Guerra por Iberdrola entre Sánchez Galán y Florentino Pérez, que cuenta con el apoyo de una enmienda del Gobierno Zapatero

Una enmienda socialista a la Ley de Sociedades Anónimas mantiene en vilo a los principales ámbitos de poder político y económico del país. Éstas son las claves.

¿Cuál es la propuesta?

Consiste en eliminar en España cualquier limitación del derecho de voto de los accionistas en las empresas. Se trata de que cada acción equivalga a un voto, cosa que no ocurre en algunas de las más importantes como Iberdrola, Repsol YPF, Telefónica o el Banco Popular. En ellas existe un tope que, generalmente, limita el poder de un accionista al 10% del capital.

¿Por qué esta reforma ahora?

El PSOE alega que es una promesa electoral desde 2004 para mejorar el buen gobierno de las empresas y que ahora es un momento adecuado, puesto que se tramita en el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Sociedades Anónimas. El PNV sospecha que lo hace ahora porque beneficia los planes del presidente de la constructora ACS, Florentino Pérez, que necesita apoyos legales para ganar poder en Iberdrola. El presidente de la eléctrica con sede en Bilbao, Ignacio Galán, le está impidiendo entrar en el consejo de administración, pese a que ACS es el primer accionista, por considerarlo «un competidor». El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, calificó ayer, de hecho, la propuesta socialista como enmienda florentino. Los socialistas consideran que, por el contrario, el PNV está respaldado con inusitada intensidad los intereses de Galán.

¿Es buena la reforma para la economía española?

No es precisamente la medida más prioritaria para sacar a España de la crisis y tiene pros y contras. A favor está que convierte a los principales accionistas en verdaderos dueños de la empresa sin que puedan ver menoscabados sus legítimos derechos con blindajes oportunistas. En contra aparece el argumento de que desblindar las empresas españolas facilitará, aún más si cabe, la entrada de grupos extranjeros en sectores estratégicos. A este respecto, es cierto que Endesa tenía blindajes y no impidieron que el actual propietario sea el grupo italiano Enel, con capital público de aquel país.

Otro argumento en contra de la enmienda es el que presentan las asociaciones de los accionistas minoritarios. Estos pueden verse también perjudicados por el hecho de que grandes accionistas puedan dominar las empresas con porcentajes de hasta el 30% sin verse obligados a lanzar una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA).

¿Por qué no se aprobó ya ayer?

Porque el PSOE se encontró con que CiU, Coalición Canaria y Esquerra apoyaban la iniciativa de aplazamiento del PNV. El PP, que no rechaza la enmienda socialista, podría haber facilitado que se aprobara ayer, pero se unió al aplazamiento contribuyendo así a infligir una derrota táctica al PSOE, que se quedó inusualmente sin aliados.

¿Qué implica el aplazamiento en Iberdrola?

Un balón de oxígeno para Galán, que podrá presidir la junta del próximo viernes sin el varapalo político de la aprobación previa en el Congreso de los Diputados de una enmienda que le perjudica. No obstante, la enmienda jamás habría entrado en vigor antes de la junta de la eléctrica en 2011, puesto que tras la aprobación en el Congreso, debe pasar por el trámite del Senado.

Además de Florentino y Galán, ¿hay más afectados?

Sí. La constructora Sacyr y la Caixa ven también limitadas sus participaciones en Repsol YPF. Sin los blindajes, verán incrementada su cuota de poder y revalorizada su participación con vistas a una posible venta. La caja catalana, que cuenta con la principal cartera industrial del país verá, si se eliminan los blindajes, cómo sube el valor de todos sus títulos. Por el contrario, las empresas familiares españolas suelen contar con limitaciones de voto por puro equilibrio entre hermanos, en muchas ocasiones. Por eso el Instituto de Empresa Familiar ha rechazado la enmienda, aunque acepta que hay que debatir cambios en empresas donde puedan producirse abusos con los blindajes, en clara alusión a Iberdrola.

