, la legislación en Bruselas es la misma que en Madrid. El PP es el principal partido de la oposición y no debe seguir lesionando intereses económicos legítimos, la imagen de España, la de la Comisión y la suya propia. Y hora es ya de que abandone la politización de la OPA sobre Endesa.

Al proclamar que ETA está tutelando el proyecto de nuevo estatuto catalán, el secretario general del PP, Ángel Acebes, ha cruzado una raya peligrosa. Es absurdo conceder esa influencia a una banda que busca desesperadamente motivos para mantenerse en candelero. El argumento de Acebes, asumido luego por Aznar y el resto de la cúpula, es que el comunicado etarra «impone que Cataluña sea una nación». Se trata de un argumento de bajísima calidad, que revela una gran ignorancia sobre lo que es ETA y también sobre lo que está en juego en el debate sobre el Estatut; y que trasluce la obsesión del PP por encajar todo lo que ocurre en su discurso monotemático sobre la supeditación del Gobierno a aliados que lo están a su vez a ETA.

Ese discurso pasó a primer plano a raíz de conocerse la entrevista de Carod-Rovira con ETA en Perpiñán, a comienzos de 2004. Su denuncia por parte del PP tuvo un inmediato reflejo en los sondeos electorales, que volvieron a pronosticarle mayoría absoluta. Con ese antecedente en la cabeza, el PP viene empeñándose desde su derrota electoral en aplicar dicho discurso a cualquier situación, desde los contenidos de la Ley de Defensa hasta la OPA sobre Endesa. El resultado no sólo ha empobrecido el debate político, sino que también ha fomentado la idea algo paranoica de que todo lo que ocurre tiene que ver con el objetivo final de negociar con ETA. Frases como la de que «ETA necesita a Zapatero y Zapatero a ETA» o afirmaciones como la de que el Estatut es el «fruto de Perpiñán» ayudan poco a entender lo que está pasando, pero resultan de gran eficacia para movilizar pasiones (y bajos instintos) territoriales.

El PP se siente seguro en ese terreno porque considera que su pasado le avala. El Gobierno de Aznar tuvo aciertos indudables en política antiterrorista, favorecidos por la lealtad del PSOE de Zapatero. A partir de un determinado momento, sin embargo, entró en una dinámica de ultrasoluciones que conducían imparablemente hacia decisiones drásticas, como el procesamiento de Ibarretxe si convocaba el referéndum,

que habrían convertido un problema difícil en uno irresoluble. También ahora, frente al Estatut avalado por el 90% de los parlamentarios catalanes, el PP plantea ultrasoluciones -devolver sin más el proyecto o un acuerdo que excluyera a los nacionalistas- que de prosperar conducirían a callejones sin salida.

El extremismo monotemático del PP resta toda credibilidad a sus críticas. Y como a los malos argumentos suele responderse con malos argumentos -como el de atribuir las actitudes del PP al secreto deseo de que siga ETA-, la política española se aleja así de la moderación, haciendo imposible el entendimiento que sería necesario para culminar las reformas propuestas por el PSOE sin caer en los peligros que anuncia el PP.