El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena por corrupción al ex juez Luis Pasqüal Estevill y al abogado Joan Piqué Vidal

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el abogado penalista Juan Piqué Vidal para evitar una condena que le obligue a ingresar en prisión tras el juicio del caso Estevill?

El macroproceso a la mayor red de corrupción judicial descubierta jamás en Cataluña empezó el pasado lunes 6 de septiembre con la presentación de las cuestiones previas por parte de las defensas.Los dos principales acusados de haber organizado una trama para secuestrar judicialmente a algunos de los empresarios y banqueros más significativos de la vida económica catalana y española son el ex juez Lluís Pascual Estevill y el abogado penalista Juan Piqué Vidal, para los que el fiscal pide condenas de 10 y seis años de prisión, respectivamente.

Paradójicamente, un Estevill rendido ha dejado de ser el protagonista principal del proceso. Es el que está acusado de ser su cómplice, Juan Piqué Vidal, quien concentra todas las miradas. Porque, aunque formal y públicamente, parece decidido a defenderse de las acusaciones como gato panza arriba, en realidad ha intentado lograr un acuerdo con las principales víctimas que le permita conformarse con una pena de prisión inferior a dos años y con los 15 años de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía que le reclama el fiscal del caso, Carlos Ramos.

De hecho, Piqué Vidal, antes de que se iniciara la vista, ingresó los 390.000 euros que el fiscal fijaba como responsabilidades civiles solidarias para él y para Pascual Estevill. De esa cantidad, 120.000 euros son para Federico Albiñana y 90.000 para Eduardo Santos, principales perjudicados del caso Macosa; los restantes 180.000 euros deben dividirse a partes iguales entre Javier e Ignacio Ferrero Jordi y su primo José María Ventura Ferrero, propietarios y administradores de Nutrexpa.

Fuentes del tribunal aseguran que el gesto de Piqué Vidal, aunque no es estrictamente una admisión de culpabilidad, sí va más allá de la consignación de las cantidades exigidas por el fiscal.«Piqué ha pagado», aseguran las mencionadas fuentes, «y, de hecho, en los resguardos de ingreso que aportó al tribunal, dejaba claro que su pretensión era que las cantidades fueran entregadas en metálico a los perjudicados antes de la celebración de la vista».

Pero las acusaciones particulares no tienen suficiente. Consideran que el juicio del caso Estevill, con el ex juez rendido y confeso, es en realidad un juicio de reparación. Las partes consultadas coinciden en afirmar que el tribunal tendrá pocas dificultades para considerar que la instrucción de la causa ha probado sobradamente las conductas delictivas atribuidas a Estevill y a Piqué Vidal.Lo que necesitan las víctimas es una admisión pública de culpabilidad, una confesión pormenorizada.

Y es ahí donde parece haberse encallado el acuerdo que pretendía Piqué. La tesis defendida por el penalista es que él estaba dispuesto a indemnizar a las víctimas y a aceptar una conformidad, a pesar de ser inocente, para evitar a su familia y a sus amigos el trago del juicio, pero que la pretensión de las acusaciones de que realice una confesión es excesiva y no está dispuesto a aceptarla.

De esa manera, aunque el fiscal, poco predispuesto al pacto, aceptara lo que ofrece Piqué Vidal, cualquiera de las 16 representaciones de la acusación particular y de la acción popular podría reventar el pacto. Buena parte de los perjudicados del caso Estevill consultados por este diario aseguran que no están en absoluto dispuestos a ser compasivos con Piqué Vidal si no les ofrece una confesión pormenorizada cuando declare el próximo miércoles 16 de septiembre.

La semana pasada, sin embargo, los voceros de Piqué aseguraban en la Sala que el pacto estaba próximo y que el juicio duraría apenas una pequeña parte del mes y medio que había previsto el tribunal. Pero las acusaciones afirman que ya no hay pacto posible y sólo están dispuestas a mostrarse indulgentes con Piqué si la declaración del miércoles les resulta satisfactoria.

