Ilegalizadas definitivamente tanto el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) como Acción Nacionalista Vasca (ANV) por ser consideradas judicialmente como ‘filiales’ de la ilegalizada Batasuna

Los últimos y más novedosos datos de la investigación oficial sobre las actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) dejan las cosas muy claras sobre su vinculación directa con la ilegalizada Batasuna y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), y a la postre con ETA. El hecho de que haya sido descubierta la existencia de una cuenta bancaria central, que actúa como caja común de las tres formaciones, debería ser prueba suficiente para, al menos, facilitar la demanda de ilegalización tanto de ANV como de EHAK.

El Gobierno parece ya decidido a no demorar más sus movimientos y a que el Fiscal General del Estado eleve esa petición al Tribunal Supremo, a fin de que ambos grupos no puedan presentar candidaturas en las elecciones generales del próximo 9 de marzo. Se podrá afirmar, como insiste el Partido Popular, que ese paso tendría que haberse dado antes de los comicios municipales y forales del pasado mayo, lo cual hubiera impedido la presencia de ediles de esas formaciones abertzales en diversos ayuntamientos vascos. E igualmente se podrá cuestionar la trabada decisión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado de impugnar sólo la mitad de las listas de ANV y dejar pasar el resto.

En cualquier caso, ese debate resulta ahora ocioso. Lo cierto es que desde entonces a hoy las autoridades judiciales y policiales han venido acumulando pruebas más concretas y sustanciales para determinar que tanto ANV como EHAK son grupos que actúan como pantalla de ETA, al igual que Batasuna, y que por consiguiente están fuera de la ley. Así se deduce, entre otras certidumbres, del dato según el cual una veintena de miembros de la Mesa Nacional de Batasuna esté en la nómina de EHAK.

La investigación oficial parece indicar que la conexión financiera permite sin problemas la recepción y distribución de fondos entre los dirigentes de los tres partidos. Como ya sucedió con el atentado mortal de dos guardias civiles el pasado 1 de diciembre en Francia, ANV y EHAK tampoco han condenado la última acción etarra, ocurrida el pasado lunes contra una sede socialista en la localidad vizcaína de Balmaseda. La bomba explotó casi al tiempo que el Rey reclamaba la unidad democrática contra el terrorismo. No es probable que eso se produzca a corto plazo. El PP ha vuelto a su sonsonete de culpar al PSOE de romper el consenso y de poner incluso en duda que el Gobierno busque la derrota de la banda, aspecto éste que resulta inaceptable entre dos fuerzas democráticas que han sufrido en sus filas los zarpazos de la banda.

El lehendakari Ibarretxe, entretanto, está cada vez más resuelto a captar votos del mundo abertzale. Poco le importa que sea a costa de cuestionar la labor de las instituciones democráticas. Así lo indican sus desafortunadas afirmaciones el lunes equiparando la violencia de ETA con las recientes actuaciones policiales y judiciales contra la banda.

El Consejo de Ministros formalizó el viernes la decisión política de poner en marcha el proceso de ilegalización de ANV y el PCTV, formaciones para las que pidió el voto la ilegal Batasuna en las anteriores elecciones locales y autonómicas, respectivamente. La decisión sobre la ilegalización corresponde al Tribunal Supremo, pero la de instar esa ilegalización es competencia del Gobierno. Podía haberla adoptado antes o después, por razones políticas; pero es una burda simplificación, como hace el PP, identificar esas razones con intereses electoralistas.

El Gobierno aduce que antes carecía de pruebas «contundentes» de la relación entre esos partidos y Batasuna. Había indicios obvios para todo el mundo, pero es defendible el argumento de que las pruebas documentales principales no se obtuvieron hasta hace poco: tras el descubrimiento de una trama de financiación común, incluyendo los sueldos de los dirigentes principales de Batasuna, a raíz de la detención de la mayoría de éstos, en octubre pasado. Una iniciativa anterior tal vez hubiera abocado a un proceso fallido por insuficiencia probatoria.

Pero también es defendible que la decisión política de instar o no la ilegalización en un momento u otro ha estado condicionada por la expectativa de un final pactado del terrorismo abierta por los años sin muertos que precedieron a la declaración de alto el fuego. Es algo hipócrita considerar que ese factor no debió ser tenido en cuenta. Hoy parece evidente que el Gobierno sobrevaloró la disposición de Otegi y compañía, pero no estaba tan claro en las elecciones autonómicas de 2005, por ejemplo. Esa hipocresía se ha visto favorecida en todo caso por la incapacidad del Gobierno para rendir cuentas tras el fracaso del intento.

Pero una vez cerrada la expectativa de final dialogado, no hay ningún motivo para no tomar las decisiones que la ley permita para evitar la presencia en las instituciones de partidos integrados en una trama de la que forma parte una banda terrorista. El nacionalismo vasco gobernante alega que la ilegalización no contribuye a acercar el fin de ETA; aunque así fuera, habría que considerar también el efecto de no hacer nada: de reconocer, como hace el PNV, la supeditación de Batasuna y marcas sustitutorias a la banda, y aceptar que participen en pie de igualdad en la competición política.

Ese nacionalismo aspira a recoger, como en 2001, una parte de los votos de las formaciones ilegalizadas, pero para ello necesita acreditar su oposición a dicha ilegalización. De ahí su incoherente postura, que parece dirigida, más que a deslegitimar al mundo de ETA, como proponía Imaz, a desacreditar a quienes se oponen a la impunidad de ese mundo. Incluyendo muy particularmente al poder judicial, sometido estos días, como ayer se vio en la manifestación de Bilbao contra la condena de Atutxa, a una presión desde la calle incompatible con las reglas de juego y la tradición democrática del PNV.