La Audiencia Nacional condena Abu Dahdah a 27 años años de cárcel en el macrojuicio a Al Qaeda en España (Operación Dátil)

La policía desmanteló ayer una trama del Movimiento Muyahidín que se dedicaba a reclutar terroristas para Osama bin Laden. Los agentes, a las órdenes del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, detuvieron a 10 radicales en Madrid y a uno más en Granada. El máximo responsable de esta trama, Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, es un sirio de nacionalidad española que viajó recientemente a Afganistán.

La trama desmantelada por los servicios de información de la Policía Nacional pertenecía a la red Al Quaeda, dirigida por Osama bin Laden. Trabajaban en España desde al menos 1996, según informaron fuentes policiales.

El anuncio del «éxito» policial fue hecho por el presidente del Gobierno, José María Aznar, al término de la rueda de prensa que ofreció ayer junto al presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Silvio Berlusconi, justo cuando ambos dirigentes insistían en su apoyo «pleno» a la operación Libertad Duradera desencadenada por EEUU para acabar con la organización terrorista que dirige Bin Laden desde Afganistán y a la que se acusa de haber cometido los atentados del 11 de Septiembre.

Aznar lanzó la noticia después de que el vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, presente en la sala, le pasara una nota en la que apuntaba el fin de las detenciones.

Fue Rajoy quien, posteriormente, explicó los detalles de una operación cuyas primeras investigaciones se iniciaron hace dos años y fueron aceleradas e intensificadas desde que se produjeron los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

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Numerosos registros

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El dispositivo policial que condujo a la desactivación de la célula se puso en marcha ayer a las 8.00 horas y concluyó a mediodía. En total, fueron detenidas 10 personas en Madrid y otra más, en Granada. Los miembros de la célula muyahidín son de nacionalidad tunecina y argelina, excepto su jefe, Imaz Edim Barakat, un sirio con nacionalidad española. Durante la operación fueron registradas 15 viviendas. A los detenidos se les intervino abundante documentación, vídeos, soportes informáticos y armas, del calibre 22.

Según la información facilitada por el Ministerio del Interior, 11 son los detenidos. En Madrid fueron capturados Imad Eddin Barakat Yarbas, Abu Dahdah, Luis José Galán González, Yusuf Galán, Jasem Mahboule, Abu Mohamad, Bassan Dalati Satut, Abu Abdo, Mohamed Ghaleb Kalaje, Abu Talha, Osama Darra, Abu Bashir, Mohamed Need Acaid, Nidal, Said Chedadi, Said, Ahmad Raghad Mardini, Abu Amer, y Mohamed Arabi. En Granada fue capturado Mohamed Zaher Asade.

La denominada «operación Dátil», ha supuesto el desmantelamiento de la infraestructura en España de una red islámica vinculada a Osama bin Laden.

La mayoría de los detenidos son antiguos muyahidines (combatientes islámicos) en Afganistán, Bosnia y otros frentes islámicos. Han participado en cursos de adiestramiento terrorista en campos de Afganistán y de otros países. En su mayoría, los detenidos tienen nacionalidad española, aunque proceden de países musulmanes, principalmente de Siria. Imad Eddin Barakat es considerado el «representante» de la organización de Osama bin Laden. Según Interior, sus principales actividades consistían en el reclutamiento de jóvenes extremistas islámicos para su envío a campos de entrenamiento terrorista. También participaba en las tareas de financiación del llamado Movimiento Muyahidin, mediante la recaudación de dinero para la «causa» procedente, entre otras vías, del uso fraudulento de tarjetas de crédito robadas. Otras actividades de este grupo eran facilitar documentación falsa para todos aquellos muyahidines que lo necesitaran, darles cobertura y prestarles apoyo en España. Imad Eddin Barakat, mantenía diversos contactos con destacados extremistas islámicos de Europa, entre ellos el líder religioso Omar Mahmub Othman, que reside en el Reino Unido; el belga de origen tunecino Tarek Maroufi, que está reclamado para ser extraditado por las autoridades italianas que le acusan de terrorismo; y Mamoun Darkazanli, residente en Alemania, cuyas cuentas financieras han sido bloqueadas recientemente dentro de la campaña internacional contra los circuitos financieros de Bin Laden.