Pascual Estevill es un hombre derrotado. Se presentó ante el tribunal sin voluntad alguna de plantear batalla. Hace casi año y medio, el 15 de mayo de 2003, Estevill remitió una extensa carta al instructor de la causa que seguía el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra él en la que reconocía la mayoría de los crímenes que se le imputan: haber extorsionado, tomando como rehenes con la amenaza de encarcelarles o encarcelándoles directamente, a los propietarios y directivos de Nutrexpa, la compañía fabricante de Cola-Cao; a los directivos de Macosa y al entonces presidente del Banco Central, Alfonso Escámez o a los ejecutivos del grupo asegurador del Banco Central Hispano.

En casi todos los casos, Estevill logró los sobornos que exigía a cambio de liberar a sus víctimas: 25 millones de pesetas en el caso de Nutrexpa y más de 85 millones de pesetas en el caso de Macosa y de Alfonso Escámez. En todos estos casos, Estevill incriminó, como autor intelectual y cómplice en los delitos a Piqué Vidal. La confesión de Estevill y el descubrimiento de las cuentas de Piqué Vidal en Suiza forzaron al abogado a buscar desesperadamente el pacto.

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Sr. Director:

A la vista de las informaciones que Félix Martínez viene vertiendo a través de sus crónicas respecto del caso Estevill en las páginas de EL MUNDO, a lo largo del muy prolongado período de instrucción y en especial en las últimas semanas, deseo puntualizar los siguientes extremos:

-Pese a quien pese, el caso Estevill de ninguna manera llegará a ser el caso Juan Piqué Vidal, por mucho que algún periodista independiente se lo trabaje y lo escriba abiertamente (crónica del 12 de septiembre).

-En su edición de Cataluña, del pasado día 4 de septiembre, anunció en portada que Juan Piqué aceptaba su culpabilidad, a partir de una torticera interpretación del alcance de consignar unos importes en concepto de responsabilidad civil, noticia que el mismo periodista contradice, sin aceptarlo abiertamente, en su crónica de una semana más tarde.

-La mayoría de los periodistas que han cubierto la información del caso a lo largo del prolongado período de instrucción, siempre que lo han considerado necesario, han consultado a Juan Piqué o a su entorno próximo para contrastar sus informaciones. Martínez no lo ha hecho nunca, a pesar de que constantemente cita en sus escritos a las «fuentes consultadas». En ningún caso se refiere a «todas» las fuentes, sino tan sólo a las que a él le interesan y él sabrá por qué actúa con esa parcialidad. En sus manifiestos intentos de perjudicar con sus informaciones al señor Piqué, llega a la osadía de citar a «fuentes del tribunal», parece que en alusión al Tribunal que juzga el caso, es decir que alguna persona, órgano o cargo del mismo interpreta ante la prensa los actos procesales de un justiciable. ¿Existe una forma más directa que ésta de insultar a un tribunal en el ejercicio de sus funciones?

-También deseo dejar constancia del ensañamiento con que Félix Martínez se dedica a calificar al señor Piqué Vidal. No basta con haber intentado transformarle en confeso, sino que ha sugerido que traicionaba a sus clientes, lo cual es absolutamente falso, al utilizar el titular «Traicionando a los clientes» a partir de la construcción morfológica sutil (el continuous inglés) que sugiere una conducta general (contra todos) y permanente. Y para terminar le llama diablo, en el último intento, no de informar, sino de interferir en el proceso de negociación con las partes contrarias, proceso al que todo justiciable tiene derecho, con excepción al parecer de Piqué Vidal.

-Esta es la segunda ocasión en la que nos vemos obligados a precisar informaciones publicadas por EL MUNDO. Curiosamente, esa necesidad no la sentimos respecto a ninguno de los otros medios. Seguramente ustedes pensarán que todos los demás nos dispensan un trato de favor. Francisco de Quinto Zumárraga. Socio de Piqué Abogados Asociados.

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N. de la R.

En contra de lo que afirma el señor De Quinto en su carta, la mayor parte de las informaciones publicadas por EL MUNDO sobre Juan Piqué Vidal y su relación con la trama de extorsiones a empresarios del ex juez Lluís Pascual Estevill se intentaron contrastar con el abogado. Sin embargo, en noviembre de 2002, en una conversación telefónica con Félix Martínez, Piqué Vidal expresó su voluntad de no volver a hablar más con el periodista, cuyas informaciones no eran del agrado del abogado. Semanas después, el propio Francisco de Quinto se expresó en los mismos términos.

