6 octubre 2009

Estalla el caso ‘chivatazo a ETA’ en el Bar Faisán: el Jefe de Policía Enrique Pamiés avisó a Joseba Elosua, antes de que se produjera una redada antiterrorista

Hechos

El 6.10.2009 el periódico EL MUNDO publicó el reportaje que desvelaba el el caso Faisán.

06 Octubre 2009

La investigación del chivatazo a ETA llevó al jefe de la Policía

Fernando Lázaro / Manuel Marraco

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Baltasar Garzón que archive la investigación del chivatazo a ETA, abierta en junio de 2006 tras descubrirse que uno de los responsables de la red de extorsión de la banda, Joseba Elosúa, había sido advertido de una inminente operación policial.

Los agentes encargados del caso Faisán presentaron al juez ese mismo año un informe, basado en el tráfico de llamadas, que implicaba al entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada Provincial de Álava.

Según la reconstrucción de los hechos que la Fiscalía no considera suficientemente sólida, el director general ordenó o sugirió al jefe superior que advirtiera a Joseba Elosúa -dueño del bar Faisán, centro de la red de extorsión- de que había una operación en marcha y que no hiciera un traslado de dinero que tenía previsto. De acuerdo con esa misma tesis policial, el 4 de mayo de 2006, entre las 11.10 y las 12.00 horas, el inspector de Álava se acercó a Elosúa y le pasó su teléfono. Al otro lado estaba, supuestamente, el jefe superior, que le mandó el aviso.

El escrito firmado por el fiscal Carlos Bautista considera que las múltiples diligencias practicadas en estos tres años no han corroborado mínimamente esa hipótesis, por lo que reclama el archivo provisional de la causa.

 

La Fiscalía que dirige Javier Zaragoza considera que la «hipótesis incriminatoria no se ha visto refrendada por ningún otro indicio o elemento externo de corroboración». A su juicio, lo planteado por el equipo de investigación -los mismos agentes responsables de la operación contra la red de la que fue advertido Elosúa- «sirve como punto de partida para una posterior investigación (la cual ha sido practicada de forma exhaustiva) pero, al carecer de aval probatorio alguno, resulta inhábil por sí misma para sustentar una tesis acusatoria», añade el escrito remitido a Garzón.

El fiscal se esfuerza en dejar claro que su petición de archivo provisional -que permite reabrir el caso si surgen nuevos datos- llega después de múltiples e ininterrumpidas diligencias de investigación. Entre ellas, pinchar media docena de teléfonos durante casi dos años: el de los tres imputados, el del comisario responsable de la Brigada de Francia, el de la comisaria de la Sección de Análisis de Información de San Sebastián -incluida en la secuencia de llamadas sospechosas- y otro de la Dirección General de la Policía. También comparecieron como testigos 11 policías.

El Ministerio Público considera «capital» para la petición de archivo el resultado de la rueda de reconocimiento en la que Elosúa no identificó al inspector sospechoso de haberle puesto en contacto con el jefe superior. El Ministerio Público no pone objeción al hecho de que estaría delatando a quien le permitió que, pese a ser detenido, al menos no lo fuera con dinero de la extorsión encima.

Además, considera coherente la versión ofrecida por los tres imputados en su declaración ante Garzón. En el caso del jefe superior, declaró que ese día se disponía a contactar con un confidente de ETA en Francia y que el inspector al que llamó a la hora del chivatazo se encontraba en la zona para darle cobertura en sus desplazamientos a ambos lados de la frontera. El fiscal señala que varios extremos que corroboran esta versión han podido ser verificados. Y en cuanto a las llamadas telefónicas entre el jefe superior y el director general, resalta que resultaban «frecuentes», dados sus cargos.

Conforme presenta los indicios contrarios a la tesis de los investigadores, el fiscal deja caer -no lo dice expresamente- qué elementos parecen apuntar a otra tesis no investigada: que la responsabilidad esté dentro de ese mismo grupo que investigaba la red de extorsión y que también se hizo cargo del chivatazo.

Se refiere, por ejemplo, a las palabras del propio Elosúa en su coche, grabadas por un micrófono de la Policía. Allí dijo que quien le había dado el aviso era la persona que controlaba «directamente» a los cuatro o cinco policías que le hacían los seguimientos.

