La investigación interna en el PP por el caso Naseiro deja en evidencia a Ángel Sanchís, Palop, Zaplana y el ‘clan de Valladolid’

El informe interno del Partido Popular sobre el escándalo de Valencia, elaborado por el miembro de la Ejecutiva Alberto Ruiz-Gallardón pide que sean expulsados del PP el ex-tesorero Angel Sanchis, el concejal valenciano Salvador Palop y el recientemente elegido presidente del partido en Alicante, Eduardo Zaplana. El informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, fue encargado por el presidente del partido, José María Aznar, y por el fundador, Manuel Fraga, nada más conocerse las detenciones de los dirigentes del PP y el registro de la sede en Valencia por orden del juez Manglano, por presunto cohecho. Junto a las expulsiones, el informe pide, asímismo, que se destituya de sus actuales funciones y se aparte de cualquier cargo de responsabilidad dentro del partido al diputado por Valladolid Miguel Angel Cortés y el actual secretario de Estudios y Programas, Carlos Aragonés, los dos incluidos dentro de lo que el informe denomina «Grupo de Valladolid». Destaca, entre las cuarenta y cinco páginas de que consta la redacción final del texto, la exculpación total que se hace de Rosendo Naseiro, el tesorero que salió elegido en el Congreso de Sevilla y que presentó posteriormente su dimisión. Este hecho lo atribuyen algunos dirigentes del PP a la poderosa influencia que el actual presidente de la Xunta de Galicia y fundador del partido ejerce sobre toda la organización.

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El informe consta de dos partes: En la primera, mucho más amplia, se aborda la actuación de los distintos implicados, se analiza el sumario y las declaraciones y cintas que aparecen en él, se realiza una valoración política de todo lo ocurrido y se establecen las responsabilidades que se derivan de los hechos. En la segunda se critica jurídicamente la actuación del juez Manglano y sus «errores procesales». El trabajo de recopilación, investigación y análisis de Ruiz-Gallardón se ha centrado sustancialmente sobre el sumario elaborado por el magistrado y elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se contrastan las distintas declaraciones de los implicados, sobre todo las de Salvador Palop, y se enjuician y valoran las referencias que se hacen a los dos líderes del partido: Manuel Fraga y José María Aznar.

Metodológicamente, la primera parte se ha subdividido en tres apartados: en el 1.1 se hace un resumen de la película de los hechos, con lo más relevante para el partido que aparece en el sumario; en el 1.2 se aborda la valoración política de los mismos y las conclusiones que se extraen de su análisis; y en el 1.3 se establecen las responsabilidades de los implicados y se solicitan diversas medidas políticas contra cada uno de ellos. En el anexo al 1.1 se han recogido textualmente las declaraciones de todas y cada una de las personas que aparecen en el sumario y las de los concejales del PP en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, labor en la que Ruiz-Gallardón ha estado auxiliado por algunos parlamentarios del partido, entre otros la senadora Rosa Vindel. Las primeras quince páginas se dedican a analizar y valorar los testimonios y conversaciones que aparecen en las escuchas telefónicas registradas a Salvador Palop, del que se destacan sus muchas y frecuentes contradicciones, sobre todo cuando se refiere a su grado de confianza con José María Aznar y a su fuerza dentro del partido. Hay muchas citas textuales tomadas del sumario que sirven para establecer comparaciones entre los hechos y conexiones entre los implicados. Se pasa después a las conclusiones políticas y a las valoraciones de las conductas de los militantes del partido que aparecen implicados «hechas sobre el campo de trabajo que hemos tenido, basadas principalmente en el sumario elaborado en Valencia». Alberto Ruiz-Gallardón insiste varias veces a lo largo de su informe en que «en ningún momento puede haber responsabilidades judiciales por parte de ningún miembro del partido, ya que no existen hechos consumados y hay numerosos defectos de forma en toda la elaboración del sumario». Estos defectos se recogen analíticamente en la segunda parte del informe. «La depuración política que se pide en este informe -dice Gallardón- a mi modo de ver la exige la opinión pública, la exige la situación actual del partido, y lo exigen sobre todo los hechos». Insiste en que «en ningún momento se parte de la certeza absoluta de las conversaciones que aparecen grabadas, sino de la hipótesis de su verosimilitud, teniendo en cuenta, en todo momento, que la valoración del sumario dentro del partido se efectúa para depurar las responsabilidades políticas»:

