Escándalo de ‘Infancia Libre’: la activista María Sevilla detenida tras saberse que mantenía ‘secuestrado’ a su propio hijo sin escolarizar

María Sevilla, la presidenta de la asociación Infancia Libre, detenida el pasado viernes por secuestrar a su hijo S., de 11 años, durante 20 meses, había firmado un convenio de colaboración con Podemos para realizar un estudio sobre abusos sexuales en la población infantil andaluza, un trabajo que confeccionaría su asociación por espacio de tres años.

El documento, fechado el 5 de diciembre de 2016 y al que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, evidencia lo que la formación morada desmintió ayer rotundamente al conocerse la detención de la mujer, que mantenía a sus hijos en condiciones infrahumanas ocultos en una finca de Villar de Cañas (Cuenca): que sí hubo relación entre Infancia Libre, la plataforma montada por la detenida, y Podemos.

La propia Sevilla aportó el papel en 2017 en el pleito en el que perdió la custodia de S., con objeto de acreditar que su asociación sí hacía labores reales en favor de los menores y no era un vehículo cosmético, únicamente creado para respaldar sus acusaciones a su ex marido. El juez no la creyó y le dio la custodia a él, mientras Podemos sí lo hizo y poco después la llevó al Congreso de los Diputados y a la Asamblea de Madrid, en sendas comparecencias a petición de la formación –y también al Senado, como invitada–.

En realidad, Sevilla constituyó la asociación tras acusar falsamente a su ex marido de abusar sexualmente del hijo de ambos con la intención de que influyera en su contencioso (la acusación fue descartada en la causa), y después firmó un acuerdo de colaboración con el secretario general de Podemos Granada, Alberto Matarán, según figura en el papel. El objeto del convenio, según reza el propio documento, era «realizar un estudio en toda Andalucía de la población infantil que sufre o ha podido sufrir abuso sexual infantil intrafamiliar».

Los datos recogidos servirían para, posteriormente, sigue el acuerdo, «crear un protocolo piloto y propuesta de ley para la detección, protección y erradicación del abuso sexual infantil intrafamiliar en todos los ámbitos: educativo, sanitario, judicial y policial». Paradójicamente, Sevilla tenía a su hijo sin escolarizar y en dudosas condiciones sanitarias, y le dejaba salir al aire libre únicamente 20 minutos al día, según constató la Unidad Adscrita a los Juzgados de la Policía Nacional que la arrestó tras tres meses de investigación.

Finalizaba el documento: «Teniendo en cuenta la ausencia de datos sobre el abuso sexual infantil intrafamiliar en todos los ámbitos, el plazo estimado mínimo es de 36 meses prorrogables». María Sevilla firmó el papel por la asociación Infancia Libre, y por Podemos lo rubricó Alberto Matarán, líder de Podemos en Granada hasta marzo de 2018.

El mismo 5 de diciembre de 2016, fecha puesta en el acuerdo, acudió a la Asamblea de Madrid, invitada por Podemos Comunidad de Madrid, como consta en los diarios de sesiones del parlamento madrileño. Aquel día compareció ante la Comisión de Políticas Sociales y Familia, donde habló durante media hora para comentar los casos de menores que trataban en su asociación. Menos de dos meses después, María Sevilla presentaba en el Congreso junto a cuatro diputadas de Unidos Podemos una serie de peticiones al Gobierno para mejorar la protección a la infancia, especialmente en los casos de abusos sexuales sufridos por menores. Podemos dijo ese día que estaba colaborando con Infancia Libre para «recabar información para saber qué están haciendo los juzgados en esta materia y para proponer medidas para que los niños estén protegidos».

El 7 de marzo de 2017, la presidenta de Infancia Libre acudió al pleno del Senado, y ese mismo día desde la cuenta de Twitter de Unidos Podemos Senado le daban las gracias por asistir. Tan sólo una semana más tarde, Sevilla compareció en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso, invitada por el grupo parlamentario Unidos Podemos, como refleja el diario de sesiones de ese día, el 14 de marzo de 2017.

Cuando a principios de abril salió a la luz pública la operación de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional que localizó a María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) donde tenía secuestrado a su hijo de 11 años en condiciones infrahumanas, recibí un whatsapp de un colega periodista: «Rápido, métete en internet, está en todas las portadas de los periódicos».