El líder de este grupo realizaba numerosos viajes por Europa.También se desplazaba para sus gestiones a Indonesia y Malasia, además de Afganistán. Sin embargo, Barakat no tiene trabajo ni se le conocen su fuentes de ingresos.En Afganistán sus principales contactos eran Anwar Adnan Mohamed Salah y Mustafá Setmarian Nasar, responsables de dos campos de entrenamiento. El primero era el antiguo encargado de las labores de reclutamiento de muyahidines.Entre sus contactos en España está el argelino Boualem Khouni, responsable de la célula integrista desmantelada en septiembre en varias provincias de España. La operación inicada ayer es fruto de investigaciones inicadas hace más de dos años. Aún sigue abierta, según explicaron desde Interior.

El fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira ha solicitado al juez Garzón el procesamiento de 15 presuntos miembros de Al Qaeda (13 por integración y dos por colaboración) a los que acusa de haber prestado ayuda financiera.

A uno de ellos, Imad Eddin Barakat Yarcas, Abu Dahdah, en prisión desde noviembre de 2001, le acusa además como cooperador necesario de los atentados del 11 de septiembre de aquel mismo año en Nueva York. Su «participación se desprende», dice el escrito, «de las observaciones telefónicas obrantes en el procedimiento, y de la Comisión Rogatoria Internacional cumplimentada parcialmente por las autoridades alemanas». Según el resultado de ambas diligencias, «se evidencia la estrecha relación que Barakat mantenía con los terroristas que idearon y participaron en los atentados del 11 de septiembre, Bahají, Bin al Shibh y Atta».

En concreto, los autos de la Audiencia Nacional hacen referencia a una conversación intervenida el 27 de agosto de 2001, días antes del atentado de Nueva York, en el que Shakur, el calvo, telefoneaba desde el extranjero a Abu Dahdah: «He cortado todas las comunicaciones», decía literalmente la misiva, «y estoy más tranquilo psicológicamente»; en estos momentos estoy haciendo una cosa, estoy dando clases»; «dentro de las clases hemos entrado en el campo de la aviación e incluso hemos degollado al pájaro»…

En el registro efectuado en su domicilio de Madrid se le incuató un plano de ruta de acceso a Zenica, ciudad donde «durante la guerra de Bosnia hubo un campamento de entrenamiento militar de mujahidines. Según el fiscal, «de su agenda personal y de las fotografías encontradas en su domicilio se comprueba cómo colaboraba con Mamoun Darkanzali, Abu Ilyas, y Abdulfatah Zammar», ambos «relacionados» con los mismos atentados del 11-S.

Además, a Barakat se le registraron diversos documentos y cintas de vídeo alusivas a la yihad o guerra santa, así como «una pistola ABS semiautomática, de similares características a una verdadera».

Para el fiscal, la instrucción llevada a cabo en la Audiencia Nacional a lo largo del último año y medio ha permitido acreditar que «a partir de 1994, los soldados de Alá, movimiento políticorreligioso, de carácter terrorista con una estructura estable y permanente, que fundamenta su actividad en los postulados ideológicos de la yihad (guerra santa) para lograr el establecimiento de la sharia, o ley islámica. Con el transcurso del tiempo», explica el fiscal, «este grupo se fue relacionando con otros grupos terroristas islámicos como Hamas palestino, Gia y Fis argelinos, para finalmente encuadrarse en la llamada red Al Qaeda», a la que «ha apoyado financieramente» y «ha comprado material utilizado para la fabricación de minas antipersonas».

