ETA asesina a los policías Bonifacio Martín Hernando y Juan Envit Luna con una bomba en Sangüesa

Los policías nacionales Bonifacio Martín y Julián Envit fueron asesinados ayer, y su compañero Ramón Rodríguez, gravemente mutilado, en un atentado de ETA en Sangüesa (Navarra) en el que otras tres personas resultaron heridas. Los terroristas ejecutaron así la amenaza que contenía uno de sus últimos comunicados, en el que daban cuenta de que en un debate interno reciente habían decidido rechazar la propuesta de abandonar la violencia. El argumento era que a los vascos no se les ha permitido expresar su voluntad, lo que convierte en legítima e inevitable la lucha armada.

Sin embargo, lo único seguro es que la inmensa mayoría de los vascos, nacionalistas o no, y no digamos de los navarros, rechaza el empleo de la violencia y quiere que ETA desaparezca. Así lo han reiterado los electores, incluyendo los de Sangüesa, uno de los pocos municipios en que compareció una agrupación de electores próxima a Batasuna. Obtuvo 240 votos, casi los mismos que Euskal Herritarrok en 1999; los partidos constitucionalistas que ETA ha declarado objetivo militar, UPN y PSOE, tuvieron cerca de 2.000, el 69%.

En las últimas semanas se ha venido produciendo un recrudecimiento de los actos de intimidación de las bandas de acoso, y es probable que el incomprensible robo de 300 pistolas de un camión alemán, a su paso por la región francesa de Las Landas, sea también obra de ETA. Seguramente, no tardarán en aparecer voces que digan que esta ofensiva prueba la inutilidad de la ilegalización del brazo político; que ni es legítimo asesinar a policías que renuevan el DNI por los pueblos, ni lo es prohibir ideas. Pero no son ideas lo que han prohibido los jueces -hay más partidos independentistas que nunca-, sino la vinculación con una banda terrorista. Las razones de Batasuna para mantener esa dependencia son cada vez más pueriles. Ayer mismo, uno de sus parlamentarios dijo en la Cámara vasca que no hay «violencia mayor que negar la existencia de Euskal Herria».

Portavoces de todo el arco democrático reiteraron ayer que la prioridad debe ser acabar con el terrorismo. Ese objetivo pasa por deslegitimar las falacias en cuyo nombre mata ETA. Es una responsabilidad que corresponde sobre todo a quienes dicen compartir sus fines, aunque no sus métodos. Pero tal responsabilidad es incompatible con mensajes como el de que la prohibición de las candidaturas herederas de Batasuna supone «la muerte civil de decenas de miles de vascos»; evitando mencionar, como si fuera un detalle sin importancia, que el motivo de la prohibición ha sido la pertenencia a un entramado que, entre otras cosas, se dedica a asesinar a sus rivales políticos, y que los muertos reales caen siempre del mismo lado: el de quienes defienden la legalidad democrática.

ETA concluía su último comunicado señalando que haría saber pronto a la opinión pública el resultado de su «debate» interno. No ha tardado en cumplir su compromiso: la banda terrorista reapareció ayer en Sangüesa (Navarra) con el asesinato de dos agentes de la Policía Nacional, desplazados a esa localidad. Siempre ocurre lo mismo: los procesos de reflexión de ETA terminan con la huida hacia adelante de los más intransigentes, que impulsan a la banda a una espiral de violencia sin retorno.

La circunstancia más llamativa de este atentado es que los terroristas adosaron a plena luz del día una bomba en los bajos del coche de los agentes, aparcado en una plaza en el centro de Sangüesa.Hacía casi cuatro meses que ETA no actuaba, por lo que se había especulado con la posibilidad de una tregua tácita. Se había escrito incluso que existía un pacto secreto entre el PNV y la banda, por el que ésta aceptaba un alto el fuego a cambio del avance en la vía soberanista que impulsan Arzalluz e Ibarretxe.

Pero la realidad es que nada ha cambiado en ETA. La banda sigue creyendo que la construcción nacional de Euskadi sólo es posible con el derramamiento de sangre y una estrategia de permanente intimidación a los vascos no nacionalistas.

Con Batasuna fuera de la ley y sin representación en municipios que gobernaba o hacía sentir su influencia, ETA se ha quedado más aislada que nunca. Ya sólo le queda el empleo del terror para conseguir unos fines que cada día están más lejanos.

Ello convierte en especialmente importante la lucha policial contra la banda, que ha sufrido durísimos golpes en el último año y medio. A pesar de ello, ETA conserva todavía una estimable capacidad operativa, como demostró ayer en Francia al robar 301 pistolas de la marca Walther en dos camiones que transportaban armas a una empresa de Gernika.

La sustracción se produjo presumiblemente mientras los conductores dormían en un hotel de Las Landas. Los camiones estaban aparcados sin vigilancia, por lo que los etarras -que disponían de información precisa del itinerario- pudieron llevarse con enorme facilidad varias cajas de pistolas.