Otro indicio «en esa otra dirección», resaltado por uno de los agentes que testificaron, era que quien dio el chivatazo también conocía dos conversaciones previas de Elosúa, lo que supone que estaba muy familiarizado con la operación. El fiscal cree «alambicada» la versión de los investigadores de que el jefe superior podía haber conocido las llamadas por fuentes indirectas.

Otro elemento relevante que destaca el fiscal es que el éxito del chivatazo radicó en que ese día no había vigilancia junto al domicilio de Elosúa, un dato clave que difícilmente estaba al acceso de los tres imputados.

Junto a esta segunda hipótesis, el fiscal destaca que el hecho de que muchas de las llamadas que podrían considerarse relevantes se hicieran desde tarjetas prepago -que entonces no estaban asociadas obligatoriamente a una identidad- limita enormemente la investigación.

Además del criterio de la Fiscalía, Garzón deberá escuchar la opinión de la AVT, personada como acusación popular. La asociación aún no ha tenido acceso a la causa, que hasta ayer mismo permanecía secreta. El juez le ha dado un plazo de 10 días para estudiar el sumario en el juzgado -por razones de seguridad no le permitirá hacer copias- y cinco más para decidir si solicitan el archivo o la práctica de nuevas diligencias.

Al margen del desarrollo judicial del asunto, el Partido Popular pidió ayer por la tarde en el Congreso la comparecencia urgente en la Comisión de Justicia del ministro Francisco Caamaño y del fiscal general del Estado, Cándido-Conde Pumpido, para explicar la decisión de la Fiscalía. En un comunicado, el portavoz de Justicia del Grupo Popular, Federico Trillo, señaló que la decisión de la Fiscalía es algo inadmisible. «O Conde-Pumpido no sabe investigar o prefiere mirar hacia otro lado», declaró.

06 Octubre 2009

¿Director de la Policía y a la vez cómplice de ETA?

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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RESULTA inevitable sentir una mezcla de estupor e indignación al conocer la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de archivar la causa en la que se investigaba el chivatazo policial a Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán de Irún y uno de los jefes de la red de extorsión de ETA.

Recordemos los hechos: un agente policial le pasó una llamada a Elosúa en mayo de 2006, durante la tregua de la banda, en la que un misterioso interlocutor le advertía de que las Fuerzas de Seguridad del Estado le estaban esperando para detenerle cuando cruzara la frontera con el dinero recaudado por la extorsión a empresarios.

Según un informe policial realizado unos meses después de lo sucedido, ese misterioso interlocutor que advirtió a Elosúa era nada menos que el Jefe Superior de la Policía en el País Vasco, que momentos antes había recibido una llamada de Víctor García Hidalgo, entonces director general de la Policía. La hipótesis de este informe, siguiendo el cruce de teléfonos, es que el jefe de la Policía Nacional había ordenado a su subordinado que avisara a Elosúa de que había montado un operativo para detenerle.

La Fiscalía pide ahora al juez Garzón que archive la causa, argumentado que no existen pruebas de la implicación de García Hidalgo ni de ninguno de sus colaboradores, que testificaron que efectivamente habían hablado ese día y en ese lugar, pero que el objeto de sus llamadas era contactar con un confidente de ETA. El propio Elosúa, puesto en libertad por el deterioro de su salud, se negó a identificar al agente que le había pasado el teléfono.

Estamos, pues, ante un delito gravísimo, que la Fiscalía considera probado que se cometió y que desiste de seguir investigando a pesar de que hay sólidos indicios que apuntan al ex director general de la Policía, una persona vinculada al PSOE, y otros altos mandos policiales.

No resulta, por ello, extraño que desde que EL MUNDO revelara los hechos, todo fueran obstáculos para indagar lo sucedido. Hay que recordar que el primer instructor del caso, el juez Grande-Marlaska, tuvo que apartar de la investigación al comisario general de Información, Telesforo Rubio, al que acusó de poner trabas al esclarecimiento del asunto.

Tampoco se ha investigado lo suficiente una llamada telefónica de Fernando Mariscal, jefe de seguridad del PSOE, que llamó desde Madrid a uno de los comisarios que se encontraban en las inmediaciones del bar Faisán, alegando luego que era su cumpleaños. Y si la Fiscalía tiene otras hipótesis, que las plantee.