Tanto él como yo conocíamos bien esta asociación y los estragos que ha causado en los últimos años. De hecho, mi ex mujer, que ha estado en paradero desconocido junto a mi hija de 10 años desde octubre de 2017 hasta el pasado sábado, pertenece a ella y es una de las personas que aparece en la fotografía que Unidos Podemos Senado publicó en su Twitter el 7 de marzo de 2017, agradeciendo a esta organización el «trabajo» realizado tras acudir ese día al pleno.

En 2011 me separé de la madre de mi hija tras 13 años de convivencia. La niña tenía dos años. El divorcio fue convulso. Yo quería la custodia compartida y dividir la vivienda entre los dos, pero para mi sorpresa la madre se negó: «La casa y la niña me las quedo yo», me dijo por ese orden.

«Si vamos a juicio lo vas a perder, y entonces tendrás que pagar la pensión de alimentos, tu alquiler y la mitad de la hipoteca», me amenazó. Y efectivamente, tras informarme al respecto descubrí que el artículo 92 del Código Civil establecía que cuando las dos partes no estaban de acuerdo en la custodia compartida los jueces de familia sólo la podían dar «de forma excepcional». Afortunadamente Gallardón acabó con esta cláusula «de excepcionalidad» cuando fue ministro de Justicia, y en la actualidad los jueces la pueden otorgar si consideran que es beneficioso para el menor.

Pero en ese momento no, así que acepté un mal acuerdo económico con tal de conseguir un amplio régimen de visitas, ya que mi prioridad era estar con la niña. Por no hablar de que empezó a amenazarme con llamar al 016 si le volvía a mencionar el tema. Le malvendí mi parte de la vivienda por menos de la mitad de lo que yo había invertido en ella y conseguí 10 pernoctas al mes y otros cuatro días a la hora de comer. Algunos pensarán que no era para tanto, pero la otra opción era arriesgarme a que me dieran todavía menos días en un juicio.

Tras superar el lógico bache que supone cualquier ruptura e instalarme en otra vivienda, pude rehacer mi vida y confieso que empecé a disfrutar de una de las etapas más bonitas de mi existencia.

Fue duro combinar un trabajo que implica tanta dedicación como el de ser periodista en un medio de la relevancia de EL MUNDO con el quehacer diario de cuidar a una niña tan pequeña, pero la satisfacción que proporciona el estar y ver crecer a mi hija compensaba todos los esfuerzos. Las madres y padres lo saben bien. Poco me imaginaba en ese momento que la verdadera pesadilla todavía tenía que llegar casi tres años después.

Cuando yo tenía a la niña, la madre me llamaba continuamente. Muchos domingos me pedía venir a casa para estar con ella y se mostraba muy obsesionada con controlar cualquier aspecto relacionado con nuestra hija, pero era algo con lo que podía lidiar.

De hecho, no me pagó la deuda que contrajo conmigo en el divorcio alegando que no tenía dinero, y en ningún momento me planteé tomar medidas legales por no perjudicar a nuestra hija. La niña se adaptó perfectamente al cambio y se la veía feliz. Muchas veces me decía que no quería ir con su madre cuando hacíamos los cambios de régimen de visitas, y supongo que al revés pasaría lo mismo. Pero explicándole que enseguida volveríamos a vernos se le pasaba. Así continuamos hasta diciembre de 2014.

El verano de ese año la madre empezó a decirme que la niña no quería estar conmigo, que deberíamos ir a un psicólogo los tres para descubrir el motivo. Le dije que no estaba de acuerdo, que la niña estaba perfectamente conmigo y que cuando a mí me decía que no quería ir con la madre le explicaba que estaría bien con ella y que no había que darle mayor importancia.

Yo había empezado una nueva relación y, sinceramente, estaba un poco harto de la madre. De hecho le había dejado pasar un desagradable incidente. Estando en mi casa, la niña se había puesto a jugar con la silla de ruedas que tenía frente al ordenador, y cogiéndola por el respaldo daba vueltas sobre sí misma con la mala fortuna de que perdió el equilibrio y al caer arrastró la silla hacia ella, que le pisó con la rueda en los genitales. Llamé a mis dos tías pediatras y me aconsejaron llevarla al médico si le dolía, y que si no, le diese una crema antes de dormir. Como la niña parecía estar bien la metí en la cama con la pomada. Al día siguiente la madre me llamó hecha una furia desde el hospital. La había recogido en el colegio y al ver que tenía un pequeño hematoma me preguntó qué había sucedido. Se lo expliqué y su contestación fue: «Eso es lo que dices tú, ven inmediatamente al hospital a dar explicaciones porque a saber qué le has hecho». Acudí de inmediato junto a mi tía, que vive también en Madrid, y cuando me preguntaron por lo sucedido no tuve más que enseñar mi móvil.

