Escándalo con la ONG francesa ‘El Arca de Noé’: Acusados de ofrecer en adopción a niños secuestrados en el Chad como si fueran ‘víctimas de guerra’

El Gobierno francés ha sido el primero en cuestionar la operación de la ONG El Arca de Zoé para trasladar a Europa a un centenar de niños africanos, supuestamente huérfanos y cuya vida se hallaría en peligro. Bajo la presumible coartada de una acción humanitaria, la organización francesa podría haber perseguido unos objetivos diferentes de los que alegó ante las autoridades de su propio país y las de Chad. Ninguna consideración sobre el régimen político del país africano puede servir de justificación para que una iniciativa de estas características no se ajuste a la ley, y corresponde en cualquier caso a la justicia determinar si sus promotores han incurrido en responsabilidades y de qué naturaleza. Si los tribunales encargados de entender en este asunto fueran los de Chad, Francia estaría legitimada para reclamar que los procesos respeten las mismas garantías que un sistema democrático y para proteger jurídicamente a sus ciudadanos.

La compañía española de vuelos chárter Girjet se ha visto envuelta en este asunto de manera incidental: hasta donde se conoce, se limitó a aceptar la prestación de un servicio. Las autoridades de Chad no pueden vulnerar la presunción de inocencia de la tripulación, y están obligadas a facilitar el acceso del cónsul español a los pilotos y auxiliares de vuelo retenidos. Las familias de éstos se han sentido desamparadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, y ese sentimiento es suficiente para que el titular del departamento, Miguel Ángel Moratinos, dé explicaciones sobre las gestiones realizadas. Los ciudadanos españoles tienen derecho a una protección consular eficaz aun en el supuesto de que sean culpables de un delito; mucho más cuando, como en este caso, las autoridades de Chad tienen retenidas a siete personas desde el pasado jueves y no han mostrado ninguna prueba que comprometa su inocencia.

Existen aún demasiados puntos confusos que deberían aclararse, empezando por el principal: el origen de los niños, posibilitando la devolución a sus familias. La actuación poco acorde a las normas consulares por parte de Chad no exime de la necesidad de extremar los controles legales, tanto nacionales como internacionales, en iniciativas que, como ésta, afectan a menores.

La detención de los responsables de la ONG francesa El Arca de Zoé -y de los tripulantes españoles, interrogados ayer por el juez, del avión fletado para transportar a los 103 niños del Chad- ha ido adquiriendo una dimensión distinta a la inicial. La insólita visita del presidente Idriss Déby a los detenidos hacía presagiar que, más allá de la respuesta judicial, se abría un frente político del que no se podía anticipar el sentido. Ahora empieza a estar más claro: los Gobiernos de Chad y Sudán, que acaban de anunciar su reconciliación, parecen decididos a convertir la aviesa operación de El Arca de Zoé, condenada por el propio Gobierno francés, en una coartada para estimular sentimientos contra la antigua potencia colonial en un momento delicado para la estabilidad de la región.

Desde el inicio de esta operación, la ONG francesa se ha escudado en la supuesta bondad de su causa para despreciar los procedimientos legales. El Ministerio de Exteriores francés informó a los representantes de El Arca de Zoé de la inviabilidad de su proyecto, sin que éstos prestaran atención a las advertencias. En su delirio redentor, llegaron a imaginar que podían y debían sortear los requisitos legales exigidos para las adopciones haciendo que los niños fuesen declarados refugiados políticos al llegar a suelo francés; después ya se vería. El caso de El Arca de Zoé se ha convertido, así, en una prueba palpable de los límites del humanitarismo. No se puede pretender que se salva a 103 criaturas cuando, en realidad, se está cometiendo contra ellas la injustificable atrocidad de arrancarlas de sus familias.

La posibilidad de que este caso sea utilizado para influir en el despliegue de la fuerza internacional liderada por Francia para estabilizar la zona de Darfur es otra de las consecuencias provocadas por la injustificable actuación de El Arca de Zoé. Aunque de manera oficial el conflicto se declara resuelto, la realidad es que no ha hecho más que agravarse. Los refugiados huyen de los propios refugiados, y los bandos iniciales se han desintegrado en una guerra de todos contra todos. Los problemas políticos requieren soluciones políticas, y eso es, precisamente, lo que podría estar obstaculizando una iniciativa que formará parte del empedrado que conduce al infierno.

El presidente francés, Sarko-todo, como se le llama, además de gobernar sin tregua en un torrente inacabable de decisiones, aún tuvo tiempo ayer, domingo, de volar a la capital de Chad y obtener la liberación de los tres periodistas franceses y las cuatro azafatas españolas retenidos en Yamena, acusados de complicidad en el secuestro de 103 menores africanos, cuyo traslado se pretendía a Francia.

En la capital chadiana, a la espera de comparecer ante el juez, siguen piloto, copiloto y auxiliar de vuelo, también españoles, contra los que penden idénticos cargos y sobre los que se supone que Nicolas Sarkozy puede también haber presionado al presidente de la ex colonia, Idriss Déby, más seis franceses de la ONG gala El Arca de Zoé, enfrentados en su caso a la acusación de secuestro de menores y estafa.

El caso más grave es, sin duda, el de los representantes de esta organización, puesto que fuentes oficiales de París han dejado claro que presuntas intenciones humanitarias, como la adopción de los pequeños por familias francesas, no pueden servir de cobertura a irregularidades de ningún tipo. La gran mayoría de los niños tiene padres, no procede de Darfur, en Sudán, sino del mismo Chad, por ello no han sido sacados de zona catastrófica, y se los quería escamotear con tal simulación y engaño que cabe temer lo peor.

El tráfico de niños es una actividad repugnante al margen de los destinos materiales, si así era, a los que pudieran un día acceder, y la justicia chadiana, aunque siempre exigiendo las debidas garantías procesales para los acusados, tiene el irrenunciable derecho de castigar a quienes se encuentre probadamente culpables. Desde este punto de vista, cabe argumentar que el resto de la tripulación del avión español poco o nada debería saber de las intenciones de los responsables franceses.

El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en contraste con la eficacia y celeridad con que ha actuado Sarkozy, parecía ayer sobre todo preocupado por asegurar que la operación se había desarrollado en la más completa coordinación con Francia, con lo que recababa más protagonismo del que en apariencia merecía. Es cierto que históricamente París siempre ha tenido vara alta en Yamena, pero un país como España seguramente posee mejores argumentos que los en esta ocasión exhibidos