Había muchos cabos sueltos de los que poder tirar, pero ni el juez Garzón, dedicado a actividades mejor remuneradas y a otros casos menos comprometedores para el Gobierno, ni la Fiscalía de la Audiencia Nacional han querido llegar hasta el fondo de este turbio affaire que ponía en evidencia la actuación de los mandos policiales durante la tregua de ETA. Resulta estremecedor pensar que el máximo jefe de un cuerpo que ha sufrido cientos de bajas por el terrorismo pudiera llevar su servilismo político hasta el extremo de ayudar a ETA a eludir un operativo montado por sus propios hombres.

Para vergüenza del Estado de Derecho, este gravísimo delito puede quedar impune porque ni el juez ni la Fiscalía han hecho bien su trabajo, mientras un sector de la Policía se dedicaba a encubrir el infame comportamiento de los autores y cómplices del chivatazo.

La falta de celo de unos y la obstaculización de la labor de la Justicia de otros requiere la comparecencia en el Parlamento del actual ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que tienen mucho que explicar sobre este caso, que constituye un escándalo de enorme magnitud.

20 Octubre 2009

El investigador del chivatazo [García Castaño] pide que no se archive el caso

Fernando Lázaro / Manuel Marraco

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El inspector jefe Carlos G. rompió ayer su silencio. En un comunicado público, el hombre que investigó el chivatazo a ETA sostiene que él no fue el autor de la delación y reclama que el caso no sea cerrado.

El actual mando de la Unidad de Asuntos Internos asegura en este escrito que en el momento en que se produjo el soplo policial a los terroristas, el 4 de mayo de 2006, él estaba con el juez Fernando Grande-Marlaska, instructor inicial del sumario, «repasando las últimas novedades operativas». Este mando estuvo, primero, al frente de las pesquisas sobre la red de extorsión del bar Faisán y, después, de las investigaciones sobre el chivatazo.

Pero este inspector jefe no sólo se defiende de las sospechas sobre su gestión, sino que arremete con inusitada dureza contra el fiscal que llevó las investigaciones y que ahora solicita el archivo.

Carlos G. agradece a sus compañeros de la Policía que participaron en las investigaciones, así como a los jueces Grande-Marlaska y Baltasar Garzón su comportamiento.

Sin embargo, acusa al fiscal encargado del caso de no haber reunido nunca al equipo investigador y de omitir en su informe datos «relevantes sobre los que no dice nada».

Niega, en contra de lo que apuntó el fiscal en su escrito de conclusiones, que la cámara que grababa el bar Faisán dejase de funcionar justo el día en el que se produjo el chivatazo. «Quizás lo dicen porque tampoco saben que la cinta de ese día, con las imágenes, se remitió íntegra al Juzgado y así consta en el procedimiento, y que precisamente nos basamos en ella para fijar alguno de los criterios de investigación, como así consta también en los informes policiales remitidos al Juzgado».

La Fiscalía señalaba en su escrito que la vigilancia del bar de Elosua el día del chivatazo era incompleta y también incidía en la vigilancia de la vivienda de Joseba Elosua, en el mismo edificio del bar: «De haber existido vigilancia personal o electrónica en las cercanías del domicilio el día de los hechos, difícilmente se hubiera pasado por alto a la persona cuya descripción da» la mujer de Elosua.

La Fiscalía llegaba a señalar que los investigadores no han tenido en cuenta que, «según refiere el propio Elosua, la persona que le llama es la que controla directamente a los cuatro o cinco policías que le hacen seguimientos», lo cual descartaría a «todos los hasta ahora imputados» y «parece apuntar en otra dirección».

El agente al que se señala como sospechoso de la delación censura también a los sindicatos, a los que acusa de defender a los tres imputados (el ex director general de la Policía, un jefe superior y un inspector de Vitoria) por motivos corporativos y de llevar a cabo un «linchamiento público» contra los miembros del equipo de investigación.

Así, el inspector jefe reclama al juez Garzón que levante el secreto de sumario y que no archive el caso. «No permita que quede sobre nosotros la sombra de la duda, nuestro honor y futuro profesional está en juego», solicita al tiempo que plantea una serie de preguntas a los miembros de la Policía en las que justifica su inocencia.

«¿Pensáis que la misma persona que propone la actuación a su jefe de unidad, a su comisario general y al juez y que por la tarde, como quiera que Elosua cruza la frontera y se va a Bayona, intenta junto al juez activar el operativo en Francia, es el mismo que unas horas antes da el chivatazo?», cuestiona este mando, según informa Europa Press.

