Dimisión forzada de Mónica Oltra Jarque (Compromís) como vicepresidenta de la Comunidad Valenciana al ser investigada por las acusaciones de haber encubierto los abusos sexuales de su exmarido

MÓNICA Oltra ha llegado al final de la escapada. La imputación de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana por la gestión del caso de abusos de su ex marido a una menor tutelada le obliga a dimitir de su cargo de forma inmediata. Hace mucho tiempo que debía haber dejado de aferrarse a sus cargos por responsabilidad política, pero ahora ya se trata de un paso inapelable. Estamos ante un asunto especialmente reprobable que interpela directamente al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, quien ya no puede seguir escondiendo la cabeza como el avestruz y al que solo le cabe destituirla si ella decide seguir atrincherada en su sillón. El cerrado apoyo de Puig a la responsable de la formación que tiene la llave de la gobernabilidad ha causado un deterioro enorme al Ejecutivo que preside por los indicios cada vez más concluyentes sobre las maniobras que habría ejercido Oltra para encubrir a su ex pareja.

En un auto demoledor conocido este jueves, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) desatasca el caso al declararse competente para investigar a la vicepresidenta. Y considera en firme «una serie de indicios que hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre Oltra y diversos funcionarios con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…) o bien proteger la carrera política de la aforada». Ya la Fiscalía había atribuido a la líder de Compromís la autoría de un plan destinado al doble fin de ocultar los hechos conocidos en una investigación interna del Departamento dirigido por ella misma y, lo que resulta aun más repulsivo, de desacreditar el testimonio de la menor abusada, cuyas reiteradas denuncia la Generalitat no puso en conocimiento de la Policía ni de la Justicia.

Como efecto colateral, la imputación de la representante valenciana mutila un pilar importante del nuevo proyecto político que trata de impulsar Yolanda Díaz pues, junto a Ada Colau, Oltra era una de sus máximas representantes. Además, supone un duro golpe al futuro electoral de Compromís, de la que era hasta el día de hoy su principal reclamo, a menos de un año de las elecciones autonómicas y con las encuestas augurando un empate entre bloques. De hecho, la formación ya había previsto celebrar este sábado un gran acto de autoafirmación de la figura de Oltra como principal apuesta de la formación. A quien presumía de regenerar la política con formas «más amables, menos fálicas» no le queda otra salida que aplicar la higiene democrática que propugna para el resto de formaciones y dimitir sin dilación.

Lo que se va a juzgar es un caso de abuso de menores. Un tema muy sórdido en el que el educador de un colegio está acusado de abusar sexualmente de una niña.

Pero quien llega esposada a la sala no es el acusado.

Es la niña.

La niña es indiscutiblemente bella. El acusado, sin embargo, es un hombre muy poco atractivo. Chaparro, arrugado, con cierto aire de reptil sobredimensionado.

La niña ya no es tan niña porque, aunque es menor de edad, lo que se ve a primera vista es una mujer hecha y derecha. Alta, estatuaria, bellísima con una melena que le llega hasta el nacimiento de la espalda. Un cuerpo de mujer, pero el rostro de una cría. De una cría asustada. En sus ojos llorosos la jueza ve el miedo, el miedo de un frágil y trémulo cervatillo al que espanta el rumor de una hoja movida por el viento.

La jueza pide disculpas a la menor. «¿Por qué viene esposada?», pregunta. Quienes la traen dicen que porque tiene miedo de que se escape. La niña dice que cómo se va a escapar, si es ella la que ha querido denunciar a su abusador. 

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Los educadores en centros de menores cobran, de media, 1.200 euros. No es una carrera de largo recorrido, los educadores vienen y se van. Claro que vienen y se van, de media duran más de cinco años. Porque es un trabajo duro. El horario es incómodo, va por turnos, hay que hacer guardias, hay problemas cada día, hay muchísimas discusiones y broncas.

Pero, sobre todo, el dolor. Lo peor de todo es convivir con el dolor, me dice mi hermana. 

Tanto dolor que se te mete en los huesos como el frío, y al final llegas a casa y no te puedes librar de él. Ya no disfrutas las salidas con amigos o las tardes de sofá y mantita frente a la tele. Estés donde estés, tu cabeza siempre está en la residencia.

Mi hermana Eva, sin embargo, duró más. Superó los cinco años. Acabó dirigiendo un centro. Toda su vida se ha dedicado a los menores. Desde que estudiaba la carrera hasta que se jubiló: cuarenta y cinco años.

El primer año crees que puedes con todo, pero a los cinco te hundes. Por eso, casi todos los educadores son muy jóvenes, llegan directos de la facultad, creen que van a comerse el mundo. Pero al final el centro les come a ellos.

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Luis Eduardo Ramírez Icardi estuvo once años en el centro de menores Niño Jesús de Valencia.

En el centro estaba internada Maite. Es alta, muy bien formada, tiene una melena de anuncio de champú, y unos ojos enormes y almendrados que brillan como semáforos.

