17 octubre 2004

La Sala Quinta del Supremo estuvo presidida por el juez Joaquín Delgado

El Tribunal Supremo condena a prisión a los ex dirigentes socialistas Vera y Colorado por el ‘caso Fondos Reservados’

Hechos

El 19.10.2004 se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo contra D. Rafael Vera, D. José Mª Rodríguez Colorado y D. Julián Sancristoba por malversación de caudales públicos.

Lecturas

En octubre de 2004 el Tribunal Supremo confirmó la penas contra Rafael Vera, Rodríguez Colorado y Julián Sancristobal por el caso Fondos Reservados. Los condenados reaccionaron de manera diferente. Mientras Rodríguez Colorado optó por reconocer su culpa y anunciar que devolvería todo el dinero robado, Rafael Vera seguía sosteniendo su inocencia y negando los hechos. Pero la sentencia ya era firme y le obligaba a volver a prisión por siete años. Para ese momento el PSOE volvía a estar en el palacio de La Moncloa en la persona de José Luis Rodríguez Zapatero. Toda la ‘vieja guardia’ del PSOE pidió el indulto para Vera encabezados por Rodríguez Ibarra. Pero el nuevo PSOE de Zapatero no deseaba vincularse con la era de Felipe González y rechazó a través del ministro justicia Juan Fernando López Aguilar. “Que se metan el indulto donde les quepa”, respondió un furioso Rodríguez Ibarra que aseguraba que Vera estaba dispuesto a suicidarse para no entrar en prisión. Los hechos fueron diferentes y Vera entró en prisión por segunda vez y, esta vez, sin indulto.

LOS JUECES:

joaquin_delgado  El juez Joaquín Delgado, presidente de la Sección Quinta, encargada de revisar la sentencia del caso ‘Fondos Reservados’

jueces_Supremo  El juez José Ramón Soriano (ponente de la Sentencia) y el juez Martínez Arrieta formaron parte del tribunal que juzgó el caso ‘Fondos Reservados’ junto a los jueces Delgado y Monterde.

LOS  CONDENADOS:

rafael_vera D. Rafael Vera, ex Secretario de Estado para la Seguridad fue condenado a 7 años de cárcel por malversación continuada de fondos públicos.

colorado D. José María Rodríguez Colorado, ex director general de la Policía fue condenado a 6 años de prisión.

Sancristobal D. Julián Sancristobal, al contrario que Vera, Colorado, Álvarez y López, no recurrió su condena por lo que se le conifrmó la que ya se le había dictado a cuatro años de cárcel.

ABSUELTOS:

El ex Gobernador Civil de Vizcaya, D. Juan Ignacio López y D. Francisco Álvarez, condenados por la Audiencia Provincial de Madrid, fueron absueltos en la sentencia del Tribunal Supremo de 2004.

20 Octubre 2004

EL SUPREMO CONFIRMA LA INFAMIA

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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El Tribunal Supremo confirmó ayer la condena de 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta al ex secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Felipe González, Rafael Vera, por el «despilfarro egoísta» de al menos 3,8 millones de euros de la partida de fondos reservados del Ministerio del Interior, dinero que robó para «su lucro personal» y para distribuirlo entre otros altos cargos del departamento. Así, el Alto Tribunal ha ratificado también los 6 años de prisión para el ex director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y 4 años para el ex director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristobal, amén de sendas penas de inhabilitación.

La falta de escrúpulos de Vera fue tal que, según constata la sentencia, es imposible verificar exactamente cuánto se llevó, e «incluso es posible que ni él mismo, con rigor, pueda precisarlo».El ex secretario queda así confirmado como el autor del caso de corrupción más grande de la democracia, y habría que remontarse muy atrás para encontrar un cargo público dispuesto a saquear las arcas del Estado de manera tan perversa.

Sus inclinaciones delictivas no se limitaron al robo de fondos reservados, como demostró su condena por el secuestro de Segundo Marey. Vera fue quien nombró a Roldán como director de la Guardia Civil y, según éste, quien le ingresaba 10 millones de pesetas mensuales. Sus años en Interior fueron los de más intensa actividad de los GAL, fue procesado por encubrimiento del caso Lasa y Zabala y es uno de los acérrimos defensores del ex general Galindo.Resulta difícil encontrar un funcionario con un currículum más infame y oscuro.