¿Gana entonces Galán a Florentino la batalla parlamentaria?

No. Al contrario,. El presidente de ACS y del Real Madrid sigue perfilándose como el vencedor final, porque CiU avanzó ayer una propuesta en la que acepta eliminar todos los blindajes salvo para las empresas no cotizadas. Es decir, que da satisfacción a ACS y la Caixa, entre otros, y, al tiempo, no desaira a las empresas familiares que, en su mayoría, no cotizan en Bolsa. El pronóstico sigue siendo que, a la vuelta de Semana Santa, una enmienda en esa línea será aprobada con los votos de CiU y PSOE y la abstención del PP. Otra cosa es que Florentino gane la batalla empresarial a Galán en Iberdrola, porque éste podría revolverse con fórmulas como incorporar otro socio que reste peso a ACS.

¿Cuándo entrará en vigor esta reforma?

CiU propuso ayer que no antes de un año con respecto a la publicación en el BOE, prevista para el próximo junio. Es decir, que sea efectiva en junio de 2011. Pero el PSOE lo considera muy tarde. Todo apunta a que el acuerdo será que entre en vigor el 1 de enero de 2011.

Desde que Florentino Pérez presentó los resultados de ACS el pasado 25 de febrero, la estrategia que Iberdrola iba a utilizar en su contra estaba clara: ACS es un competidor que no puede disimular el peso que en su cuenta de resultados tiene la energía. De hecho, bajo el epígrafe «servicios industriales y energía» la empresa de Pérez ya se apunta el 44% de su cifra de negocio.

Por eso, José Luis del Valle, abogado de Pérez, iba ayer preparado para poner en evidencia la inconsistencia que suponía que otros accionistas -Bancaja, BBK y Unicaja- tuvieran intereses en el sector energético. Pero la bala de plata que iban a dirigir al corazón de Ignacio Sánchez Galán era que su vicepresidente y principal accionista individual (1,2% de Iberdrola), el millonario vasco Juan Luis Arregui, reúne tantas incompatibilidades para estar en el consejo como los representantes de ACS.

Resulta que Arregui es presidente de la papelera Ence, de la que posee un 22%, y esta compañía ha descubierto que la lignina, un subproducto de la fabricación del papel, puede tener utilidad para elaborar biocombustibles. Así que Ence ha cambiado su objeto social y se ha apuntado al negocio de las energías sostenibles y eso la convertiría en un eventual competidor de Iberdrola.

Pero la bala de plata quedó inutilizada cuando poco antes de comenzar la junta de accionistas se anunció la dimisión de Arregui, lo cual restó uno de los argumentos más poderosos a Del Valle. Pese a ello, el abogado de Pérez tuvo, a su turno, una intervención brillante, aunque la incompatibilidad de las cajas de ahorros representadas en el consejo de Iberdrola no es tan clara.

Así que la junta se saldó con «una goleada», según la gente de Galán gracias al ‘gambito de Arregui’, una jugada de ajedrez que consiste en sacrificar una pieza valiosa a cambio de mantener una posición con ventaja.

ACS logró tener un consejero -José María Loizaga- durante unos 25 minutos hasta que el abogado Ramón Hermosilla propuso su destitución por ser competidor y la junta lo aprobó. Del Valle anunció que impugnará este punto en los tribunales. Loizaga, pese a su brevedad, no logró batir el récord de los tres consejeros nombrados por Acciona en FCC en 2004, que duraron apenas 9 minutos antes de ser revocados.

La gente de ACS, sorprendida por la dimisión de Arregui, dejó caer que «le han puesto una Luger para que se quitara de en medio», mientras en el bando del presidente de Iberdrola ponían como ejemplo de entereza la dimisión del millonario que cimentó su fortuna vendiendo Gamesa, compañía que él fundó. Arregui se despidió con las siguientes palabras: «Seguiré siendo leal a Iberdrola, a su presidente y al proyecto industrial del grupo. Siento orgullo de haber contribuido al liderazgo de la compañía en el sector energético».