Por otra parte, sobre la interpretación «torticera» de la consignación de las responsabilidades civiles para las víctimas de las extorsiones que denuncia De Quinto en su nota, el fiscal manifestó en la Sala, cuando se opuso a que la información de EL MUNDO fuera incluida como prueba en el procedimiento, que se trataba de un análisis legítimo.

La confesión del ex juez Luis Pascual Estevill de que cobró más de 450.000 euros, que fueron ingresados en una cuenta en Suiza, para no acordar el ingreso en prisión de seis empresarios cuando ejercía sus funciones en Terrassa y Barcelona confirma la existencia de uno de los casos más graves de corrupción judicial que ha vivido este país. Las acusaciones y sospechas que a principios de los años noventa apuntaban al ex juez como el responsable de una red de extorsión a empresarios barceloneses han resultado absolutamente ciertas. El problema es, sin embargo, que han hecho falta 13 años para que empezara a aflorar la verdad de una madeja que sería bueno poder desenredar hasta el final.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga estos días al ex juez, para el que el fiscal solicita penas de 10 años de cárcel y 21 de suspensión por una larga ristra de delitos: cohecho, detención ilegal, alzamiento de bienes, amenazas y, lo peor para un juez, prevaricación. Junto a Estevill, aparecen otros ocho acusados, entre los que figura el influyente abogado Juan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, al que el fiscal considera un colaborador fundamental de las corruptelas del juez y para el que pide seis años de prisión.

La peripecia delictiva de Estevill ha podido ser tan dilatada al haber contado con importantes protectores. El ex juez ya fue condenado por el Tribunal Supremo a seis años de suspensión en el ejercicio de la judicatura por prevaricación y detención ilegal, a pesar de las maniobras políticas que le permitieron parapetarse en aforamiento que le proporcionaba su pertenencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La protección que le brindó Convergència i Unió (CiU) al proponerle como vocal del Consejo, al que accedió con el apoyo unánime de todos los partidos, es sin duda uno de los enigmas pendientes del caso. Hasta el momento, Jordi Pujol y el líder de Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran Lleida, han reconocido que fue un error su nombramiento. Felip Puig, vicesecretario general y portavoz de CiU, ha dado un paso más al manifestar que su partido espera «que caiga todo el peso de la ley» sobre el ex juez. Pero hace falta una explicación de aquel soprendente nombramiento, cuando Estevill ya había sido procesado, de la defensa numantina para mantenerle en el puesto, además de la versión de empresarios extorsionados y de algunos consejeros del Gobierno catalán que intervinieron en los hechos ahora juzgados, aunque alegaban que su actuación fue para evitar males mayores.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al ex juez Luis Pascual Estevill por un delito continuado de prevaricación judicial en concurso con un delito de detención ilegal, uno de cohecho continuado en concurso con amenazas condicionales y un delito de alzamiento de bienes. En la misma sentencia condena al abogado Juan Piqué Vidal por delitos de prevaricación judicial continuada en concurso con uno de detención ilegal, cohecho continuado con delitos de amenazas condicionales y prevaricación de abogado. El simple enunciado de la tipificación penal de la conducta de estos dos personajes revela que no se trata de un mero caso, una rareza, sino de una ignominia persistente de enorme trascendencia social.

Las condenas a nueve y siete años de cárcel, la inhabilitación y las multas millonarias aplican sin tibieza el Código Penal. Pero lo más significativo no es la cuantía de las penas, sino que los servidores de la justicia la han defendido de quienes ensuciaron la toga en provecho propio. La sentencia demuestra que el Estado de derecho tiene mecanismos para defenderse de quienes intentan viciarlo. Junto al inevitable fraseo forense, el texto de la sentencia usa expresiones que cualquier ciudadano puede entender: «insidioso plan», «actuaron para amedrentar», «comunes propósitos criminales»…

La red de extorsión organizada por los dos condenados, con el auxilio de otros personajes de menor entidad en la trama, data de principios de los noventa. Sin embargo, no fue hasta 1996 cuando, a instancias de la fiscalía, se puso en marcha la investigación sobre sus manejos. Tanto tiempo de impunidad sólo puede explicarse por el miedo de sus víctimas y por la existencia de vigorosas protecciones.