«Carácter fuerte y duro, ha protagonizado insultos y agresiones a los educadores y ha sustraído pertenencias a sus compañeras; el 11 de octubre se produjo la primera fuga; se encuentra en tratamiento en salud mental por TDAH, durante las fugas ha dejado de tomar la medicación y ha faltado a las citas con el psiquiatra con el consiguiente perjuicio para su salud…».

Este es la descripción del carácter de Maite según el informe firmado por María José Navarro, instructora del expediente informativo encargado por la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas para «determinar la certeza de las declaraciones formuladas por la adolescente».

El informe que, presuntamente, encargó Mónica Oltra.

El informe por el que –entre otras razones- la Fiscalía atribuye a Oltra «un plan para ocultar los abusos sexuales de su exmarido».

Este informe se escribe cuando la menor tiene 14 años y ya ha sido abusada. (Ahora lo sabemos, puesto que ya se ha juzgado y sentenciado a su abusador).

Cinco chicas extuteladas que vivieron con Maite hicieron pública una carta de apoyo a Luis Ramírez Icardi, tras haber sido este condenado a cinco años de prisión por haber abusado de Teresa cuando era educador del centro de menores en el que todas residían entre 2016 y 2017. Decían en su carta que Maite reclamaba continuamente la presencia de Luis y que se enfadaba cuando Luis hacía caso a otros niños. Se supone que así se probaba la inocencia de Icardi. Sembrando la sospecha de que Maite le acusó en falso, por celos. 

Pero Maite nunca negó que mantuviera una relación especial con Luis Eduardo.

De hecho, el informe psicológico que se realizó por orden de la Consejería de Igualdad valenciana -a partir de tres entrevistas mantenidas entre una psicóloga del Instituto Espill y Maite- recoge en sus 21 páginas varias afirmaciones de la menor. En ellas, Maite habla de que mantenía una relación especial con Icardi, que tenía gran confianza en él, que le pedía consejo y le contaba sus cosas, y que él le traía chuches.

En el juicio, Luis Eduardo Ramírez Icardi no niega nada. No niega que la niña dormía sola, ni que él iba a visitarla. 

Qué cojones hacía Luis, me pregunto yo, yendo por las noches a la habitación de Maite. Qué hace un hombre de cincuenta años yendo a visitar a la cama a una niña.

En el juicio, Luis explica que por las noches va a ver a la niña porque la niña tiene miedo a la oscuridad y que ella lo pasa mal en la habitación de castigo. A mí me parece una aberración que, si sabes que una cría tiene miedo a la oscuridad, le envíes a una habitación cerrada.

En el informe de 21 páginas citado se habla de una menor difícil, problemática, que se escapa, se pelea. Pero los niños abusados suelen tener comportamientos de rabia y enfrentamientos.  

Por lo tanto, el informe, paradójicamente, me está describiendo punto por punto a una menor víctima de abuso sexual continuado en el tiempo, que es lo que el juicio determinó que era. 

Tal y como se narró en el juicio, el propio novio de Maite se enfrentó con Luis Eduardo y le acusó de propasarse con su novia. Luis Eduardo no lo negó.

No existe un perfil claro de víctima de abuso sexual. Cualquiera puede serlo. Pero también es cierto que es fácil que un predador eligiera a una chica como Maite. El tipo de chicas que Maite representa no lo tienen fácil. Chicas problemáticas, chicas mentirosas, chicas que no caen bien. Chicas que por un lado están desesperadamente necesitadas de afecto y a la que por el otro nadie les creerá, porque tienen mala fama.

En el juicio quedó constancia de que Luis se estaba aprovechando de la vulnerabilidad de la niña. 

Dos policías declararon en el juicio que la noche del 29 de junio de 2017 encontraron a Maite en la calle con una amiga, otra compañera del centro. Las metieron en el coche para devolverlas a la residencia y entonces Maite se puso a llorar. Maite les explicó que no podía volver el centro porque que «le estaban haciendo la vida imposible». Su compañera entonces les cuenta a los policías que Maite no quiere ir a la residencia «porque allí hay un educador que le mete mano».  Y les dice a los policías que su amiga lo ha hablado con la directora, pero que la directora no le cree.

La pareja de policías acude al centro tutelado acompañados de las dos menores. Hablan con la directora y la directora se excusa diciendo que ya se están encargando del asunto.  Se están encargando del asunto, vale, pero si se están encargando del asunto ¿cómo puede ser que siga allí el educador?  La policía comprueba que no se ha tomado ninguna medida, que no existe investigación alguna y que efectivamente el educador tiene carta blanca para entrar en habitaciones por las noches. Y, como guinda del pastel, justo cuando los dos policías van a salir de la residencia, a la salida del centro se les acerca uno de los chicos tutelados, que les cuenta que la niña no miente, pero que el educador «conoce a gente que es influyente».

Esto es lo que la pareja de policías declaró en juicio.

Los agentes no se fían de la explicación de la directora e interponen la correspondiente denuncia ante la fiscalía de menores.

Y así se inicia el procedimiento penal contra Luis Eduardo Ramírez Icardi.