En su sentencia, el Supremo también ha denegado la absurda petición de Vera de indulto o rebaja de pena por haberse visto sometido, según él, al «juicio paralelo en los medios de comunicación».Bien al contrario, el Tribunal reconoce que los medios hicieron «su labor» y acaba de corroborar con su resolución lo que EL MUNDO denunció hace más de 9 años.

Sería inconcebible que el ex secretario no vaya ahora a la cárcel y cumpla condena por los execrables delitos que cometió. Al nuevo PSOE, si de verdad busca la «regeneración democrática», le corresponde distanciarse lo más posible de este delincuente. Lo más pasmoso es que quienes ocupaban los más altos cargos de responsabilidad gubernamental cuando tuvo lugar el latrocinio y después han defendido con ostentación a Vera aún se atreven hoy a pontificar sobre la verdad y la honestidad de los demás.

21 Octubre 2004

Dinero sucio

Martín Prieto

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Belloch (Interior y Justicia) me convida a almorzar. Sobre la detención de Roldán se ha dicho y se ha desdicho. Había pasado de la euforia a la depresión y ya no sabía cómo redibujar el personaje de cómic del laosiano capitán Khan que o fue imaginería o un policía hijo de chinos para dar el pego. Parecía sincero el perillán. Que Roldán siempre estuvo localizado en el Gran París; que gastó buena parte del dinero mal habido en pagar protección mafiosa y que el resto se lo administró el ex agente Paesa, el que se inmoló con una autoesquela en El País. Ya decía el gran Anson que nadie se muere sin esquela en ABC. Menudo aviario.Convencieron a un aturullado Roldán de que se entregara a cambio de un trato judicial y penitenciario de favor. Y montaron la opereta de Bangkok, donde nuestro fulano lucía la misma gabardina que portaba en un París lluvioso contra el bochorno tailandés.Roldán rompió el silencio siciliano y lo ha pagado esperando hasta ahora un tercer grado penitenciario que será compensación a la excarcelación de un asesino como el general Galindo que sí ha seguido las normas de la omertà. ¿Pero dónde está el dinero?; ¿debajo de la tumba de papel de Paesa, aquel ex banquero suizo, amante de la viuda del dictador indonesio Sukarno y chapucero de las cloacas de Interior? En España devolver lo robado no es costumbre y valen unos años de cárcel por tener luego un buen pasar.

Le toca el turno a Rafael Vera, el viceministro de Interior del felipismo y ha su probado robo al Erario que ocultó debajo de la ferretería de su suegro. De su subordinado, Rodríguez Colorado, director general de la Policía, me comentó el juez Garzón: «Tiene el dinero en la isla de Man (una de las británicas en el Canal de La Mancha) pero no logro el número de su cuenta». Aquellos tiempos olvidados en los que los responsables de la seguridad ciudadana estaban a la cabeza de los delincuentes. Vamos a ver cuánto tiempo tarda ZP en poner en la calle a Vera (¡qué sé yo; por una tendinitis!) sin necesidad del bochorno de ir a aporrear en comanda las puertas de una cárcel o asegurar que es un preso político. El «gitano» (Vera) ha hecho bueno su apodo, si no fuera racista: se ha levantado el dinero sucio, se ha remunerado su «entrega al Estado», último refugio de los pícaros, y no cumplirá su condena ante la estulticia y el olvido generalizados. El PSOE sigue «amnistiándose» a sí mismo ante la pasividad pública. Para algunos merecen la pena unos pocos años de cárcel a cambio de una fortuna para ti o tus hijos, mientras la Justicia, que te embarga por un euro, se desmaya en la persecución de este dinero sucio y da por buenos los alzamientos de bienes. La banda de Interior sabe demasiado para que se la juzgue en propiedad. Faltan pruebas y sobra gentuza que estuvo encalomada en el Gobierno.Que ZP indulte al miserable de Vera.

