Estalla el ‘caso Noos’: El Duque de Palma, Iñaki Urdangarín imputado bajo la acusación de haberse apropiado de fondos públicos

El caso Urdangarin ha venido a remover las aguas normalmente plácidas de la Monarquía española. Los negocios privados del yerno del Rey, objeto de investigación por parte de la justicia, han colocado a la familia real en una incómoda situación. La inmediata decisión, sin esperar a la imputación del duque de Palma, de apartarle de todo acto oficial viene dictada por la prudencia, aunque probablemente no basta para acotar el problema que plantea el eventual procesamiento del marido de una infanta.

De mayor calado es la determinación de don Juan Carlos de dar cuenta detallada de los gastos de la Casa del Rey. Tal ejercicio de transparencia es la mejor garantía para disipar dudas acerca de una institución que cuenta con el afecto mayoritario de los ciudadanos, principalmente por los servicios que ha prestado en momentos difíciles de la Transición, en los que estuvo en juego el futuro de la democracia y de la Monarquía constitucional.

El artículo 65 de la Constitución Española aprobada en 1978 deja en manos del Rey la libre distribución del monto global que recibe, y que es actualmente de 8,43 millones de euros anuales. La ausencia de un posterior desarrollo legal de dicho artículo ha mantenido este presupuesto en la mayor opacidad. Es algo que ningún Gobierno ha querido abordar, aunque no han faltado oportunidades ni peticiones parlamentarias al respecto. El actual gesto real, si bien es la respuesta a una situación crítica, debería conducir a convertir en norma lo que ahora solo tiene carácter voluntario. Ese nuevo mandato debería servir también para delimitar qué miembros de la familia real disponen de asignación presupuestaria pública, porque actúan por encargo del Rey para representar a la institución en su nombre, y qué otros prefieren abstenerse para dedicarse a sus actividades o negocios profesionales, renunciando así a toda función representativa.

No es fácil trazar esta línea, pero hay que tener en cuenta que los 8,43 millones de euros con los que se sufragan los gastos de los Reyes y los príncipes de Asturias son una mínima parte del presupuesto público destinado a la Corona. El mantenimiento de los edificios, la nómina de muchos de los empleados y los viajes los afrontan respectivamente Patrimonio Nacional, Administraciones Públicas y Exteriores. Estas y otras partidas son suficientemente sustanciales como para que la intervención del Estado y la norma de transparencia sean obligadas para una institución tan destacada de la arquitectura del Estado.

El caso Urdangarin pone a prueba la capacidad de adaptación de la Corona, institución que tiene sentido precisamente en la medida en que responde a la función de máxima representación de la nación constitucional. Nada podría dañarla tanto como reacciones irreflexivas o declaraciones mal calculadas ante una situación que es delicada por definición. La justicia debe hacer su trabajo, pero la Casa del Rey debe hacer también el suyo para preservar, ante todo, los intereses del Estado democrático.

EL PASO dado por Don Juan Carlos de borrar de la agenda oficial de la Familia Real a Iñaki Urdangarin da la razón a quienes hemos venido reclamando explicaciones y la adopción de medidas que frenaran el deterioro que la investigación judicial al duque de Palma está causando a la imagen de la Corona. La institución no podía permanecer impasible mientras se veía salpicada un día sí y otro también por un asunto que acabará, con toda probabilidad, con la imputación del duque de Palma con la entrada del nuevo año.

Urdangarin es inocente mientras no se demuestre lo contrario y deberá ser un tribunal el que, llegado el caso, determine si ha cometido delito. Ahora bien, supone estar fuera de la realidad pensar que los graves indicios que le señalan por presunta apropiación de caudales públicos pudieran no tener repercusión ni consecuencias. Esos indicios surgen de las investigaciones del juez, de la Policía, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Tributaria, no de los medios de comunicación.

El duque de Palma se equivocó, primero, al tardar tanto en responder a la avalancha de noticias comprometedoras relacionadas con sus actividades profesionales. Debería haber sido consciente de que, más allá de su persona, el caso estaba erosionando la imagen de toda la Familia Real. Pero se equivocó también al reaccionar como lo hizo el sábado, con un comunicado nocturno en el que se eximía de toda responsabilidad, descartaba tomar decisiones y acusaba a la prensa de la situación.