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Imagina que eres una niña tutelada. Llevas desde los cuatro años institucionalizada. Uno de los monitores empieza a prestarte una atención particular. 

Tú te sientes especial, destacada, significada. Visible. Si un hombre tan importante le hace tanto caso, por algo será. Sí, tú tienes un padre, pero como si no lo tuvieras. No guardas muchos recuerdos de él, Tu padre entra y sale de la cárcel como si lo hiciera por puertas giratorias. Es fácil que veas a uno de los cuidadores como a tu padre. Los fenómenos de transferencia son comunes entre los niños institucionalizados.

Imagina que él te trata como si fueras extraordinaria, distinta a las otras. Tú te sientes como una nube. No, no tiene nada que ver con estar enamorada. Tú has tenido novio y sabes lo que es el amor romántico y no, no es eso lo que sientes. Pero sientes algo fuerte. Agradecimiento, admiración. Quizá el deseo de tener el padre que nunca has tenido y que te hubiera gustado tener.

Una menor que ha sido víctima de abusos o violencia no puede identificar las señales de peligro, las banderas rojas. Por eso Maite no ve nada raro cuando Luis baja a visitarla por las noches. Y es que, al principio, cuando Luis viene por las noches a la habitación, no pasa nada. Eso declara Maite. No, no pasa nada, solo habla con ella, le da masajes en el cuello y le acaricia la cabeza.

Es lógico Maite se dejará llevar por la parte afectiva. No solo es que Maite es una niña, por muy mayor que parezca. Es que tiene un punto débil, muy débil: su necesidad desesperada de atención, de afecto, de cariño. El mismo punto débil que tiene cualquier menor institucionalizada.

Por eso, es completamente comprensible que la noche en la que Luis se masturba por primera vez estando con ella, Maite no supiera qué hacer.  Todas las víctimas piensan al principio que es su culpa. Que de alguna manera ellas han permitido que pasara. Los sentimientos de culpa y vergüenza aparecen en todas las víctimas de abuso sexual.

Yo viví una experiencia similar que cuento en un libro, Por qué el amor nos duele tanto. Sé lo que se siente. Solo deseas borrar todo a la mañana siguiente. Dejar que se diluya en la oscuridad de la habitación aislada, esa habitación tan oscura como tu secreto. Aprendes a volver los recuerdos hacia dentro, pero dentro hay algo que te punza. No se puede borrar de la conciencia lo que puede borrar la oscuridad. Yo no lo conté hasta muchos años después, en consulta. Maite se lo contó a sus amigas, a su novio… Y a la directora del centro.

Pero la directora del centro no le creyó.

En el propio informe firmado por la Consellería que dirigía Mónica Oltra, y que antes he citado, se cuenta: «Tras entregar los agentes a la menor en el centro, comunicaron lo relatado por la menor respecto a unos posibles abusos y el personal del centro les informa que en febrero se abrió un protocolo de actuación ante unos posibles abusos sexuales y finalmente se descartó la existencia de los mismos por falta de credibilidad de lo manifestado».

El 28 de julio la Consejería de Igualdad recibe por registro de entrada una orden de alejamiento contra Luis Eduardo Ramírez Icardi que le prohíbe acercarse a la menor María Teresa T. M. durante seis meses a menos de 200 metros.

Pero nadie hace caso de la orden y Luis sigue trabajando allí. Ya no le dejan entrar en las habitaciones, pero lo cierto es que Maite se cruza con el todo el día en los pasillos. La fiscal escribe hasta tres escritos (los días 6, 10 y 14 de agosto) para que se tomen medidas.

La directora llama a Maite a su despacho. Maite cree que le va a preguntar por Luis, pero no le pregunta nada. Le habla de cosas completamente distintas y le dice que le va a trasladar de centro. Y eso es todo.

A Maite le trasladan de centro. En la propia orden del cambio de residencia se especifica que el traslado viene motivado por la petición de la fiscalía. A Luis Eduardo Icardi se le mantiene en el puesto durante meses, encargado de otras menores.

Tiempo después sale a la luz que efectivamente Luis ha sido juzgado.

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El 1 de abril, el juez instructor solicitó formalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigara a Oltra. No solo a Oltra. También a varios trabajadores y puestos intermedios de la Consejería de Igualdad. El juez quiere saber hasta qué punto intervinieron en la confección de un expediente interno que el juez califica de «investigación parajudicial» elaborada para desacreditar a Maite.

La Fiscalía Provincial ha expresado su respaldo a la decisión del titular del juzgado de elevar la causa al citado tribunal.

En el caso, se acusa a algunos trabajadores del centro de omisión en el deber de perseguir un delito, de un delito de abandono de menor, de prevaricación, de omisión de auxilio y de encubrimiento.

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Usted ha llegado hasta aquí y quizá crea que este artículo trata sobre Oltra

Pero no es así. Cuando el dedo señala la luna, el tonto mira el dedo.

