La mujer Ana Orantes asesinada por su marido, José Parejo, después de acusarle de maltrato en CANAL SUR

El maltrato y, en su extremo, el asesinato de mujeres por parte de sus maridos, ex maridos o ex parejas se han convertido en un desgraciado acontecimiento casi cotidiano. La sociedad española corre el riesgo de acostumbrarse a ello debido el fatalismo y la desidia con que se enfocan los problemas que afectan a la mujer. Según las estadísticas más recientes, en España han muerto 59 mujeres en un año, más de una a la semana, asesinadas por cónyuges o ex maridos. El último caso, que desgraciadamente no será el último, es el de Ana Orantes, de 60 años, atada y quemada viva Con gasolina por su ex marido en un pueblo de Granada. De nada le sirvieron a la asesinada las denuncias que presentó anteriormente por malos tratos ni su llamada a la conciencia social, a través de un programa de televisión en el que desveló el terror vivido en su matrimonio, marcado por las violaciones y las palizas.Éste es uno de los casos que, por su horror, sacuden momentáneamente las sensibilidades, como sucedió en el del asesinato en Cuenca, a plena luz del día, de la funcionaria de prisiones Mercedes Collado, a manos de su ex marido y en presencia del hijo de ambos. La fotografia de este crimen atroz, ejecutado, a pesar de las múltiples denuncias por amenazas presentadas por la víctima contra el agresor, provocó un escalofrío de indignación en toda España. Los casos de Ana Orantes y Mercedes Collado, como los de la mayoría de las asesinadas en estas circunstancias, tienen en común el decepcionante estribillo de las denuncias previas contra sus agresores.

No sirvieron para salvar sus vidas. Ha llegado el momento de preguntarse por qué.

En los asesinatos de mujeres a manos de sus compañeros presentes o pasados confluyen, por una parte, la torturada sensación de abandono que cultivan ciertos varones separados de sus esposas, y por otra, la peligrosa percepción, muy extendida, de que los problemas entre matrimonios siempre se resuelven, no presentan riesgo criminal y, además, deben resolverse entre los afectados. No siempre es. así, como demuestra la realidad. Muchas denuncias judiciales no se toman en serio, lo cual es una grave muestra de negligencia de parte de las autoridades que las reciben, ni se evalúa con la gravedad que merecen las situaciones de amenaza y malos tratos reiterados, que suelen ser el preámbulo fatal al homicidio.

Casi 60 mujeres han pagado con su vida las consecuencias de esta lenidad social que tiende a considerarlos malos tratos y las agresiones entre parejas como juegos de salón que acaban con el entendimiento mutuo.Las.amenazas proferidas contra cónyuges o ex cónyuges deben ser consideradas, además de como todo delitoevidente y castigado. según la ley, como un peligro potencial para el amenazado; y deben obligar a las autoridades a responsabilizarse de que tales amenazas no lleguen a cumplirse. Es imprescindible que se instrumenten procedimientos legales y normas muy precisas para evitar, de forma efectiva y urgente, que los cónyuges con una trayectoria comprobada de agresiones a sus parejas puedan acercarse a sus víctimas. Para una sociedad que pretende practicar la sensatez como norma, las mujeres muertas o maltratadas son un motivo de vergüenza y una demostración de negligencia incalificable de los encargados de velar por la seguridad de las personas.

Ana Orantes Ruiz, 60 años, asesinada ayer por su ex marido, que tras maniatarla la roció con gasolina para que pereciera ardiendo. Con ella son ya 59 las mujeres que han muerto a manos de un varón que tenía o había tenido con ellas una relación sentimental, a menudo rota o en proceso de ruptura.

Elementos comunes jalonan las vidas de las mujeres que son víctimas mortales de sus maridos: malos tratos (extensivos en muchas ocasiones a los hijos de la pareja), amenazas de muerte, denuncias policiales que no surten ningún efecto… Un cúmulo de acontecimientos que convierten la existencia en tortuosa y muchas veces culminan en el asesinato de la mujer.

El fenómeno se da en todos los niveles socioeconómicos y en todos los países, sea cual sea su forma de organización del Estado, su religión o su nivel de desarrollo. Porque tiene su base ideológica en la creencia machista, más o menos consciente pero universal, de que la esposa es una más de las pertenencias del varón, que tiene plena disposición sobre su vida. Claro está que existen distintos grados de violencia y, sobre todo, distintas fórmulas legales para proteger social y legalmente a quienes son víctimas de ella.

Que en una sociedad como la nuestra, que se asienta sobre los valores de la igualdad entre los sexos, exista un índice tan alto de asesinatos revela que los mecanismos de protección a las mujeres maltratadas o amenazadas no funcionan adecuadamente.