La respuesta de ayer de la Casa del Rey demuestra que el primero que no está satisfecho con la forma de proceder de Urdangarin es el propio Monarca. Cuando sólo horas después de su sorprendente comunicado la Zarzuela decide sacarle de la agenda oficial está corrigiéndole y está dejando clara su disconformidad. Todo indica que Don Juan Carlos esperaba que su yerno hubiera tenido el gesto de dar un paso a un lado y que, al no hacerlo, ha decidido pasar él a la acción.

Pero quizá lo más sorprendente es lo explícito que fue el jefe de la Casa del Rey cuando calificó de «no ejemplar» la conducta de Urdangarin. Es evidente que, al pronunciarse así, Rafael Spottorno habla por boca de Don Juan Carlos. Se trata de un golpe de autoridad del Rey que tiene trascendencia en los dos tableros en los que se dirime esta partida. El primero, y más importante, es el de la opinión pública. Don Juan Carlos se toma en serio el problema y, para restañar la herida abierta en la institución, la noticia de que Urdangarin ha sido apartado de los actos oficiales se acompañó ayer de otro anuncio: el del inicio de una etapa de «austeridad» y «transparencia». Así, la Casa del Rey informará a partir de ahora de cómo distribuye su presupuesto, algo que hemos venido reclamando en estas páginas de manera recurrente. La decisión demuestra que el Monarca parece dispuesto ahora a elevar su nivel de autoexigencia en este punto.

El mensaje de Don Juan Carlos también tiene una lectura de puertas adentro. No ha pasado inadvertida la visita que la semana pasada, en plena polémica por el escándalo, hizo Doña Sofía al domicilio familiar de los duques de Palma en Washington. Al apartar ahora a Urdangarin, el Rey subraya que sigue siendo él quien marca el rumbo y que no respalda el comportamiento de su yerno.

Al no estar sujeta a la voluntad popular, la Corona, que ha prestado grandes servicios a nuestro país, sólo puede extraer la autoridad y obtener el reconocimiento de los ciudadanos con un comportamiento modélico. Por eso, al margen de cómo acabe el caso Urdangarin y dejando a un lado las cuestiones jurídicas, hace bien el Rey al apelar a la ejemplaridad y en comprometerse a aplicar esa receta. Ese es el camino.

La Casa del Rey confirmó ayer que el Duque de Palma no asistirá a partir de ahora a los actos oficiales, y el jefe de la Casa, Rafael Spottorno, calificó de poco ejemplares ciertas actividades empresariales de Iñaki Urdangarín, sujetas a investigación judicial. Es notorio que la actuación privada de un miembro de la Familia Real no puede utilizarse como arma arrojadiza contra una institución que goza de la máxima confianza de los españoles, como reflejan una y otra vez todas las encuestas. Por supuesto, el Duque de Palma tiene —como cualquier ciudadano— derecho a la presunción de inocencia y a las plenas garantías judiciales, pero su situación procesal debe quedar al margen de la Corona, cuyo titlar es símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Pieza determinante en la transición democrática, Don Juan Carlos gozade absoluto respeto en España y en el extranjero, precisamente por su ejemplaridad en el ejercicio de las funciones que le encomienda la Constitución. En este sentido, el anuncio de reforzar la transparencia y la austeridad en la gestión presupuestaria de laCasa del Rey suponeun mensaje muy positivo para la sociedad española en plena crisis económica.

Con estas decisiones firmes y a la vez prudentes, la Corona hace presente una vez más el sentido integrador de la institución, situada por encima de cualquier coyuntura transitoria. Los pescadores en río revuelto chocan contra el prestigio y el arraigo social de la Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado. En efecto, también en este caso la opinión pública sabe poner las cosas en su sitio, separando lo esencial de lo accesorio.

El tradicional mensaje navideño del Rey a los españoles había producido este año una expectación generalizada, y no solo en los círculos políticos. Se esperaba que don Juan Carlos hiciera alguna referencia, aunque fuera indirecta y genérica, al problema creado en la familia real por Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina. La Casa del Rey había calificado públicamente de «no ejemplar» la conducta de Urdangarin por sus negocios privados al amparo del Instituto Nóos, que presidió hasta mediados de 2006.