Este artículo parte de un caso que se ha hecho mediático, pero este artículo quiere recordarles que hay muchos casos como el de Maite. Que todos esos niños y niñas tienen algo en común. Un pasado de abandono y maltrato, una honda carencia afectiva y la necesidad imperiosa de importarle a alguien

Entre junio de 2020 y junio de 2021 175 menores del sistema protección de la Generalitat Valenciana han denunciado abusos sexuales. El 72% de ellos se encontraba en acogimiento en residencias.

En Madrid, en enero del 2022 se detuvo a una red de 37 personas. 37 depredadores que utilizaban a diez niñas. Diez menores procedentes de centros de acogida. Diez menores a las que estaban vendiendo a puteros a 50 euros el polvo.

Y no, no se trata de un caso único ni aislado. A lo largo de los últimos años, en Mallorca, en Canarias, en Valencia, hemos sabido de otros casos parecidos que involucran a un alto número de niñas. Pero casi no se ha hablado de ellos.

Un informe de Unicef publicado en 2017 y titulado El acogimiento como oportunidad de vida, entrevistaba a más de 300 responsables, educadores y menores. Este informe advertía de que existían casos de explotación sexual en centros de acogida de siete de las nueve comunidades autónomas analizadas. Pero Unicef no explicaba cuáles eran esas siete comunidades.

En España los centros de menores suelen se macrocentros de 70 ó 90 plazas con pocos recursos. En esos centros realizar una intervención individual a de las menores es casi menos que imposible. Educadores como Alberto tienen muy difícil detectar casos de abusos, mucho menos denunciarlos.

En todas las víctimas, el mismo denominador común: chicos y chicas, pero sobre todo chicas.  Que en sus familias de origen han sufrido abandono, desatención y o maltrato. Menores que deberían haber sido protegidos por la administración pública. Menores que residían en centros habilitados para ello. Pero que no fueron protegidos. Todo lo contrario: se les trató como trozos de carne para echársela a los leones.

La cultura de la violación

Hace una semana Alejandra Jacinto, de Podemos, acusaba a Ayuso de «alimentar la cultura de la Violación».

«Cultura de la violación» es un término que se lleva utilizando desde los años 70. Y que hace referencia a la normalización y la aceptación de la violencia sexual hacia las mujeres y las niñas. La cultura de la violación se manifiesta de varias maneras. La pornografía es una de ellas.

Me gustaría que vieran ustedes este tuit de Mónica Oltra.

En realidad, lo que cuenta Nuria Alabao es falso. El PP y el PSOE no se han puesto de acuerdo para criminalizar la producción de pornografía. Ojalá lo hubieran hecho.

Entre el 37% y el 88% de las escenas de la pornografía más común incluyen agresión física (como amordazar o dar «azotes») a mujeres, que representan como explotadas o manipuladas durante el acto sexual.

Hay que tener en cuenta que en España los niños de ocho suelen tener móvil. Y que por eso la edad de acceso a contenidos pornográficos se sitúa precisamente en los ocho años.

Le sugiero que haga un experimento. Agarre su móvil y teclee en el buscador gangbang, anal sex o facecum. ¿Ve lo que aparece? ¿Ve que el acceso a esos vídeos es gratuito? Pues si usted ha podido hacerlo, su hijo ya lo ha hecho y, créame, ha visto escenas mucho más violentas de las que acaba de ver usted.

La edad media de consumo habitual (consumo casi diario) de pornografía son los 14 años entre los adolescentes hombres, los 16 en el caso de las mujeres. Al menos uno de cada cuatro chicos se ha iniciado antes de los 13, parte de ellos, como ya he dicho, a los 8 años.

¿Y qué aprenden de la pornografía? No nos engañemos. El porno no es el que veíamos de jóvenes. Ahora es cada vez más violento. Y el 50% de jóvenes encuestados entre 16 y 30 años reconoce que después de consumir pornografía ha incrementado prácticas de riesgo como sexo sin preservativo, en grupo o violento.

Pornografía y violencia

La pornografía puede fomentar la violencia sexual y la violencia contra la mujer. Existe evidencia de que los adolescentes que consumen pornografía violenta muestran seis veces más probabilidades de ser sexualmente agresivos en comparación con los que ven pornografía no violenta o no ven pornografía. La pornografía más dominante, popular y accesible –es decir, los vídeos que su hijo va a encontrar en internet- contiene mensajes y comportamientos sobre sexo, poder y placer que son profundamente problemáticos. En particular, la agresión física (bofetadas, asfixia, arcadas, tirones de cabello) y la agresión verbal, como los insultos, el sexo anal como castigo realizado con la intención de que las mujeres sufran… entre otras.

La pornografía violenta no solo es cultura de la violación es una escuela de violación.

La violación es un problema enorme en España como lo es en todo el mundo.

La pornografía es parte del sistema prostitucional y muchísimas personas tanto del PP como del PSOE quieren una ley que por una parte castigué el proxenetismo, y por otra restrinja el acceso a la pornografía violenta.

Podemos y sus facciones afines se oponen. Mónica Oltra se opone.

