La princesa Lady Diana del Reino Unido demanda al DAILY MIRROR por publicar fotos suyas haciendo gimnasia

HA habido otros momentos en los que la Prensa sensacionalista ha estado en el disparadero en el Reino Unido. Escándalos, fotos ducales en «top less», conversaciones telefónicas principescas reveladas con todo lujo de detalles o asuntos extramatrimoniales de miembros del Gobierno o de la Familia Real han sido moneda corriente en los últimos meses. Pero la publicación, esta semana, de las fotos de la princesa de Gales en un gimnasio por dos de los periódicos del Grupo Mirror no ha hecho sino calentar un ambiente cada vez más favorable a establecer mayores controles para la Prensa y a poner fin al sisterna de autorregulación que ha estado funcionado con notable éxito en el país desde los años 50. La guerra abierta a raíz de la publicación de estas fotos entre el grupo Mirror y Lord McGregor, presidente de la Press Complaints Commission (el organismo encargado de la autorregulación de la Prensa), que pidió a los anunciantes que boicoteran a esos periódicos, ha puesto de manifiesto la debilidad de este organismo.

Además, ha dado nuevos argumentos a quienes lo critican tanto por su incapacidad para resolver los problemas internos de la profesión como por su falta de independencia. Hasta ahora, aunque con dificultades, la Prensa británica ha conseguido solventar sus conflictos sin necesidad de intrusión de ningún estamento público. En un país en el que no existe Ley de prensa ni de privacidad, la regulación de los medios de comunicación escritos ha estado, desde el último medio siglo, en manos del propio sector. Así, desde de 1953, era el Press Council, creado por la propia industria periodística, el encargado de salvaguardar la libertad de expresión y asegurar el cumplimiento de un código de conducta responsable. Pero la cada vez mayor intromisión de la prensa sensacionalista (los denominados tabloides) en la vida privada de los personajes públicos y, en particular, de la Familia Real, ha ido ampliando el campo de quienes quieren poner fin a esa autorregulación e introducir medidas de mayor control, incluida la formación de un organismo gubernamental. Las sucesivas intentonas han sido paradas hasta ahora, pero desde la desaparición del Press Council, la Prensa está sometida a un periodo de prueba. En 1990, a petición del Gobierno, el denominado informe Calcutt (realizado por una comisión presidida por el jurista sir David Calcutt) planteó ya la necesidad de introducir normas específicas para proteger por ley el derecho a la privacidad, y se mostró muy crítico con la conducta de algunos tabloides. El Gobierno dio una «última oportunidad» a la Prensa para que demostrara que era capaz de autorregularse por sí misma, y así surgió la Press Complaints Commission, en sustitución del Press Council, en enero de 1991. Un estamento compuesto por miembros de la industria periodística y de otros sectores, encargado de hacer cumplir a sus miembros un código de conducta aprobado por ellos. La condición con la que nacía era la de demostrar en el siguiente año y medio que eran merecedores de esa confianza. Sir David Calcutt recibió de nuevo el encargo de realizar ese juicio crítico y, a principios de este año, emitió unas conclusiones que ponían de nuevo a la Prensa en la picota y abogaba claramente por la sustitución de la Press Complaints Commission, a la que acusaba de no ser ni independiente ni eficiente. Por el contrario, aconsejaba sustituirla por un tribunal con poderes coercitivos para hacer cumplir un código de conducta, recibir quejas, imponer multas y paralizar determinadas informaciones. Y, paralelamente, proponía nuevas leyes que tipificaran como ofensas criminales la invasión de la privacidad o la utilización de artefactos mecánicos para esos fines. El primer ministro se mostró contrario al establecimiento de un tribunal específico, pero dejó abierta la puerta a algunas de las otras medidas. Y el Parlamento, a través de la comisión encargada del seguimiento de la Prensa, realizó un informe sobre «Privacidad e Intrusión de !.os medios de comunicación» el pasado mes de marzo, en el que insistía en esta línea, recomendando la sustitución del PCC y la creación de un «ombusman» para el sector. Y, asimismo, próponía una ley de Protección de la Privacidad que tipificara como delito acciones como la toma de fotos en lugares privados sin consentimiento, el uso de teleobjetivos con ese fin, o la publicación de conversaciones conseguidas con pinchazos telefónicos o interceptación de teléfonos móviles.