El Rey dedicó la parte central de su discurso al escándalo de su yerno, al que no citó expresamente. El Monarca admitió la enorme preocupación que siente por la desconfianza surgida en sectores de la opinión pública sobre la credibilidad y prestigio de la Corona, y reivindicó la ley y la justicia para resolver las conductas irregulares.

Si bien la Corona sigue contando con el afecto mayoritario de los españoles, episodios como el protagonizado por el marido de la infanta Cristina es de los que contribuyen a que haya perdido puntos en su valoración por la ciudadanía en los últimos tiempos.

El Rey habla de la necesidad del «rigor, seriedad y ejemplaridad entre quienes representan las instituciones» y de la inexorable exigencia en un Estado de derecho de que «cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con respecto a la ley». Es resaltable en ese contexto su afirmación, aunque obvia, de que «la justicia es igual para todos».

En relación con la conducta «no ejemplar» de Iñaki Urdangarin, que ha puesto en una situación incómoda y comprometida a la Casa del Rey y dañado la imagen de la Corona, la censura pública de su conducta y el compromiso de una mayor transparencia en la gestión de los dineros públicos que el Rey y su familia reciben de los Presupuestos del Estado, constituye una reacción valiente, no habitual en otras instituciones del Estado. Esa censura pública a la conducta de Urdangarin no ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. La familia real es una familia institucionalizada, sometida a determinadas reglas de comportamiento, y cualquiera de sus miembros que las vulnere comete actos «no ejemplares» al margen de la calificación jurídica que merezcan. Lo que hay que exigir a la justicia es que determine cuanto antes los cargos que tiene contra Urdangarin, pues la demora actual favorece juicios prematuros difícilmente compatibles con el derecho a que no se le considere culpable mientras no sea juzgado.

Es natural, y también una muestra de «la sinceridad y realismo» con la que don Juan Carlos dice que quiere hablar a los españoles, que su mensaje se centre en buena medida en la crisis financiera y económica, en las graves consecuencias que sigue teniendo en la economía familiar y en la pérdida de trabajo por parte de casi cinco millones de españoles. Desgraciadamente, ese tema es recurrente en este tipo de discursos desde 2008. En el de este año, el Rey reconoce sin ambages «la naturaleza global» de la crisis y la necesidad de afrontarla en el marco de la Unión Europea.

Hay que resaltar, por otro lado, el compromiso que asume don Juan Carlos, como titular de la Corona, de que la institución seguirá actuando en favor de «una convivencia integradora» en el nuevo escenario creado por la llegada del PP al Gobierno tras las últimas elecciones generales. El terrorismo aparece una vez más en el mensaje navideño, pero en esta ocasión, después del cese definitivo de la violencia decidido por ETA, no es para lamentar y condenar atentados, sino para decirles a los terroristas que «es tiempo de que entreguen sus armas asesinas» y para rendir un continuado y merecido homenaje a sus víctimas.

LA VALENTÍA del Rey de utilizar su mensaje de Nochebuena a los españoles para fijar su postura en relación al comportamiento de su yerno Iñaki Urdangarin ha sido muy bien acogida por los ciudadanos. De hecho, su posición clara y rotunda en este punto ha hecho que quedaran muy en un segundo plano sus consideraciones sobre el resto de asuntos que abordó, pese a que también fue contundente a la hora de pronunciarse sobre la crisis económica o el final del terrorismo.

Don Juan Carlos fue tajante cuando, en primera persona del plural, dijo que quienes encarnan las instituciones deben actuar con «ejemplaridad». Insistió en que no basta con que el proceder de los responsables públicos se ajuste a la legalidad, sino que su comportamiento ha de ser además «ético» y, complementariamente, respaldó el derecho de la sociedad a criticar y a pedir responsabilidades cuando no se cumplen las exigencias anteriores.

«Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética es natural que la sociedad reaccione», remató Don Juan Carlos, en la que puede ser la frase más valiosa de su discurso. En primer lugar, asume que ha habido irregularidades, no es algo de lo que hable como hipótesis o simple conjetura. Pero además reivindica el listón de la ética, lo que le permite hablar con autoridad de un caso no juzgado, sin necesidad por tanto de tener que esperar a que se pronuncien los tribunales. Por último, el Rey avala la reacción social contra la conducta irregular de Urdangarin, algo que tiene especial valor para los medios que hemos denunciado el caso, más aún por cuanto el duque de Palma arremetió contra el papel de la prensa en su comunicado oficial de descargo.

