20 junio 2002

Los líderes sindicales, Cándido Méndez y José María Fidalgo, consideran que la huelga ha sido un éxito, mientras que para el Gobierno ha sido un fracaso

Huelga General 2002 convocada por los Sindicatos UGT y CCOO – y apoyada por el PSOE – contra ‘el decretazo’ del Gobierno Aznar

Hechos

El 20.06.2002 se celebró una Huelga General de 24 horas contra las medidas del Gobierno.

Lecturas

El Decreto de Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad desarrollado por el Ministerio de Trabajo de D. Juan Carlos Aparicio Pérez fue lo que causó la protesta de UGT y CCOO, que convocaron la huelga general para forzar su modificación.

huelga02_02 El diario EL PAÍS (Grupo PRISA), dirigido por D. Jesús Ceberio fue el único periódico de ámbito nacional que se posicionó editorialmente contra el Gobierno Aznar y a favor de los Sindicatos en la jornada de la Huelga.

huelga03_03 El diario EL MUNDO (Unidad Editorial) dirigido por D. Pedro J. Ramírez se posicionó a favor del Gobierno y en contra de los sindicatos en una postura que desató cierto malestar entre algunos miembros de su plantilla que respaldaban la huelga.

huelga02_01 El diario ABC (Prensa Española) dirigido por D. José Antonio Zarzalejos se posicionó igualmente a favor del Gobierno Aznar y en contra de los sindicatos.

huelga03_04  El diario LA RAZÓN, presidido por D. Luis María Anson y cuyo accionista mayoritario era el Grupo Planeta también apoyó al Gobierno Aznar, sólo que en su caso lo hizo de una manera más expresiva que sus dos principales competidores. Tan sólo unos días después LA RAZÓN publicaría otra polémica portada comparando a los asistentes a las huelgas con el orgullo gay.

ALFREDO URDACI, EN SU TELEDIARIO DE TVE DIO SÓLO LOS DATOS DEL CIS QUE PERJUDICABAN A LOS SINDICATOS:

El director de informativos de TVE y presentador del telediario en la primera cadena, D. Alfredo Urdaci, fue muy criticado por, a la hora de leer la encuesta del CIS sobre la huelga general, leer únicamente los datos del CIS que perjudicaban a los sindicatos y no los que perjudicaban al Gobierno. El Sindicato Comisiones Obreras (CCOO) demandó a la televisión pública ante la Audiencia Nacional por considerar que aquello era una vulneración de los derechos de libertad sindical.

21 Junio 2002

Los sindicatos ganan el partido

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El presidente Aznar planteó la huelga general como un partido, advirtiendo que no se conformaría con el empate. Una victoria contra los sindicatos habría sido una corrección en toda regla del modelo de concertación social que, con diferencias de estilo más que de contenido, se ha mantenido en España desde los tiempos de UCD. Los resultados de la movilización de ayer puede que no sean una derrota por goleada al Gobierno, como lo fue la huelga de 1988, pero desde luego suponen una victoria de los sindicatos.

En España hay 40 millones de habitantes, de los que 12 millones pertenecen al universo de los asalariados. Son las personas potencialmente afectadas por la reforma del sistema de prestaciones por desempleo y a ellas iba dirigido el llamamiento sindical. Entre ese colectivo hubo ayer un amplio seguimiento de la huelga: casi total en las grandes empresas, polígonos industriales, construcción y transporte, donde se cumplieron rigurosamente los servicios mínimos; fue considerable en la pequeña y mediana empresa, y minoritario en el comercio, la banca y servicios en general.

Negar la dimensión de la huelga es cerrar los ojos a la realidad, hacer invisibles a los huelguistas, como hizo ayer el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, al decretar a primera hora -y a primera vista- el fracaso de la convocatoria. Los sindicatos demostraron responsabilidad al hacer respetar los servicios mínimos, pero su cumplimiento no puede cobrarse en contra de los sindicatos. También se engañaría quien creyera que paró la casi totalidad de los trabajadores, como dijeron con algún exceso los líderes sindicales.