21 Octubre 2004

A mi familia, a los amigos, a la opinión pública

Rafael Vera

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Empiezo esta carta antes del fatal desenlace, en los albores de otro largo periodo de tinieblas. Son las nueve y media de la mañana del sábado 16 de octubre. Se reproducen, una vez más, las pautas de los juicios sufridos con anterioridad: la filtración periodística que hace irreversible la condena. En esta ocasión, los extremos de la misma no sólo me afectan a mí, sino que se llevan por delante a parte de mi familia política. Es, y lo proclamo con rotundidad, injusta desde el principio al fin, moral y jurídicamente insostenible, sin parangón en los tribunales de nuestro país; pero con nosotros todo vale, este principio nos ha acompañado desde 1994 y ha sustituido a las prácticas inquisitoriales de Torquemada. La expresión del fiscal de la causa lo resume: «Quiero una sentencia ejemplar para generaciones venideras». Las sentencias, en un Estado de Derecho, deben de ser siempre «justas», y no «ejemplares».

Tengo fuerzas sobradas para seguir luchando: mi familia, mis amigos (muy pocos), ciudadanos que me dan ánimos, mi abogado (en lo profesional y en lo personal) y mi hija, por la que más lo lamento; pero voy a luchar de otra forma. La verdad, la caballerosidad, el silencio y la ley valen muy poco frente a la injuria, la mentira, la manipulación, el odio, la hipocresía y la cobardía; sobre todas las demás, esta última es la que más me repugna. Ahora me encuentro con esta acusación: el enriquecimiento personal, la malversación «egoísta», las fincas y, en definitiva, el uso ilícito de los fondos reservados. Pequé de ingenuo, heredé las prácticas de mis antecesores y me fie de la buena fe de jueces, fiscales y de los asesoramientos jurídicos que solicité. La imposibilidad de contabilizar, y de guardar o de pedir justificantes, me han llevado a esta situación. Aquellos que lo conocen, los que manejaron y dispusieron de esos fondos en todas las instituciones del Estado, con el PSOE en el Gobierno y en épocas anteriores, que den la cara.

No me he apropiado de cantidad alguna de los fondos reservados que no fuese para asuntos relacionados con mi seguridad, como en muchos otros casos, y siempre con conocimiento y autorización de todos mis superiores. Los que cobraron, y tenían responsabilidades en el ámbito de la Justicia, en la Intervención General del Estado, en los servicios jurídicos y algunos miembros de la Fiscalía y de la Judicatura, debían haberme advertido de la ilegalidad de ese cobro, pero se callaron y pidieron más.

¿Se trata de la cantidad, o el delito es el mismo independientemente de lo percibido? ¿Qué diferencia existe entre «gratificación» y «sobresueldo»? Si cobraron y no conocían el origen del dinero, ¿por qué no preguntaron? ¿Acaso declararon en Hacienda el ingreso para desembolsar, a continuación, el consiguiente descuento? Me repugna seguir con este punto y decido abandonarlo: no tengo apego alguno al dinero y no quiero señalar a nadie con nombres y apellidos; el daño ya está consumado.

Quiero dedicar algunas líneas a los que me sirvieron lealmente, no a mi persona, sino a lo que representaba: al nuevo Estado de Derecho. Algunos ya han salido de esta pesadilla; otros, como el general Rodríguez-Galindo, el teniente coronel Vaquero o el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga siguen peregrinando entre la reprobación y el olvido. Me consta, y a muchos que callan también, que les debemos lo que hicieron entonces y lo que se ha construido sobre los cimientos que dejaron. ¿Por qué tanta hipocresía con lo que pasaba entonces? ¿No apoyamos públicamente guerras más sucias que aquélla, con miles de muertos inocentes y detonantes de nuevas actividades terroristas? ¿No se nos desgarra el corazón viendo desenterrar, de entre los escombros, a niños muertos o amputados, mujeres y ancianos? ¿Qué escribían, en los años 80, reputados moralistas de la vida pública que se construyen piscinas en suelo de todos los españoles? Por esto me repugna la cobardía. Hemos linchado a servidores del Estado que han dado lo mejor de sí mismos. ¡Qué horror!

Llega lo más triste, un recuerdo público y un reconocimiento para mis nuevos amigos, con los que empecé a recuperar una vida normal, que me ayudaron en tan difícil tarea; con los que compartí un reducido espacio de esperanza y de cariño, de ocio y de olvido del pasado; en definitiva, de vida. Gracias por vuestra compañía. Para mi abogado, que ha llevado de manera impecable todo este proceso, hasta el extremo de dañar su salud. ¿Por qué le han perseguido tanto? Porque ha puesto su brillante currículum profesional al servicio de mi defensa, sin escatimar esfuerzos ni medios. Para mi familia. ¿Qué puedo decir de ella? Todo y nada; el silencio lo resume todo. Su sacrificio es inmensamente mayor que el mío, el daño que han sufrido es irreversible, el dolor lo he notado; y en esta nueva etapa, con el desierto como horizonte, espero que estén conmigo hasta el final.

