La Audiencia Nacional absuelve a Emilio Botín del caso de las ‘jubilaciones millonarias’ a Amusátegui y Corcóstegui

A primera hora de la mañana del miércoles, tres mujeres de edad madura se apostaron a la entrada de la Audiencia Nacional, dispuestas a manifestar su apoyo a Emilio Botín. Se trataba de antiguas doncellas del servicio del banquero, que durante años fueron la envidia de las sirvientas de Alonso Alvarez de Toledo y Urquijo, marqués de Valdueza, su vecino en Somosaguas, porque ellas ganaban la friolera de 95.000 pesetas mensuales, sin contar las medias pagas que recibían el 18 de julio y Navidad, cuando las del señor marqués no llegaban, siquiera, a las 60.000. Con esos ahorros y con los abrigos de nutria y astracán que de vez en cuando doña Paloma O Shea descartaba de su fondo de armario, las tres han reunido un pequeño patrimonio del que se sienten orgullosas.Y allí estaban, agradecidas, desafiando el intenso frío, enfundadas en sus pieles de señoras de postín, apoyando al señorito porque «es de mujeres bien nacidas ser agradecidas».

La foto que el viernes ilustraba las portadas de los diarios es un documento de valor histórico: Botín, Amusátegui y Corcóstegui, tres figuras de la banca, en el banquillo de los acusados. Don Emilio, presidente del primer banco y dueño de la primera fortuna española, ejemplifica mejor que mil tratados las amitiés dangereuses del poder financiero con el político en nuestro país. La promoción de un modesto juez de Almería hasta la cúpula de la Audiencia Nacional, bajo la directa tutela de José María Aznar y con el exclusivo objeto de controlar los dos tribunales que han de juzgar al banquero, es una de esas operaciones que desacreditan a toda una clase política. La recusación del juez de marras para presidir el primero de tales juicios ha frustrado, en parte, la maniobra.Se trata de que nada ni nadie importune al gran banquero. Los partidos políticos se han convertido en complejas maquinarias de poder per se, costosísimas tramas que dan empleo a mucha gente y que hay que financiar al margen de la ley. ¿Cómo y quién corre con la cuenta? La respuesta está en esos consejos de administración en los que, 30 años después de la muerte de Franco, aún no ha entrado el conjunto de buenas prácticas que caracteriza una economía competitiva y, sobre todo, democrática, es decir, respetuosa con la Ley.

Contemplar la nómina de banqueros presente en los tribunales o habiendo pasado ya por ellos, algunos incluso en la cárcel, es la demostración empírica del estado predemocrático en que sestea nuestro sistema económico. El 26 de junio del 86, Ignacio Coca, dueño de una de las tres grandes fortunas del franquismo -con March y Fierro- se descerrajó un tiro en la sien con un pequeño revolver de nácar a la hora del aseo matinal, en su palacete de la calle de Orfila, mientras Néstor, su ayuda de cámara, atendía el baño. Banesto había comprado el Banco Coca, y el due dilligence posterior afloró un agujero que el propio Ignacio avaló con bienes personales por importe de 54.000 millones de pesetas de la época, un fortunón. Pero Ignacio Coca, entonces ya asistido por Matías Cortés, no aguantó la presión del escándalo y se pegó un tiro.Todo un samurái. Nuestros pastueños banqueros del momento se avienen ahora a posar con gesto ausente en el banquillo, con cara de no haber roto un plato.

Del escandaloso escame en que en España viven poder político y poder económico, de la colusión entre lo publico y lo privado, del grado de intervencionismo oficial existente en la economía es tan responsable el poder político como los poderes económico-financieros.Es el resultado de una clase empresarial acostumbrada a hacer negocios a la sombra del Gobierno de turno. Nunca hicieron nuestros millonarios tan buenos negocios como en la España del felipismo.La biutiful pipol. «Convéncete, los ricos no me apoyan porque saben que conmigo les iría bastante peor que con Felipe», afirmaba José María Aznar en 1994. Mentira. Siguieron haciendo los mismos buenos negocios que con su predecesor, y muchos de ellos, algunos con condena pendiente, llenaron la nómina de invitados a la famosa boda escurialense. Como el camaleón, los ricos hispanos cambian de piel según gobierne PP o PSOE. Ellos siempre a lo suyo, al business, ajenos a la necesidad de democratizar las prácticas mercantiles.

Dos ejemplos muy actuales ilustran la vieja, inextricable alianza que en España mantienen dinero y política: el asedio al BBVA, y la OPA sobre Aldeasa. El esquema es casi idéntico. En el caso BBVA, los Abellós y Cía. se ponen en manos del Gobierno del PSOE para que les despeje el camino a los órganos de Gobierno del banco antes de arriesgar un duro, como prueba el hecho de que, a estas alturas de la batalla, los constructores no tengan una acción del banco en sus manos. Ni una broma cuando de arriesgar dinero propio se trata. Jugar sobre seguro. Contemplar, sin embargo, al Ejecutivo hurgando en los trapos sucios fiscales de FG es algo que necesariamente debe poner los pelos de punta a un Abelló, y no digamos a un Rivero. Bastaría con que la CNMV mirara lo ocurrido con la cotización de ENA en Bolsa en los días previos a su compra por Sacyr, para que a Rivero, techo de cristal, se le quitaran las ganas de jugar con fuego.