El Gobierno, convencido de que quien da primero da dos veces, tenía diseñado previamente un guión del fracaso de la huelga general y no estaba dispuesto a que la realidad se lo modificase. Así, el ministro de la propaganda ya sabía a las ocho de la mañana que no había huelga general. Era un mensaje para quienes a esa hora pudieran estar dudando, pero también para fijar de entrada una consigna que la televisión pública y el resto de la hinchada extenderían durante toda la jornada. El insólito argumento de Cabanillas fue que los transportes públicos estaban funcionando con normalidad, es decir, respetando los servicios mínimos. Si no los hubieran respetado, el Gobierno habría argumentado que los sindicatos eran incapaces de sacar adelante la huelga con limpieza; como los respetaron, se les dice que han fracasado en su intento de imponer la huelga a los trabajadores. A eso se le llama ventajismo.

En el guión se asignaba a Rato el papel de martillo del PSOE. Estuvo más preciso que Pío Cabanillas en la descripción de la situación, y casi conciliador con los sindicatos, pero se empeñó en la conclusión prefijada de que el 20-J suponía el mayor fracaso político de Rodríguez Zapatero, a quien el PSOE ‘debería pedir explicaciones por su irresponsabilidad’. Que un partido socialista apoye una huelga contra recortes en los derechos de los parados entra dentro de lo que cabe considerar normal. Menos normal es que el líder de un partido de derechas justificara la anterior huelga general, en enero de 1994, argumentando que era el fruto de la ‘irritación’ ciudadana ante el ‘engaño’ de Felipe González.

La huelga tuvo un seguimiento amplio, superior al de 1994, aunque no alcanzó la dimensión ciudadana del 14-D de 1988. El dato del consumo de energía, más próximo al de un festivo que al de un día laborable cualquiera del mes de junio, indica que en muchas fábricas, principales consumidoras de electricidad, no se había trabajado. Ni Rato ni Arenas, que le seguía en el guión, pudieron refutar ese argumento, aunque la cifra del 84% de seguimiento adelantada por las centrales pueda resultar exagerada. Pero en todo caso menos que la inverosímil del 16% que con extraña simetría (84+16=100) propuso el Gobierno.

No fue una movilización como la del 14-D, en la que tan visible se hizo la identificación de sectores ciudadanos con lo que entonces representaba la protesta sindical, aunque las manifestaciones ciudadanas posteriores a la jornada de huelga fueron masivas en Barcelona, Madrid, Sevilla y Vigo, con una movilización que en conjunto supera el millón de personas.

Hubo un amplio seguimiento en la enseñanza pública, pero no tanto en la privada, y muchos pequeños comercios sólo cerraron bajo la presión de los piquetes, un residuo anacrónico excepto en situaciones excepcionales. El fundamento del piquete como coartada para el empleado que quiere hacer huelga pero teme la reacción del patrón tiene poco fundamento hoy. Y, por el contrario, puede convertirse, como en 1994, en un factor de desprestigio de los sindicatos. Es un error suponer que la protesta contra un recorte de derechos laborales necesita, para ser creíble, de la adhesión de los tenderos o de la paralización de los autobuses. Los sindicalistas que niegan la intimidación en los cierres de esos sectores se hacen trampas.

También es una trampa explicar el eco de la movilización sólo por ese factor. Nada más fácil que deslizar sarcasmos sobre los sindicalistas como políticos frustrados y retóricos. Pero, por una parte, son un freno imprescindible a la tendencia al abuso de todo poder y, por otra, se les añora cuando aparecen esos sindicatos corporativos con líderes narcisistas dispuestos a todo; también se les echa de menos ante el nacionalsindicalismo que ahora mismo florece en el País Vasco, y que el día 19 protagonizó una huelga por separado entre cuyos objetivos figuraba el de hacer frente al sindicalismo español.

Los sindicatos, es cierto, deben modernizarse, pero su comportamiento fue ayer, en general, responsable. Su capacidad negociadora habría aumentado, incluso con menos huelguistas, si hubiera habido menos piquetes y menos desafíos previos respecto al cumplimiento de los servicios mínimos, que luego respetaron casi con exactitud.

Después de la huelga

Los tres aspectos esenciales de la reforma que dio pie a la huelga son el endurecimiento del sistema de percepción de las prestaciones de desempleo, la eliminación de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, abaratándolos, y la extinción paulatina del Plan de Empleo Rural (PER). En conjunto se presentan como un intento de corregir los desajustes entre oferta y demanda de trabajo, liberando fondos para políticas activas de empleo. Son medidas que implican recortes en derechos laborales, que deberían ser negociadas. Así se hizo anteriormente con buenos resultados, según reconoce el Gobierno. Entonces, ¿por qué el empeño en poner a los sindicatos ante un proyecto que sabían de antemano que no podrían aceptar sin contrapartidas claras en el terreno precisamente de los derechos laborales?

