La Audiencia Nacional española procesa al argentino Ricardo Miguel Cavallo acusado de torturas durante la última dictadura en aquel país

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la orden de detención internacional cursada por el juez Guillermo Ruiz Polanco -sustituto de Garzón- contra el presunto torturador Miguel Ángel Cavallo, a efectos de su extradición a España. Al actuar así, la fiscalía es consecuente con la actitud que empecinadamente mantuvo en el caso de Pinochet.Cavallo figura entre los 98 ciudadanos argentinos, ex militares en su mayoría, procesados por Garzón en 1999 por los presuntos delitos de genocidio, torturas y terrorismo durante la dictadura militar argentina (1976-1983). Cavallo figura como jefe de uno de los grupos que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada, bajo cuyo neutra denominación se ocultaba el principal centro de detención clandestina y en cuyas instalaciones fueron torturados y asesinados cientos de disidentes políticos.

Los cargos considerados por Garzón forman parte de la lista tasada de Delitos contra la Humanidad que la Ley Orgánica del Poder Judicial (aprobada en 1995) considera perseguibles por los tribunales españoles. En su recurso, la Fiscalía de la Audiencia da por reproducidos los alegatos ya planteados en recursos anteriores, particularmente en el presentado en noviembre pasado contra el procesamiento de los 98, y añade nuevas consideraciones. Dice hacerlo «para mantener nuestra congruencia»con anteriores alegatos contra la competencia española en la causa.

Los argumentos esenciales del recurso de noviembre que ahora se reiteran son la no retroactividad de la ley orgánica citada, aprobada años después de los hechos considerados, así como la inadecuación del delito de genocidio para el caso de persecución de disidentes políticos no motivada por razones étnicas. Son argumentos ya invocados en el caso de Pinochet y que rechazó la Sala de lo Penal de la Audiencia.

La fiscalía añade ahora otros dos: la singularidad de que no haya sido España quien toma la iniciativa de pedir la detención de Cavallo con vistas a su extradición, sino las autoridades mexicanas, quienes instan a la Audiencia Nacional a hacerlo, y que los delitos podrían considerarse amnistiados por la ley de punto final.

Sobre lo primero, cabe decir que es una cuestión técnica indicativa de las inevitables lagunas de un derecho internacional que en materia de derechos humanos se está construyendo a sí mismo. ¿Qué otra decisión coherente con el espíritu de ese nuevo derecho con jurisdicción universal podían haber tomado los mexicanos? Sobre lo segundo, es cierto que no puede identificarse sin más la autoamnistía que se adjudicó Pinochet desde el poder con las leyes aprobadas en Argentina durante el Gobierno democrático de Alfonsín. Pero sería falsear la realidad no reconocer que fueron leyes aprobadas bajo la presión de un golpismo que siguió condicionando la política argentina durante años.

Todo comenzó a mediados de los noventa, cuando el juez Garzón abrió diligencias contra la Junta argentina y su turba de asesinos y torturadores del tiempo de la dictadura militar. Su primer gran momento llegó con la detención de Pinochet en el Reino Unido en 1998, un clímax extraordinario lo estamos viviendo ahora con el procesamiento del general chileno en su país y el último éxito de esta saga de la justicia es la extradición a España de Ricardo Miguel Cavallo, ex capitán del Ejército argentino, acusado por Garzón de genocidio, terrorismo y tortura.

Cavallo fue detenido el 24 de agosto pasado a petición del juez español en México, país en el que se encontraba tras haber ganado una contrata para la renovación de la documentación del parque nacional de vehículos. La decisión de la justicia y del Estado mexicanos de extraditarlo a España constituye un precedente formidable, cuyos ecos están resonando ya en muchos cuarteles y casas de recreo adyacentes de toda América Latina. Difícilmente se podrá argumentar contra esta iniciativa en términos de choque entre el imperialismo español y la soberanía de los países latinoamericanas. Un país de América Latina tan representativo como México, bajo la presidencia democrática de Vicente Fox y con un ministro de Exteriores como Jorge Castañeda, cuyos sentimientos acerca de los dictadores militares no son dudosos, está dispuesto a entregar a la justicia internacional a un ex militar argentino.

Y si en el caso de Pinochet al final es un juez chileno quien, probablemente, le va a juzgar, con Argentina no cabe decir lo mismo. La Ley de Punto Final y de Obediencia Debida, más la amnistía decretada por el presidente Menem en 1990, abrigan a los criminales de la guerra sucia de cualquier aprensión judicial.

Es verdad que el caso apenas comienza ahora; los defensores de Cavallo llevarán, a no dudarlo, el asunto hasta el Supremo mexicano, y la pugna durará meses. No importa. Que el procedimiento siga su curso. En España, la justicia le estará esperando.

La justicia universal se ha apuntado un tanto histórico al lograr extraditar desde México a España al presunto torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias Serpico, para responder ante la Audiencia Nacional de sus actuaciones como jefe del ignominioso Grupo de Tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, durante la dictadura militar argentina de 1976-1983. La lucha por una jurisdicción universal sobre delitos de lesa humanidad -terrorismo, genocidio y torturas-, iniciada con el caso Pinochet, ha culminado por primera vez con la entrega por un país a otro de alguien acusado de cometer ese tipo de delitos en un país tercero, estableciendo un precedente que no podrá ser ignorado en las relaciones entre Estados.

Desde ayer Cavallo se encuentra a disposición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El presunto torturador, oculto durante años en México, figura entre los 200 militares argentinos imputados por genocidio, terrorismo y tortura como responsables de centenares de secuestros, desapariciones y torturas entre 1976 y 1979. Y, aunque la extradición se ha concedido sólo por terrorismo y genocidio, y no por torturas, al considerarse que ese delito ha prescrito en México, la llegada de Cavallo a Madrid, fuertemente custodiado en un avión de la Fuerza Aréa Española, habrá resonado como un aldabonazo en cuarteles y residencias de militares jubilados de toda América Latina.

El ideal de una justicia universal que impida la impunidad de los crímenes contra la humanidad avanza lentamente, pero sin detenerse. Por eso resulta alarmante el empeño de la Fiscalía de la Audiencia Nacional -puesto ayer de manifiesto una vez más con la solicitud del fiscal Pedro Rubira a favor de la puesta en libertad sin cargos de Cavallo- de negar a la justicia española competencia para juzgar ese tipo de delitos, en contra de la tesis mantenida por la Sala de lo Penal de ese tribunal e incluso por la Cámara de los Lores británica en el caso Pinochet. Y se hace todavía más endeble la postura de la Administración de Bush contraria a todas las formas de justicia internacional, se trate del Tribunal Penal Internacional o de la ley de «jurisdicción universal» existente en Bélgica