La operación de Aldeasa es todavía más escandalosa por evidente.El mismo escenario: otras dos grandes fortunas patrias, March y Koplowitz, tentando a un socialista del pedigrí de Pedro Pérez -ex secretario de Estado y ex presidente de Tabacalera- con la manzana prohibida de la presidencia de Aldeasa (y el 0,8% liberado de la sociedad opante) para involucrar al Gobierno, vía ministra de Fomento, en el éxito de una operación que consiste en comprar la sociedad que explota las tiendas de los aeropuertos a precio de ganga. Y para ablandar los ánimos de los gestores (cuyo presidente le debe el puesto al antaño omnipotente dedo de Rato), Aeropuertos Españoles (AENA), organismo público dependiente de mi Maleni, a su vez íntima amiga de Pérez, remite a Aldeasa el mismo día que se hace pública la OPA una carta anunciando su intención de renegociar, sin base jurídica alguna, el contrato de concesión de dicha explotación, la parte del león del negocio de la sociedad.Cuando el riesgo de más OPA competidoras aflora, nueva carta anunciando una revisión radical de los pagos que la firma realiza a AENA. Sobran los comentarios. Por desgracia para Oscar Fanjul y Carlos March (cuyos asuntos lleva Lalo Azcona), la OPA de Autogrill del viernes ha puesto el precio de Aldeasa en 33 euros. Se acabó el chollo.

Primer accionista de Aldeasa es Altadis (34,6%), pero la tabaquera ha estado semanas sin abrir la boca. ¿Es que a Pablo Isla, presidente de la tabaquera, no tenía nada que decir? El mercado llegó a pensar que el interés de Isla residía en conservar su sillón y no molestar al nuevo poder. Ahora, ya sabemos en qué andaba ocupado, pero las sospechas eran lógicas. En Banana Republic es indispensable estar a bien con el poder político, sea de derechas o de izquierdas, para poder seguir haciendo negocios. Y hasta para que no le metan a uno a la cárcel, como bien saben Los Albertos.Si, además, se rodea de un buen aparato mediático, sus pelotazos (tal que las plusvalías de Botín con la venta de RBS) se celebran como si fueran conquistas populares. Incluso se puede alcanzar reconocimiento social: Florentino Pérez, paradigma de esa forma de hacer negocios a la sombra del poder (y del concejal de urbanismo) de turno, acaba de ser elevado a la categoría de «ser superior» por uno de sus sirvientes de lujo.

Urge una ley realmente transparente de financiación de los partidos, origen de todas las corrupciones. Algo tan importante como la cuestión territorial y, desde luego, más que la financiación sanitaria o el futuro de las pensiones, con ser ambos asuntos graves. Separar, de una vez por todas, lo público de lo privado debería ser uno de esos objetivos para incluir obligatoriamente entre los tres o cuatro grandes topics para cuya solución mucha gente reclama acuerdo entre los dos grandes partidos. Es hora de mejorar la calidad de nuestra pobre democracia, so pena de dejar definitivamente de creer en ella. La alternativa es la ley de la selva, y estamos ya muy cerca.

La Audiencia Nacional ha absuelto a Botín, Amusátegui y Corcóstegui en el caso de las jubilaciones millonarias, cobradas por los dos últimos tras su salida del SCH. La sentencia está cargada de sólidos argumentos, algunos de los cuales ya apuntamos en estas páginas el mismo día de la apertura del juicio oral.

Ha quedado demostrado que el caso contra Botín no se construyó en base a argumentos jurídicos claros sino sobre la demagogia.Como bien señala la sentencia «la fijación del importe de las retribuciones depende, en definitiva, del mercado». Por tanto tan escandaloso como que Amusátegui y Corcóstegui se llevaran entre ambos 160 millones de euros por sus servicios al banco, son los sueldos de los futbolistas.Y aunque la estratosférica cuantía de las jubilaciones puede resultar moralmente reprobable y habría legitimado a los accionistas para criticar la gestión de Botín, no justificaba sentarlo en el banquillo. Ni a él ni a los jubilados de oro. Porque, como explica el dictamen judicial, la operación no fue constitutiva ni de apropiación indebida, ni de delito societario ni de ningún otro delito recogido en el Código Penal. La tesis de la acusación -encabezada por un Pérez Escolar aquejado de un ansia patológica de venganza- era que las superjubilaciones fueron una especie de soborno para que los ejecutivos del BCH aceptaran una absorción del Santander en peores condiciones de las que podrían haber obtenido. Pero esto no se ha podido demostrar y, además, las cantidades abonadas a los ejecutivos salientes fueron aprobadas, según recoge la sentencia, «con perfecto conocimiento» por el propio consejo de administración, que era el órgano competente.

A esto se añade que la unión entre ambos bancos «se realizó con eficacia»: disparó la cotización y la rentabilidad del SCH, por lo que el supuesto perjuicio patrimonial de los accionistas alegado por la acusación «brilla por su ausencia». Es justo, pues, que Botín y sus antiguos colegas hayan sido absueltos. Su conducta puede merecer algún tipo de crítica social, pero hubiese sido un auténtico atropello que por ella acabasen entre rejas.