También es cierto que las centrales se cerraron a la negociación, exigiendo la retirada sin más del proyecto para sentarse a la mesa. Y que tal vez vieron en la actitud del Gobierno de Aznar el pretexto que buscaban para lanzar, ocho años después del relativo fracaso de la última huelga general contra los socialistas, una gran movilización que diera verosimilitud a sus amenazas. Pero sería injusto no ver en los desplantes del Gobierno una voluntad simétrica de llevar a la práctica el pulso antisindical que venía proponiendo el sector más derechista del PP y sus seguidores en los medios, desde que logró la mayoría absoluta.

El hecho de que Rato intentase ayer desviar ese pulso hacia Zapatero podría indicar, sin embargo, que no está tan convencido de las ventajas de llevar hasta el final ese enfrentamiento como parecía estarlo Aznar.Una vez acreditada la capacidad de movilización de los sindicatos, por un lado, y comprobado, por otro, que no siempre es posible ganar sin a la vez perder algo, se abren las condiciones para recuperar el diálogo social.

21 Junio 2002

Fracaso político de la huelga

ABC (Director: José Antonio Zarzalejos)

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Si la huelga general es el instrumento de acción sindical más extremo, su éxito no podía ser otro que el de doblegar al Gobierno paralizando la actividad del país. La propia radicalidad de la medida adoptada por los sindicatos llevaba aparejados unos objetivos máximos, de manera que el 20-J -y ABC lo ha venido reiterando en las últimas semanas- no podía sustanciarse con triunfos o derrotas a medias. Desde esta perspectiva, el paro convocado por UGT y CC.OO., en función de unos parámetros meramente políticos, ha supuesto un enorme fracaso político del que no puede ser ajeno el propio PSOE. Más allá de la guerra de cifras -un bombardeo interesado de datos que hay que valorar en su justa medida y que llega a resultar ridículo (el Gobierno cifró el paro en un 17 por ciento y los convocantes en un 84)- está claro que las centrales no han logrado su objetivo de ganar la calle, en parte por la eficaz labor de las Fuerzas de Seguridad que impidieron, en líneas generales, los desmanes de los piquetes y detuvieron a más de cien personas. La huelga ha tenido un seguimiento desigual, pero sensiblemente inferior al esperado por las centrales sindicales, que no han contado con el respaldo mayoritario de los españoles, porque lo que parece obvio es que para medir el éxito o el fracaso de la cita habrá que tener en cuenta el número de personas que la secundan y no la producción.
UGT y CC.OO. lograron el 14 de diciembre de 1988 canalizar el descontento social con una huelga general secundada de forma masiva. Ayer, no. La situación del 20-J era radicalmente distinta, pues los sindicatos -ante la ausencia de un clima de tensión-, buscaron crear, de manera artificial, un panorama distorsionado de la realidad, en un intento de pasar factura al Ejecutivo de Aznar. Esta estrategia catastrofista, en la que el PSOE ha jugado un papel esencial, no ha dado sus frutos, lo que obligará a los sindicatos y al partido de Ferraz a afrontar con todas sus consecuencias el «día después» y a asumir su carga de responsabilidad en este fracaso. A estas alturas, es meridianamente claro que lo que pretendían sindicatos y PSOE era instrumentalizar la reforma de las prestaciones de desempleo -menos por el propio contenido de la norma y más por sus intereses particulares-. Aquellos años de paz social, un logro a partes iguales del Ejecutivo, sindicatos y empresarios, terminaron por crear en UGT y CC.OO. un sentimiento absurdo de culpabilidad. Los sindicatos renegaron de aquella etapa de acuerdos que marcó la primera legislatura del PP. Cándido Méndez lideró el distanciamiento, que buscaba dañar la imagen del partido del Gobierno en beneficio del PSOE. En esa tarea, UGT contó con las reticencias iniciales de José María Fidalgo, líder de CC.OO., que hubo de plegarse finalmente a las exigencias de «unidad de acción sindical» para aplacar al sector crítico de su sindicato.
A pocos se les oculta que el diseño de la huelga buscaba, como objetivo preferente, castigar a un Gobierno de centro-derecha que había logrado lo que no consiguió el Ejecutivo de González. Quedaba sólo poner fecha a una huelga anunciada. El día y el mes elegido debían causar el mayor daño posible al Gobierno. De ahí el 20-J, en la víspera de la cumbre de la UE en Sevilla, la reunión que hoy marcará el fin de la presidencia española.
