La juez Milagros Calvo se convierte en la primera mujer que entra en el Tribunal Supremo como magistrada de la Sala de lo Social

Constituía una anomalía cada vez más llamativa e insostenible que sólo el Tribunal Supremo, entre la variopinta gama de órganos jurisdiccionales, siguiera sin contar entre sus miembros con ninguna mujer. Y no porque debiera pagarse tributo a algún tipo de discriminación positiva, sino porque resultaba incomprensible que ninguna de las mujeres que hoy ejercen de juez en España -prácticamente la mitad del colectivo judicial- estuviera profesionalmente capacitada para formar parte del Supremo.

Esta anomalía va a pasar a la historia con el probable nombramiento de una mujer a la Sala de lo Social del Supremo. Pero la mayoría conservadora del nuevo Consejo parece decidida a cerrar el paso, por razones ideológicas y no de estricta valoración profesional, a otras candidatas que optaban a las cuatro vacantes que deben cubrirse en el alto tribunal. Una sola mujer entre los 89 magistrados que integran las cinco salas del máximo órgano jurisdiccional sigue siendo una presencia incompatible con la realidad actual de la carrera judicial y fiscal, sólo explicable en términos de un corporativismo machista.

Frente a una ciudadanía que asumió hace ya muchos años con entera normalidad la incorporación de la mujer a la tarea de juzgar o al ministerio fiscal, incluso de forma mayoritaria en las últimas promociones, los propios jueces demuestran una inusitada resistencia a que alcancen los niveles más altos de la carrera. Y esa evidencia no desaparece porque al fin hayan acordado incluir a una mujer en la lista de nombramientos del Supremo.

Esta designación singular debería abrirse de manera mucho más decidida para poder cerrar de una vez la anomalía que prohibió el acceso de la mujer a la carrera judicial en España hasta el año 1966. Siete lustros son demasiado tiempo como para que el nuevo Consejo del Poder Judicial pueda creer que ha cumplido una deuda con las mujeres que comparten su profesión. Con la actual igualdad en cantidad y calidad de hombres y mujeres en la Administración de justicia no puede mantenerse por más tiempo esta provocadora excepcionalidad en la que vive el Supremo. La llegada de una magistrada a una de sus salas tiene un alto valor simbólico, pero sigue siendo claramente insuficiente para la mujer, la judicatura y la sociedad.

La decisión que hoy adoptará un órgano interno del Consejo General del Poder Judicial, denominado Comisión de Calificación, pasará a la historia. Según informa este periódico, una mayoría de vocales propondrá al pleno que nombre magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a Milagros Calvo, jurista con una larga carrera a sus espaldas que se convertirá, así, en la primera mujer que entra en el alto tribunal.

Lo primero que cabe decir es que ya era hora. En un país con igualdad de derechos reconocida en la Constitución, resultaba más que inaudito que entre los 89 magistrados que forman parte del Supremo no hubiera habido nunca una juez. Aunque, puesto en perspectiva, tal vez resulte menos sorprendente, ya que hasta 1966, las mujeres tenían prohibido acceder a la Administación de Justicia. El avance ha sido formidable en las últimas tres décadas, hasta el punto de que el 60% de los aprobados en las oposiciones de acceso a la judicatura corresponde a mujeres.Por eso, el hecho de que elTribunal Supremo fuera la única institución de la magistratura cuyas puertas no se habían abierto a las mujeres, se debía a las resistencias de los sectores más refractarios a la incorporación femenina a todos los ámbitos de poder político, económico y judicial.

La batalla para el acceso de una magistrada al Supremo ha sido larga y en ella se han implicado tanto asociaciones feministas como, por ejemplo, las presidentas del Congreso y el Senado, Luisa Fernanda Rudi y Esperanza Aguirre, que siempre han calificado como vergonzosa la ausencia de mujeres en las salas del alto tribunal. Hay otra circunstancia significativa en este nombramiento y es que la iniciativa es de los vocales del CGPJ elegidos a propuesta del PP. Lo cual desmiente el estereotipo, como ya sucediera en el caso de la elección de Rudi y Aguirre, de que la izquierda era quien luchaba con más ahínco en pro de los derechs de la mujer.

No cabe duda de que la designación de Milagros Calvo como primera magistrada del Supremo tiene un alto valor simbólico. No faltará quien diga que la Sala de lo Social que le ha correspondido está alejada de los grandes asuntos públicos que se dirimen en la Sala Segunda o la de lo Contencioso, pero sus resoluciones y su contribución a la jurisprudencia será mucho más trascendente para la vida diaria de los ciudadanos.

Con más lentitud de la deseada, la sociedad española está cambiando. Según un informe de Asuntos Sociales, los hombres cada vez dedican más tiempo a las tareas del hogar en descarga de las mujeres. Es verdad que todavía esta ocupación masculina se mide en minutos y que Milagros Calvo estará sola entre 89 hombres, pero se trata de avances que son imparables.

El nombramiento, por primera vez, de una mujer magistrada en el Tribunal Supremo no ha podido ocultar que la actual mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial haya roto el consenso institucional -equilibrio entre mayorías y minorías- en la designación de candidatos para ocupar las plazas vacantes del alto tribunal y, en general, en la política de nombramientos de los órganos jurisdiccionales. Ese equilibrio interno, acorde con la composición del propio Consejo, siempre había sido respetado hasta ahora. En esta ocasión, el sector conservador ha optado por copar con sus candidatos las cuatro vacantes del Supremo -dos en la Sala de lo Penal, una en la de lo Social y otra en la de lo Contencioso-administrativo-, sin dar opción a ningún candidato propuesto por la minoría.

En este aspecto crucial, el nuevo Consejo General del Poder Judicial, nombrado en octubre pasado, resucita 20 años después las prácticas corporativas del primero -1980 / 1985- dominado por la derecha judicial: promocionar a los de su cuerda a los cargos judiciales vacantes, sin el más mínimo respeto por la pluralidad ideológica y asociativa existente en la judicatura. Los socialistas consideran que ese comportaniento viola el espíritu de consenso que animó el pacto sobre la justicia. Y tienen razón. Pero lo ocurrido no deja de ser el corolario previsible del método que siguieron los dos partidos mayoritarios para la renovación de cargos institucionales, que ya supuso una ruptura fáctica del acuerdo. Su máxima preocupación entonces fue repartirse las vocalías con personas de su confianza política en lugar de intentar consensuar nombres aceptables por ambas partes. Uno de los efectos es un Consejo con dos campos claramente delimitados, en los que la solvencia profesional pasa a un segundo término. Vuelve a frustrarse, una vez más, la esperanza de que el cambio en el procedimiento en la designación de aspirantes, con participación directa del colectivo judicial, diera lugar a un Consejo verdaderamente de consenso, como quiere la Constitución al exigir mayoría cualificada para los nombramientos.

Es pronto para predecir las líneas de su comportamiento futuro, pero el precedente es muy inquietante.Un órgano constitucional dividido y en el que la mayoría impone su criterio por sistema se convierte en algo muy diferente a lo previsto por el constituyente. La minoría se ha sentido burlada y con razón. Y más cuando el presidente del Consejo, al que dicho grupo de vocales había solicitado su mediación, ha respondido aportando su voto al rodillo conservador.