También dice que fue su equipo el que «escuchó, transcribió y grabó ese día la baliza del coche de Elosua en cuyo interior se produjo la conversación que reveló el chivatazo. ¿Alguien medianamente sensato puede de verdad creer que nosotros mismos (si fuéramos autores del chivatazo) informaríamos al jefe de la Unidad de la Comisaría General de Información de los acontecimientos y audio al juez Marlaska? ¿No hubiera sido más fácil omitirla dado que teníamos los medios para ello?».

En su declaración, firmada ante notario, el inspector muestra su sorpresa porque «sólo unos meses después de que se conformase el equipo hispanofrancés que investigaría el aparato de extorsión de la organización terrorista, dos policías, de forma canallesca y servil, colaborarían con los terroristas para reventar una operación que se venía investigando desde 2004 por mi Sección y que iba a culminar ese día pillándoles con las manos en la masa después de tantos meses de esfuerzo y dedicación».

A la hora de ofrecer estas explicaciones, el inspector se define como una «víctima». En su informe, este mando implicaba al que fue director general de la Policía Víctor García Hidalgo, a un jefe superior y a un inspector jefe destinado en la lucha contra el terrorismo islamista. El representante del Ministerio Público descalificó este informe al considerarlo como mera hipótesis policial.

15 Febrero 2011

Rubalcaba es responsable político por lo que hicieron sus subordinados

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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EL INFORME de los técnicos de la Guardia Civil concluye que los agentes de la Policía Nacional pararon la cinta de video «de forma intencionada» para no grabar el momento del chivatazo. Consideran en el documento remitido al juez que esta hipótesis es «mucho más verosímil» que otras. Como es imposible que los agentes tomaran esa decisión por su cuenta, hay que concluir que uno de sus jefes les dio esa orden. Quien quiera que fuera, cometió un gravísimo delito. Y esa persona era alguien con autoridad suficiente de la cúpula policial del Ministerio de Interior, al igual que quien dio la orden de avisar a Joseba Elosua mediante un teléfono móvil de que le estaban esperando para detenerle en la frontera. Rubalcaba aseguró el pasado viernes que él no fue informado del operativo en el bar Faisán, lo cual es inverosímil dada la trascendencia de algo que se había preparado durante meses con la colaboración de la Justicia francesa. El ministro de Interior nunca ha querido asumir ninguna responsabilidad en ese asunto con el argumento de que hay una investigación judicial en curso. Pero hay que ver el caso Faisán justamente al revés: es Rubalcaba quién tiene la obligación de investigar y esclarecer el chivatazo, en el que hay imputados colaboradores y subordinados suyos como el ex director general de la Policía y el jefe superior del País Vasco. Se sepa o no se sepa quienes dieron las ordenes, Rubalcaba es el responsable político de lo que sucedió en su departamento.

30 Marzo 2011

Faisán

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

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Cometer errores en la negociación con la idea de convencer a ETA no es colaborar con la banda

Si el proceso de paz intentado por el Gobierno en 2006 hubiera tenido éxito, es más que probable que nadie hubiera pedido explicaciones sobre aspectos poco claros del mismo; por ejemplo, sobre el chivatazo que alertó a José María Elosua, propietario del bar Faisán, que formaba parte de la trama de cobro de la extorsión etarra, de una operación policial inminente contra esa trama.

Pero el proceso fracasó y la investigación judicial abierta ha conducido a la imputación de tres miembros de la policía, incluyendo a quien fuera su director general, Víctor García Hidalgo, como presuntos responsables del soplo. Y el juez del caso ha llamado a declarar a las personas particulares que actuaron como interlocutores en nombre del Gobierno en las conversaciones con ETA. Está por ver el sentido y el objetivo de esa iniciativa judicial, pero resulta más que inquietante que el motivo de la misma sean unos papeles incluidos en la parte del sumario secreta hasta ayer, que se presentan como actas de esas conversaciones, autorizadas por el Parlamento.

El Partido Popular lleva meses interpelando en el Congreso sobre la supuesta implicación en el caso de quien era ministro del Interior (recién nombrado) en aquella fecha, y es ahora además vicepresidente del Gobierno. Ayer, tras las últimas revelaciones del caso, portavoces de ese partido pidieron la dimisión de Rubalcaba con el argumento de que una decisión como la investigada no podía haberse tomado sin su conocimiento. Eso es una hipótesis, no una evidencia. Pero al PP le basta para volver a situar la política antiterrorista en el centro del debate político.