Los que hemos estudiado psicología sabemos que existen no cientos, no miles, cientos de miles de estudios que relacionan consumo de pornografía no con agresiones sexuales.

¿Todos los hombres que ven pornografía con meten agresiones sexuales en la vida real?  No, obviamente. Pero yo le puedo decir que si entra usted a un buscador académico y busca artículos que hablan sobre las relaciones entre pornografía y violencia sexual. El consumo de pornografía se relaciona de manera significativa con la coerción sexual y la violencia sexual (el 100% de los artículos), y las violencias psicológicas (80%) y físicas (66,7%).

Mónica Oltra estaba casada y convivía con Luis Eduardo Ramírez Icardi durante el año en el que Luis Eduardo Ramírez Icardi abusó de una menor. Siguió casada con él y conviviendo con él un año más. 

Quizá, dada la situación en la que se encuentra Mónica Oltra ahora, debería reconsiderar lo de habernos llamados  «femipuritanas» a las personas que pedimos la restricción del libre acceso a la pornografía.

Quizá a Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la asamblea de Madrid, que acusó a Isabel Ayuso de «alimentar la cultura de la violación» se le debería caer la cara de vergüenza.

Yo creo que un partido que no quiere acabar con el proxenetismo ni con la distribución gratuita y de fácil acceso de pornografía violenta está alimentando la cultura de la violación.

Porque en los clubs de España el 90% de las mujeres son mujeres de trata (7). Según la policía.

Cuando Unidas podemos dice que no quiere acabar con el proxenetismo porque hay mujeres que se quieren prostituir voluntariamente miente.

Miente.

Si una mujer quiere prostituirse voluntariamente en España lo puede hacer como trabajadora autónoma acogiéndose al epígrafe del IAE otros servicios personales n.c.o.p.

La conclusión

Podemos, ERC, Compromís, Más País/Equo, CUP, Bildu Nueva Canarias y Junts per Catalunya quiere sacan adelante un anteproyecto de según el cual si ofendes a lo que ellos llamaban personas trans te puede caer una multa de hasta 130.000 euros.

Para entendernos. una ley que dice que, si yo le sigo a usted que estos cuatro señores son hombres, me puedan multar porque «se han identificado como mujeres».

ERC, Compromís, Más País/Equo, CUP, Bildu Nueva Canarias y Junts per Catalunya apoyan un anteproyecto de ley según la cual si haces un chiste de gitanos te puede caer una multa 

Pero ERC, Compromís, Más País/Equo, CUP, Bildu Nueva Canarias y Junts per Catalunya Bildu consideran que no podemos ni debemos evitar que nuestros hijos accedan a imágenes que promueven la violencia contra las mujeres. Que eso sería atentar contra la libertad de expresión.

Me pregunto quién promueve aquí la cultura de la violación. 

Mónica Oltra está sentenciada antes de que la juzguen. Pero no será este humilde escribiente el que sirva de cómplice al fascismo para desbrozarle el camino a Moncloa lapidando en la plaza pública a quien esa ideología criminal ha marcado como objetivo. Pedir la dimisión de Oltra puede servir para curar la conciencia de quien no pierde nada con esa petición vana, pero en ocasiones es preciso dejarse heridas en el camino y plantarse ante quienes usan las instituciones para disciplinar a rojos. Mónica Oltra tendrá que dimitir cuando la condenen, una línea roja inequívoca cuando el que sale de cacería querría ponernos a todos sus adversarios como trofeo en el salón.

Los fascistas que han salido de cacería fingiendo preocupación por los derechos de una mujer han sido José Luis Roberto, líder del partido neonazi España 2000 y que fuera portavoz de una patronal de prostíbulos, y Cristina Seguí, fundadora de VOX, que recientemente hizo públicas las identidades de unas menores que habían denunciado una violación. No solo personajes de la ínfima talla moral de Cristina Seguí o José Luis Roberto han participado, siempre es necesaria la colaboración de una judicatura que prefiere triturar derechos de personas progresistas en vez de valorar cuál es el uso que hacen de la justicia quienes no creen en la democracia. Son múltiples los ejemplos de querellas que han contado con la colaboración cómplice de la judicatura para desacreditar la imagen de políticos, periodistas y activistas, aún sin haber sido jamás culpables de ningún delito. El caso más sangrante es el de Victoria Rosell, diputada de Podemos que tuvo que dimitir tras ser imputada por una conspiración entre un juez prevaricador y corrupto como Salvador Alba y una querella del ministro José Manuel Soria. Victoria Rosell dimitió. Después se descubrió la maniobra artera del juez Alba, pero pasaron años de sacrificio y el daño ya estaba hecho. Ese ejemplo bastaría para que cualquier persona de izquierdas mirara con prudencia cuando se realizan este tipo de operaciones. Si Mónica Oltra acaba siendo culpable, ya tendrá tiempo de dimitir. Hasta entonces la experiencia nos enseña que es mejor pecar por defecto de celo que por exceso.