Esta última afirmación guarda relación con el material que le fue incautado a otro de los detenidos, Ousama Dabrra, en cuyo domicilio le fueron aprehendidos, además de diversos pasaportes y tarjetas telefónicas falsificadas, varios documentos según los cuales envió dinero al Líbano «para ser utilizado en los campos de entrenamiento militar».

El juez Baltasar Garzón ordenó detener ayer en su casa de Granada al periodista de la cadena de televisión Al Yazira Taysir Alony por su presunta vinculación a la célula de Al Qaeda en España. Esta fue desarticulada semanas después de los atentados del 11-S en la llamada Operación Dátil, de noviembre de 2001, ampliada en junio de 2002.

El instructor le tomará declaración en la Audiencia Nacional el próximo lunes por la tarde, antes de decidir su eventual ingreso en prisión provisional. Fuentes cercanas a la investigación relacionan a Alony con Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, el presunto cabecilla de la red de Al Qaeda en España, cuya prisión fue confirmada por la Sala de lo Penal en junio y cuyo procesamiento, solicitado por la Fiscalía junto al de otros 14 implicados en la causa, se espera en los próximos días, en vísperas de cumplirse el segundo aniversario del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.

De origen sirio y nacionalidad española, Alony fue recientemente entrevistado en los medios de comunicación por su participación como invitado en los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid. Durante su intervención, el pasado 8 de julio, el periodista, que estuvo destacado como corresponsal en Bagdad durante la Guerra de Irak, aseguró que semanas después del 11-S, «hacia el 20 de octubre de 2001», había entrevistado en Afganistán al terrorista más buscado del mundo, Osama bin Laden, según informa Ana Villalba. Alony comentó que le había parecido un «personaje agradable, muy tranquilo, muy seguro de sí mismo, muy caballero, inteligente, amable… Su comportamiento y su ideología son otra cosa, pero personalmente es así».

Sin embargo, según aseguraba ayer la cadena Al Yazira, dicha entrevista tuvo lugar antes del 11-S. Preguntado en todo caso por qué no lo entregó, el periodista contestó no ser parte del «conflicto» y comparó al número uno de Al Qaeda con el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld. «¿Por qué no entregamos a Rumsfeld por los crímenes que ha hecho?», preguntó el periodista, quien le acusó de la muerte del cámara español José Couso.

Pero la detención de Alony ayer en la localidad granadina de Alfacar no guarda relación con sus manifestaciones ni con su actividad profesional, según las fuentes consultadas, sino con los hechos investigados en la causa que instruye Garzón contra los presuntos terroristas islámicos, fechados todos ellos en el año 2000.

El periodista habría desarrollado labores de apoyo a la infraestructura de las distintas asociaciones radicales islámicas que presuntamente constituyeron Al Qaeda en España en los años 90, fechas en las que al mismo tiempo trabajó como traductor para la agencia Efe.Pero, además, Alony habría prestado apoyo económico a otros miembros de la organización fuera de España.

Así, en concreto, las fuentes consultadas apuntan que Garzón podría interrogar al periodista sirio-español por su relación con Mohamed Bahaiah, Abu Kalheb. Este individuo, que no fue capturado durante la Operación Dátil, fue señalado en el auto de prisión de Abu Dadah como el posible correo de la red de Bin Laden entre Afganistán y Europa, con quien el cabecilla de Al Qaeda en España se entrevistó en Turquía.

Taysir Alony, casado con una española, se trasladó con su familia a Kabul, la capital de Afganistán, para trabajar con Al Yazira desde febrero de 2000 hasta noviembre de 2001 -fecha de la Operación Dátil-, según reza su propio currículum profesional. Este da cuenta igualmente de su titulación como doctor en Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada. Alony es miembro de sendos comités de derechos humanos y de la paz.

El juicio que empezó ayer en la Audiencia Nacional contra 24 supuestos integrantes de la célula española de Al Qaeda -la constelación terrorista de Osama Bin Laden, que también figura en el proceso como huido- se sale de los parámetros habituales, por el número de acusados y por la naturaleza de los hechos relacionados con el terrorismo de matriz islamista.

