Escándalo judicial en España: el emigrante Gilberto Chamba ‘El Monstruo de Machala’ asesina a la joven estudiante María Isabel Bascuñana beneficiándose de la Ley de Extranjería

Si se confirma que el presunto autor del asesinato de la joven estudiante María Isabel Bascuñana el pasado mes en Lérida -un emigrante ecuatoriano residente en España desde finales de 2000 con pasaporte y papeles en regla- es el conocido en su país como El Monstruo de Machela, condenado por violar y asesinar a ocho mujeres, estaríamos ante una increíble cadena de errores. De carácter burocrático, por parte de los servicios de inmigración españoles, y de carácter general, por parte de policía y judicatura de Ecuador. Interpol asegura que el asesino en serie ecuatoriano y el presunto autor de la muerte de la joven son la misma persona: Antonio Chamba Jaramillo.

Lo primero que se deduce de casos así es la necesidad de extremar la colaboración entre los Estados. Aunque el control total es imposible, sí debería poder evitarse que delincuentes psicópatas tan notorios puedan emigrar e inmigrar de un país a otro sin seguimiento. Con matices distintos, esta cuestión ya se planteó con la detención del presunto asesino de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes, el británico residente en España Tony Alexander King, con numerosos antecedentes por agresiones sexuales a mujeres en Gran Bretaña. Esta colaboración es especialmente exigible a los países que nutren los flujos migratorios a España como es el caso de Ecuador.

Las autoridades españolas deben tomar nota de los posibles errores cometidos en la regularización del presunto asesino de María Isabel Bascuñana, pero también deberán hacerlo las ecuatorianas por conceder el pasaporte a un asesino en serie que acababa de salir de la cárcel. Quito tendrá que investigar primero y explicar después por qué se le concedió el pasaporte pese a sus antecedentes penales o, en su caso, cómo pudo éste ocultarlos o incluso borrarlos de los archivos. También las autoridades españolas tendrán que indagar por qué no se le pidió documento alguno sobre sus antecedentes penales, como es obligado, al concederle el permiso de residencia en 2001.