Buena parte del fracaso de la huelga se debe a la incapacidad sindical para vender -escenificar sería el término correcto- su ruptura total con un Gobierno con el que ha suscrito no pocos y fundamentales acuerdos. La opinión pública se ha dado cuenta de que el muro levantado por las centrales sindicales era tan interesado como perjudicial para la paz social.
La estrepitosa derrota del PSOE en la huelga debería hacer recapacitar a Rodríguez Zapatero, ya no sólo sobre el errático rumbo de su partido, sino, principalmente, sobre los riesgos que para el conjunto de la sociedad entrañan tantos y tan encadenados bandazos. Hoy por hoy, Zapatero es un líder atrapado en sus contradicciones y acosado por un sector del partido que le ha otorgado un falso margen de maniobra, pues controla sus movimientos y le marca el camino. Sus buenas maneras y la pulcritud que adornan su figura saltan por los aires cuando se ve obligado a desdecirse y a cambiar de discurso sobre la marcha. Ante la huelga general, el PSOE ha dado muestras de imprudencia al ceder interesadamente a los sindicatos buena parte de su responsabilidad como principal partido de la oposición.
Porque los números del 20-J son incontestables. Con las dificultades que entraña la mencionada guerra de cifras librada por el Gobierno y los sindicatos -el último viaje a ninguna parte de esta fecha- el seguimiento del paro por sectores siguió la pauta de la desigualdad, lo que viene a confirmar la teoría de que la huelga no fue en absoluto general. Ello, a pesar de que no pocos empresarios llegaron a acuerdos puntuales con los sindicatos para considerar la jornada de huelga como de vacaciones, que se «canjearía» por un día de trabajo más adelante, lo que supone un fraude para los que no secundaron la huelga y también para los huelguistas.
El comercio dio la espalda a la protesta. En cadenas como Carrefour acudió a trabajar el 80 por ciento de sus empleados (abrió 284 de sus 290 centros); en El Corte Inglés, el 99 por ciento de la plantilla, mientras que Alcampo abría 42 de los 47 de sus centros. En el subsector de supermercados, también fracasó la convocatoria: el 99,5 por ciento de las plantillas de Mercadona y Eroski se presentó a trabajar, según las cuentas de la patronal del sector, que cifra en un 8 por ciento el número de huelguistas.
Si malas son las cifras para los sindicatos en las grandes superficies, un simple vistazo a la calle determinaba igual veredicto en lo referente al pequeño comercio. Si los sindicatos quisieron convertir el 20-J en un festivo, ayer, salvo alguna excepción, fue un día laborable. Y si los mercados y las tiendas de alimentación tenían género fresco es porque los mercados centrales funcionaron, con alguna excepción achacable a los altercados provocados por los piquetes.
En la Banca, la adhesión a la huelga fue -según la Asociación Española de Banca (que tiene cifras exactas de la asistencia a las sucursales)- desigual, aunque en cualquier caso no superior, como media, al 9 por ciento. También funcionó, pues, la distribución. En el transporte se dio un hecho curioso: el servicio real superó los mínimos establecidos en un 20 por ciento. En la Administración sólo hubo un 14 por ciento de funcionarios que secundó la protesta, según CSIF, central mayoritaria. Por su parte, la Sanidad registró un paro, según los sindicatos de Enfermería y la Confederación de Sindicatos Médicos, de menos del 9 por ciento.
Tan sólo en el sector del metal y en el de la construcción, sobre todo el primero, los sindicatos obtuvieron unos resultados de cierto lustre, aunque aún les queda muy remoto el éxito total: en las pequeñas y medianas empresas metalúrgicas, la huelga fue seguida por el 30 por ciento, y en las grandes, por el 60 de los trabajadores. En la construcción, el balance hecho por las empresas señala que entre un 15 y un 25 por ciento de los empleados faltó al trabajo. Estos sectores son los que presentan una mayor cuota de implantación sindical, lo que consolida la teoría de que más allá de donde llegan UGT y CC.OO. la convocatoria no ha encontrado eco en la población activa. A estas alturas, es más que acertado hablar de «huelga sindical» que de «huelga general». Un vector interesante para analizar el calado real de la jornada y su incidencia en la actividad laboral del país es el consumo de energía eléctrica, que sufrió una merma del 17,1 por ciento de media respecto a un día normal. En las huelgas generales de 1988 y 1994 la disminución del consumo alcanzó el 41 y el 34 por ciento, respectivamente.