Sorprende que ayer, en la valoración que los partidos hicieron de la intervención del Rey, la mayoría aplaudiera sus reflexiones, pero como si no fuera con ellos, cuando las principales formaciones afrontan casos de gravísimas irregularidades y deberían sentirse directamente concernidos por las palabras del Monarca.

Resulta chocante oír a Cospedal, secretaria general del PP, afirmar que no puede estar «más de acuerdo» con Don Juan Carlos cuando apela a la ética y a la ejemplaridad en la labor pública, siendo que su partido ha arropado hasta el final el comportamiento de Camps y sólo le empujó a la dimisión cuando ya iba camino del banquillo. O escuchar al socialista Marcelino Iglesias asegurar que el Rey «ha sabido estar a la altura de las circunstancias», después de ver cómo el PSOE ha protegido a Chaves o a Blanco pese a los escándalos que desacreditan a ambos, al margen de cuáles sean sus desenlaces judiciales. A la hora de la verdad, resulta que el único que no se ha agarrado a la excusa de la presunción de inocencia apartando a uno de los suyos de los actos oficiales aun antes de estar imputado ha sido el Rey, y lo ha hecho con alguien de su propia familia, lo cual tiene más valor si cabe.

Es verdad que se pueden poner peros a las palabras de Don Juan Carlos. Tal y como hemos publicado, la Casa del Rey supo en su día de las actividades de Urdangarin y se limitó a pedirle que se apartara de ese tipo de negocios y a recomendarle que se alejara de España. En las redes sociales se ha criticado también su afirmación de que la Justicia «es igual para todos», cuando precisamente el caso de Urdangarin demuestra que no es así, porque cualquier ciudadano de a pie ya estaría imputado con la misma información que se tiene contra él. Pero la sensación mayoritaria tanto en la calle como en internet es que el Rey ha pasado el examen y se aplaude su coraje de dar la cara. Su referencia a la conducta ejemplar del Príncipe como garante del papel de la Corona fue un acierto realizado por la vía del contraste.

El discurso de Don Juan Carlos es una lección para los políticos. Su mensaje le sitúa al lado de los ciudadanos que creemos que no hay que esperar a una sentencia para depurar responsabilidades políticas. Igual que el yerno del Rey no puede aprovecharse de su condición para firmar contratos inverosímiles con diferentes administraciones, los políticos no pueden llamar «amiguito del alma» a un corruptor profesional, ni dar subvenciones a la empresa de su hija ni citarse con empresarios turbios en gasolineras. Son conductas que descalifican a un representante público, sean o no delictivas.

La décima legislatura de las Cortes democráticas, inaugurada por el jefe del Estado, se presenta como una de las más complejas desde el inicio de la Transición. La mayoría absoluta que sustenta al Gobierno del PP es, en principio, un factor de estabilidad. Pero podría serlo también de lo contrario si el nuevo Ejecutivo, que ayer se estrenó en el banco azul, no logra evitar que las eventuales tensiones sociales a raíz de las medidas para afrontar la crisis se transformen en un pulso entre las instituciones y la calle. Para ello, Rajoy necesitará ejercer el liderazgo y no limitarse a aplicar mecánicamente la mayoría.

Algunas de las decisiones económicas más urgentes tendrán que ser adoptadas en el Consejo de Ministros del próximo viernes; entre ellas, la prórroga de los Presupuestos del Estado. Los correspondientes a 2012, que Rajoy se comprometió a presentar en marzo, contemplarán una drástica reducción del gasto que permita alcanzar los objetivos de déficit impuestos por Bruselas. Pero la amenaza de recesión, reconocida por el nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, exigiría algo más que fiarlo todo a los recortes. Sin estímulos a la demanda es más que improbable que se pueda salir del estancamiento y que se frene la destrucción de empleo.