Justo en el momento de la caída la estaba grabando. Efectivamente, comprobaron que la marca que tenía coincidía con la pisada de una rueda y así lo reflejaron en el parte médico. Como comprenderán, aluciné con la reacción de la madre, pero una vez más lo dejé pasar por no tener conflictos. Grave error.

A los pocos meses, estando con la madre, la niña se cayó de su cama y se fracturó el cúbito y el radio, y como comprenderán, no pensé que la madre le había hecho eso queriendo.

Pero sigamos con el relato de los hechos. Yo no quería ir al psicólogo con la madre y sus obsesiones. Tenía una nueva relación y lo que sí hice es reclamarle la deuda de la vivienda. Habían pasado tres años y seguía sin pagar. Y fue en ese momento cuando me disparó una bala de plata.

Ese fatídico fin de semana de diciembre la niña estaba conmigo. Habíamos ido al circo y la madre me dijo que quería venir a mi casa a traerle ropa de invierno. Como cuando acudía a mi domicilio las despedidas con la niña se hacían eternas, pensé que era mejor llevarla a su casa y recogerla al cabo de un par de horas.

Para mi sorpresa me mandó un whatsapp: «La niña no va a volver contigo. Llama inmediatamente». Cuando llamé me soltó que la niña le decía que yo le había mordido en sus partes. «Dile, dile lo que me has dicho», le dijo a mi hija, que en ese momento tenía seis años. «Que me has mordido en el menene y no quiero ir contigo…». A la madre le dije que no dijese más tonterías y que iba a por la niña para pasar el resto del domingo con ella, pero no me la bajó.

Tras llamar a mi abogada, ésta me recomendó que denunciara, y así lo hice. Esa semana no llevó a la niña al colegio, por lo que puse una segunda denuncia.

El sábado siguiente me llamaron del juzgado: «Tiene que venir, le han denunciado por supuesto abuso sexual a su hija». A eso algunos expertos le llaman la bala de plata, porque aunque salgas inocente acaban contigo. Las denuncias se archivaron. A la niña y a la madre las vio un médico forense, a la niña la pusieron conmigo en una sala para ver su reacción, y al verme se abalanzó hacia mí para darme un abrazo. Del juzgado salí con la niña de la mano. Su propia abogada se acercó para decirme que no se creía nada.

Pero la pesadilla sólo estaba comenzando.

En los diferentes juicios que siguieron (petición por mi parte de cambio de custodia, petición por la suya de que no pudiese estar con mi hija, etc.) supe que llevaba a la niña a una psicóloga sin mi consentimiento. Ésta le daba figuritas de madera para que la niña explicase lo que supuestamente yo le hacía.

Tengo audios y vídeos de la niña donde me relata frases tan aterradoras como: «Me daban unos muñequitos y me decían ‘qué te ha hecho tu padre, qué te ha hecho tu padre’, hasta que para que me dejaran en paz me lo inventé», «Le digo a la mamá que quiero ir con papá y se pone a llorar», «Le digo a mamá que es mentira y no se lo cree», «Mamá dice que para que esté con ella tengo que decirle a Beatriz que ya no quiero estar con papá».

Beatriz era la psicóloga del Centro de Atención a la Infancia (CAI) que analizó los supuestos abusos. Al margen del juzgado, la madre acudió a la pediatra de la niña para decir que yo había abusado de ella, por lo que se abrió un protocolo de actuación en el que me piden que voluntariamente me someta a un estudio por parte del CAI.

En las sesiones, la psicóloga me comunicó que le parecía bien que la madre incumpliera las visitas porque lo hacía para proteger a su hija, o me recriminaba aspectos como que mis padres me acompañasen al centro. Emitió un informe en el que decía: «Existen indicios compatibles con la existencia de un abuso sexual intrafamiliar», por lo que derivó el caso al CIASI (Centro de Intervención en Abuso Sexual Infantil).