Por Comunidades Autónomas existe una clara relación entre el seguimiento y el color del Gobierno de ese territorio, lo que incide en el carácter meramente político de la protesta. Andalucía, donde Chaves y el resto de los dirigentes socialistas han alentado el paro en mayor medida que la Cumbre Europea que se celebra en Sevilla, encabeza la lista con un 35 por ciento de seguimiento, seguida de Baleares, Asturias, Extremadura y Aragón, todas ellas gobernadas por el PSOE. En el País Vasco y Navarra, el paro fue de entre el 21 y el 25 por ciento y en Cataluña no llegó al 20.

Vistos los antecedentes y la cruda realidad de las cifras, el único consuelo para los sindicatos fueron las manifestaciones, algunas multitudinarias, celebradas en distintos puntos de España. Pero más allá del número, lo que resultaba verdaderamente descorazonador era ver ayer a Rodríguez Zapatero manifestarse junto a UGT y CC.OO., derrotados los tres, en una foto en sepia que pone de manifiesto el anacrónico papel de este socialismo español.

21 Junio 2002

Los sindicatos disparan el cañón, pero se quedan sin pólvora

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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No es fácil valorar el éxito o el fracaso de una huelga general, máxime cuando su escenario es todo un país y cuando las cifras son tan contradictorias como las que ofrecieron ayer Gobierno y sindicatos. Pero aunque el juicio tenga un carácter forzosamente relativo, los múltiples datos y testimonios de la jornada de ayer conducen a la conclusión de que la convocatoria de los sindicatos fue un fracaso tanto por su bajo seguimiento global como por una incapacidad para paralizar el comercio y los servicios en las ciudades.

Si UGT y CCOO habían soñado con lograr un efecto similar al del 14-D de 1988 es evidente que ni remotamente lo consiguieron.Pero tampoco alcanzaron un nivel de seguimiento cercano al de la huelga de 1994, como ponen de relieve datos objetivos como el consumo eléctrico. Ayer fue inferior en un 20,8% al de un día normal, mientras que en 1994 el descenso fue del 27% y en 1988 del 34%, según las estadísticas de Red Eléctrica.

Lo sucedido por toda la geografía española corrobora lo que EL MUNDO había venido diciendo: que la gran mayoría de ciudadanos incluyendo tanto a los que estaban de acuerdo con la reforma como a los que no consideraba que no había motivos suficientes para acudir al llamamiento de UGT y CCOO.

Los sindicatos se han equivocado en el momento y en la oportunidad de esta huelga. Dicho con otras palabras, han disparado el poderoso cañón del que disponen, pero han errado el blanco y se han quedado sin pólvora pese a que Méndez y Fidalgo intentaron presentar la jornada como «un éxito» y «una fecha histórica».

Ni una cosa ni otra ya que, aunque el seguimiento fue muy notable en las grandes industrias y las manifestaciones sindicales en Madrid, Barcelona y Sevilla fueron multitudinarias, las pequeñas empresas, el comercio, la banca, la hostelería y los servicios funcionaron con un alto nivel de normalidad. La convocatoria fue secundada en Andalucía especialmente en Sevilla por un porcentaje mayoritario de trabajadores, pero tuvo un escaso impacto en la gran mayoría de las comunidades autonómas.

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Una pretensión injustificada

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Méndez aseguró ayer que los sindicatos no retomarán el diálogo social con el Gobierno si éste no retira la reforma del Parlamento.Su pretensión es tan poco realista como injustificada. El Gobierno puede y debe seguir adelante con la tramitación parlamentaria del proyecto. El debate en el Congreso ofrece la posibilidad de pactar enmiendas con otras fuerzas políticas, lo que no debería ser desdeñado por el Ejecutivo en algunos aspectos mejorables como los salarios de tramitación y la definición de oferta de empleo adecuada.

Pero la principal conclusión que cabe extraer de la jornada de ayer es que este país necesita de una regulación del derecho de huelga para poner fin al vacío legal que existe desde 1978.El primero de los aspectos que debe abordar esa futura ley es el de los servicios mínimos y el segundo, el de los piquetes.