Lo cierto es que Galán y Arregui son amigos. Ambos son ingenieros y comparten complicidades en un proyecto que ha tomado forma al calor de sus largas conversaciones. A ambos les gusta cazar. Y Arregui se ha comprado una finca al lado de otra que tiene Galán en su Salamanca natal. De hecho, ayer se marcharon juntos de vacaciones tras la asamblea de Bilbao. Pero como aún no se ha construido una vivienda, Arregui sigue durmiendo en la casa de Galán.

Los accionistas que acudieron a la junta de Iberdrola del viernes pasado asistieron en directo al enfrentamiento entre el Consejo de Administración de Iberdrola, presidido por Ignacio Sánchez Galán, con la constructora ACS, cuyo presidente, Florentino Pérez, intenta nombrar un consejero en representación del 12% del capital de Iberdrola. ACS propuso el nombramiento de José María Loizaga como representante en el Consejo; inmediatamente después, uno de los accionistas presentes pidió que se revocara el nombramiento argumentando que ACS es una empresa competidora de Iberdrola en el negocio de la energía.

Como en los mejores sainetes, el consejero nombrado salió por la misma puerta que había entrado; ACS impugnó la junta y espera la decisión de los tribunales, que es donde deben resolverse las diferencias.

El conflicto societario en Iberdrola es uno de los motivos (el otro sería la pretensión de la constructora Sacyr de aumentar su poder de decisión en el grupo petrolero Repsol) que, cual secreto a voces, impulsó la enmienda a la Ley de Auditorías mediante la cual el grupo parlamentario socialista pretendía eliminar los blindajes accionariales, es decir, la limitación de voto vigente en la actualidad que impide que cualquier accionista vote por más del 1% del capital. Con buen criterio, el PSOE aplazó el miércoles pasado la votación sobre la enmienda hasta el próximo 6 de abril; y el presidente del Gobierno demostraría que comparte ese criterio si decidiera aplazar sine díe, o al menos hasta que la recuperación económica sea algo más que un vago presentimiento, la supresión de los blindajes. Para reconsiderar el espinoso problema de los blindajes accionariales es necesario un periodo de reflexión imparcial; una condición que hoy, en pleno fragor de la batalla de presiones en torno a Iberdrola y Repsol, con el PNV totalmente en contra de la reforma y el resto de los partidos políticos sin posiciones definidas, no se da.

Hay dos razones políticas para retrasar un debate sobre la cuestión. La primera es de oportunidad: para el Gobierno, la prioridad debe estar en reducir el paro, organizar un plan para recortar el gasto público y recapitalizar las entidades bancarias. La segunda es que no se debe recurrir a costosos cambios normativos para resolver problemas individuales; hay indicios suficientes de que la enmienda antiblindajes sólo responde a los problemas de ACS y Sacyr.

Pero hay una razón más de fondo que desaconseja el cambio legal. Iberdrola y Repsol son empresas estratégicas. Operan en mercados regulados y en régimen de tarifa. Su estabilidad accionarial y sus decisiones ejecutivas no deben estar sometidas a los vaivenes del mercado inmobiliario o a la irrupción de accionistas que entienden el negocio de la energía como fuente para equilibrar las cuentas. Si el Gobierno esgrimió el carácter estratégico para evitar que E.ON comprase Endesa, sería una grave inconsecuencia que ahora, sin que medie una reflexión mínima y a través de una enmienda precipitada, se desentendiese del futuro de Iberdrola y Repsol.

En febrero el grupo socialista en el Congreso presentó una enmienda al Proyecto de Ley de Auditoría por la que prohibía las limitaciones estatutarias al número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista o sociedades de un mismo grupo. La enmienda ha generado un debate político, empresarial y académico. En caso de salir adelante supondría un cambio revolucionario de las reglas del juego. EXPANSIÓN ha entrevsitado a Guillermo Guerra, socio de Ramón y Cajal Abogados y profesor de derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos, quien presenta ahora el libro Las limitaciones estatutarias al número máximo de votos en las sociedades cotizadas (editado por LA LEY, Grupo Wolters Kluwer).