Es el proceso judicial más importante de los celebrados hasta ahora en relación con Al Qaeda, y para los españoles tiene el enorme interés de hacer visible el entorno humano y fundamentalista del que procedían también quienes, en nombre de la yihad islámica, concibieron y ejecutaron los atentados del 11-M de 2004 en Madrid. Llama la atención, como sucedió en el caso de Alemania, que EE UU se haya negado a que la justicia española interrogue a detenidos en aquel país que podían estar relacionados con los que son juzgados ahora en España y cuyo testimonio podría ser determinante para el resultado del proceso.

La principal acusación es haber dado cobertura en España a los miembros del comando que llevó a cabo los atentados del 11-S de 2001 en EE UU. Tres de los acusados -en especial el que pasa por ser el fundador y animador del grupo, Eddin Barakat Yaskas, Abu Dahdah- pueden arrostrar graves penas si, como mantiene el fiscal, dieron apoyo logístico a Mohammed Atta, jefe de los pilotos suicidas que actuaron el 11-S, en la reunión mantenida el 16 de julio de 2001 en Tarragona con responsables de Al Qaeda para dar los últimos retoques a la acción que preparaban. Pero entre los implicados, acusados en general de delitos de pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de armas, también figuran dos, en busca y captura, presuntamente involucrados en los atentados del 11-M en Madrid, así como varios -en especial el dueño de la casa de Chinchón donde se prepararon las mochilas bomba- relacionados con algunos de los actualmente procesados.

Salta a la vista el precedente que supone este juicio para el del 11-M, previsto para la primavera de 2006. Será importante el pronunciamiento del tribunal sobre la naturaleza del terrorismo islamista y el valor de las pruebas en la incriminación de grupos difusos muy alejados del modelo jerarquizado y estructurado de las organizaciones terroristas occidentales. Es posible que el juicio destape las carencias y dificultades que plantea la lucha contra este tipo de terrorismo, a pesar de que las fuerzas de seguridad y la justicia llevaran a cabo desde muy temprano, con los escasos medios disponibles, una estrecha vigilancia sobre los acusados que ahora se sientan en el banquillo.

Resulta inquietante constatar el afán de protagonismo de algunos jueces y fiscales. A Baltasar Garzón, magistrado estrella por excelencia, y Santiago Pedraz, que ha adquirido notoriedad recientemente gracias a dos insólitas decisiones relacionadas con ETA, se une ahora el fiscal del 11-S, Pedro Rubira.

Rubira ha pedido al tribunal encargado de juzgar a los 24 supuestos miembros de la célula española de Al Qaeda «condenas ejemplares» porque su decisión «no sólo afecta a España, sino al mundo».Como si la trascendencia internacional del juicio y su impacto mediático debieran ser factores a tomar en cuenta a la hora de asignar las culpas. La Justicia debe limitarse a hacer justicia -que no es poco-, sopesando con el máximo rigor las pruebas en contra de los acusados, y no dictar fallos ejemplarizantes que pretendan servir de aviso a navegantes o de muestra del celo de los tribunales españoles. La exhortación del fiscal resulta, en este sentido, fuera de lugar. Sobre todo cuando viene acompañada de una crítica extemporánea a la política de Estados Unidos.Para luchar contra el terrorismo islamista, ha dicho Rubira, no son necesarios los «campos de detención» -en referencia a Guantánamo- ni las «guerras» -en alusión a Irak-, sino «juicios de este tipo, que fortalecen el Estado de Derecho».

