El Tribunal Supremo condena al Estado español a indemnizar con 518 millones de pesetas a Calvo Serer por el cierre del Diario MADRID

DESPUES DE permanecer cinco años en la cárcel por orden gubernativa, el preso es absuelto por la Justicia. El más alto tribunal decreta su liberación; a la salida de la cárcel le espera una sonriente comisión gubernativa con este mensaje: le indemnizaremos por la desagradable temporada que le hemos hecho pasar.Esta escena, de indudable sabor kafkiano, es la que acaba de producirse tras la sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo por la que se declara nulo de pleno derecho el decreto que canceló, en 1971, el permiso de publicación del diario Madrid. No se trata aquí de una persona, sino de un periódico. No ha habido cárcel, sino su equivalente: el silencio forzoso, subrayado con la simbólica voladura del edificio del diario.

La historia es harto conocida, y vuelve hoy a la actualidad en los titulares de la prensa. En medio de una complicada lucha entre las distintas familias del franquismo, en plena descomposición del Régimen, un hombre y un equipo de periodistas se hacen con el periódico, con la hostilidad de los tecnócratas de Carrero, los falangistas, los autoritarios, de diverso signo. Rafael Calvo Serer, antiguo integrista y miembro activo del Opus Dei, entonces dominante en el Gobierno, emprende desde el diario conquistado por él la primera campaña ideológica para sustituir al franquismo, improrrogable a su entender después de Franco. La reacción no se hizo esperar: el almirante Carrero declaró la guerra total y decidió la pura y simple desaparición del Madrid. El agente de la liquidación fue el entonces ministro de Información, Alfredo Sánchez Bella, antiguo miembro de las Brigadas Internacionales y hermano del consiliario general del Opus Dei en España. La inscripción registral fue anulada, por orden del ministro, el 25 de noviembre de 1971. Calvo Serer iniciaría entonces una campaña de denuncia contra la arbitrariedad del sistema, que le llevó al procesamiento y al exilio, donde ha permanecido hasta este año.

¿Qué se deduce de toda esta historia? Varias cosas, pero algunas de urgente recordación.

En primer lugar, que la ley de Prensa debe ser abolida o seriamente transformada, a fin de que las sanciones de la Administración, máxime cuando son tan graves, no puedan ser efectivas hasta que exista una sentencia firme de los tribunales de Justicia.

En este, como en otros puntos, la ley de 1966 es rica en peligrosas lagunas, que dejan a los periódicos a merced de la incompetencia, el mal humor, el afán meritorio o la parcialidad de un ministro, circunstancias las cuatro que venían la coincidir infelizmente en el que decretó la suspensión del Madrid.

Ahora una elevadísima suma en concepto de daños y perjuicios será reembolsada a los titulares de las acciones del periódico dinamitado. ¿Pero es reparable el daño moral inferido a un periódico al que se fuerza a desaparecer durante un lustro? Y sobre todo, ¿quién indemnizará a los lectores, verdaderos propietarios del derecho a la información, que se vieron privados de la noche a la mañana de su periódico? Por último: ¿Quién cargará en cualquier caso con la indemnización al Madrid? Los paganos del estropicio seremos los contribuyentes españo les. ya que de nuestros bolsillos saldrá al final una cuantiosa cifra con la que compensar, al menos en parte, la irresponsabilidad de un ministro, al que ahora no cabe pedir ninguna suerte de responsabilidades. Eso sí, el ministro en cuestión y el director general de turno que llevaron a cabo tan brillante gestión, hoy ostentan: sendas presidencia de bancos del Estado. Sin ningún tipo de animadversión personal, hay que decir que ya está bien, caramba.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha concluido el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante el que será fijada la indemnización debida por cierre ilegal del diario MADRID decretado por el Gobierno franquista el 25 de noviembre de 1971.Se dará así cumplimiento a la sentencia de esa misma sala, de fecha 25 de octubre de 1976, recaída en el recurso contencioso-administrativo contra una resolución del Consejo de Ministros de aquel régimen de 7 de enero de 1972. Esa resolución del Gobierno de El Pardo, invalidada por el Supremo, desestimaba el recurso de alzada contra la orden de cierre que dictó el Ministerio de Información y Turismo, regentado a la sazón por Alfredo Sánchez Bella. Con toda insolencia, después del solemne fallo judicial aquí referido, que declaró ilegal su acción, Sánchez Bella, en la revistaBlanco y Negro correspondiente al 10-16 de agosto de 1977, se declaraba orgulloso de su proceder y dispuesto, en plena exaltación del desacato, a repetir su fechoría por la que no se le han exigido responsabilidades.

