La fuerza de las distribuidoras obliga al Gobierno catalán de Jordi Pujol a retirar el decreto que obligaba doblar películas al catalán

Lo que tenía que suceder ha sucedido. El Gobierno catalán retirará el decreto sobre el doblaje de cine, que imponía un catálogo de cuotas y de sanciones con el propósito de garantizar la igualdad de trato de las lenguas catalana y castellana en el mercado de exhibición cinematográfica. La intención era legítima, pero los medios escogidos eran irrealistas y perjudiciales para el propio fomento de la lengua catalana en el cine y también para el funcionamiento del mercado en unas mínimas condiciones de libertad. El Gobierno de Pujol ha rectificado así el camino emprendido en la anterior legislatura, cuando forzó la aprobación de una nueva ley lingüística y se propuso desarrollarla mediante decretos que contemplaban cuotas obligatorias y multas a quienes no las observaran.El decreto sobre cine fue acogido de uñas por las grandes productoras de Hollywood, que llegaron a amenazar con abandonar el mercado catalán. El texto legal ya recibió un primer castigo cuando dos de sus artículos sobre sanciones fueron suspendidos cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en febrero de 1999, apenas un mes antes de la fecha en que debía entrar en vigor. Ahora, la Generalitat ha iniciado el viraje que muchos le aconsejaban: retirará el decreto y las majors accederán voluntariamente a colaborar en la política de exhibición en ambas lenguas, aunque sin explicitar compromisos concretos. Algo que queda bien lejos de la pretensión de que el 25% de salas se viesen obligadas a ofrecer películas dobladas al catalán.

La rectificación era imprescindible. La vía razonable para el florecimiento del catalán es el consenso y la incentivación, jamás la discriminación negativa. El verdadero objetivo de una política lingüística en países democráticos pluriculturales es el enriquecimiento mutuo y no la pueril competencia quisquillosa con una lengua presuntamente adversaria: además de inútil, esa estrategia ahora fracasada amenazaba con erosionar derechos individuales. De los ciudadanos catalanes. Si se aplica este enfoque a otros ámbitos -como el universitario- en el que empiezan a surgir tensiones, se ahorrarán pérdidas de tiempo y se evitará más de un ridículo.