La Guardia Civil asesina al jornalero Ignacio Montoya Alonso y hiere a su primo al confundirlos con terrorista cuando circulaban con motocicleta por delante del cuartel de Trebujena

LO UNICO seguro hasta ahora en torno a la muerte de Ignacio Montoya Alonso, abatido por disparos de un guardia civil cuando transitaba en motocicleta por delante del cuartel de Trebujena, es que ha sucedido y que nada ni nadie podrá ya devolver la vida al infortunado joven. Las restantes circunstancias del suceso, en el que también fue herido de gravedad Antonio López Alonso, conductor de la misma moto, se mantienen todavía en la incertidumbre.Ni siquiera está probado que los dos muchachos víctimas de los disparos fueran quienes habían pretendido momentos antes realizar un delito contra la propiedad en una finca cercana. Las características y detalles en torno a los objetos amenazados tampoco se conocen exactamente, pero todo parece indicar que nos hallamos ante un hurto menor no consumado. La versión oficial acerca de la velocidad de la moto -un ciclomotor- en que viajaban los jóvenes al cruzar por delante del cuartel de la Guardia Civil de Trebujena no coincide, en modo alguno, con el testimonio de los vecinos. Pero lo que se halla fuera de toda duda es el hecho de que un hombre de dieciocho años -jornalero, desempleado, analfabeto y miembro de una familia de siete hermanos- ha sido abatido a tiros en pleno campo andaluz. La indignación ante la historia se hizo ayer patente en los pueblos que la protagonizaron, y de ella participan honesta y ampliamente muchos ciudadanos de este país.

La nota informativa del Gobierno Civil de Cádiz hace referencia a que los jóvenes infundieron sospechas al guardia de puerta del cuartel de Trebujena por circular a velocidad excesiva y hacer caso omiso a sus reiteradas órdenes de detenerse. Una investigación sobre estos hechos está siendo necesaria. Los ciclomotores suelen producir un ruido ensordecedor, que a veces impide oír con facilidad; los casos en que los culpables de un exceso de velocidad en carretera no reparan en las señales de alto o se niegan a detenerse para evitar una multa de tráfico y la retirada del carné de conducir son por lo demás numerosos. Pero incluso si las víctimas fueran los ladronzuelos denunciados, bien clara está la desproporción entre el delito de que se les acusaba y el sistema de combatirlo a tiro limpio. Menciona la nota del Gobierno Civil que los disparos del centinela fueron intimidatorios, y esto es simplemente falso. Los disparos de intimidación son al aire y no al cuerpo. No es fácil admitir que la falta de puntería de un soldado profesional al descargar un arma al aire se resuelva azarosamente en un blanco casual sobre los ocupantes de una moto en marcha.

Mientras la nota citada hace referencia al arma reglamentaria con que fueron realizados los disparos, la proporcionada por la Dirección General de la Guardia Civil menciona igualmente la pistola reglamentaria de la que partieron las balas. La precisión resulta harto extraña, tomada al pie de la letra, ya que lo excepcional sería que un guardia civil de servicio portara otras armas que no fueran las que le proporciona el cuerpo al que pertenece. La insistencia en el carácter reglamentario de la pistola parece inconscientemente querer extender los beneficios de la legalidad del armamento a cualquier forma de utilizarlo. La pistola más reglamentaria del mundo, aunque la enarbole un agente de orden público, puede hacer fuego con clara infracción de los principios morales o las normas legales que prohiben dar muerte a un semejante.

El trasfondo de este dramático suceso es la desproporción entre los fines encomendados al miembro de un cuerpo de seguridad y los medios puestos en práctica para cumplirlos. En el supuesto. de que los muchachos objeto de los disparos no hubieran sido los autores del hurto o el robo frustrado denunciado por los propietarios de la finca, la muerte irreparable de uno de los muchachos y las graves heridas de su acompañante harían recaer, en cualquier Estado de Derecho, sobre el guardia de Trebujena la responsabilidad de unos hechos tan gratuitos como dramáticos. Bien es verdad que la historia demuestra que esto no siempre ocurre necesaria y exactamente así, para vergüenza de nuestros gobernantes. Pero incluso si las víctimas de los disparos hubieran estado implicados en ese comportamiento delictivo, la falta de correspondencia entre el presunto delito y el seguro castigo es tan abismal -el abismo que separa la vida de la muerte- como inaceptable. La vida es el primero de los derechos humanos y ningún código moral o compilación legal en la historia civilizada de nuestra especie ha tenido brutalidad suficiente para justificar, en nombre de la protección del derecho a la propiedad, el sacrificio de un semejante.

Las sanciones adoptadas por el Gobierno Civil de Sevilla contra la moción de censura del Ayuntamiento de Lebrija y los comerciantes de esta localidad que secundaron la huelga de dolor -más que de protesta- por la muerte del malogrado joven son indignas de una sociedad que se sienta madura.

Toda esta sarta de despropósitos de la autoridad, que no contenta con el mal objetivo causado por la muerte del muchacho parece querer rodearlo de males y afrentas añadidos al cuerpo social, hace sospechar y preocuparse por el entorno político en el que se han desarrollado los acontecimientos. Andalucía vive días de crispación cara a unas elecciones autonómicas en las que la estrategia del partido del Gobierno ha venido tensando en las últimas semanas un ambiente ya caldeado por la realidad del paro y la aparición de bolsas de hambre en la zona. Si lo que se pretende es fracturar más el cuerpo social, abismar las diferencias políticas hasta enraizarlas en situaciones de claro enfrentamiento y tapar los errores del poder mediante la sucesiva comisión de otros errores, habrá que reconocer que se está consiguiendo. Por lo demás cuando la sociedad española se ha propuesto mantener una prudencia y una serenidad exquisitas durante los difíciles días que vivimos por mor del juicio del 23-F, no está de más recordar que esta prudencia debe ser mayormente acendrada en los cuerpos de seguridad del Estado y en quien ostenta las responsabilidades del poder.