En su discurso de inauguración de la legislatura, el Rey señaló la necesidad de recuperar el prestigio de las instituciones. Se trata de un asunto al que se ha referido en otras ocasiones, la última en su discurso de Nochebuena. Pero algo diferencia las menciones de estos días de las de años anteriores. La forma en la que el Rey afronte los presuntos casos de corrupción conocidos en su entorno familiar marcarán la pauta de comportamiento que deberán seguir el resto de representantes públicos y supone por ello un compromiso y una responsabilidad de doble dirección. En este sentido, el homenaje que recibió el Rey de diputados y senadores a su llegada al hemiciclo tuvo una especial significación, por lo que tuvo de reconocimiento y homenaje al papel de la monarquía en el lugar donde reside la soberanía popular.

Aparte de la corrupción, el Rey también se refirió al bloqueo de los nombramientos en algunos órganos del Estado. Aunque la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional no bastará por sí sola para reparar el daño causado, sería aconsejable que el nuevo Parlamento alcanzara un acuerdo con urgencia. Es mucho el esfuerzo que tendrá que hacer la oposición, puesto que fue el PP quien, estando en minoría, practicó un intolerable obstruccionismo. La oposición está obligada a pactar el nombre de los nuevos magistrados, lo mismo que el del nuevo presidente de la Radiotelevisión pública.

El final del terrorismo es la última de las grandes prioridades que tendrá que atender Rajoy. La decisión de negar a Amaiur un grupo parlamentario propio fue un error, porque dio a entender que la arbitrariedad cabe dentro de la ley. También en este terreno la oposición tendrá que olvidar el comportamiento del PP.

A IMPUTACIÓN de Iñaki Urdangarin por sus turbios negocios no por previsible pierde trascendencia. Es la primera vez que un miembro de la Familia Real es citado a declarar por un juez. El yerno del Monarca lo hace por un caso de corrupción y acusado por la Fiscalía Anticorrupción de cuatro delitos: falsedad, fraude, malversación y prevaricación. Por la información que se conoce del caso, es además muy probable que acabe sentándose en el banquillo de los acusados.

Este asunto ha erosionado la imagen de la Corona en los últimos meses. En torno al 90% de nuestros lectores en la web considera, de hecho, que el caso afectará «mucho» a la imagen de la Corona. Y es que reúne todos los ingredientes para hacerlo particularmente repudiable. La investigación de la Fiscalía indica que Urdangarin utilizaba todas las artimañas a su alcance para satisfacer su «afán desmedido de lucro». Según Anticorrupción, el duque de Palma se aprovechaba de su posición como miembro de la Familia Real para acceder a los políticos y esquilmar las arcas públicas; utilizaba como tapadera una sociedad supuestamente sin ánimo de lucro; empleaba como ganchos el nombre de la Infanta Cristina, el del secretario de las Infantas y el de la propia Corona; y en el entramado diseñado para evadir dinero a paraísos fiscales no dudaba en recurrir a una fundación para niños discapacitados.

La habilidad de Don Juan Carlos al apartar primero a su yerno de los actos oficiales, aprovechar después su discurso de Nochebuena para poner tierra de por medio haciendo un alegato de la «ejemplaridad» que deben mostrar los representantes públicos y, por último, apostar por la transparencia haciendo públicas las cuentas de la Casa Real, ha permitido amortiguar el golpe a la institución. Todo indica que el Rey conoció la inminente imputación de su yerno y tomó la decisión de dar un paso al frente. Prueba de que lo hizo con éxito es el cálido aplauso que los Reyes y los Príncipes recibieron el martes en el Congreso en el inicio de la nueva legislatura y la buena acogida que sus palabras han tenido en la opinión pública.

Pero está claro que el caso Urdangarin seguirá incordiando a la Casa Real durante muchos meses. Por lo pronto, la situación ha creado desavenencias dentro de la propia Familia Real. La visita que en medio del escándalo hizo la Reina al domicilio que su hija y Urdangarin tienen en Washington y la publicación por parte de la Casa Real de la felicitación navideña de la pareja junto a sus hijos son una muestra.

Ahora, lo más inmediato es que Urdangarin deberá declarar el 6 de febrero. En sus conclusiones, el Ministerio Público da por probado que el duque de Palma y su socio derivaron a sus sociedades hasta seis millones de euros de dinero público procedentes de las arcas de las administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana.