Los defensores de la enmienda afirman que alentaría la entrada de inversores en el capital de cotizadas, que hay que cambiar el régimen porque el modelo societario ha evolucionado y que la protección a los minoritarios ya está en la Directiva de OPAS. ¿Qué opina de estos argumentos?

No estoy de acuerdo. Es cierto que cuando un accionista adquiere más del 30% del capital tiene que lanzar una opa y ahí hay protección, pero muchas veces se quedan al borde para controlar sin necesidad de una OPA. En cuanto a que hay que cambiar el régimen porque el modelo societario ha evolucionado no me sirve como argumento. Es cierto que ha ido cambiando pero si analizamos cómo es la estructura de capital y cómo son los consejos de administración vemos que en el Consejo está representado el capital. A través de la figura del consejero dominical el capital ha accedido a los consejos. Se trata de una figura que sólo existe aquí y en México. Por eso en España es donde menos está justificado prohibir estas limitaciones. En cuanto al atractivo para los inversores, la realidad es que un inversor puede ver en las limitaciones al número máximo de votos un modelo de gobierno corporativo determinado y puede ser una medida de estabilidad de la sociedad en que invierte.

Alemania e Italia prohibieron las cláusulas que limitan los derechos de voto, mientras Francia opta por una postura intermedia que las permite excepto en caso de una opa. ¿Nosotros debemos cambiar el régimen actual? En caso de hacerlo, ¿qué modelo debemos adoptar?

Tanto en Alemania e Italia se prohibieron estas cláusulas tras la apertura de los mercados de valores para fomentar el mercado del control societario, en 1998 y 2001 respectivamente. Se consideró que, conforme al modelo societario tradicional, el estadounidense, estas cláusulas podrían ser un blindaje de los administradores. Más tarde en Europa se encargan informes de expertos que concluyen con que no hay motivo para justificar regular imperativamente las limitaciones. Tienen que ser las propias sociedades las que decidan. La propia Comisión Europea y los informes que ésta encargó demuestran que la medida de Italia y Alemania no estaba realmente justificada. Francia adopta una postura intermedia que permite las limitaciones pero con una serie de matices. Debe informar sobre ellas y, en caso de que se lance una opa y el accionista tenga el 75% del capital, esas cláusulas son nulas. Es decir, según el modelo francés las limitaciones sólo tienen cabida en la vida normal de la sociedad, ciñéndose la prohibición al contexto de una opa. No creo que en España sea necesario cambiar el régimen, pero en caso de hacerlo debería seguirse el modelo francés de neutralización de las limitaciones. En España las neutralizaciones son de carácter voluntario. De hecho, sólo Iberdrola contempla en sus estatutos la neutralización de las limitaciones.

¿Cree que la enmienda transaccional será aprobada en la Cámara Alta?

Se prevé que en mayo o junio se vote esta enmienda al Proyecto de Ley de Auditoría. Hay un acuerdo de PSOE y CiU para que se apruebe y hay otros grupos nacionalistas, como el PNV, que piensan que debe regularse de otra manera o directamente no regularse. El PP adopta una posición de abstención, y precisamente por esto es muy difícil que la enmienda no salga adelante.

«No creo que haya que cambiar el régimen pero si se hace habría que copiar a Francia»

«El capital ya tiene acceso al consejo de administración con la figura del consejero dominical»

La publicación sale en un momento idóneo, justo en el segundo round de la discusión en el Senado sobre esta enmienda, denominada enmienda Florentino -se acuñó este término por un sector que considera que responde a los deseos de Sacyr y ACS de entrar en Iberdrola-. El texto de Guillermo Guerra pretende contribuir a la argumentación en este debate, con análisis y datos empíricos. El autor desmonta la fundamentación jurídica de la enmienda socialista y considera que es cada sociedad la que debe decidir sobre las limitaciones.