«Sanchis manifiesta una clara ambición político-personal y una más clara personal-lucrativa. Utiliza la figura del presidente fundador, don Manuel Fraga, para presionar a Palop, sobre todo cuando éste le esgrime el apoyo que tiene de Aznar. Debe ser expulsado del partido». Sobre Palop dice que «queda clara su ambición político-personal y deja entrever una modesta ambición de lucro (de las cuentas corrientes que aparecen en el sumario se desprende que lleva una vida modesta y que la mayor parte de lo que dice de las futuras comisiones son fantasmadas, algo producto de la imaginación y la vanidad). No obstante demuestra una clara intención de medrar a través del «Grupo» política y económicamente. Debe ser expulsado». Del ex-tesorero Rosendo Naseiro se dice que «no se demuestra por el sumario que exista una actuación delictiva en sus comportamientos. A lo máximo que podría llegar este informe sobre su persona es a pensar que tuviera algún tipo de ambición política, siempre dentro de los fines generales del partido, sin ningún afán de lucro personal». No se solicita ninguna actuación contra él.

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GRUPO DE VALLADOLID

El informe de Ruiz-Gallardón analiza de forma específica «el Grupo de Valladolid», del que asegura que actúa dentro del partido como un grupo organizado, algo que prohíben tajantemente los Estatutos del PP. El jefe del mismo es Arturo Moreno, contra el que no se pide ninguna medida específica, por cuanto ya presentó su dimisión como vicesecretario general. «No se puede probar -dice el informe- que haya percibido o tuviera intención de percibir cantidad económica alguna, pero si se deduce de los hechos de los que habla el sumario que tiene un afán de lucro políticopersonal». Los números dos y tres del «Grupo» son Miguel Angel Cortés y Carlos Aragonés, tal y como se desprende de las cintas del sumario, en las que Palop se vanagloria de que «hemos copado la secretaría». Ambos forman parte del «entramado de la empresa Futuro Financiero». Se aconseja su separación de cualquier cargo orgánico y de responsabilidad dentro del partido. Se destaca la euforia de Palop tras la celebración del Congreso de Sevilla, ya que el «Grupo» ha «conseguido la vicesecretaría de Moreno, que en un corto espacio de tiempo será única ya que Juan José Lucas, que es un pasota, será enviado a Castilla-León como candidato a la presidencia de la Junta y Naseiro es un vicesecretario general de tercera y, además, ya es de los nuestros». El «Grupo» aspira en un futuro próximo a copar la tesorería del PP, en la persona del propio Salvador Palop, pese a las llamadas a la prudencia que le hace el propio Arturo Moreno al concejal valenciano varias veces.

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EDUARDO ZAPLANA

El recientemente elegido presidente del PP en Alicante, Eduardo Zaplana, recibe un juicio muy duro en el informe. «De las conclusiones del sumario -se dice- destaca su ambición de lucro económico-personal (En su conversación con Palop dice textualmente: «Me voy a Sevilla a ver a un amigo que me va a dar trabajo en la Expo. Ahora que han echado a Juan Guerra voy a ver si cojo su puesto…») ya que esa persona de Sevilla existe, aunque todo lo relativo a Juan Guerra no pase de ser una guasa». En el sumario se recogen varias conversaciones de Palop con Zaplana, en las que hablan de la lucha política interna del PP en la región valenciana, con referencias expresas a José Cholbi, José Antonio Montesinos y Luis Fernando Cartagena, estos dos últimos encarnizados rivales. Zaplana aparece en relación a una posible concesión de recogida de basuras, con una cuantía económica superior a los diez mil millones de pesetas.