Finalmente, el CIASI establece en abril de 2016 que «los hechos denunciados no son compatibles con una experiencia de abuso sexual infantil». Durante todo ese proceso la madre incumplía cada vez más el régimen de visitas, y no llevaba a la niña al colegio cuando me tocaba recogerla.

Siempre que sucedía yo ponía una denuncia, y acumulé en estos años unas 200. En agosto de 2015 el incumplimiento del régimen de visitas dejó de estar penado. Hasta ese momento se produjeron varios juicios donde condenaron a la madre, pero a partir de ahí ya sólo podía acudir al juzgado de Familia, donde en las diferentes sentencias se mostraban duros con su actitud, y se lo recriminaban, pero no llegaron a retirarle la custodia.

Por aquel entonces me entero de que la madre lleva tiempo acudiendo con la niña a la asociación Infancia Libre, una organización que «lucha» contra el maltrato y el abuso sexual. Aparece en escena un psiquiatra de Majadahonda que está tratando a mi hija sin mi consentimiento. Éste empieza a emitir informes donde cuestiona las decisiones del juez de Familia, alega que yo no puedo estar con mi hija porque sufre varios trastornos y que le está medicando con psicofármacos por ansiedad. Descubro que Infancia Libre recomienda varios de sus informes y estudios.

El juez de Familia lo aparta de mi hija, estableciendo que si la madre la quiere llevar a un psiquiatra, sea el jefe de Psiquiatría Infantil del Hospital Niño Jesús el que le asigne uno. Mientras, el psiquiatra de Majadahonda sigue viendo a la niña un año más, alegando que «no había entendido la sentencia».

En febrero de 2016, eldiario.es entrevista a la madre (de espaldas, con voz distorsionada y nombre falso) criticando que la Justicia permita que los «abusadores» vean a sus hijos. Los periodistas afirman que «desde diversas asociaciones como Infancia Libre se alerta de que equipos psicosociales y de juzgados están atribuyendo de forma sistemática el síndrome de alienación parental a las denunciantes». Este mismo diario publica al día siguiente una entrevista con María Sevilla bajo el título «El sistema judicial no protege a los menores que denuncian a sus padres por abusos sexuales».

El incumplimiento de visitas es total. La madre ni siquiera acude a los juicios. El magistrado establece que el CAI vigile el régimen de visitas. En su informe de febrero de 2017 este organismo explica que, tras algunas sesiones con la madre, recibe una llamada de la presidenta de Infancia Libre en la que les «informa de la falta de acuerdo con la intervención del CAI y que la madre ha estado grabando las sesiones». No pueden volver a comunicarse con Patricia.

En esos momentos, febrero de 2017, yo tengo por última vez a mi hija. En marzo veo la foto de la madre con María Sevilla en el Twitter de Unidos Podemos Senado. En octubre de 2017 la deja de llevar al colegio, donde a día de hoy sigue matriculada la niña.

La Consejería de Educación hace un informe de absentismo escolar que remite a los juzgados y la Fiscalía. Pongo una querella por sustracción de menores, desacato a la autoridad judicial y denuncia falsa. El juez ordena una averiguación de domicilio por sustracción de menores y la Policía empieza a investigar. Pero la madre está de excedencia, ha alquilado su vivienda y nadie sabe dónde están ella ni la niña. Todas las Comunidades Autónomas contestan al juez que no está matriculada en ninguno de sus centros. Ha perdido dos cursos escolares. No he vuelto a saber de ella hasta este sábado, aunque nunca dejé de luchar por ella.

Cuando en abril se conoció la detención de María Sevilla, conté mi problema a unos compañeros del periódico que me pusieron en contacto con la Unidad Adscrita de Policía Nacional a los Juzgados, que eran los que habían investigado el caso. Han trabajado mucho, han buscado y al final me han devuelto a mi hija con la gran ayuda del Juzgado de Instrucción número 53. Ha habido momentos en que me he desmoronado. Han sido años de angustia y todavía queda un largo camino para vivir con normalidad, pero creo que si tienes la conciencia tranquila, nunca debes dejar de luchar.