El trámite de ejecución de sentencia ha tenido un desarrollo accidentado. La vista se inició el 20 de enero pasado, con asistencia de más de 150 redactores y trabajadores del diario MADRID. El abogado de la empresa, Ramón País, expuso las bases de su demanda, que en aquella fecha ascendía a la cantidad de 3.644 millones de pesetas, donde se incluyen sumandos como el de gastos del exilio sufrido por Rafael Calvo Serer, presidente de la sociedad propietaria de MADRID, fijados en 40 millones de pesetas, y daños morales -aflicciones, disgustos, marginación social y conjunto de daños morales sufridos como consecuencia de su enfrentamiento con el Gobierno, y daños a su fama y honor como consecuencia del exilio sufridos por Rafael Calvo Serer- evaluados en 50 millones que se aducen justificados por notoriedad.

Aquel proceso de ejecución de sentencia quedó en suspenso tras la intervención del abogado del Estado, que argumentó de forma memorable y aplicó en su oferta una drástica rebaja hasta situar la indemnización en 70 millones de pesetas. El abogado del Estado aportó equivocadamente las declaraciones de la renta de un catedrático ya fallecido, confundiéndole con uno de los abogados de Calvo Serer. En cuanto a los trabajadores del MADRID, que defendieron las libertades democráticas y se encontraron en el paro, según el representante de la Administración, una vez proclamada la democracia han conseguido aquello por lo que luchaban y ninguna deuda queda con ellos. El abogado del Estado creyó reforzar su argumentación aportando una prueba certifica da de la Secretaría de Estado para la Información en relación con la plantilla de redactores del diario MADRID. Pero ese certificado vino a probar, por el contrario, que dos años después del cierre del diario sólo dos redactores había conseguido trabajo fijo en algún medio informativo. Da empleo a los náufragos del MADRID equivalía, en aquellos tiempos difíciles, a granjearse las iras gubernamentales.

Días después hubo otro simulacro de terminar el proceso de ejecución de sentencia, pero un oportuno certificado médico paró de nuevo el reloj para que la empresa y la Administración pudieran negociar un acuerdo. Fuentes cercanas al Gobierno, las únicas que han dado información a los trabajadores, afirman que los términos del pacto suponen la entrega de 600 millones, la asignación de un edificio para la edición del periódico y la apertura de conversaciones para la concesión de créditos en las instituciones oficiales. Los trabajadores, que apostaron en la defensa de la libertad su único patrimonio -el puesto de trabajo-, que no fueron aceptados como parte en el proceso por informe contrario del sindicato vertical, han recordado en recientes asambleas los compromisos pactados por la empresa y han reclamado su cumplimiento. Defraudarles ahora arruinaría el patrimonio moral acumulado con tanta generosidad.

• – En el plazo de cuatro días el Tribunal Supremo decidirá la indemnización por el cierre del diario MADRID. Don Rafael Calvo Serer, principal accionista de la empresa, reclama por este concepto la cantidad de tres mil seiscientos cuarenta y cuatro millones, el abogado del Estado ofrece setenta y un millones.
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• – Je, je… Si hemos de hacer caso a don Miguel Boyer, va a salir más barato expropiar Rumasa. ¡3.665.122.105 pesetas, que barbaridad…!
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• – Huy, y eso perdiendo dinero el señor Calvo Serer. Recuerdo que reclama para sí cuarenta millones de pesetas del año 81 por ‘gastos de exilio sufridos a lo largo de cinco años”. Otros cincuenta millones por ‘aflicciones, disgustos, marginación social y conjunto de daños morales sufridos como consecuencia de su enfrentamiento con el Gobierno y daños a su familia y honor – que conste que estoy copiando directamente del documento presentado en la sala de lo contencioso-administrativo del TS, no bromeo – como consecuencia del exilio sufrido’. Y dieciséis millones setecientos mil pesetas más ‘por la pérdida de sueldos’.
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• -Parodiando un famoso titular del MADRID, hay que ver lo que vale ‘exiliarse a tiempo’.