Incluso dos diputados plantearon propuestas individuales en el Parlamento para establecer límites a esa libertad de la que hasta ahora han gozado los periódicos británicos. En definitiva, un caldo de cultivo listo para coger a la prensa en el más mínimo renuncio. La acción del Mirror, encuadrada de lleno en la batalla de ventas planteada entre los tabloides, ofrece así al Gobierno la posibilidad de introducir definitivamente algunos de esas medidas. La publicación de unas fotos insulsas puede hacer realmente daño al periodismo de investigación, potencialmente el más afectado por la introducción de controles sobre la Prensa. El director del Sunday Times, Andrew Neal, explicaba lo que estas fotos pueden suponer. «Estábamos esperando que nos disparáramos en un pie. En vez de eso, nos hemos disparado en la cabeza».

NO deja de sorprenderle a uno, no lo que lee en unos periódicos, sino no leer algo parecido en otras publicaciones, que deciden silenciar o minimizar una cuestión. Cuando la noticia tiene que ver con el fundamento mismo de la profesión periodística y, más aún, con la propia esencia de la libertad de expresión y de Prensa. Así, nada sorprendente hay en lo que han publicado y siguen publicando EL MUNDO y Diario 16, partes interesadas, sobre la condena de varios periodistas de ambos medios, incluidos sus actuales directores, por aquella información publicada hace nueve años, nueve, sobre unos devaneos tropicales. Tampoco es muy sorprendente un comentario, preocupado y certero, de ABC sobre lo que todos los periodistas (y los que no lo son) ven como un golpazo en los nudillos de los informadores. Es lo que uno esperaba leer en un periódico de difusión nacional. Lo que sí sorprende es el silencio de otros medios, que -es verdad- llevan meses propugnando golpes en los nudillos de sus colegas díscolos y montaraces. Parecen convencidos -es una versión «sui géneris» de la ley del embudo- que a ellos nunca les afectarán los recortes de la libertad de expresión. Quizá tengan razón en una situación política determinada. Quizá no hayan reparado, a diferencia de sus colegas del mundo exterior y civilizado, en el hecho de que cada medida adoptada, cada utensilio creado contra la libre diseminación de informaciones y opiniones es potencialmente un peligro mortal para todos los medios informativos, todos los periodistas, todos los escritores. Es decir, para el interés general de la sociedad democrática. Hablan mucho algunos del caso del Daily Mirror y Lady Di, extrapolando (¿?) conclusiones a España. Pero justamente en Inglaterra los periódicos entierran -profundas- diferencias a la hora de defender juntos lo esencial. Son ingleses, claro. ¿Cómo explicar a los ingleses que en 1993 se considere posible, en un país de la Comunidad Europea, «inhabilitar» durante un mes a un director de periódicos? ¿Quién habilita en una democracia a alguien para escribir y publicar? Claro que la amenaza de cárcel que pende sobre los condenados periodistas es menos inquietante que lo que sufre ya ese poeta aficionado que, por unos versos -en bable, por cierto- satíricos y sin alusión directa a personaje real alguno, ha empezado a purgar una condena de quince meses en la cárcel. Pasó en España, país occidental de alabada trayectoria democrática, y la noticia la dio El País. Hay especialistas de mucho fuste (versados en estructuralismo y semiótica, en Roland Barthes y en Noam Chomsky) que explican con detalle iluminador por qué unos periódicos encuadran -por ejemplo- la noticia de un escándalo de drogas acaecido en un equipo de fútbol en su sección de Deportes, otros en su sección de Sociedad y otros en la de Sucesos. No es lo mismo, evidentemente. Cuando un periódico decide no publicar más noticias de boxeo en sus páginas deportivas que las muertes o graves lesiones de púgiles, está haciendo una profesión de ideología informativa. (Muy respetable, por cierto). Los matices de la colocación de los artículos encierran a veces claves tan sutiles que suelen escapar a este lector. Pero algún caso no deja de llamarle la atención, claro está. Aunque uno no sepa más que detectar la curiosidad, no explicarla. Por ejemplo, la ubicación que El País ha dispuesto para un texto de Ernesto Ekáizer cuyos titulares son los siguientes: «Nos habíamos amado tanto…»; «Nerio Nesi [socialista italiano y polémico ex presidente de la Banca Nazionale del Lavoro, banco inmerso en el escándalo de la logia P2] escribe la crónica de la patrimonialización del Estado italiano por los partidos»; «»La simbiosis entre Felipe González y Alfonso Guerra se ha agotado»»; «»Es necesario repensar la sociedad con la fuerza de la utopía»». ¿Qué sección, pues? ¿Internacional? ¿Opinión? ¿Libros? ¿Sociedad? ¿Cultura? ¡No, mil veces no! Esto aparece en la sección de Economía de El País.