El portavoz del duque de Palma volvió ayer a proclamar la inocencia de éste e insistió en señalar a los medios de comunicación como responsables del clamor existente contra él, en la línea del comunicado con el que el propio Urdangarin trató de responder hace unas semanas a las informaciones comprometedoras sobre sus negocios. El letrado aseguró que las informaciones publicadas «han dañado o pretendían dañar» la honorabilidad de Urdangarin, atribuyendo así una intencionalidad espuria al hecho de informar sobre el contenido de la investigación.

En cualquier caso, las medidas adoptadas por el juez indican que se acerca el momento de establecer las responsabilidades de Iñaki Urdangarin. Se equivocarán quienes planteen el caso como un juicio a la Corona. Y tendremos ocasión de comprobar si, como dijo el Rey, «la justicia es igual para todos».

Iñaki Urdangarin declarará como imputado el próximo 6 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca por los indicios delictivos que se ciernen sobre sus actividades empresariales al frente del Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidió hasta su cese a mediados de 2006. Desde que trascendió que la Fiscalía Anticorrupción investigaba al marido de la infanta Cristina y yerno del Rey en una pieza derivada del caso Palma Arena, en el que está implicado, entre otros, el jefe del anterior Gobierno balear del Partido Popular, Jaume Matas, la demora en citarle a declarar se hacía cada vez más insostenible, por más que estuviera justificada por el secreto del sumario. Una vez que este se ha levantado no podía mantenerse un día más una situación que, aunque procesalmente correcta, no daba a Urdangarin opción de defenderse ante la justicia con argumentos más convincentes que hacer declaraciones de inocencia y salir al paso de la fuerte reacción social provocada por su presunta implicación en un caso de corrupción.

La citación esboza por dónde va a ir el grueso del interrogatorio y qué asunto le interesa aclarar sobre todo al juez: los negocios que, bajo distintas fórmulas jurídicas, señalan a Urdangarin como perceptor de fondos públicos en sus tratos privilegiados con las Administraciones de los Gobiernos del PP en las islas Baleares y la Comunidad Valenciana y el destino y tratamiento fiscal que se ha dado a los mismos. Todavía no se han concretado los delitos, pero es fácil deducir que los hechos apuntan a la malversación de caudales públicos, fraude a la Hacienda pública y prevaricación.

Urdangarin se encuentra a partir de ahora frente a una resolución judicial que le señala a él personalmente y que le introduce en un caso de presunta corrupción en el que ya figuran una decena de imputados. Y que aprecia indicios delictivos en su relación empresarial con Administraciones públicas que, según la Agencia Tributaria, aportaron, mediante contratos y otras fórmulas de negocio, al menos la mitad de los 15 millones de euros facturados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2006. Su citación como imputado dará armas a sus críticos, pero favorecerá su situación procesal: gozará plenamente de los derechos de defensa y a la presunción de inocencia y podrá exigir que se respeten mientras dura el proceso.

Como es lógico, la Casa del Rey ha manifestado su respeto a la actuación de los jueces al conocer la imputación de Urdangarin. Pero al margen de la dimensión jurídica de los hechos, la Corona ya adelantó su veredicto en el ámbito de ejemplaridad institucional que le es propio declarándolos «no ejemplares». Cualquiera que sea el desenlace del proceso judicial abierto a Urdangarin, la Corona debe preservar su prestigio con reglas de comportamiento que la blinden frente a la corrupción y los comportamientos abusivos de carácter personal.

LA situación judicial de Iñaki Urdangarín se aclaró ayer definitivamente, una vez que el juez José Castro lo imputase por posibles delitos de corrupción en sus relaciones económicas con las administraciones públicas balear y
valenciana. La decisión judicial era previsible des de el momento
en que acordó la entrada y registro de la sede de la fundación Noós, dirigida por Urdangarín. Su principal socio, Diego Torres, ya estaba imputado y los indicios que aparecían en los documentos incautados llevaban necesariamente a esta imputación. Hasta el momento, Urdangarín no ha podido defenderse frente a las imputaciones que lo sitúan como responsable de una trama de
malversaciones de fondos públicos, falsedades documentales y
otros posibles delitos económicos y de corrupción. El respeto a
la presunción de inocencia se hace tanto más necesario en estas circunstancias, sobre todo ante la seguridad de que el levantamiento del secreto de la investigación dará motivos a nuevas informaciones y nuevas revelaciones, con consecuencias legales de diversa índole.

