25 agosto 1982

Era autor de algunos de los reportajes sobre las irregularidades de Banca Catalana, entidad de la que Pujol era principal accionista

Jordi Pujol nombra al periodista de EL PAÍS, Alfons Quintá, primer director de la nueva televisión pública catalana TV3

Hechos

En agosto de 1982 D. Alfons Quintá fue designado director del primer canal de la Corporación de Medios Audiovisuales de Catalunya.

Lecturas

 

bancacatalana222 D. Alfons Quintá, como delegado de EL PAÍS en Catalunya había publicado informaciones sobre las irregularidades de Banca Catalana de la que D. Jordi Pujol era el principal accionista.

Juan Luis Cebrián

Primera Página

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Jordi Pujol, accionista temprano de EL PAÍS y con quien nuestras relaciones fueron bien diferentes muchos peores, para decirlo a las claras, que con su predecesor en el palacio de Sant Jaume. Los conflictos comenzaron tan temprano como en abril de 1980 cuando Alfons Quintá, nuestro corresponsal en Barcelona a sugerencia de Antonio de Senillosa, public´la primera crónica de una serie sobre el caso Banca Catalana. La entidad financiera había sido presidida por Pujol antes de que llegara al poder de la Generalitat. Acabó en bancarrota y sus gestores serían años más tarde objeto de una querella criminal por parte de la fiscalía durante el Gobierno de Felipe González. El artículo de Quintá causó estragos. Recibí la llamada, lo mismo que Polanco, de Francisco Fernández Ordoñez, entonces apartado brevemente del a vida pública y titular de un bufete de abogados junto con Antonio Eraso, compañero del rey Juan Carlos en sus estudios de bachillerato. Paco nos convocó a una comida en el restaurante Zalacaín, el más lujoso de la ciudad, al a que sorpresivamente acudieron no menos de cinco representantes de Jordi Pujol, todos altos funcionarios de la Generalitat y algún diputado al Parlament. Defendieron abiertamente la tesis de que el caso era una invención destinada a minar el crédito político del molt honorable y perjudicar la causa nacionalista. Entre amenazas y lisonjas pidieron que no continuara la publicación de la serie. La presión, a la que se sumó sin reparos el propio Polanco fue tal que me vi obligado a ceder. El segundo y tercer artículos que habíamos preparado nunca vieron la luz, ni dimos tampoco explicación alguna al respecto, salvo al autor de la serie, que no me pareció ni sorprendido ni compungido por mi decisión. Esta es, creo, la mayor pifia que cometí durante mis años al frente del diario y constituyó un crimen de leso periodismo.

26 Octubre 1983

El poder del fútbol y la debilidad televisiva

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

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EL CONVENIO de colaboración firmado entre el Fútbol Club Barcelona y el canal de televisión autonómico de Cataluña (TV3) establece que el club. participará en los beneficios que genere la publicidad de los espacios relacionados con sus actividades deportivas, incluida la retransmisión de partidos de fútbol fuera de casa. El acuerdo también reconoce al club el derecho unilateral de rescindir el contrato si cualquier programa de TV3 emitiese informaciones falsas o que pudiesen perjudicar la imagen, de la entidad o de sus directivos. El director general de RTVC, Pere Cuxart, ha explicado que, gracias a este acuerdo, quienes deseen seguir al Fútbol Club Barcelona se verán obligados a conectar con TV3. Se comprende que la televisión pública catalana -y en catalán- haga todos los esfuerzos imaginables para captar audiencia. Ahora bien, el precio por ganar la batalla de la competencia no puede incluir ni la consagración de estrafalarios privilegios, pagados con el dinero ingresado por una entidad pública, ni los atentados contra la libertad informativa y contra la ética en general.En el aspecto económico del contrato llama la atención que el Barcelona reciba dinero por la retransmisión de encuentros en campo contrario. La fórmula es tanto más sorprendente cuanto que el único perjudicado posible por la presencia de las cámaras en los graderíos no es el equipo visitante, sino el anfitrión. La cobertura geográfica de TV3, limitada a Cataluña, introduce la variante de que la retransmisión no podrá efectuarse, como es obvio, cuando el contrincante que juega en su domicilio no sea un club catalán. Todavía más escandalosas. son otras cláusulas que el Barcelona ha impuesto en la redacción final del acuerdo. Pese a que el Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión suprimió la expresión «explotación compartida» (por considerar que introducía la privatización en la gestión de un ente público), el recambio terminológico -«participación en los beneficios»- no modifica el espíritu del convenio. La comisión mixta, en la que participan él club y TV3, retiene prerrogativas de control, aunque el texto final haya sustituido una enumeración de sus competencias por una remisión a «cualquier tema del presente contrato».