Quiero pedir disculpas a los que se sientan ofendidos con esta carta, a la gente de bien que pude perjudicar en mis años de responsabilidades políticas, a los compañeros que no han entendido lo que pasó en aquellos años o en los inmediatamente posteriores. Y a Dios, aunque poco lo he sentido a mi lado, entonces y ahora. Espero la orden de ejecución de la sentencia para tomar una última decisión en este largo y agotador proceso político-jurídico. Han sido 22 años de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, y también de errores: esa decisión podría ser uno de ellos.

22 Octubre 2004

Vera, un delincuente retratado en sus amenazas

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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En una carta publicada ayer por un colega madrileño, Rafael Vera advierte que está a punto de tomar «una última decisión» tras la confirmación por el Supremo de la condena a siete años de cárcel por malversación de los fondos reservados. Vera no explica cuál es esa decisión que va a adoptar «tras 22 años de esfuerzo, entrega y sacrificio», pero sus palabras suenan a chantaje. Lo que Vera está sugiriendo en su carta es que está dispuesto a implicar a altas autoridades del Estado en actividades delictivas.Y que dará ese paso dentro de pocas semanas si se ejecuta la sentencia y tiene que volver a la cárcel. Vera deja además meridianamente claro que va a revelar los nombres de jueces y fiscales que cobraron de los fondos reservados. «Debían haberme advertido de la ilegalidad de ese cobro, pero se callaron y pidieron más», enfatiza. La misiva del ex número dos de Interior está llena de incongruencias, pero hay una muy llamativa. Dedica varios párrafos a subrayar su inocencia, asegurando que ha tenido que sufrir dos procesos inquisitoriales. Y se presenta como una víctima frente a «la injuria, la mentira, la manipulación y el odio». Pero a continuación arremete contra la hipocresía de los que denunciaron la guerra sucia contra ETA, sugiriendo que se trataba de una iniciativa justificada. «Por qué tanta hipocresía con lo que pasaba entonces?», se pregunta Vera de una forma en la que implícitamente viene a reconocer que Interior estaba detrás de los GAL. En el más puro estilo mafioso, la carta de Vera es un velado mensaje dirigido al Gobierno que preside Zapatero, al que advierte que contará todo lo que sabe si vuelve a la cárcel. Vera se ha equivocado probablemente al lanzar este órdago, ya que, si el Gobierno le indulta o le excarcela, no habrá ninguna duda de que Zapatero ha cedido al chantaje de un delincuente que, según el fallo del Supremo, ha robado más de 600 millones de pesetas para su enriquecimiento personal. Vera queda retratado en su intento de extorsión.

22 Octubre 2004

Negar la realidad

Cayetana Álvarez de Toledo

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Nada hay más nocivo que negar la realidad. Es el origen de la locura y un atajo hacia el fracaso. En casos extremos -cuando el delirante es un delincuente y su lúgubre realidad, la perspectiva de 2.570 amaneceres entre rejas-, la ofuscación se puede perdonar.Es el patético manotazo final, el último privilegio, del enfermo terminal.

Tal es Rafael Vera. Su carta a El País merece un hueco entre las joyas de la Biblioteca Nacional como la prueba definitiva de su degeneración moral e intelectual. Dice Vera: No robé un duro de los fondos reservados, obré como mis predecesores y pequé de ingenuidad. Luego dispara. Amenaza con tirar de la gruesa manta felipista y, en el colmo del esperpento argumental, compara el saqueo de las arcas públicas con la Guerra de Irak.

Dicho esto, mucho más peligrosos son otros ciegos y cegueras.¿Cómo es posible que Gallizo no se percatara de la conversión de varias cárceles en mezquitas y bases de operaciones terroristas? Y si lo sabía, como indica el parte sobre las palizas propinadas por los talibanes, ¿por qué lo negó? Por un pavor desmesurado a violar las normas tácitas de la corrección política. Yo no soy xenófoba, apunta Gallizo, confundiendo el odio irracional al moro con el deber de analizar adecuadamente la realidad.