Pero el Estado de Derecho se fortalece cuando la justicia se administra adecuadamente, y lo cierto es que el proceso contra la célula española de Al Qaeda suscita dudas importantes a este respecto. Rubira ha solicitado 74.337 años de cárcel para el principal imputado, Imad Eddin Barkat, más conocido como Abu Dahdah, a pesar de que las pruebas presentadas contra él distan de demostrar de forma fehaciente su participación en la organización de la masacre del 11-S, donde murieron casi 3000 personas. No hay más que indicios de que participó en la reunión que tuvo lugar en Tarragona en julio de 2001, donde presuntamente Mohamed Atta y Ramzi Binalshib concretaron detalles del 11-S. Como tampoco se deriva una responsabilidad en la planificación del atentado por el mero hecho de que un testigo le viera con Atta en el metro ocho semanas antes de la masacre. Ni porque mantuviera una conversación telefónica con otro imputado en el mismo sumario, quien manifestó de forma críptica que «dentro de las clases hemos entrado en el campo de la aviación e incluso hemos degollado al pájaro».

Es muy probable que Abu Dahdah reclutara y adoctrinara a candidatos a la yihad. También se puede afirmar que mantenía una relación muy estrecha con varios terroristas del 11-S, e incluso que formaba parte de la célula de Al Qaeda en España. Pero de ahí a imputarle la organización del 11-S media un trecho.

Cabe preguntarse, pues, si el empeño en presentar a Abu Dahdah como el terrorista que dirigía la célula española de Al Qaeda no tiene algo que ver con el 11-M. Concretamente, con la circunstancia de que la versión del Gobierno -que, según Pilar Manjón, es también la del juez Juan Del Olmo- sostiene que Abu Dahdah ideó y organizó la masacre de Madrid desde la cárcel. Una imputación basada en meros indicios, y cuya debilidad probatoria también se intenta compensar con retórica política.

La Audiencia Nacional ha condenado a 18 de los 24 acusados de pertenencia o colaboración con Al Qaeda a un total de 167 años de cárcel. La mayor pena es para Abu Dahdah, considerado el jefe de la célula de esa organización terrorista en España, sentenciado a 27 años, 15 de ellos por conspiración en relación a los atentados del 11-S. La sentencia critica algunos aspectos de la instrucción, pero rechaza la nulidad pretendida por las defensas. Estas condenas coinciden con redadas en Francia e Italia de islamistas radicales, algunos de los cuales habrían enviado dinero a las tramas españolas, desarticuladas en noviembre de 2004 cuando preparaban atentados contra la Audiencia Nacional y otros edificios públicos en Madrid.

El celebrado contra Abu Dahdah y sus seguidores es el primer gran juicio contra Al Qaeda en Europa. También se trata de la primera sentencia condenatoria contra alguien acusado de implicación en los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. En ese sentido, es posible que marque la pauta para otros juicios pendientes en diversos países. Por ejemplo, respecto al tratamiento penal de este nuevo terrorismo de masas, caracterizado por la voluntad suicida de sus practicantes, que, en el límite, incluso puede prescindir (como el 11-S) de las armas propiamente dichas: ellos mismos lo son.

La sentencia describe la singularidad de ese terrorismo, cuya finalidad consiste en «imponer a todos sus postulados religiosos y su forma de vida», pero rechaza que esa especificidad obligue a modificar la legislación antiterrorista española, «una de las más avanzadas y completas del mundo». De lo que se trata es, simplemente, de «interpretar adecuadamente la legislación que tenemos».

La prueba de ello sería que, sin forzarla, ha servido para condenar a estas 18 personas, pese a que no estaban acusadas de participación directa en actos violentos ni se les ocuparon armas o explosivos. Los condenados fueron reclutados, normalmente en las mezquitas, y reclutaron a su vez a otras personas para la guerra santa. Recibieron instrucción para cometer atentados en campamentos del complejo Al Qaeda en diversos países, pero, a diferencia de otros que se quedaron a luchar en conflictos como el de Chechenia, los ahora condenados regresaron a España con la intención, deduce la sentencia, de realizar atentados. Todo lo cual encajaría en el tipo penal de «pertenencia a organización terrorista».

La condena incide en el debate general, planteado ahora sobre todo en el Reino Unido, sobre las medidas especiales -administrativas (expulsiones), policiales y judiciales- para combatir este terrorismo. Es posible condenar a quienes preparan atentados, aunque aún no los hayan cometido. Pero debe hacerse con respeto a las garantías, incluyendo la presunción de inocencia. Por eso ha habido también absoluciones y no se han tomado en consideración ciertas pruebas de cargo obtenidas de manera dudosa.