Precisamente en el aspecto político, conviene de entrada acotar el alcance de lo investigado. Lo que se produjo fue el aplazamiento, no la suspensión, de las detenciones previstas, que se produjeron de todas formas mes y medio después; es lógico pensar que el soplo, de cuya existencia no hay duda, tuvo como motivación ayudar, o no entorpecer, la negociación. Entre las personas a detener figuraba un exdirigente histórico del PNV, cuya implicación en el proceso de paz se consideraba decisiva, especialmente ante las amenazas por parte de la banda de romper el alto el fuego si no se cumplían ciertas condiciones que consideraban pactadas. Aplazar las detenciones con el aviso a Elosua fue la errónea decisión tomada por alguien para evitar esa ruptura.

Ese contexto no resta gravedad al hecho, pero ayuda a entender sus causas. Hablar de colaboración con banda armada, o incluso del mayor atentado contra la democracia desde el 23-F, como se ha llegado a decir, es una desmesura sin sentido. Según esas actas de ETA, los interlocutores gubernamentales habrían exhibido el chivatazo como prueba de su buena disposición en el curso de conversaciones con la banda producidas poco después. Ahora puede resultar penoso, y más cuando va unido al reconocimiento de que sabían que ETA seguía extorsionando, en contra de lo declarado oficialmente. Y era seguramente una mala estrategia porque nada refuerza tanto a los terroristas como escuchar al Gobierno decir aquello que ellos saben que es falso.

Pero los errores en la negociación no convierten en delincuentes a los interlocutores enviados por el Gobierno. Seguramente pensaron que ese tono de confidencialidad, medias verdades y medias mentiras, favorecería la continuidad de la tregua, que era a la altura de junio de 2006 su objetivo más urgente. También Aznar halagó a ETA denominándola Movimiento de Liberación Nacional cuando exploraba la posibilidad de una retirada pactada de la banda. Que los jueces investiguen lo que deban, pero que no conviertan en materia penal los errores políticos que pudieron cometer personas que intentaban lo mismo que Aznar y con la expresa autorización del Parlament

14 Julio 2011

Rubalcaba debe retirarse, Camacho debe dimitir

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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ES IMPOSIBLE quedar impávido ante la lectura del auto del juez Pablo Ruz, que supone la reconstrucción minuciosa de una ignominia: el chivatazo policial para frustrar el desmantelamiento de la red de chantaje de ETA, instigado a través de una línea jerárquica que va desde el ex director general de la Policía a un inspector de Álava.

El auto del juez contiene un relato congruente y sin fisuras de cómo el inspector Ballesteros se desplazó hasta el bar Faisán de Irún el 4 de mayo de 2006 por indicación de Enrique Pamies, jefe superior de Policía del País Vasco, que avisó de la redada policial a Joseba Elosua, dueño del establecimiento, a través del móvil de Ballesteros. Pamies actuó siguiendo instrucciones de Víctor García Hidalgo, entonces director general de la Policía, con quien mantuvo 10 conversaciones telefónicas en esas 24 horas.

Esta narración de Ruz nos sitúa ante el indigno comportamiento de unos funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, en lugar de cumplir su deber, avisaron a ETA de una operación policial que iba a suponer la culminación de arduas investigaciones con la detención de los jefes y los cómplices de la red de extorsión de la banda que durante 20 años había cobrado el llamado impuesto revolucionario. La acción era de tal alcance que cinco meses antes se había firmado un acuerdo de colaboración con la Policía francesa para coordinar las detenciones que se iban a producir a uno y otro lado de la frontera. Pero todo se frustró por el chivatazo.

Garzón queda en evidencia

El auto de Pablo Ruz deja en evidencia a Baltasar Garzón, que tuvo la investigación paralizada durante casi tres años con una desidia rayana en la complicidad con los imputados. Y ello a pesar de que Garzón conocía la conversación grabada que figura en el sumario entre Elosua y su yerno, en la que el dueño del bar manifiesta una y otra vez con expresiones malsonantes su superlativo asombro ante el hecho de que haya sido un «txakurra» el que le ha avisado de la operación policial.