Para encontrar una brújula moral con la que guiarse es preciso acudir a los hechos. Si de algo existen indicios fehacientes y pruebas consolidadas es de que el fascismo más agresivo inició una campaña contra Mónica Oltra para hundirla por los abusos a una menor de su exmarido. De lo que no existe prueba alguna es de que Mónica Oltra haya participado en una campaña para ocultarlo, como acreditan los testimonios y como reconoce el auto de imputación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. No hay testimonio o prueba que apunte a que Mónica Oltra, de hecho el mismo auto incide en esa situación.  Trece testigos han negado que Mónica Oltra hubiera participado en ninguna actuación para ocultarlo y por eso, porque todos dicen que no, el juez infiere que a lo mejor sí y la ha imputado. Es literalmente así, como todos dicen que algo no ha ocurrido, la fiscal infiere que sí ha ocurrido: “Es imposible que funcionarios de tan diversa naturaleza y categoría, desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y directores de centro y territoriales, mantuvieran unánimemente la misma versión de los hechos, lo que constituye un fuerte indicio del sentido de dicha orden verbal”.

Llegados a este punto cabe valorar los hechos basándonos en la experiencia previa para no actuar con imprudencia y convertirse en un tonto útil de los fascistas que ejercen de colaboradores necesarios para allanarles el camino. Si Mónica Oltra es culpable se dirimirá en un proceso judicial. Siempre se podrá opinar, porque una sentencia no es ley, cada vez menos en este país, pero no hace falta ser culpable para que un partido o político de izquierdas sea imputado basándose en meras especulaciones e inferencias que provoquen así un efecto político sobre la imagen de una persona o colectivo. Los jueces no se arriesgan a condenar a un inocente por mucha inquina que le tengan, la prevaricación es un delito y no pierden su carrera así como así, pero son más laxos a la hora de abrir un proceso penal en las fases previas, conscientes de que ese simple hecho provocará la asunción de responsabilidades, el desgaste político y mediático y la posibilidad cierta de acabar con una carrera. No es preciso condenar a alguien para matarlo socialmente y la judicatura funciona cada vez con más frecuencia como un verdugo sin ley. Nadie pedirá perdón si Mónica Oltra no es culpable. Al menos esperen a que se pruebe que lo sea para ajusticiarla.

La Justicia no es un partido de fútbol y esta columna no es para ninguna barra, sino para personas que quieran asomarse a la realidad. Mónica Oltra ha sido llamada a declarar como imputada y yo se lo anuncié en esta misma columna –Oltra en la habitación–. No se trataba de videncia, como nunca en mis escritos, sino de análisis. Con la exposición razonada del instructor, muy buena y muy razonada, no cabía otra que la imputación, lo contrario hubiera sido prevaricar. Es una valoración realizada con el mismo conocimiento de la justicia y la misma ponderación que cuando les dije que la exposición razonada realizada contra Pablo Iglesias por García-Castellón era una basura que no iría a parte alguna –Los mamporreros de la Nacional– o cuando les dije que era una trapacería de Batet arrebatarle el escaño a Alberto Rodríguez –Nosotros, el pueblo–, como se verá cuando en breve el TC conceda las cautelares y se lo devuelva. O cuando con mucha polémica les dije que no se podía jalear a Juana Rivas porque acabaría condenada por secuestro –Juana no está en mi casa–. Puedo seguir hasta cansarme porque nunca ha habido en mis análisis periodísticos sobre temas jurídicos nada que no se contenga en esas palabras: análisis, jurídico y periodístico.

Es preciso primero entender qué significa llamar a Oltra como imputada y por qué no quedaba otro remedio, y también qué es lo que la Justicia busca saber en este caso en el que hay 13 personas imputadas por prevaricación, abandono de menores y omisión de la persecución de delitos. Sucede que una vez iniciado el procedimiento judicial por abusos sexuales contra el aún marido de Oltra se inició un expediente administrativo paralelo que, una vez diseccionado por el juez instructor durante meses, más de un año, ha resultado un expediente dirigido a “desacreditar a una menor víctima de abusos sexuales” –por los que recayó condena de más de 5 años al ex marido de Oltra, sin que ninguna instancia judicial dudara de la credibilidad de la niña– y a “interferir en un proceso penal”.

Resulta entonces que 13 funcionarios especializados en menores y en su tratamiento llevaron a cabo acciones administrativas que podrían encuadrarse en esos delitos. Llegados a este punto de la instrucción solo caben dos inferencias lógicas: o lo hicieron motu proprio para beneficiar a su jefa, sin que ella lo supiera, –un poco como las profesoras del máster de Cifuentes, ironía on– o lo hicieron por indicación de su jefa, Mónica Oltra, para encubrir al abusador o para proteger la carrera política de esta última. No queda más remedio que preguntarle a ella judicialmente y la única forma que puede haber para proteger sus derechos, puesto que podría comprometerse y no puede declarar como testigo obligada a decir verdad, es imputarla. Quien pretenda que no había que imputar a Oltra pretende que no nos importe saber por qué no solo no se protegió ni se preguntó ni se ayudó a una niña que había sido abusada en un centro en el que se la debía proteger, sino también por qué se contribuyó a desprestigiarla, desacreditarla y convertir a la víctima casi en una delincuente. Yo sí te creo, hermana. Seamos consecuentes. En el centro de acogida lo fueron tan poco que permitieron que Teresa fuera llevada a declarar como testigo-víctima de abuso sexual esposada, como si fuera una criminal. Un escándalo apoteósico.

