La Generalitat de Jordi Pujol retira tres emisoras a la COPE en Catalunya acusándola de mentir y se las pasa a RAC1 (Godó) y a Radio Tele Taxi (Justo Molinero)

El Gobierno catalán ha decidido no renovar tres licencias radiofónicas a la Cope, un hecho insólito en la historia de la radio durante la democracia, que genera inseguridad y confusión en el sector y sienta un precedente extremadamente grave. Retirar una licencia significa de hecho cerrar una emisora. Aparte del daño objetivo a la empresa y a sus trabajadores, la decisión castiga sobre todo a los oyentes que elegían libremente esa programación en el dial. En este caso, además, se da el agravante de que la Cope había comprado estas emisoras a Cadena 13, un fallido proyecto radiofónico controlado en sus inicios por personas próximas al aparato de partido de Convergència. El Gobierno catalán ha intentado presentar la decisión con criterios estrictamente administrativos, apelando al pliego de condiciones y a los baremos correspondientes. Pero el presidente Pujol, interpelado por algunos oyentes de la cadena episcopal, tuvo un desliz que da pie a todas las sospechas. «La libertad de expresión no ampara la mentira», dijo Pujol. No es la función de un concurso para la obtención de licencias de radio decidir quién miente y quién dice la verdad. Y es todavía menos la función de un Gobierno democrático. De ahí a la arbitrariedad hay un paso muy pequeño. Después de las declaraciones del presidente de la Generalitat, por más que luego intentara rectificarlas, todo el concurso queda bajo sospecha.La Asociación Española de Radiodifusión Comercial ha expresado su rechazo a lo que considera «un acto de agresión a la estabilidad del sector». La conclusión más inmediata es que, se mire por donde se mire, el Gobierno catalán ha ordenado cerrar tres emisoras mediante un simple acto administrativo, sin que medie expediente sancionador ni decisión judicial. Y esto choca frontalmente con la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional para proteger la libertad de expresión como pilar básico de la democracia.

No compartimos el modelo informativo y profesional por el que se rige la Cope, y con frecuencia hemos criticado su sectarismo. Pero la continuidad de sus emisoras, como las de otras empresas, no puede estar sometida al albur de un concurso que en cualquier caso tiene un alto grado de discrecionalidad. Ya hay demasiadas sospechas de favoritismo político en las concesiones de nuevas frecuencias -y no está de más que algunos ministros o presidentes autonómicos que vociferan contra Pujol revisen su propia casa- como para introducir el factor de castigo, también político, que supone el cierre de una emisora en activo. Sólo una corrección a tiempo puede evitar que sea el presagio sombrío de futuros imitadores.

A lo largo de los últimos años, Jordi Pujol se ha ido deslizando por una pendiente sectaria y excluyente, como si impregnara todas sus decisiones de una máxima del estilo de ‘Cataluña soy yo y todos los que me discuten son anticatalanes’. Así lo ha hecho con la política lingüística, y así pretende hacerlo ahora con sus ínfulas de seudojefe de Estado y sus ridículas pretensiones protocolarias. Ya apuntábamos ayer aquí que el presidente de la Generalitat está empezando a cruzar la línea que separa lo sublime de lo grotesco.

Pero esta vez Jordi Pujol ha ido demasiado lejos. Ya sabíamos que la discrecionalidad de las concesiones de emisoras de FM se presta a numerosas cacicadas y la adjudicación de la mayoría a una empresa de Carles Vilarrubí, íntimo amigo de los hijos del president y ligado al llamado sector de negocios de Convergencia, es un ejemplo más de algo impresentable desde el punto de vista de la libertad de expresión.

No nos sorprende tampoco que EL MUNDO no haya recibido ni una sóla de las 30 emisoras que solicitaba ni incluso que no haya concedido ninguna a una cadena tan consolidada como la COPE. Lo que nos deja atónitos es que, en este caso, Pujol haya sentado un precedente de una mezquindad sin parangón, al cancelar tres licencias en vigor de la Cadena COPE.

La decisión es un abuso y, probablemente, sea inconstitucional. Si cundiera el ejemplo, el sector audiovisual estaría en una inseguridad permanente. A Pujol le molesta la COPE, pero a Aznar puede incomodarle CANAL PLUS, al Gobierno andaluz la Cadena Ibérica y al de Castilla y León, la SER, con lo que los gobernantes podrían dedicarse a no renovar las licencias de los medios que les critican. Ello sería, como lo es en el caso de la COPE, un atropello de la libertad de expresión, que es – por cierto – un derecho constitucional de los ciudadanos, no una facultad discrecional del poder.

Pujol se cree con derecho a imponer, vía adjudicaciones, su verdad como única y universal. “En Cataluña tiene que haber libertad expresssión”, le recordó ayer una ciudadana   al presidente. “La libertad de expresión tiene que usarla la gente bien, no para contar mentiras”, le respondió Pujol. Y ¿quién es el que establece qué es verdad y qué es mentira? Él, naturalmente.