Concretamente Ana Orantes había denunciado en 15 ocasiones las amenazas y los malos tratos de su marido a la policía y en televisión. A pesar de esto, la desprotección ha permitido a su ex marido matarla sin dificultad, porque una sentencia judicial les obligaba a vivir en la misma casa, pese a darles la separación. En muchos países se aplica ya el llamado extrañamiento, que consiste en prohibir al hombre denunciado acercarse a la zona donde vive o trabaja la mujer que sufre sus agresiones; también se le puede proporcionar protección policial o prohibir al padre las visitas a los hijos si estos encuentros le sirven para maltratar a la madre.

Las posibilidades de evitar estas muertes existen. Pero para que se apliquen de forma efectiva es imprescindible que las instituciones consideren el asunto un problema social, cuya relevancia va mucho más allá del ámbito individual o familiar.

DURANTE EL año ido, 61 mujeres fueron asesinadas por sus maridos, ex maridos o equivalentes. Hace 15 días, en Granada, una mujer llamada Ana Orantes, de 60 años, era quemada viva por el padre de sus hijos, del que se había separado y cuyas brutalidades durante cerca de 40 años de matrimonio había denunciado en un programa de televisión. Al espanto de esa noticia han seguido otras de intentos similares, culminados en algunos casos, como el que tuvo por víctima a Josefa Díaz, de 50 años, asesinada en Almendralejo, Badajoz, el último día del año por su marido, del que estaba en proceso de separación. Ayer, sendos jueces de Tarragona y Málaga ordenaron el ingreso en prisión de dos hombres acusados de agredir a sus mujeres.Algunas personas han querido ver en la proliferación de estos hechos en las últimas semanas un fenómeno de imitación provocado por el impacto mediático de la noticia. A veces ocurre, pero no es necesario recurrir a esa explicación: la estadística revela que, en promedio, cada seis días se produce en España el asesinato de una mujer por su cónyuge. Muchas veces, tras años de malos tratos en el secreto del hogar. Noticias similares a las que ahora han ocupado la primera página ocurren en silencio casi cada semana.

¿Qué hacer ante tan desoladora constatación? Lo primero, no tomársela a broma. Horas después del crimen de Granada la televisión pública emitía un programa en el que un famoso humorista, vestido de matarife y portando un cuchillo en la mano, iniciaba su número anunciando en plan jocoso: «Vengo de matar a mi mujer». Aún más descorazonador resultó que uno de los más famosos periodistas radiofónicos de España iniciara el debate sobre la noticia del día preguntando jovialmente a los participantes en su tertulia: «¿Qué, vosotros también zurráis a la parienta?».

El asesinato de mujeres a manos de sus maridos o ex maridos es frecuentemente la culminación última de agresiones habituales en el hogar. No hay datos fehacientes sobre el número real de mujeres víctimas de esa situación. En los últimos años se han registrado entre 16.000 y 19.000 denuncias de mujeres por agresiones, cifra que, según los expertos cubre apenas el 10% de los casos reales. El temor y la dependencia económica son los motivos fundamentales del silencio, incluso si vecinos y parientes conocen la situación. De las más de 18.000 denuncias presentadas en 1997, tan sólo unas 3.000 dieron lugar a condenas penales. La mayoría fue ron consideradas faltas. El Código Penal establece en su artículo 153 penas de seis meses a tres años para quien «habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge o conviviente». Se trata de un delito diferenciado del de lesiones, lo que significa que no se necesita demostrar estas para que exista delito. La jurisprudencia viene considerando que existe habitualidad a partir de tres comportamientos violentos.

Estas últimas semanas se ha insinuado, incluso desde el Gobierno, la conveniencia de reforzar la legislación aplicable. Tal vez haya que hacerlo, pero lo fundamental es establecer cautelas frente a las reacciones de los agresores denunciados. Incluso antes de culminar el proceso, los jueces instructores deberían poder establecer ciertas restricciones al marido denunciado. El caso de Granada ya reveló los riesgos de permitir la convivencia en la misma casa de agresor y víctima.

Los autos de prisión dictados ayer pueden ser coherentes con esa visión preventiva, pero seguramente es necesario estudiar medidas intermedias. Por supuesto, existe también un problema cultural, ligado a la mentalidad de muchos hombres que identifican matrimonio con derecho de dominio sobre su cónyuge o sobre sus hijos. Pero la condición previa para combatir esa mentalidad es que se sepa que dar una paliza a la mujer no es un asunto privado, sino un delito: que lo sepan los agresores y también los parientes y vecinos conocedores de esos dramas vividos en silencio por las víctimas.