«Llevo cinco años viviendo un infierno. Tenía una relación estupenda con mi hija, algo muy especial, y ahora no sé cómo me la voy a encontrar… Sólo espero que todo vaya bien, que se sienta querida y arropada». José Luis I., nervioso todavía, cuenta esto en la Audiencia Provincial de Madrid, donde ha quedado con su abogada. Acaba de enterarse de la detención de su ex mujer, también de la asociación Infancia Libre, por incumplir el régimen de visitas.

Después de más de un año en busca y captura, la Unidad Adscrita a los Juzgados arrestó ayer en el aparcamiento del hospital de La Paz a Ana María Bayo, que había impedido desde hace dos años a su ex marido ver a su hija de 11 años, aunque sus primeros problemas empezaron en 2015. «Puse más de 300 denuncias, una cada día que yo iba al punto de encuentro o al colegio y no me traían a la niña», recuerda José Luis.

Es el tercer arresto en dos meses de una madre vinculada a esa asociación, y en los tres casos coinciden varios patrones: las tres arrestadas denunciaron a sus ex parejas por abusos sexuales a sus hijos, compartían asociación, abogada y psiquiatra; y las tres incumplieron las resoluciones judiciales que tenían en contra. Tres de las cuatro mujeres que aparecen en la foto del Twitter de Podemos Senado con la camiseta de Infancia Libre que ilustra esta información han sido arrestadas ya.

En el caso de José Luis, además, «algo ha ido mal en todo momento. En uno de los juzgados hubo que recomponer la causa que había desde 2015 contra mi ex mujer porque se perdieron todas las actuaciones. Mis denuncias no sirvieron de nada… Ya estaba desesperado». Él, además, tuvo que sentarse en el banquillo por los presuntos abusos en la Audiencia Provincial. Fue absuelto en abril, pero le pedían seis años de cárcel.

Los informes forenses y la sentencia no dan ninguna credibilidad a los abusos. Una diferencia, sin embargo, es que la madre también amplió la denuncia contra el padre por un «bofetón» que le pegó a su hija, y por eso sí le han condenado, por lo que no se sabe aún en quién puede recaer la custodia de la menor, ya que esa condena implica un alejamiento.

Sin embargo, su abogada ayer pidió en la Audiencia un escrito que afirma que la sentencia no es firme y, por tanto, aún no es ejecutable. Eso podría darle la custodia a José Luis, al menos de momento. El Juzgado de Guardia de detenidos, que puso en libertad a la mujer ayer a mediodía, se declaró no competente sobre ese asunto, por lo que el tema queda a expensas de lo que decida el juzgado de Arganda del Rey que investiga a la mujer por desobediencia. La sentencia, por otro lado, será recurrida.

Hay que recordar que a principios de abril María Sevilla, presidenta de Infancia Libre y asesora de Podemos en temas de infancia, había sido arrestada por secuestrar a su hijo, y un mes después lo fue Patricia González, que hacía dos años que no dejaba a su ex marido, periodista de EL MUNDO, ver a su hija. En estos dos casos, además, los menores estuvieron sin escolarizar durante el tiempo que vivieron ocultos por sus respectivas madres.

El juzgado de lo penal número 23 de Madrid ha condenado a María Sevilla, presidenta de la asociación Infancia Libre, a dos años y cuatro meses de prisión por sustracción de menores y a la retirada durante cuatro años de la patria potestad. Fue detenida en marzo de 2019 en el municipio conquense de Villar de Cañas, donde se ocultaba con su hijo, que ahora tiene 13 años. Un juzgado había otorgado la guarda y custodia a su padre, Rafael Marcos, en 2017. En marzo de ese año, Marcos denunció la desaparición del niño, con el que no volvió a encontrarse hasta el arresto de la madre. El menor vive con su padre desde entonces. La defensa de Sevilla recurrirá la sentencia.

La asociación Infancia Libre ha estado en el foco mediático desde el año pasado, a raíz precisamente de la detención de Sevilla. Su caso fue el primero de los cuatro que trascendieron vinculados a esta organización, que afirmaba trabajar en defensa de los derechos de los menores. Cuatro mujeres fueron detenidas o llamadas a declarar por la Policía Nacional, en el marco de una investigación tras las denuncias de los padres, que aseguraban que estaban reteniendo a sus hijos y que las madres los acusaban falsamente de abusos sexuales. La unidad adscrita de la Policía Nacional a los juzgados de la plaza de Castilla (Madrid) llegó a sostener en un informe que operaban como una “organización criminal”, apoyándose en los mismos profesionales para perjudicar a los padres y que les fuera retirada la custodia.