Algo similar le sucede a quienes se empeñan en desvincular a ETA del 11-M. Al frente de la manifestación se hallan, cómo no, los nacionalistas vascos, los independentistas catalanes y el siempre previsible Llamazares. En lugar de buscar la verdad, se han servido de la Comisión para intentar probar que nuestros terroristas -tan civilizados ellos- tienen un código ético y logístico que les prohíbe categóricamente colaborar con los siervos de Alá.

Esta reconfortante teoría ha quedado hecha trizas a raíz de las confidencias del imam Cartagena. Pero ello tampoco ha bastado ni al PSOE ni a sus satélites, que siguen rechazando de cuajo la conexión con ETA. Los más ingenuos la niegan porque reivindica a Acebes. Otros, en cambio, van más lejos. Desean sepultar la sospecha de que en el 11-M confluyeron varias tramas. Aceptar que la pista de ETA tiene entidad es el paso previo a intentar averiguar qué hay detrás de coincidencias asombrosas como la fecha de las caravanas y el método de las mochilas bomba.

¿Y si los indicios de que ETA planeaba dar el salto cualitativo -Baqueira, Chamartín, Cuenca- también fueran señuelos destinados a engañar al Gobierno y polarizar el ambiente político en vísperas del 11-M? Entonces no estaríamos ante un atentado ni chino, ni egipcio, ni tunecino, ni etarra, ni moro, sino ante algo bastante más sofisticado y siniestro.

24 Octubre 2004

Un ladrón de guante negro

Pedro J. Ramírez

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Hay que remontarse 400 años en la Historia de España para encontrar alguien que robara más dinero del Tesoro Público desde un cargo más alto y dejando el suficiente rastro como para que los tribunales lo acreditaran. Y es que desde los tiempos de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, más conocido como Duque de Lerma, que al término de su valimiento fue condenado a devolver al fisco 12.000 ducados anuales más los intereses de 20 ejercicios, no había aparecido nadie que ejerciera la rapiña sobre los fondos del erario con la contumacia y falta de escrúpulos de Rafael Vera.

El favorito de Felipe III logró eludir la cárcel e incluso salvar el pellejo, acogiéndose a sagrado de la manera más contundente posible, pues tras enviudar obtuvo el solio cardenalicio -antes incluso de cantar misa- con el claro propósito que las coplas populares entendieron enseguida: «Para no morir ahorcado, se vistió de colorado».

El favorito de Felipe González, ministro del Interior de facto durante 11 años, ha buscado y encontrado durante todos sus procesos un escudo protector equivalente en la estructura del Partido Socialista y en su entorno mediático. La prueba de fuego para el Estado democrático es demostrar que, a diferencia de lo que ocurría en aquella monarquía absoluta de derecho divino, aquí y ahora, una vez que la Justicia ha dicho ya su última palabra, eso no le servirá de nada.

Las coartadas de Lerma y Vera también se parecen bastante: por un lado, la invocación de sus múltiples desvelos, servicios a la patria y al bienestar de los españoles; por el otro, el convencimiento de que sus respectivos protectores les permitían meter la mano en la caja, e incluso estimulaban que lo hicieran, como compensación por tan denodada entrega; y por el de más allá, la alegación del supuesto carácter generalizado de esas libaciones particulares en el Presupuesto.

Los dos robaron sin tasa para sí y para los suyos, creando una tupida red de fidelidades clientelares y estómagos agradecidos que nunca preguntaban por el origen del dinero. Los dos recibieron el golpe de gracia cuando uno de sus más próximos -en el caso de Lerma su propio hijo y sucesor, en el de Vera su directo colaborador Sancristóbal- le puso la proa, proporcionando evidencias que iluminaban otros testimonios y conjeturas.

Al margen de que Lerma aceptó su destierro con apesadumbrada resignación y Vera desafía, injuria, difama y amenaza antes de empezar a cumplir la más liviana pena prevista en el Código Penal para un delito de esa dimensión, hay un abismo moral que les separa a ambos. Aunque hubo quien también le acusó de encubrir un crimen de su protegido, el luego ejecutado Rodrigo Calderón, para Lerma la cleptocracia era una de las bellas artes del gobierno del Estado; para Vera, la prolongación natural del secuestro y el asesinato.