Pero lo que resulta del todo vergonzante en el contrato son las limitaciones que el Barcelona pretende imponer a los informadores de TV3. La primera redacción del acuerdo consagraba, sin más, el derecho unilateral del Barcelona a rescindir el acuerdo si cualquier emisión del canal autonómico difundiera informaciones que perjudicasen al club. La posterior referencia a la mediación de un arbitraje previo a la rescisión apenas suaviza la intromisión censoria del club en la política informativa de TV3. En la redacción final del contrato, ese derecho del Barcelona intenta ser contrapesado con la ridícula acotación de que «se respeta, sin embargo, la libertad del informador de juzgar los acontecimientos del juego en cualquier deporte». Faltaría más. Pero, desde el momento mismo en que se cree necesario hacer explícita esa obviedad, parece reconocerse de manera implícita el exiguo margen concedido por el leonino acuerdo a la libertad de expresión, fuera de la cual quedan instaladas todas las opiniones que no se refieran a la justicia de un libre indirecto o a la oportunidad de una determinada alineación. Para no dejar resquicio a la duda, el texto especifica que el derecho de rescisión unilateral podrá ejercerse no sólo cuando la información no sea veraz, sino también cuando las noticias atenten contra la institución, sus intereses, su imagen o la de sus integrantes. Se crean, de esta forma, las condiciones jurídicas para aplicar una particular censura a las informaciones de TV3 que versen sobre actuaciones deportivas y extradeportivas -incluso en relación a sus negocios particulares- de los directivos del club catalán. No faltarán ocasiones a los inquisidores. Citaremos, como ejemplo práctico de un conflicto sobre el que TV3 podría ejercer la autocensura, el actual enfrentamiento entre el presidente del club, que desea ampliar el estadio, y el ayuntamiento de la capital catalana, que exige, por razones urbanísticas, una adecuación previa de los accesos al Camp Nou.

El director general de la televisión catalana ha definido el acuerdo como un «tratado de amistad» y ha afirmado que TV3 se convertirá, de este modo, en el principal portavoz del Barcelona. Una entidad pública, obligada a respetar escrupulosamente el pluralismo y financiada con el dinero del contribuyente (que puede no ser socio del Barcelona o, siéndolo, reclamar igualmente una información veraz y discrepar de sus directivos), no puede jactarse de ser el portavoz de un club de fútbol ni halagar a sus hinchas. No debe hacerlo impunemente. El resultado es que el Barcelona, que es una sociedad que se beneficia de la especial situación legal de los clubes de fútbol en este país, impone cláusulas económicas privilegiadas y el derecho a la censura informativa; y TV3 acepta el vergonzoso acuerdo y lo firma con el espíritu monopolístico propio de Prado del Rey, del que ya han empezado a copiar los vicios más lamentables.

La actitud de los partidos políticos catalanes representados en el Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión ha sido decepcionante. Salvo los socialistas, los demás han aceptado, con lamentaciones protocolarias, los ligeros retoques aplicados al contrato a instancia suya. Los partidos que apoyan al Gobierno catalán han respaldado el acuerdo porque lo consideran una baza capital de la política de Convergència (el propio Jordi Pujol se entrevistó con Pablo Porta para resolver los eventuales problemas federativos que pudiera implicar el contrato). Los comunistas -poco preocupados, según se ve, por la autonomía profesional y por la libertad de informar- también han dado su conformidad al contrato. La solitaria oposición de los socialistas catalanes es elogiable. Lástima que la posición discrepante del PSC respecto a TV3 se dé de bruces con la obsecuente actitud de sus compañeros del PSOE ante los dislates de la dirección del ente público en Prado del Rey. Resulta desconsolador, en cualquier caso, que el canal autonómico catalán presente, casi desde su nacimiento, lacras parecidas y aún peores a las que ofrece la televisión pública de ámbito estatal.