FLACO FAVOR hacen a la libertad de expresión y al derecho de información casos como el protagonizado por el diario londinense Daily Mirror prestándose a publicar fotografías de la princesa de Gales, lady Di, obtenidas a hurtadillas mientras realizaba ejercicios en un gimnasio. La conducta del propietario del local es de juzgado de guardia. ¿Qué código legal o moral no habrá transgredido quien, abusando de la buena fe de su cliente, violenta su intimidad para beneficiarse económicamente con ello? Todos.Pero esta actuación, éticamente repugnante y legalmente perseguible, no es probable que se hubiera producido !in el aliciente de unos medios de comunicación sensacionalistas, predispuestos siempre a pagar primicias informativas sin reparar en la licitud de los métodos practicados para obtenerlas, y mucho menos en su veracidad. Las razones del Dady Mirror para justificar su conducta -el pago de 20 millones de pesetas por las fotografías y su publicación- son meros pretextos. Afirmar, como hizo su director, que la publicación de las fotografias estaba justificada por razones de interés público -demostrar que la seguridad de la princesa de Gales tenía fallos o que incluso pretendía realzar la imagen de lady Di- es un claro ejercicio de cinismo para ocultar el verdadero móvil de esa forma de actuar: conseguir vender algunos miles de ejemplares más en la feroz guerra desatada entre los diarios sensacionalistas.

En el Reino Unido o en Alemania, donde existe una clara delimitación entre prensa sensacionalista y la que no lo es, los efectos dañinos que la primera puede producir en la segunda y, en general, en todo el sistema informativo suelen ser controlables. Los lectores distinguen con claridad los diferentes códigos de conducta por los que se rigen una y otra. Pero aun en este contexto, transgresiones tan flagrantes de principios del periodismo como la protagonizada por el Daily Mirror no pueden dejar de afectar a la credibilidad de toda la prensa, incluso la rigurosa en la búsqueda de la verdad, y de provocar reacciones en el poder, con el riesgo de que los reiterados excesos de algunos den pie a que se promulguen leyes restrictivas para todos. Es lo que puede suceder ahora en el Reino Unido, donde la irresponsable actuación del Mirror puede ser la gota que colme el vaso de la paciencia de quienes desde hace años vienen reclamando una legislación más dura contra la intromisión de los medios de comunicación en la vida privada de las personas.

Pero si la confusión es a veces inevitable, y los daños pueden ser comunes, aun en aquellos países donde existe un deslinde entre categorías de prensa, estilos y códigos de conducta, es fácil imaginar lo que puede suceder en aquellos otros, como España, donde tal distinción brilla por su ausencia. Los riesgos de confusión y las posibilidades de vender gato por liebre aumentan considerablemente, de modo que el periodismo en su conjunto corre el peligro de convertirse en una especie de tótum revolútum donde cabe todo, y en el que la guerra de ventas o el índice de audiencias son los supremos y únicos criterios de actuación. No es raro que, en ese contexto, la información, en ocasiones, se convierta ella misma en foco de corrupción -al que acuden buscavidas, mercachifles y negociantes de toda laya, incluso de milagros políticos-, en lugar de serlo de transparencia y de conocimiento de la realidad política y social.

No confundir información y opinión, ofrecer noticias fundamentadas, rectificar en caso de error, utilizar métodos lícitos, rechazar retribuciones de terceros, no utilizar en beneficio propio informaciones obtenidas en el ejercicio de la profesión, respetar los derechos a la intimidad y a la presunción de inocencia, tratar con especial cuidado las noticias relativas a menores o que puedan suscitar discriminaciones racistas o sexistas, son algunas referencias, entre otras, que siempre tendrán a mano los lectores para poder distinguir la prensa seria y rigurosa de la que no lo es. Aunque en España no sea tan fácil como en el Reino Unido.