A este respecto resulta enormemente significativo que una de las estrategias de su voraz y desprestigiado abogado defensor Cobo del Rosal fuera la de alegar que esta malversación de los fondos reservados por la que Vera ha sido ahora condenado en firme por el Supremo era la misma por la que ya se le declaró culpable en relación con el secuestro de Segundo Marey. En efecto el dinero salió del mismo cajón y lo robó la misma mano, pero no hay Código Penal ni jurisprudencia que pueda subsumir en un único delito continuado la financiación de una banda terrorista y la sustracción de caudales públicos para construirse lujosas mansiones.

Sólo como un sarcasmo de mal gusto puede entenderse, por cierto, que el responsable de haber mantenido atado a un camastro y con los ojos vendados durante los interminables 10 días de su cautiverio a aquel pobre viajante de comercio, capturado por error, que terminó falleciendo tras larga enfermedad a causa de las secuelas de todo ello, diga ahora que afronta «otro largo periodo de tinieblas» y que la salud del mentado Don Cobrolone -que pasaba al PSOE facturas de 100 millones de pesetas por año- se ha quebrantado por la «persecución» padecida.

La metáfora del «largo periodo de tinieblas» se refiere naturalmente a su ingreso en prisión tan pronto como se ejecute esta nueva sentencia, pero el empleo de la palabra «otro» vuelve a ser una expresión de cinismo sin tasa, pues la longitud de su anterior cumplimiento carcelario fue tan escueta que los 10 años de condena encogieron hasta la mera dimensión de ocho meses, incluyendo los que estuvo en prisión preventiva para que no pudiera destruir pruebas ni obstaculizar la instrucción del sumario.

Si ésa fuera la regla de tres, en menos de medio año volvería a estar en la calle. De hecho los 75 años decretados por el Supremo para Galindo acaban de quedar reducidos a cinco, lo cual no es óbice para que Vera lo incluya en su amenazante misiva del otro día entre quienes «siguen peregrinando entre la reprobación y el olvido». Los que ya no peregrinan por ningún sitio, claro está, son Lasa y Zabala.

Cuando el Gobierno de Aznar cedió a las presiones del PSOE e indultó a Barrionuevo y Vera yo escribí que lo esencial era que ya nadie podría sacarles nunca de «la cárcel de la Historia», pues sus tropelías se habían convertido en los hechos probados de una sentencia firme. La hora de la Justicia no es la de la venganza. Ni siquiera quienes más hemos contribuido al esclarecimiento de las infamias del felipismo y peores represalias hemos tenido que sufrir por ello, podríamos sustraernos a la recomendación de odiar el delito pero compadecer al delincuente, si se dieran los requisitos mínimos para sentir o al menos racionalizar esa compasión.

Pero en lugar de pedir perdón y devolver lo robado, un desafiante Vera que, como de costumbre niega explícitamente los hechos mientras los reconoce de tapadillo -«¿No apoyamos públicamente guerras más sucias que aquélla?»- tiene todavía el descaro de presentarse como víctima de «las prácticas inquisitoriales de Torquemada» y de coaccionar a los jueces que han de ejecutar lo juzgado y sentenciado.

La verdad procesal indica exactamente lo contrario: es decir que Vera se ha beneficiado hasta los límites más insospechados de todos los mecanismos garantistas del Estado democrático e incluso de su perversión más partidista. Contó con la protección de la Fiscalía General del Estado que obstaculizó hasta lo indecible la puesta en marcha de los procedimientos contra él, con la defensa beligerante por parte de los gobiernos de González y del PSOE de la época y con la permanente aplicación en su favor del principio de presunción de inocencia.

Sólo cuando los indicios delictivos eran insoslayables ha tenido que sentarse en el banquillo. Vera no ha sido encausado ni por la mayoría de los crímenes de los GAL, ni por el secuestro del grapo Cela Seoane, ni por compartir apartamento en Miami con otros altos cargos de Interior en un edificio promovido por una empresa del sector del juego favorecida por el Ministerio, ni por haber sacado presuntamente cientos de millones de pesetas vía Andorra, según declaró en un juzgado de familia la esposa de uno de sus colaboradores más directos.