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EL señor Aznar tuvo una idea peligrosa y valiente al encargar un informe de auto castigo sobre su propio partido y las cosas que les están pasando. Y asimismo eligió a la persona más indicada para hacer este informe: ese político joven, triste y riguroso que es Ruiz Gallardón. Pero, ante tan formidable y espantoso documento, vuelve a manifestarse la naturaleza bicéfala del PP, que es hoy una cosa implícita en los aznares, aunque muy visible. Queremos decir que Fraga no ha resignado su presencia/presidencia, sino que la ha sumado a la de Aznar. En estos momentos, para qué engañamos, el PP tiene dos presidentes, y eso no es que sea malo para un partido: es que queda como un poco monstruoso. Las águilas bicéfalas sólo se dan en los escudos. En la zoología, menos. Y en la zoología política conviene evitarlas. Así, este conflicto constante y bicéfalo se hace ahora clamoroso, ante el informe/Ruiz Gallardón, cuando Naseiro aparece totalmente exculpado y como si hubiera hecho la primera comunión el domingo, que la hicieron muchos niños. Naseiro, el amigo de Fraga, el gallego humilde y hacendoso promocionado por Fraga. ¿De qué le sirve a Aznar el haber encargado un informe sadomasoquista y valiente si al final los intocables resultan intocados? Porque la justicia aún no se ha pronunciado sobre el señor Naseiro, ni sobre nadie, definitivamente, y Aznar/Gallardón pueden verse conducidos y esposados hacia el ridículo si el otro sale culpable de algo. Creemos en el rigor y la honradez política de Ruiz Gallardón, pero su absolución de Naseiro es prematura, rara y gratuita. Así, lo que en principio aparecía como una iniciativa llena de buena fe y gallardía política, digna de ser seguida por otros partidos sospechosos, como el PSOE, se ha convertido en una purga múltiple, donde cada uno, dentro del PP, tiene algún folio que aportar al centón de culpables/no culpables, algún renglón de denuncia, autoexcusa o mera confusión. La caza del hombre se ha iniciado en Génova 13. Lo que iba a ser un limpio examen de conciencia es ya una ordalía donde todos lo cuentan todo de los demás y de sí mismos (guardando las distancias), y, lo que era inevitable, donde las familias políticas y guerras intestinas y púnicas del partido de la derecha han encontrado espacio para montar un guerracivilismo tribal, endogámico y cruento. Con esto también tenía que haber contado Aznar. Primero, con que Fraga, en su silencio de Buda de Villalba (Fraga no callaría ni aunque le hiciesen Buda), derrama intangibilidad sobre unos cuantos hombres y mujeres que le son muy prójimos/próximos. Y segundo, con que el PP no es un partido unánime, sino una adunación de camisas viejas, boy/scouts, opus, fraguistas, retrofraguistas, progresistas de derechas, centristas reprimidos y democristianos, que Rupérez, aparte escribir buenos relatos literarios, también hará lo que pueda por marear. En un partido invertebrado y hasta barroquizado de lumpem intelectual (Herrero de Miñón), no se puede montar una ordalía doméstica como la que supone el informe de Ruiz Gallardón, por muy pulcras y exentas que sean sus páginas, que tampoco lo son tanto, a juzgar por las filtraciones de EL MUNDO. Incluso estas filtraciones se han convertido también en ocasión de querella y controversia entre los populares. Y por sobre el fragor de la batalla y los gañidos de la ordalía, dos evidencias se confirman: el poder de Fraga y la ingenuidad de Aznar. Se han inculpado ellos mismos antes de que lo haga la Justicia, se han enmogollonado. Se lían solos. Entre la buena fe democrática de Aznar, tan loable como imprudente, y la sombra del padre de Hamlet, o sea Fraga, siempre clamando justicia (la suya), lo que tenemos hoy es un partido autohumillado, medio desguazado y bifronte, eso sí, como las águilas del César.