Los sindicatos dieron ayer un espectáculo lamentable al negarse a cumplir la mayoría de los servicios mínimos de transporte, esenciales para que los ciudadanos pudieran acceder a sus lugares de trabajo. Pero en nada ha ayudado al respeto a la legalidad la falta de un criterio homogéneo de los tribunales, con resoluciones absolutamente dispares y contradictorias en vísperas de la huelga.

En cuanto a los piquetes, el ministro Rajoy informó ayer de que las Fuerzas de Seguridad habían tenido que intervenir en más de 1.000 incidentes violentos y coacciones contra los ciudadanos que querían trabajar. UGT y CCOO no sólo no han puesto coto a la actuación de estos piquetes sino que, en bastantes casos, la han alentado. Un ejemplo: lo sucedido en los talleres de EL MUNDO, donde un centenar de sindicalistas intentó por la fuerza evitar la difusión de nuestro periódico. Utilizando un lenguaje orwelliano, José Luis Sánchez, secretario de organización de CCOO, no sólo no condenó esta flagrante violación que no fue la única del derecho de un medio de informar a sus lectores, sino que además tachó de «piquetes» a las fuerzas policiales que impidieron la consumación del abuso. Tal vez hubiera preferido que todo acabara como en el caso de la vandálica agresión a las unidades móviles de Onda Cero..

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Zapatero, el gran perdedor

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Decíamos anteayer que nadie gana en una huelga y lo sucedido ayer lo demuestra. No hay vencedores, sólo vencidos. Los sindicatos no han logrado casi ninguno de sus objetivos, la imagen exterior y la economía del país han sufrido daños, aunque reparables, y tampoco el Gobierno sale fortalecido de la protesta. Pero si hay un líder político que sale tocado ése es José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo respaldo a la huelga se ha vuelto contra él.

Rodrigo Rato dijo ayer que esta huelga ha sido «el mayor fracaso político del PSOE en los últimos veinte años». La frase es exagerada, pero encierra un fondo de verdad: Zapatero apostó por una convocatoria que iba a paralizar el país y a dejar en evidencia a Aznar y nada de ello ha sucedido.

Afortunadamente, la huelga acabó a las doce de la noche de ayer y el país vuelve hoy a la normalidad. Sería deseable que las relaciones entre Gobierno y sindicatos también volvieran a esa aburrida normalidad que ha sido una de las bases del crecimiento y el empleo generados en estos años.

21 Junio 2002

La huelga en TVE

Sergi Pamies

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La Primera empezó la jornada como siempre: empalmando informativos del Canal 24 Horas con el Telediario. Eran las 7.00 y Televisión Española llevaba un rato insinuando que la huelga estaba fracasando. En el lado opuesto, UGT y Comisiones Obreras decían justo lo contrario. Ambos sectores protagonizaron un baile de cifras digno de El precio justo y se dedicaron a minimizar o exagerar el conflicto en función de sus intereses.

Para ilustrar tanta subjetividad, sacaron comunicados oficiales, imágenes de un incendio en un matorral o excesos de los piquetes más radicales y dieron una visión bastante sesgada de una jornada con más matices de los que vimos. Para rematar la faena, se insistió en retazos de la entrevista a Rodrigo Rato en El tercer grado del miércoles en La 2 y de Aznar riñendo a Zapatero y se recurrió al viejo truco, muy usado en la época socialista, de poner en primer plano la portada del periódico que más te conviene.

A las 9.10, Daniel Barenboim en Los desayunos, un Avance informativo para que el ministro portavoz, Pío Cabanillas, pueda salir en pantalla y el par de culebrones de rigor. A las 12.00, otro Avance con valoraciones de Rato, Méndez, Fidalgo, Zapatero y Arenas confirmó que el bipartidismo informativo de la televisión pública ignora a parte de los contribuyentes que la financian.

Y luego, el toque de humor: emisión de Estoy hecho un chaval, con Paco Martínez Soria en plan costumbrismo desarrollista de 1976. La película sustituyó a Saber vivir y Así son las cosas y, antes de las noticias, pudimos saborear una lata caducada de Cruz y raya.com como aperitivo.

El Telediario de las 15.00 no fue más escandaloso que en otros días. Le dedicó casi tanto tiempo a la huelga como al Mundial, pese a que no se jugaba ningún partido. Los huelguistas estuvieron representados con sindicalistas, miembros de piquetes y manifestantes. El equipo rival, por Rato y Cabanillas. Éste último fue blanco de las iras de Caldera en el Congreso, donde deberían avisarles de que su mutuo afán de protagonismo contribuye a sembrar la abstención que recogerán en el futuro.