Sin embargo, la Fiscalía Provincial de Madrid archivó la causa el pasado enero, al no apreciar datos objetivos que aseguren que funcionaba como una organización ilícita y al considerar que no se había podido establecer una conexión directa entre la entidad y las mujeres que denunciaron a los padres de sus hijos. La mayoría de las denuncias se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando esta ya había dejado de tener actividad.

Independientemente del archivo de esta causa contra la asociación, cada uno de los cuatro casos están sumidos en procedimientos judiciales individuales. Sevilla ha sido la primera integrante de Infancia Libre en ser juzgada, en una vista celebrada el pasado 1 de octubre. La sentencia ha sido notificada este martes a las partes. El juzgado condena también a Sevilla a pagar las costas del juicio y a indemnizar a su exmarido con 5.000 euros, en concepto de daños morales, y declara la libre absolución respecto al delito de abandono familiar reclamado por la acusación particular, que pedía cuatro años de cárcel y la suspensión de la patria potestad durante seis. La Fiscalía había solicitado tres años y seis meses de prisión y la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante cinco años.

Sevilla acusa a su expareja de abusos sexuales al menor. Pero los juzgados no avalaron su denuncia. “Con la sentencia se ha hecho justicia”, sostiene este martes el padre del niño. Vicente Tovar, abogado de la madre, afirma que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial y confía en la libre absolución de su defendida, pues asegura que en el momento en que se llevó al niño era ella quien ostentaba la guarda y custodia y no llegó a notificársele el auto por el que se le otorgaba al padre. El letrado explica que ella actuó en todo momento bajo la convicción de que su conducta era justa. “Judicialmente no haré ninguna valoración, acato la sentencia, aunque no es firme. Pero si tuviera que entrar en la cárcel, lo haría con la cabeza muy alta y el corazón lleno de amor. He creído a mi hijo y lo he protegido hasta donde he podido”, sostiene Sevilla.

En la sentencia se señala que “concluir que la acusada no se llevó al menor [en 2017] y lo retuvo con la finalidad última de frustrar el cambio de guarda y custodia que definitivamente pudiera producirse sería absolutamente contrario a la lógica”. Y más adelante se añade: “No estamos ante una sustracción temporal que trate de evitar un posible peligro al menor mientras los tribunales se pronuncian sobre los abusos, estamos ante una sustracción que implica un puro desacato al contenido de resoluciones judiciales que valoraron ese peligro”. Sevilla había aportado en el juzgado una treintena de informes para defender la existencia de abusos. En la sentencia se analizan y se remite a resoluciones judiciales anteriores que ya desestimaron tales acusaciones.

En los hechos probados se constata que “durante el tiempo retenido con la madre”, aunque el niño dejó de asistir a clase “durante largos periodos de tiempo, permaneció matriculado” en centros que autorizaron “un régimen educativo no presencial, no iniciándose expediente alguno de absentismo escolar”. Se añade que “no consta que en este tiempo el menor dejara de recibir asistencia médica necesaria, tampoco que no haya seguido el calendario vacunal”, y que, “aunque la actitud de la acusada con su hijo supuso un mayor aislamiento del mismo en relación a otros niños de su edad, tampoco se ha acreditado que ese aislamiento fuera total y absoluto hasta el punto de no tener ningún contacto social”.

Desde que fue detenida, Sevilla no ha vuelto a encontrarse con su hijo. En un primer auto, el 12 de abril del año pasado, un juzgado le prohibió acercarse a menos de 200 metros del niño, pero el 27 de junio se le dio autorización a reunirse con él en visitas supervisadas en un punto de encuentro. Una decisión ratificada el pasado diciembre. Aún no se han visto. La crisis causada por la covid ha influido en el retraso. El sábado está programada la primera visita.

El juzgado de lo penal número 11 de Madrid ha condenado a Patricia González, la segunda madre de la asociación Infancia Libre detenida en 2019, a dos años de cárcel y a cuatro años de inhabilitación del ejercicio de la patria potestad por sustracción de menores. El juzgado considera probado que se ocultó con su hija en el municipio madrileño de La Cabrera entre octubre de 2017 y mayo de 2019, cuando fue localizada por la policía. Durante ese tiempo, el padre no supo nada de la menor ni tuvo ningún contacto con ella. González alegó que la alejó de su padre para protegerla, porque sufría abusos sexuales, según le confesó la menor, unas acusaciones que nunca fueron probadas judicialmente y que el padre niega. La niña, que ahora tiene 12 años, vive con él desde el arresto de su madre, a quien lleva dos años sin ver. La mujer recurrirá la sentencia.