Esta conversación, que se produjo en el coche de Elosua, es la base de toda la investigación y constituye una auténtica vergüenza a ojos de cualquier ciudadano decente, puesto que queda acreditado que miembros de las Fuerzas de Seguridad ayudaron a ETA a escapar de la acción de la Justicia, frustrando una de las operaciones más importantes contra la banda.

El caso GAL fue monstruoso puesto que se cometieron secuestros y asesinatos, pero al menos sus responsables podían alegar que querían acabar con los crímenes de la banda. En el chivatazo sucede lo contrario: que la Policía se pone del lado de ETA e intenta protegerla.

Los presuntos delitos cometidos por los tres procesados son tan graves y tan repugnantes que Interior se ha visto obligado a levantar un sinfín de cortinas de humo y coartadas para protegerles y desviar la atención. Una de esas intoxicaciones era que el chivatazo había partido del equipo que investigaba a Elosua, lo cual queda desmentido en este auto que pone en evidencia que la persona que pasó el móvil al dueño del bar no le conocía y, por tanto, no pudo ser uno de los agentes que le seguía.

Indicios abrumadores

El juez explica en su auto los abrumadores indicios que pesan sobre los tres procesados. A Ballesteros le procesa porque queda registrada su llamada cuando estaba en el interior del bar y porque las cámaras graban su salida del local. A Pamies porque era la persona que hablaba en ese momento con Ballesteros, porque estaba al tanto de todos los detalles de la operación por su relación «personal y profesional» con una inspectora de San Sebastián y por la secuencia de llamadas con García Hidalgo en los momentos clave del chivatazo. Y a García Hidalgo porque habla por teléfono tres veces la noche anterior con Pamies y, después del chivatazo, en otras siete ocasiones, algo excepcional puesto que no había dependencia jerárquica directa entre ambos ni jamás habían mantenido un contacto tan estrecho.

La descripción de los hechos lleva a la conclusión de que los tres funcionarios pudieron cometer delitos de revelación de secretos y cooperación con banda armada o encubrimiento. Será el tribunal que les juzgue el que decida hasta dónde llega su responsabilidad penal, pero Pamies, que sigue siendo jefe de la Policía en el País Vasco, debería ser apartado de sus funciones hoy mismo. No puede permanecer en un cargo tan delicado con unas acusaciones tan graves.

Aunque el sentido común diga que es imposible que una decisión así la tomara García Hidalgo, no sabemos todavía si esas responsabilidades penales alcanzarán también a sus superiores. Pero es obvio que las hay a nivel político. Existe como mínimo una responsabilidad in vigilando del entonces secretario de Estado, Antonio Camacho, y del entonces ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Aunque no esté formalmente imputado, Camacho -hoy titular de Interior- debe dimitir porque era el superior directo de García Hidalgo, que le reportaba prácticamente a diario. Si no se enteró de la trama, es igualmente responsable políticamente de la actuación de los cuadros policiales bajo su mando.

Obstáculos e intoxicaciones

Rubalcaba debe asumir también su responsabilidad porque, en lugar de colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos, ha obstaculizado la investigación con todo tipo de artimañas, incluido un informe policial que el juez ha tirado a la papelera por estar lleno de falsedades. El ex ministro nunca apoyó la labor del equipo de investigación policial dirigido por Carlos Germán, al que trató de desacreditar por diversos procedimientos, incluyendo la difamación. Anoche volvió a intentar sembrar la confusión al reiterar que todos los etarras implicados en la red fueron capturados poco después. Ello es falso. Como denunció el propio informe policial, el soplo permitió a la banda destruir documentación, borrar rastros y evitar detenciones.

Rubalcaba debería renunciar a ser candidato, entre otras cosas, porque resulta un auténtico baldón para el PSOE su comportamiento en este asunto, del que nunca ha querido dar explicaciones en el Parlamento con el pretexto de que estaba sub iudice.

Su impresentable conducta en este caso plantea, como sucedió con el comportamiento de Felipe González respecto a los crímenes de los GAL, una objeción moral previa que impide votar a un responsable político que ha intentado obstaculizar la acción de la Justicia en un asunto tan grave. Para ser consecuente con su doctrina de que los ciudadanos no se merecen tener unos gobernantes bajo sospecha, el PSOE debería buscar otra persona con más credibilidad para abanderar la lucha por la regeneración de la vida política.