La tarde no cambió su monotemático tono: dos de los culebrones habituales, kilos de publicidad, la repetición de la gala Murcia, qué hermosa eres, donde destacó el tembleque de las rodillas de Las Ketchup, y, para la merienda, otro Avance informativo. En esta ocasión le tocó a Mariano Rajoy relativizar la euforia de las centrales con una intervención más mitinera que informativa.

El Telediario de la cena completó la discutible estrategia dando prioridad a los incidentes sobre las manifestaciones. Al final, para cerrar la jornada, el broche de oro: una película anunciada hasta la saciedad y con un título que, pese a lo que decía Televisión Española, inducía a pensar que incluso los traductores habían hecho huelga: Shakespeare in love.

22 Junio 2002

Gobernar es mentir

Eduardo Haro Tecglen

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Hombre, no; hombre, no. Un Gobierno no puede mentir así. Puede mentir, y miente, ocultando algo. Con la fácil estadística, buscando palabras corrosivas de la pureza del lenguaje. Pero no puede sacar las cifras de la huelga que no son verdad, hasta llegar al cero absoluto, al ‘no ha habido huelga’ de un par de frescos. En los periódicos hemos dicho mentiras siempre, pero las de ayer y las de hoy debían tener un límite. No tengo necesidad de creer en las que dan los sindicatos, pero tienen más verosimilitud. Tampoco es verdad lo que dijo un portavoz de la oposición en las Cortes, hablando de Pío Cabanillas: ‘El mentiroso mayor del reino’. ¿Cómo lo sabe? La presidenta le pidió que retirase la frase y no la retiró. Pero ¿sabía seguro ella que no hay otros mayores? No, hombre, no. No podemos llegar a estos excesos que, más que mentiras, son tomaduras de pelo, cinismo, burla, manera impía de gobernar.

Lejos de mí la tentación de decir que la política es el arte de la verdad. Sobre todo, cuando no creo en la verdad mensurable: en cada hecho infinitamente grande o infinitamente pequeño hay tal número de factores desconocidos que la última verdad no se sabe nunca, ni se sabrá. Pero aparte de estas meditaciones de las que los pensadores seguros de sí mismos no quieren ni hablar -la verdad son ellos- hay una cierta evidencia, con todas sus limitaciones: ayer hubo en España huelga suficiente como para decir que una gran mayoría de los trabajadores se manifestaron en contra del decreto-ley inicuo, y negarlo supone un delito de los que se debían perseguir de oficio. Un representante público que acusara a quienes, por sus cargos, han mentido al pueblo español y se han valido de medios protegidos, ayudados, subvencionados o escoltados para difundir esa mentira. No va a ser la última. Gobernar es mentir.

Decir que el decreto-ley es para favorecer al trabajador, decir que la ley de inmigración se hace para ayudar a los inmigrantes, es una de esas cosas que le hacen lamentar a uno la inexistencia de Dios y la del Diablo para que pusieran un poco de orden. Bastaría con que los gobernantes creyeran ese imaginario, aunque los demás supiéramos que es la primera mentira del orden público. Si en esa trascendental mentira está basada toda la gran estafa, ¿qué podemos hacer? (Ah, tranquilos. La huelga ha herido profundamente a Aznar. La mentira, más).

23 Junio 2002

El periodismo imposible

Camilo Valdecantos

Defensor del Lector de EL PAÍS

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La moral pública de este país cruje en demasiadas ocasiones. Por ejempo, el nivel que alcanza el fraude fiscal, según los cálculos de los expertos, es una alarma permanente y, al parecer, inútilmente encendida.

De modo más intermitente, pero no menos preocupante, las cifras que ofrecen los organizadores de cualquier acontecimiento que se celebre en la vía pública, o que resulte difícil de medir en cuanto a su extensión y alcance, suelen ser tan disparatadas que convendría promover una reflexión colectiva para poner coto a este alegre desmán.

Si las autoridades o los Gobiernos se suman a la fiesta del despropósito contable, el panorama se torna desolador.

Viene a cuento porque los periódicos informan de estos hechos: huelgas, manifestaciones, marchas de protesta. La huelga general, convocada por CC OO y UGT el pasado día 20, marca un hito en la irracionalidad en cuanto a los datos y permite hablar de información casi imposible.