EL INFORME interno sobre el caso Naseiro elaborado por Alberto Ruiz Gallardón a propuesta del presidente del Partido Popular (PP), José María Aznar, tiene en primer lugar el mérito de existir. Aznar demostró reflejos al realizar tal encargo, con la esperanza de que la opinión pública apreciase el contraste entre ese gesto y la resistencia de los socialistas a adoptar iniciativas similares respecto al escándalo de Juan Guerra. Dicho esto, esperar que el informe fuera más allá de lo que para la opinión pública son evidencias era probablemente demasiado. No era posible, en efecto, negar que algunos dirigentes señalados del PP recaudaron o intentaron recaudar fondos mediante el cobro de dinero a empresas que aspiraban a determinadas concesiones administrativas. Tampoco lo era ignorar el hecho de que, según se revela en las pruebas incluidas en el sumario, existía en el seno del PP un grupo de presión con fines poco claros. Pero la investigación no avanza un milímetro respecto a las consecuencias lógicas que se derivan de esas evidencias, limitándose a negar con energía cualquier conocimiento de los hechos por parte de Fraga y Aznar y a asegurar que las irregularidades observadas no formaban parte de la estructura de financiación del PP.Es posible que Aznar, recién llegado a la presidencia, desconociera las operaciones concretas en que andaban Palop, Naseiro y compañía. Pero resulta bastante increíble que operaciones similares, a las reveladas por la investigación no formasen parte del cuadro de acciones impulsadas o autorizadas por la cúpula del PP para su financiación. Al especificar que esas operaciones en concreto eran desconocidas y que, por tanto, no habían sido ordenadas o consentidas -pese a que Sanchís ha declarado que Fraga y Aznar estaban al tanto de sus gestiones-, el informe se sitúa en el terreno del tacitismo, tan apreciado por Enrique Tierno. No se afirma formalmente, pero se admite implícitamente, en un código de sobreentendidos, aquello que se infiere de lo que se dice: que el PP se financia como los demás. Y que desconocer estos casos no significa ignorar otros parecidos.

La ausencia de pruebas bastará probablemente para librar a Aznar de implicaciones procesales. Pero la responsabilidad política es más dificil de esquivar. Especialmente si se admite la argumentación de Francisco Alvárez Cascos en el debate parlamentario sobre el caso de Juan Guerra. En opinión del secretario general del PP, la dimisión de Alfonso Guerra era una exigencia inexcusable derivada de su responsabilidad en la desacertada elección de cargos de confianza (culpa in eligendo) y de su negligencia en la vigilancia de las actuaciones de esas personas (culpa in vigilando). En otras palabras: suponer que Aznar no estaba al tanto de los métodos utilizados por su recién confirmado responsable de finanzas y otros íntimos colaboradores suyos para captar fondos destinados a financiar al PP resulta tan increíble como pensar que Alfonso Guerra ignorara la relación entre el súbito enriquecimiento de su hermano y la utilización de un despacho oficial por él facilitado.

Ambos escándalos están produciendo un serio deterioro del sistema. En España hay al menos el mismo aprecio por la democracia que en cualquier otro país de Europa occidental, pero aquí -y ahora también en Francia- ese aprecio es compatible con un profundo descrédito de los partidos que vertebran el sistema. Y también como en Francia, el concubinato entre el dinero y la política, relacionado con la financiación de los partidos, es la causa fundamental de ese descrédito. Entre otras cosas, porque al amparo de esa financiación proliferan los aprovechados que se enriquecen en operaciones incontroladas pero tácitamente consentidas como pago a tan innoble tarea. Desde luego, no merece el mismo grado de consideración moral quien se mete el dinero al bolsillo que quien se limita a canalizarlo hacia su partido. Pero más discutible resulta que una distinción moral similar pueda establecerse entre quienes directamente se manchan las manos y quienes reciben, sin preguntar por su origen, los cheques.

Con todo, algunos efectos beneficiosos pudieran derivarse de estos escándalos. Que los conservadores españoles se hayan convertido en abanderados de la defensa de las garantías civiles y en impulsores de un código de comportamiento privado de los representantes públicos es algo de lo que felicitarse. Como lo es el que, merced a la difusión del mecanismo recaudador, se haya conseguido poner coto -al menos por una temporada- a esa forma de extorsión disfrazada de comisiones que encarece las obras públicas. Y sobre todo, que el desvelamiento de lo que todos sabían pero fingían ignorar haya suscitado razonables iniciativas orientadas a modificar a la baja los costes de las campañas electorales y, más genéricamente, los imponentes gastos, no fiscalizados por las bases, de los partidos políticos.