Ante lo innegable —la condición de Urdangarín de esposo de la Infanta Cristina— y lo inevitable —su segura imputación—, la Casa del Rey ya había adoptado las medidas y emitido los mensajes correctos para establecer la debida separación entre la institución de la Corona y la conducta privada de Urdangarín. La apelación de Su Majestad el Rey a la igualdad ante la ley no fue más que la exteriorización del compromiso de la Corona con los valores constitucionales. Precisamente por esa igualdad, ser yerno del Rey no confiere privilegios ante la Justicia, pero tampoco debe suponer una agravación de sus responsabilidades legales.

Otra cosa es la valoración ética que merecen sus súbitos y lucrativos negocios, aunque se diera el caso de que no fueran delictivos, y es en este ámbito donde tiene pleno sentido el llamamiento de Su Majestad a la honradez de las personalidades públicas. La imputación penal de Urdangarín tiene su cauce abierto en el Juzgado de Instrucciónnúmero 3 de Palma. Nada más propio de la igualdad ante la ley que el normal discurrir de este proceso, que hace impertinente el escrutinio continuo a la Casa del Rey, como si estuviera obligada a comentar cada novedad judicial. Tras la imputación es el turno sólo de jueces, fiscales, abogados e imputados.

El auto del juez José Castro eleva el listón de exigencia en la gestión de la Casa Real respecto al caso de Iñaki Urdangarin. Ya no se trata sólo de un problema de «ética» o «ejemplaridad», sino de la investigación de una conducta a la que el fiscal Pedro Horrach atribuye cuatro graves delitos.

El juez ha citado al duque de Palma a declarar como imputado el próximo 6 de febrero. El trabajo realizado por los investigadores en la llamada operación Babel pone de relieve un modus operandi consistente en aprovecharse de la cobertura de una sociedad sin ánimo de lucro (el Instituto Nóos) para desviar dinero, mediante facturas falsas, a sociedades patrimoniales, éstas sí con ánimo de lucro, de Urdangarin y su socio Diego Torres, por una cuantía cercana a los seis millones de euros. Una parte de esa suma (750.000 euros) fue a parar a la sociedad Aizoon, de la que también forma parte la Infanta Cristina.

La Casa Real hizo saber recientemente que en 2006 le exigió a Urdangarin que abandonara Nóos (ya se había iniciado la investigación del caso Palma Arena, de la que la operación Babel es pieza separada). Es decir, que era sabedora ya de sus manejos empresariales «poco ejemplares».

El duque de Palma, sin embargo, siguió operando de forma indirecta con esa sociedad al menos durante todo el año 2007. Y también operó a través de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.

Es decir, que hizo caso omiso a la petición de la Casa Real. De hecho, Urdangarin no se marchó a Washington, fichado por Telefónica, hasta el verano de 2009.

Hasta el momento, Zarzuela ha manejado bien la situación. Era evidente que el Rey sabía, cuando leyó su mensaje de Navidad, que su yerno iba a ser imputado en breve. El prolongado aplauso que Don Juan Carlos recibió en la apertura de las Cortes fue una clara muestra del apoyo del conjunto de los ciudadanos a la Corona.

Ahora bien, el asunto no ha terminado. La Casa Real tiene que resolver algunas cuestiones sensibles, como la permanencia de Carlos García Revenga en su estructura.

También debe valorar si es suficiente el apartamiento de Urdangarin de los actos oficiales, adoptado hace unas semanas, una vez que se ha producido la imputación.

Por otra parte, aunque la defensa del duque no depende de la Casa Real, ésta sí que debería estar atenta a determinados mensajes lanzados por su abogado y portavoz, Mario Pascual Vives, que no le hacen ningún bien a la institución.

Insistir en que los medios han querido hacer daño a la imagen del duque de Palma, o que el juez ha actuado poco menos que bajo su presión, no sólo perjudica a su defendido, sino que lleva implícito un falso juicio de intenciones. Hasta ahora, los grandes medios han mostrado un respeto y un respaldo sin fisuras al Rey. Pero la Casa Real no debe dormirse en los laureles. La gravedad del caso requiere de una terapia tan atinada como prolongada.