El autor del artículo, que fue redactor jefe del desaparecido diario Madrid, analiza los avatares que siguió el vespertino madrileño durante el régimen franquista hasta su cierre y la posterior voladura del edificio. El papel desempeñado en aquel entonces por la Redacción del periódico que no quiso someterse a las condiciones impuestas por el régimen le lleva a denunciar ahora los intentos de quienes van a recibir la indemnización en su día otorgada por el Tribunal Supremo para prescindir de los antiguos trabajadores del periódico.

«Estamos en 1971, y Mirek dice: la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido». Milan Kuridera; El libro de la risa y el olvido.El pasado 26 de diciembre, el Consejo de Ministros, bajo la presidencia de Felipe González, acordó remitir a las Cortes un proyecto de ley concediendo un crédito extraordinario superior a los 580 millones de pesetas para financiar la indemnización dispuesta por el Tribunal Supremo a favor del diario Madrid. Esa obligación que ahora se tramita deriva de un auto del 8 de junio de 1983, dictado por la Sala Tercera del alto tribunal, que fijó la cuantía en 518 millones de pesetas más un 8% de interés legal por el tiempo de demora en el pago.Siete años antes de esa providencia, cinco después del cierre del periódico y con Franco enterrado hacía 11 meses, el 25 de octubre de 1976, la misma sala había fallado una sentencia en la que estimaba «los recursos interpuestos contra el acuerdo del Consejo de Ministros presidido por Francisco Franco el 7 de enero de 1972» mediante el que se confirmaba la resolución dictada por el Ministerio de Información y Turismo el 25 de noviembre de 1971 donde se ordenaba la clausura del diario Madrid. La referida sentencia del Supremo condenaba además a la Administración al pago de los daños y perjuicios causados.

La broma del señor Sánchez Bella (don Alfredo), que regentaba entonces el departamento ministerial mencionado, cae ahora de plano sobre el bolsillo de los contribuyentes. Todavía un año después de la sentencia firme del Supremo citada en el párrafo anterior, en la revista Blanco y Negro correspondiente al 16 de agosto de 1977, el susodicho, a la sazón presidente del Banco Hipotecario, preguntado si volvería a cerrar el Madrid, contestaba con todo desparpajo: «Exacto. No podría hacer otra cosa si quería cumplir con mi deber. Una sociedad no puede vivir con una aplicación caprichosa de la ley». Nadie aclara por qué no se ha reclamado a Sánchez Bella el importe de la indemnización acordada por los tribunales al periódico.

Antes y después de la orden de cierre del diario Madrid, el Gobierno y los sindicatos verticales ofrecieron a los trabajadores diversas fórmulas que garantizaban la edición del periódico y la continuidad de los puestos de trabajo. Primero la condición era aceptar un director impuesto por el ministerio. La Redacción y los trabajadores rechazaron esa imposición, sabiendo que la alternativa era el cierre, y se solidarizaron con Antonio Fontán, que ocupaba la dirección. Luego, una vez clausurado el periódico, se trató de la reaparición, siempre que la plantilla y los colaboradores abjurasen de la empresa y de su presidente. Tampoco se aceptó. El precio fue el paro y la inclusión en las listas negras con veto para -obtener nuevos empleos, que sólo se brindaron a la minoría disidente. Valga un dato: tan sólo un miembro de la Redacción del diario Madrid entre los leales a la empresa fue aceptado en un periódico diario de los que se editaban en la ciudad. Los demás fueron excursionistas de la supervivencia, incursos en aquel dictamen de Ramón Gómez de la Serna según el cual «el ocio más o menos hambriento es la suculencia máxima del espíritu».

Último trimestre de 1971, primer semestre de 1972. Eran días de diálogo y asambleas. Se respiraba un clima propicio a las frases históricas. Rafael Calvo Serer hablaba como el alcalde de Móstoles y luego remedaba a Emilio Zola. El Madrid perecía víctima de la perfidia franquista. Los redactores y trabajadores eran convocados para que acudieran en su defensa. Nadie mencionaba la ley de Socidades Anónimas. El Madrid era de todos. Su salvación a todos concernía.