Y cuando ha tenido que comparecer a juicio, sólo en los casos en que esos indicios se han convertido en pruebas abrumadoras ha dejado de ser absuelto. El principio de in dubio pro reo ha jugado a su favor hasta el extremo de que el tribunal que juzgó a Galindo y sus subordinados desdeñó, por falta de corroboración, el testimonio del guardia civil Felipe Bayo que aseguró que su superior llegó un día eufórico diciendo que Vera le había autorizado a seguir adelante con el interrogatorio extrajudicial de los secuestrados Lasa y Zabala. O hasta el extremo de que el tribunal que dictó sentencia por el vil montaje del que yo fui víctima puso por escrito que no le podía condenar y no le condenaba porque contaba con un «juicio de probabilidad», pero no con el de «certeza».

Si en la sentencia del caso Marey el ponente Joaquín Delgado detalló con minuciosidad de relojero ocho motivos diferentes para promover la sentencia condenatoria, refrendada luego por el Constitucional, su compañero del Supremo Juan Ramón Soriano no le ha ido a la zaga en precisión quirúrgica al respaldar ahora la conclusión de la Audiencia Nacional de que Vera se apropió del dinero de la lucha antiterrorista y destinó gran parte del mismo a engordar obscenamente su patrimonio.

La firmeza de la condena se asienta sobre cuatro pilares imposibles de abatir: la forma en que fueron adquiridas las fincas con pagos personales de Vera y dinero en metálico de por medio; el disfrute de esas fincas por parte del propio ex secretario de Estado; la cuantía de las inversiones realizadas en las mismas y la situación económica y patrimonial del suegro ferretero que, según ratifica el Alto Tribunal, fue utilizado como mero «mandatario» o «testaferro».

Estamos, según reza la sentencia, ante un inaudito y descomunal «despilfarro egoísta» del dinero que le había sido encomendado a Vera para combatir el terrorismo. En realidad lo utilizó para promoverlo en la modalidad de crímenes de Estado y sin solución de continuidad emprendió una derrama desenfrenada entre su entorno de complicidades, de acuerdo con el principio de que quien parte y reparte se queda siempre con la mejor parte.

«Es posible que ni él mismo, con rigor, pueda precisar la cantidad total sustraída», concluye el magistrado Soriano en una melancólica reflexión que parece destinada a rimar con aquel dicho popular que a comienzos del XVI celebraba la rapacidad del principal colaborador flamenco del recién llegado Carlos I: «Salveos Dios, ducado de a dos, que monsieur de Chièvres no topó con vos».

Estremece pensar que, con la excepción del antecedente mencionado al comienzo de este artículo, el mayor caso de latrocinio de las arcas públicas acreditado en toda nuestra Historia por los tribunales, sea un caso contemporáneo. Es cierto que por un lado ha quedado finalmente demostrada la independencia y eficacia de la Justicia, pero por otra parte llama poderosamente la atención la aparente indiferencia con que quienes se autodenominan progresistas han acogido la constatación de que uno de los suyos robaba y robaba y no dejaba de robar mientras contaba con todo tipo de paraguas protectores.

Si tenemos en cuenta que el escándalo del estraperlo que implicó la caída del Gobierno de Lerroux y la práctica disolución por desbandada del Partido Radical se circunscribió a la presunta entrega a altos funcionarios de dos relojes tasados en 5.000 pesetas, por muy de las de entonces que éstas fueran, cualquiera diría o que los españoles de hoy tienen mucha menos sensibilidad hacia la corrupción o que la izquierda sigue gozando de una especie de bula, originada precisamente en su cruenta derrota de hace siete décadas.

Es verdad que el felipismo cayó en las urnas hace ocho años y que Zapatero -a pesar de la inquietante excarcelación de Galindo- se distanció de toda esta chusma desde el momento en que ordenó al PSOE dejar de pagar las facturas de Don Cobrolone y asimilados.Pero aunque Rajoy hubiera hecho lo propio, ni siquiera en el pico más alto del Himalaya o en la sima más profunda del triángulo de las Bermudas habría reposo para él si ahora se descubriera que en los años de Aznar ocurrió en España algo remotamente equivalente.

Mal que le pese al PP, sólo caben palabras de elogio para la tenacidad con que el ministro Bono ha tratado de averiguar todos los detalles sobre los errores cometidos en relación al accidente del Yak, pues al margen de cuál sea la doctrina en vigor respecto a la exigencia retrospectiva de responsabilidades políticas, la sociedad española tiene derecho a contemplarse en el espejo de su propia realidad, por incómoda que ésta sea.