Si un niño preguntase a su madre de dónde vienen los Reyes Magos y ésta le respondiese que de Oriente, mientras su padre le asegurara que de la ciudad en la que viven, el pequeño, por pocas luces que tuviese, concluiría que uno de los dos miente o, incluso, los dos.

Pero aquí no son niños los que preguntan por magos, sino informadores, en nombre de los ciudadanos, para transmitir el dato clave de una convocatoria de huelga general: la dimensión auténtica de la protesta.

Si los sindicatos aseguran que la convocatoria fue secundada por el 84% de los trabajadores y el Gobierno replica con el 16%, se hace evidente que alguien -¿ambos?- falta a la verdad.

La cifra gubernamental resulta inverosímil, la de los sindicatos, de acuerdo con la pésima tradición enquistada en nuestra sociedad, suena a exagerada, pero el periódico no dispone de instrumentos para ofrecer a sus lectores una cifra razonable.

Por supuesto, se utiliza el recurso más fácil y evidente: publicar las cifras de unos y otros y tratar de aproximarse a la realidad allí donde sea posible.

Este periódico optó por titular en primera página que la huelga tuvo carácter general en la industria, la construcción y los transportes, con un contraste aproximativo, a base de fuentes distintas y coincidentes.

Pero eso queda lejos de un diagnóstico global que nunca, por supuesto, puede ser exacto pero que debería resultar razonablemente aproximado. La actitud de unos y otros convierte el empeño en una quimera.

El cuadro que se publicó el viernes, con los datos de seguimiento de la huelga en las distintas comunidades autónomas, tiene rasgos patéticos. Los extremos de esa barahúnda descontrolada los marcan Murcia, donde, según el Gobierno, el 6,5% de los trabajadores secundó la protesta, mientras los sindicatos dicen que alcanzó al 90% y Ceuta con un 3,2% y un 80%, respectivamente.

Sonroja ver impresas estas cifras. O debería sonrojar. No es una minucia ese abismo de cifras ante un acontecimiento político de primera magnitud como es una huelga general, al margen de sus razones, de las posiciones de Gobierno, patronal y sindicatos o de cualquier otra consideración de fondo. La realidad es que la huelga se convocó y se produjo y que los ciudadanos de este país no tienen una idea suficientemente aproximada porque los periódicos no han podido transmitírsela.

En esta ocasión, el desaguisado fue doble y aun triple: a los datos generales sobre la extensión de la huelga se añadieron los específicos de las manifestaciones. Valga como muestra la de Barcelona: los sindicatos hablaron de medio millón de asistentes, la Guardia Urbana de 400.000 y la Delegación del Gobierno aseguró, sin empacho, que 15.000.

En el País Vasco los sindicatos nacionalistas minimizaron las cifras que ofrecían los de ámbito nacional y el Gobierno autónomo ofreció datos más bajos que los de la patronal, para culminar el desconcierto.

Ortega, redivivo, hubiese asegurado que la situación era estupefaciente. Y estupefactos deben andar los lectores.

Este periódico decidió ofrecer, ayer, un cálculo de la concurrencia a la manifestación celebrada en Madrid. El Gobierno dijo que acudieron 40.000 personas; los sindicatos, 500.000. El periódico llegó a la conclusión de que pudieron desfilar entre 252.000 y 336.000, según se entendiese que había tres o cuatro personas por metro cuadrado y partiendo del supuesto de que todo el recorrido estaba lleno, tal y como parecía apreciarse en las fotografías.

Hasta hace poco un telediario de nuestro país terminaba con un sorprendente ‘Así son las cosas y así se las hemos contado’. Cualquier periodista sensato sabe que, si trabaja con tesón y honradez, a lo más que podría aspirar es a una fórmula de este tenor: ‘Así parece que son las cosas y así hemos tratado de contarlas’. Cuando ese intento se ve torpedeado por actitudes irresponsables, el propósito se convierte casi en una quimera porque no hay resortes técnicos suficientes para salvar la desinformación que, sobre todo desde la orilla gubernamental, parece más que evidente.

Convendría que los medios de comunicación promovieran algún tipo de simposio, con las instituciones habitualmente implicadas en este tipo de informaciones, para tratar de alcanzar un mínimo de racionalidad, en favor del derecho a la información veraz de los ciudadanos.