Luchas y negociaciones

Para sellar ese compromiso de entendimiento, dos trabajadores -Víctor Macías, entonces ajustador en platina, y quien firma estas líneas, que era redactor jefe- quedaron nombrados miembros del Consejo de Administración para el día en que concluyese el bloqueo judicial de la sociedad propietaria del periódico. Transcurrieron meses de luchas y negociaciones. Se sostuvo en primera página de los periódicos la información sobre el caso Madrid. Cuando llegó el expediente de crisis se fijaron unas indemnizaciones mínimas, que ninguno de los empleados que hicieron causa común con la empresa recurrió. El propio magistrado de trabajo no dejó de señalar su asombro por el hecho insólito de que fueran dos abogados del mismo bufete quienes tuvieran a su cargo la representación de la editora y de los asalariados.

Pasaron los años. Para no desmoralizarse, algunos acoplaron su penuria en un cinco estrellas de la parisiense rue du Castiglione. Otros, menos imaginativos, se adaptaron de forma más prosaica. Llegó el 20 de noviembre de 1975. «Nada más morirse el generalísirno, el desconcierto fue grande. No había costumbre», como certerarnente ha escrito Julio Cerón. Después, recuperados, se formalizaron las reclamaciones en la ventanilla de damnificados. Para entonces se pretendía ya que sólo quedaba en pie la empresa editora. La sociedad de redactores, que quiso en el momento procesal oportuno ser parte en el pleito, fue previsoramente excluida por auto del Tribunal Supremo basado en un informe ad hoc del atento sindicato vertical. Del comité de empresa de los trabajadores se dijo que carecía de existencia. Y los compromisos de entonces se quieren ignorar. Ni siquiera se acepta el diálogo. Los hombres del Madrid se ven un día reciente sorprendidos por la aparición de un vergonzoso número cero del periódico hecho a sus espaldas en conchabamiento con la Asociación de la Prensa, que ha sacado tajada publicitaria sorprendiendo la buena fe de algunos anunciantes.

Antonio Fontán, Rafael Calvo Serer, los sucesivos apoderados y letrados que han ido tomando el relevo, saben bien que los trabajadores del Madrid se habían comprometido a dar la batalla hasta el paro final. Pero también saben, porque lo habían advertido, que nunca aceptarían verse después reducidos a la condición ridícula de carne de cañón. Eso es lo que había sucedido meses antes con los trabajadores de El Alcázar. Su editora, PESA, se desentendió de la plantilla una vez que ganó el recurso al Gobierno en el Supremo, y prefirió una compensación económica en lugar de exigir el cumplimiento de la sentencia, que hubiera implicado la recuperación del diario y la vuelta de la plantilla que le había sido leal.

Ciertas actitudes de Rafael Calvo Serer empujan a algunos a iniciar el canto de «nos han timado». Otros se aferran por corear la melodía de «a nosotros nos nos timan». Mientras tanto, el hombre que en la versión de Calvo Serer fue presentado con los perfiles de enen-figo de los trabajadores y responsable de sus desgracias, el presidente del Banco Popular, Luis Valls Taberner, hace más de dos años tuvo la sensibilidad de llamar a los representantes de la sociedad de redactores y de la plantilla de empleados para asegurarles que en el caso del diario Madrid no procederá sin contar con ellos.

Han transcurrido más de 13 años desde el cierre del Madrid. Es un espacio de tiempo que cubre casi una generación en la contabilidad de algunos sociólogos. Aquella historia fue una tragedia. Su regreso a la actualidad no puede ser una farsa. La indemnización viene asignada a la empresa Madrid, Diario de la Noche, SA. Quien piense que con su cobro va a pasar a ser dueño del futuro para poder así cambiar el pasado; quien crea que con ese cheque y los que puedan y deban añadirse va a entrar en el laboratorio en el que se retocan las fotograflas y se reescriben las biografías y la historia, puede equivocarse. Los trabajadores y redactores del diario Madrid perciben los intentos de asimilación tergiversadora y, frente a ellos, parecen dispuestos a utilizar el arma diseñada por Arturo Soria: la clarificación sancionadora.

es periodista y fue redactor jefe del diario Madrid.