Hasta ahí el análisis objetivo de las circunstancias judiciales en las que se encuentra Oltra. La cuestión es que se encuentra en muy mala posición jurídica y política y en buena parte se la ha buscado ella misma.

“El expediente lo encargué yo”, dijo airada en Les Corts, no en una entrevista ni en Twitter, sino en sede parlamentaria. A los 20 días se desdijo, supongo que con asesoramiento de un letrado, porque si el expediente anómalo lo encargó ella, ella está a la cabeza de las acciones que se han calificado de delictivas.

Más allá de eso, también intentó negar que al iniciarse el expediente ella conociera la existencia de un procedimiento penal contra su marido, pero en la documentación judicial figura claro que cuando se emitió citación para él, esta fue recogida por Oltra en la residencia conyugal. “Tuvo conocimiento Mónica Oltra, pero no la vicepresidenta”, ha llegado a afirmar. Esto ni lo comento.

Llegamos entonces a la patética rueda de prensa tras la imputación, que Oltra decidió dar vestida de lila, quiero pensar que por azar y no por reivindicación feminista en este desgraciado asunto. “La frase que define el auto es que no existe prueba directa”. No puede ser una manipulación más vergonzosa. Dice el auto: “Cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada, pero sí que concurren unos indicios plurales, que hacen pensar que fueron orquestados con ese fin, tanto por la persona a la que beneficiarían [Oltra] como por la relación que presentan con el proceso penal que intentaron obstaculizar [el del marido de Oltra]”. Y ahora díganme ustedes: si se han producido delitos al realizar una acción que solo tiene dos posibles beneficiarios y en último término una gran beneficiaria, Mónica Oltra, ¿cómo no va a investigarla la Justicia?

“Esto es cuestión de la extrema derecha que no puede ganar”, afirmó en rueda de prensa. Una frase para uso exclusivo de seguidores muy cafeteros. La extrema derecha, en efecto, presentó una denuncia inicial. No voy a decirles nada sobre la persona que lo hizo, metan su nombre y el mío y verán que poco delicadas injurias me ha dedicado durante años, pero es que ella no es importante para nada en esta historia. Puestos los hechos en conocimiento de la Justicia, tanto el juez instructor como la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert (de la Unión Progresista de Fiscales y feminista de larga trayectoria), tras una instrucción con todas las garantías han visto lo que yo les cuento y coinciden en la necesidad de tomarle declaración. No hay ningún lawfare aquí ni ninguno de los dos son sospechosos de nada. ¿Por qué iba a decirles lo contrario cuando tantas veces he señalado a los jueces que sí han llevado a cabo tropelías procesales incluso contra personas del mismo espectro político que Oltra?

Y, por último, vamos al tema de su solicitada dimisión, en el que también se ha metido ella misma. Yo he defendido durante años que la mera imputación no debería ser causa de exigencia de responsabilidad política –la dimisión o el cese– precisamente para soslayar las imputaciones espurias o aquellas que terminaran en sobreseimiento. Siempre he pensado que técnicamente es el auto de procesamiento –cuando ya ha concluido la instrucción y se va a pasar a los trámites de juicio oral– cuando los datos acumulados son suficientes para exigir ese paso de responsabilidad política, que casi siempre es un paso sin retorno. Fue la izquierda la que se vino arriba cuando al PP le empezó a aflorar la corrupción y así muchos partidos crearon códigos éticos que lo exigían. En ese marco le dijo, también en sede parlamentaria, Oltra a Camps: “El día que me vea como usted, imputada, me iré a casa”. No hay más palabras, señoría, o no debería haberlas si uno es de una pieza.

Todas las demás cuestiones poco tienen que ver. Me produce una profundísima vergüenza ver a sectores de la izquierda capaces de ver la paja y no la viga, que están dispuestos a pedir responsabilidades cuando hay que hacerlo, siempre que sea al adversario y no al propio. Pues, ¿qué quieren que les diga?, la superioridad moral de la izquierda que tanto le molesta a la derecha reside precisamente en lo contrario: en ser igual o hasta más exigente con los propios que con los contrarios.

Lo cierto es que ahora mismo Oltra con sus actitudes pasadas –porque ella se pudo poner públicamente al frente de la protección de la menor abusada– y las presentes está perjudicando a Compromís, al Govern valenciano, a Ximo Puig, a Yolanda Díaz y su proyecto y también al PSOE, que precisa de un resultado determinado de este espectro ideológico para poder aspirar a gobernar una legislatura más.