La requisa de tres emisoras de la COPE en Cataluña por Jordi I El Silenciador alumbra una nueva variedad de radio propagandística: la radio chófer.

Una de las emisoras, la de Tarragona, líder de audiencia, ha sido entregada al militante de Convergència Justo Molinero, con motivo de su onomástica y como propina de Radio Taxi, empresa desde la que saltó a organizar los Coros y Danzas del andalucismo amaestrado por Pujol.

Las otras dos, Cadena 100 de Barcelona y Cope Manresa han sido entregadas a una empresa que dice pertenecer a La Vanguardia a cambio de pagar, no sabemos cómo, las insondables pérdidas de Avui. Pero el verdadero jefe de Radiocat será Carles Vilarrubí, cuya aportación inicial y esencial a la historia catalana es haber sido durante años chófer de Pujol. Y perseverar en esa voluntad de servicio.

Hasta ahora se definía modestamente como militante de base de Convergència, aunque ha sido director de Catalunya Radio, director general de Loterías de la Generalidad, consejero de Telefónica por CiU y muy especialmente consejero delegado de Tibigardens, la empresa modelo de Prado, De la Rosa y Pujol. Vilarrubí puede ahora llamarse locutor de base o militante de ante y ascender de chófer de Pujol al cargo de auriga presidencial. Lástima que todo recuerde el anuncio del taxista timador:

-«¿Adónde?».

-«A Manresa».

-«Son diez emisoras».

-«¿Adónde?».

-«A Barcelona».

-«Son diez emisoras».

-«¿Eeeehhh?»

El pujolismo tardío recuerda las cortes de los milagros de Carlos II, El Hechizado o de Isabel II, donde cada anécdota era un esperpento. Aunque a lo que más se parece en realidad el pujolismo avui es al tipo de régimen que están montando los nuevos déspotas en la Europa del Este sobre los escombros de la dictadura comunista: un tinglado de poder en el que política, negocios y medios de comunicación están ligados estrechísimamente por lazos de parentesco y servidumbre, fina síntesis de despotismo eslavo y tecnología occidental.

En el llamado Sector Negocios de Convergència coinciden, por no decir presiden, familiares de Pujol y consejeros de la Generalidad que entran y salen de la vida pública según su situación de caja, diputados a comisión y parlamentarios con sede en Suiza.

La semana pasada, dos días antes de la requisa de emisoras, los pujolistas del Parlamento catalán se rebautizaron como Grupo Jaume Camps. Sería más adecuado El Negoci Patriótic.

La concesión de frecuencias de radio de FM por la Generalitat de Catalunya, que ha supuesto la no renovación de tres licencias a la COPE, ha provocado una fuerte polémica en la que se ha utilizado el argumento de que tal decisión amenaza directamente la libertad de expresión. Es evidente que este derecho es fundamental para la existencia de medios de comunicación independientes los cuales contribuyen decisivamente a que la democracia no pueda ser secuestrada por los poderes públicos. Y es también cierto que la no renovación de licencias puede dificultar la vida de las cadenas radiofónicas que han sido esenciales en la configuración de una radio privada competitiva en España y que gozan de una notable audiencia en la opinión pública.

Pero nunca resulta correcto hacer simplificaciones. La facultad de los gobiernos para no renovar las licencias de FM al caducar el plazo de concesión establecido en diez años es discutible – sería mejor que esta competencia recayera en órganos más plurales como ocurre en otros pa´sies – pero en todo caso está fijada por la ley. Y no es presentable afirmar que se trata de un atentado a la libertad de expresión cuando esta competencia la utiliza la Generalitat de Catalunya y callar cuando las comunidades de Castilla la Mancha y Castilla y León han sacado a concurso público licencias de FM para las que ha finalizado el plazo de diez años de concesión y que, cmo consecuencia, no han sid renovadas de forma automática. ¿Por qué es un ataque a la libertad de expresión una decisión del Gobierno catalán y no lo es una actitud similar cuando lo hace un gobierno socialista o popular? Estamos evidentemente ante dos varas de medir.

Por otra parte, parece indiscutible que la COPE, una de las cadenas españolas más escuchadas, ha obtenido gran parte de sus licencias debido a que su propiedad está liegada directamente a los obispos españoles, que representan una sensibilidad religiosa muy importante en nuestra sociedad. Pero en el caso de Cataluña es sabido que los obispos catalanes han mostrado serias disconformidades sobre la práctica informativa de esta cadena y ha pedido emisoras radiofónicas independientes de esta para sus propias diócesis. Radio Estel resulta ya una realidad en Barcelona y en el reciente concurso el episcopado catalán ha obtenido otras dos licencias. Las recientes declaraciones ponderadas y prudentes del arzobispo de Barcelona, vicepresidente además de la Conferencia Episcopal española, hablan por si solas.