Siendo, sin embargo, muy grave que dentro del ejercicio de sus competencias hubiera autoridades que se equivocaran en la identificación de los cadáveres de los muertos, esta nueva condena a Rafael Vera nos retrotrae inevitablemente a ese tiempo tan próximo en el que los altos cargos se equivocaban en el momento de identificar a aquellos vivos a los que a continuación secuestraban o convertían en cadáveres, mientras ellos se repartían el suculento salario del crimen.

¿Puede haber alguien sincero y honesto que con estos antecedentes considere irrelevante que el jefe de la unidad de la Guardia Civil que recibió los reiterados avisos y advertencias sobre la trama de la dinamita del 11-M, y no hizo nada para desmantelarla a tiempo, figure como imputado en el último procedimiento judicial aún abierto contra este tenebroso ladrón de guante negro?

01 Noviembre 2004

No procede un nuevo indulto a Rafael Vera

Teresa Gómez Limón (CDS)

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Hemos conocido recientemente la sentencia por la cual el Tribunal Supremo condena a Rafael Vera a siete años de prisión por apropiación de fondos públicos, cuya cantidad real el propio Tribunal afirma en la sentencia no poder siquiera determinar.

Como todo el mundo sabe, Rafael Vera fue secretario de Estado del Ministerio del Interior, estando el PSOE en el Gobierno y Felipe González de presidente, y fue condenado anteriormente por el delito de secuestro, junto a José Barrionuevo, ministro del Interior del mismo Gobierno, siendo posteriormente indultados ambos por el Gobierno del PP, indulto que no entiendo ni comparto, teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones, por lo que tengo que pensar que se debe a razones de pura incompetencia o a «oscuros» motivos que nunca nos van a explicar a los ciudadanos.

Una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo, Rafael Vera ha escrito, publicado en algúnos medios de comunicación, en los que afirma que es inocente y que su condena se debe a una especie de acoso y derribo contra su persona, terminando su carta con la «amenaza» de que tomará su «última decisión», sin aclarar de qué decisión se trata.

José Barrionuevo, José Luis Corcuera y Felipe González han enviado un escrito pidiendo al Gobierno el «indulto» para Rafael Vera y hemos escuchado cómo Pérez Rubalcaba decía que eran tres ciudadanos que ejercían su derecho de pedir el indulto para una persona, lo cual en principio es verdad. Pero lo que no ha dicho el señor Rubalcaba, aunque todos lo sabemos, es que una de esas tres personas es alguien condenado por secuestro y las otras dos formaban parte del Gobierno -siendo uno de ellos nada menos que el presidente- cuando Rafael Vera cometió los delitos. Este hecho «incapacita», al menos moralmente, a que ninguno de ellos solicite el indulto para Rafael Vera.

Pero existen más razones y algunas de ellas de orden jurídico, como el hecho de que no pueden solicitar el indulto los reincidentes en el mismo o en cualquier otro delito (artículo 2.3 de la Ley del Indulto); que sólo se otorgará en caso de existir razones de justicia, equidad o utilidad pública (artículo 11); y que se requiere el arrepentimiento del reo (artículo 25).

Rafael Vera es reincidente y ya ha sido una vez indultado, no existen razones ni de justicia ni de equidad, pues muchas otras personas se encuentran en prisión por delitos mucho menores y el indulto de éste no es ni mucho menos de utilidad pública pues, si se produce, creará una verdadera «alarma social». Por último, como hemos podido leer todos, el condenado no se arrepiente de nada desde el momento en que niega los hechos que le son imputados.

Es significativa la frase final de la carta de Rafael Vera en la que habla de una «última decisión», que desde luego no es la del suicidio, pues aún no se ha dado el caso de que una persona con intención de suicidarse lo anuncie previamente, lo que nos lleva a pensar que esa «última decisión» va más bien por la vía de «explicar» a la opinión pública, pues ya ha perdido la ocasión de hacerlo ante los tribunales, algunas cosas que aún no ha explicado.

El Gobierno de Zapatero tiene una ocasión excelente para negar el indulto, demostrando así su talante democrático, su independencia respecto a posibles presiones y su apuesta por la justicia, la transparencia y la igualdad, cumpliendo las leyes democráticas y el mandato constitucional de que la Ley es igual para todos.-Teresa Gómez-Limón. Presidenta nacional del CDS. Madrid.