Mónica Oltra, por ética, por estética y por política, lo que tiene que hacer es dimitir.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha llamado a declarar como investigada a Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat, el próximo 6 de julio por un presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada de 14 años. El caso se remonta a 2017, cuando Oltra era ya consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas (y responsable de los centros de menores) además de vicepresidenta. El juez de instrucción cree que pudo haber un desamparo intencionado a la menor tutelada y ha imputado ya a los 11 funcionarios del equipo de la consejería. Al ser aforada Oltra, el juez solicita al tribunal que la interrogue sobre su actuación entonces. El tribunal reconoce la ausencia de “prueba directa” contra ella, pero aduce también “indicios plurales” de una conducta concertada y una respuesta idéntica por parte de los funcionarios de la consejería que podría delatar una estrategia de protección de la misma Oltra o de abandono de los derechos de la víctima, cuya denuncia fue minimizada o desatendida por la consejería por falta de credibilidad. El exmarido de Oltra fue condenado a cinco años por abusos sexuales a la menor, aunque la sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.

La negativa a dimitir de Oltra, también portavoz del Consell presidido por el socialista Ximo Puig, la ha colocado a ella misma y a su Gobierno en una posición insostenible. Actos y declaraciones de apoyo sin fisuras de su partido, Compromís, como los vividos el viernes y el sábado no ayudan a encontrar la salida a un problema que pone en jaque al Gobierno valenciano. Compromís ha recordado que la destitución de Oltra podría conducir a la ruptura de la coalición. Pero es que, ahora mismo, la permanencia de la vicepresidenta en sus cargos erosiona la acción del Gobierno de socialistas, Compromís y Unides Podem. La dimisión ante la gravedad de las imputaciones de la fiscal y del juzgado de Instrucción (y del propio tribunal) es la única salida para proteger las instituciones, defender su inocencia y abrir la puerta a un eventual regreso en cuanto se dirima la causa.

Mientras tanto, cada día que pasa la resistencia a ceder el cargo perjudica un poco más la credibilidad política de la responsable del pacto del Botànic y debilita su propia posición en un Ejecutivo que llegó a la Generalitat con la bandera de la ejemplaridad. Poco tiene que ver en este asunto de la ejemplaridad la filiación ideológica —de ultraderecha— del abogado de la menor, la querella interpuesta por una fundadora de Vox o que el mismo Vox se haya sumado a la denuncia. La gravedad de la cuestión explica que la Fiscalía y los tribunales, primero el juez instructor que lo pide y ahora el Superior, se hayan interesado en recabar el testimonio de la investigada y es esa misma circunstancia la que debería convencer a Oltra de la conveniencia de declarar sin ostentar un cargo político de la relevancia del suyo.

CASI 2O AÑOS han pasado desde que el marido de Mónica Oltra, la entonces consejera del Gobierno de la Comunidad Valenciana, y varios funcionarios a sus órdenes decidieron destrozar la vida de una niña tutelada por ella y de la que había abusado sexualmente él, celador del centro.

Para protegerlo y protegerse, Oltra y sus cómplices no dudaron en destruir la credibilidad de la niña negando toda posibilidad de verdad en la denuncia, que sólo se activó cuando un policía, alertado por una amiga de la menor, sorteó el orondo obstáculo de la consejera y pasó la denuncia a la fiscalía. Juzgado, condenado y ratificada la sentencia en el Supremo, el marido de Oltra está a las puertas de la cárcel, apurando las mieles de su impunidad. Comunistas y socialistas siguen apoyando a Oltra.

Casi 20 días han pasado desde que Oltra, pese al sórdido silencio de casi todos los medios valencianos, que ocultaban en las ruedas de prensa de la consejera sobre ese caso que el presunto abusador era su marido, haya sido imputada en tres líneas delictivas, a cuál más grave: la protección del abusador, su propia protección como conocedora del abuso, y la agresión a la víctima, a la que se trató de mentirosa y loca, se llevó esposada ante el juez y se echó del trabajo que, años después, había conseguido en un centro sanitario cuando pasó a depender de Oltra. El recurso contra ese despido ha sido admitido por un tribunal de Elche, que acepta que sólo se buscó reforzar la tesis de que la niña era incapaz decir la verdad sobre los abusos. Todas las sororas y sororos siguen apoyando a la imputada.

Casi 20 horas han pasado desde que la policía encontrase en la consejería de Oltra los dos documentos cuya existencia había negado, y que demuestran que sí se activaron, porque existían, los protocolos legales para proteger a la víctima de un abuso de la Administración, caso de la menor tutelada, pero que se obviaron en favor del violador.

Porque hay que recordar que las Yolanda e Irene, Belarra y Garzón, García y Colau, Iglesias y Errejón, consideran legalmente violación a todo abuso o agresión sexual, del piropo a la penetración violenta, y todos han seguido respaldando a Oltra. La superioridad inmoral de esta Izquierda que presume de superioridad moral, pero sólo atiende a las mujeres que usa en su provecho, ha quedado acreditada para siempre. Y las sororas violadoras, retratadas.