González fue la segunda de las madres de Infancia Libre cuyo nombre se hizo público tras ser detenida en 2019. Su arresto se produjo un mes y medio después del de María Sevilla, la presidenta de esta organización, cuyas integrantes solicitaban protección para los menores que sufren abusos sexuales o maltrato intrafamiliar. Sevilla también ha sido condenada por sustracción de menores, una pena que ha recurrido ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía archivó en 2020 la causa contra Infancia Libre, abierta después de que la unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de la plaza de Castilla emitiera un informe en el que se apuntaba que la asociación operaba como una “organización criminal”, que impulsaba denuncias para perjudicar a los padres.

El juzgado considera probado que la intención de González fue “alejar a la menor de su padre y desvincularla totalmente del progenitor paterno y apartarla definitivamente tanto de él como del entorno familiar de este”, así que “se llevó a la menor del domicilio en el que residían en la localidad de Madrid, así como del centro escolar al que acudía”. En la sentencia se indica que González “mantuvo oculta a la menor respecto de su padre en un domicilio de la localidad de La Cabrera y sin escolarizar, a fin de evitar que fuera localizada”. En el texto se precisa que a la hora de imponer la pena el juzgado tiene en consideración “el motivo o temor alegado por la madre a que su hija pudiera sufrir un daño, y que en cierta medida fue lo que la movió a realizar la conducta delictiva de la que se le acusa, aunque el mismo no estuviera justificado, al ser sobreseída la causa”.

Durante el juicio, que se celebró el pasado abril, el padre de la niña, Daniel I. Aguirre, declaró, según consta en la sentencia, que “el juzgado de instrucción que siguió el caso dijo que no había abusos sexuales” y que él “se sometió a estudios voluntarios para acreditar que no los había”. Aseguró que “actualmente la niña es feliz” y dijo que era consciente de que su hija “le dijo a su madre lo de los abusos, pero es porque la acusada preparaba a la niña para que dijera eso”. Este viernes, Aguirre ha afirmado que está “conforme con la sentencia”: “Estoy muy contento de que por fin se haya hecho justicia y me gustaría que estas situaciones no se vuelvan a producir, en las que una persona que es inocente es atacada sistemáticamente durante años, acusándole de algo que es totalmente incierto. Me alegra que se haya demostrado que la delincuente era la madre de la niña”, ha dicho.

El abogado de González, Jaime Montero Román, explica que ellos sí recurrirán la sentencia, porque entiende que “no se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo: el progenitor custodio no puede ser condenado por sustracción de menores, aunque incumpla el régimen de visitas”. En 2017, González tenía la custodia de su hija, el padre tenía un régimen de visitas y la patria potestad era compartida. Recientemente, en un procedimiento de medidas provisionales, un juzgado ha otorgado la custodia de la menor al padre. Aún están a la espera de que el juez determine las medidas definitivas.

Durante el juicio, la madre explicó que su hija estaba siendo objeto de abusos sexuales por parte de su padre, porque así se lo aseguró la menor, y que por eso presentó una denuncia. Según consta en la sentencia, González explicó que “después de que la vieran varios especialistas, a los que la niña narraba cosas que no le había contado” a ella, decidió “irse a vivir a La Cabrera”, pero que no estaban escondidas “porque su casa estaba en medio del pueblo”. Añadió que durante su estancia en esa localidad, “la menor fue al colegio de pedagogía activa y también iba a clases extraescolares, tres días a la semana” y que ella, al ser profesora de instituto, también le daba clases. Este viernes, González ha afirmado que “cuatro profesionales certificaron en sus informes que la niña sufrió abusos” y que en “el procedimiento penal para juzgar al padre nunca se les escuchó, que solo se les ha escuchado ahora, en el juicio por sustracción”. “Yo voy a estar peleando siempre por los derechos de mi hija”, ha afirmado. “Espero que algún día se haga justicia, aunque tenga que venir de fuera de España”.