Cuando el nombre de Estevill ya destilaba un aroma de corrupción, Convergència i Unió, entonces al frente de la Generalitat catalana, le colocó, con el voto del resto de partidos, como vocal del Consejo del Poder Judicial, irónicamente el órgano de gobierno de los jueces. En 1995 Estevill ya tenía una querella por prevaricación. ¿Por qué se aupó a este juez a un cargo que le permitía traficar con su aforamiento cuando empezó la cadena de tres juicios que han dibujado su trayectoria delictiva como juez y ciudadano? La propia sentencia critica que los poderes públicos no se movilizaran con la «premura e intensidad« necesarias.

Estevill aseguró ayer, tras pedir disculpas, que había sido consciente del alcance de su conducta y que acataba la sentencia porque creía en la justicia. Que tal arrepentimiento llegue cuando no se puede evitar la condena introduce dudas sobre el grado de convicción de quien ya tiene otra condena por delito fiscal. Uno de los empresarios cuya negativa a pagar el soborno le costó 25 días de cárcel, describió con una cruel metáfora la oficina que tenían organizada Estevill y Piqué: el que mordía era el juez y quien llevaba la cadena del perro y lo soltaba cuando quería era el abogado. Piqué, el abogado en cuestión, dijo en el juicio que creía en la justicia. Hoy, tras la sentencia, los ciudadanos sí tienen motivos para creer en ella.

Luis Pascual Estevill, el ex juez promocionado por Pujol, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a nueve años de prisión por los delitos de cohecho, prevaricación y detención ilegal cometidos cuando ejerció como magistrado en Terrassa y Barcelona. También ha sido condenado a siete años el otrora poderosísimo abogado Juan Piqué Vidal, «inseparable» cooperador, según la sentencia, en los delitos de Estevill, y que aprovechó su condición de letrado de Pujol y de De la Rosa para medrar con sus siniestras corruptelas.

Estevill representa el paradigma de juez corrupto, extorsionador y falto de toda ética. Atemorizó a empresarios y banqueros aprovechando su condición de magistrado para extorsionarles, bajo amenazas, de enviarles a prisión si no le entregaban dinero o daban trabajo a quien él considerara oportuno. Dictó a sabiendas resoluciones injustas, mientras el abogado Piqué Vidal utilizaba su alta esfera de contactos para proporcionarle clientes o víctimas.

Resulta por ello difícil entender los motivos por los que el Tribunal ha rebajado sensiblemente las penas nada extremas que habían sido solicitadas por el fiscal (13 años de cárcel para Estevill, 9 para Piqué Vidal), a pesar de dedicar los calificativos de «repugnante» y «pluriofensiva» a la conducta de este dúo.La imagen de un juez chantajista y un abogado que actúa como lacayo propiciador de sus fechorías suscita no sólo el rechazo social y ético más profundo, sino la demanda de que se ejerza la justicia sobre quienes tanto han hecho por desprestigiarla.Esperemos que la fiscalía recurra y el Supremo aumente las penas cuando la sentencia sea firme.

Es difícil que un mafioso medre sin el apoyo del poder político, y los condenados ayer no son una excepción. Nunca hubieran podido llevar a cabo sus extorsiones sin contar con la promoción que tuvieron por parte de la cúpula de CiU, que incluso se empeñó en colocar a Estevill como vocal del CGPJ, como el representante de la sensibilidad catalana en el órgano judicial. Los delitos por los que han sido condenados son el resultado de un entorno en el que las amistades con el poder político se convierten en la llave maestra para la especulación en los negocios. Aunque no haya sido imputado, quedará siempre la nebulosa de la sospecha sobre el que fue conseller de Economia con Pujol, Macià Alavedra, quien reconoció haber mediado entre Estevill, el abogado penalista y las víctimas extorsionadas por éstos.

La tela de araña es tan extensa como turbia. Cualquiera podrá detectar en este episodio la evidencia de los riesgos de un sistema judicial autóctono y endogámico en las comunidades autónomas como el que ahora exigen tanto Maragall como los antiguos padrinos de Estevill.