La Fiscalía pedía más de 220.000 años de cárcel para los 24 acusados que se sentaron en el banquillo en el macrojuicio a la célula española de Al Qaeda y las penas impuestas ayer por la Audiencia Nacional apenas totalizan los 200 años de prisión. Aunque esta comparación numérica no sea correcta desde el punto de vista estrictamente jurídico, sí refleja las diferencias entre las expectativas creadas por este proceso y los hechos que se han podido acreditar.

El principal imputado, el líder de Al Qaeda en España, Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, ha resultado condenado a 27 años de cárcel, 12 por pertenencia a la organización islámica terrorista y otros 15 por «conspirar» en los atentados contra las Torres Gemelas, en septiembre de 2001. Seis de los procesados han sido absueltos y los otros 18, condenados a penas que van desde los 11 a los seis años de cárcel por cooperación con banda armada en diferentes grados.

El caso más llamativo es el de Ghasoub al Abrash Ghayoun, al que la Fiscalía pedía 74.300 años de cárcel por su participación en el 11-S, que ha quedado absuelto al no poderse probar la vinculación de una película realizada por él sobre las Torres Gemelas con el atentado. Driss Chebli, al que se le solicitaba la misma pena, ha sido condenado a seis años por su colaboración con la célula de Abu Dahdah.

Entrando en el análisis de la sentencia, no cabe albergar ni la más remota duda de que Abu Dahdah y la gran mayoría de los condenados formaban parte de una célula que se dedicaba a hacer propaganda de la yihad, a financiar los movimientos integristas islámicos, a reclutar fanáticos para Chechenia, Bosnia y Afganistán y a mantener contactos con el GIA argelino y otros grupos violentos, a los que servían de apoyo y tapadera. Por tanto, está más que justificada la pena a Abu Dahdah y sus seguidores por pertenencia a banda terrorista.

Pero otra cosa es la pretensión de conectar a este grupo con los preparativos del 11-S, que fue el motivo por el que se reabrió este sumario a finales de octubre de 2001. Baltasar Garzón lo instruyó a partir de esa época, empeñado en que Abu Dahdah y los suyos habían colaborado con Mohamed Atta, que había estado en un hotel de Tarragona con varios de los instigadores de la masacre de Nueva York.

La sentencia considera probado que Abu Dahdah «participó en la ideación criminal y en el concierto» de la acción contra las Torres Gemelas y subraya que conocía los preparativos, que encajaban con sus planes. Pero, acto seguido, los jueces precisan que existe «una absoluta falta de pruebas» de que el jefe de la célula llegara a «intervenir en actos materiales del 11-S», por lo que no puede ser acusado como «coautor, cooperador necesario o cómplice» sino solamente como partícipe de «una conspiración» en la fase previa.Esta figura jurídica se aplica cuando el delito no se ha consumado pero los atentados fueron bien reales, por lo que, si Abu Dahdah fue informado de los preparativos, debería haber sido condenado como mínimo por complicidad y encubrimiento.

El problema es que los jueces sustentan la implicación de Abu Dahdah en el 11-S en solamente dos endebles indicios. El primero reside en que la Policía encontró en una agenda de una persona que había vivido con Atta en Hamburgo el número de teléfono de Abu Dahdah. El segundo es una conversación telefónica grabada en la que un integrista islámico llamado Shakur le dice desde Londres el 27 de agosto de 2001, dos semanas antes de los atentados, que «ha degollado al pájaro» y que se ahora se dedica al «negocio de la aviación». La Audiencia considera que ello es una nítida alusión a los aviones que se iban a estrellar contra las Torres, lo cual no deja de ser un alarde de fantasía para cualquier persona con sentido común y suscita inmensas dudas sobre el rigor de este fallo.