Visto lo sucedido, parece increíble que se puedan transportar armas de un país a otro sin protección policial. El Gobierno de París debería dar una explicación de lo sucedido. No es la primera vez que ETA se aprovecha de una negligencia policial en suelo francés. Hace tres años, la banda robó ocho toneladas de explosivos en Bretaña, que todavía está utilizando. La bomba de ayer estaba fabricada probablemente con ese material.

Pero ETA no debe hacerse ilusión alguna porque esas 301 pistolas no van a ser suficientes para amedrentar al Estado de Derecho, que ha acabado por acorralar política y policialmente a esta banda criminal.

Cada atentado mortal de ETA sugiere dos niveles de lectura que no es pertinente disociar. El primero concierne a la tragedia humana, a la supresión por el acto terrorista de la vida de uno o de varios inocentes, a la mutilación de otros. El dolor y la condena son sus dos facetas insoslayables. El segundo es el político, no menos necesario porque el terrorismo etarra es político en sus fines y se desarrolla dentro de un marco sociopolítico determinado. Únicamente a partir del análisis de este nivel resulta posible alcanzar una evaluación del significado y del alcance de la ekintza, y preparar en consecuencia una respuesta capaz de hacer pagar a ETA y a su entorno el coste de la barbarie. A estas alturas de la historia, sabemos que la negativa a dar el segundo paso demuestra la falsedad del primero. Los lamentos de determinados políticos vascos ante los crímenes son sólo un ritual de autojustificación que se convierte en simple coartada y en signo de complicidad con los criminales, dado que al gesto de dolor no sigue una actuación política consecuente. Más bien lo contrario.

Lamentablemente, tal es el caso de los dirigentes del nacionalismo democrático. Los hechos son incuestionables. Un ejemplo entre mil: tersa y frescachona como siempre, Begoña Errazti, presidenta de EA, condena ante las cámaras de televisión el atentado de Sangüesa, reafirma su oposición y la del Gobierno vasco a la violencia y califica a ETA de «enemigo principal del pueblo vasco». Estupendo. Sólo que unas horas antes Errazti se ha opuesto a la simple inclusión de un anuncio de Víctimas del Terrorismo en la televisión vasca, y ayer y hoy, lo mismo que sus socios de Gobierno, de Ibarretxe a Madrazo, lucha con todas sus fuerzas por mantener hasta el último reducto de legalidad de ese «enemigo principal del pueblo vasco». Los nacionalistas «moderados» han elegido esa vía, ya que para ellos lo que cuentan son los fines. No les gustan los medios sanguinarios, pero el verdadero enemigo es Madrid. El resultado se verá de inmediato: los muertos al hoyo y la palabra sagrada del «hombre de honor» Atutxa, antes hombre honorable (y blanco de ETA), al servicio político de Josu Ternera y de Otegi. Claro que la siniestra confrontación, animada desde las instituciones vascas, hace avanzar en la opinión el respaldo al plan Ibarretxe, como se ha visto el 25-M. ETA tiene todo el interés en aportar sus dosis de muerte para acelerar la ruptura.

Ante este panorama, hablar de alianzas transversales en el PSOE, por poco que guste el PP, equivale a sancionar esa deriva del Gobierno Ibarretxe y de PNV-EA hacia una fractura de incalculables consecuencias. No es cosa de «frentismos», ni de política urbana, sino de coherencia con la toma de partido por la democracia y contra quienes amparan hoy por hoy a los portavoces legales del terror. En el resto de España hay un sistema democrático donde tienen cabida los más ásperos enfrentamientos -aunque Aznar y Felipe González harían bien en callarse más de una vez-, pero en Euskadi se da un régimen de excepción provocado por el terrorismo. La única prioridad es la defensa de esa democracia. Debiera recordarlo Javier Rojo, teniendo en cuenta, en primer lugar, la norma habitual en España de que en coalición gobierne el partido más votado, y sobre todo que en su caso, habiendo sido hace tres años quien pronunció el elogio fúnebre de Fernando Buesa en la manifestación de duelo tras su asesinato por ETA, resultaría injustificable la concesión por iniciativa suya del poder en Álava a quienes profanaron la memoria de su compañero en aquella triste jornada al grito de ¡Lehendakari aurrera!.

En la misma línea, no es fácil entender que el PSOE olvide a la hora de pactar con IU lo que la política de la IU vasca representa. Llamazares propone en Sangüesa la unión de los demócratas contra el terrorismo, pero sólo unas horas antes Madrazo, defensor de la legalidad de Batasuna y servidor eficaz del PNV, vota en contra del simple anuncio de Víctimas del Terrorismo en las mismas pantallas donde hace unas semanas los encapuchados anunciaron el regreso de la muerte. Por muy federal que se pretenda, la coalición no puede actuar como si fuera una versión política del ejército de Pancho Villa, donde cada cual hace lo que le viene en gana. Sería útil que la dirección del PSOE lo tuviera en cuenta, tanto en su estrategia de alianzas como en el imprescindible trazado de una política para Euskadi.