La revista de García-Trevijano dedica una página completa a criticar la postura editorial del diario EL PAÍS contra el terrorismo

POR SEGUNDA vez en el plazo de dos meses, la libertad de expresión ha sido objeto de un criminal atentado. Si el explosivo de goma-dos colocado en Diario 16 produjo sólo daños materiales, el artefacto envíado a la redacción de la revista barcelonesa El Papus ha causado un muerto y varios heridos graves. Se dice, con una frase hecha, que la libertad tiene un precio; pero es dramático que el precio que haya que pagar por ella sea la vida. Una parte considerable de los órganos de opinión de nuestro país consideraron inoportuno el Pleno del pasado día 14, a propósito de las cuestiones de orden público, entre ellas la impunidad de la que gozan los grupos incontrolados de la extrema derecha. Tal vez el luctuoso suceso de ayer haga reflexionar a quienes consideran un tema menor, no prioritario y de importancia secundaria, todo lo relacionado con la supervivencia, dentro del aparato del Estado, de oscuras conexiones y extrañas connivencias, que las propias fuerzas de orden público son las primeras interesadas en sacar a la luz y erradicar. Los secuestros y atentados de los GRAPO, los asesinatos de Carlos González y Arturo Ruiz, la brutal matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha y la actuación de agentes provocadores en la Diada barcelonesa, o bien no han llegado a ser suficientemente aclarados, o bien revelaron asombrosas connivencias dentro de sectores periféricos del aparato estatal.La gravedad de esa situación se acentúa por la evidencia de que en estas operaciones intervienen delincuentes habituales, del mundo del hampa en mayor proporción aún que personajes perturbados, movidos por el ensueño del retorno de un nuevo Hitler. Son con frecuencia puros profesionales, simples mercenarios que lo mismo pueden volar un periódico o secuestrar a un alto dignatario en España que alistarse en las «guerras sucias» que tienen como escenario Africa o Asia.

Pero esta peligrosa mezcolanza, formada por dementes que abrazan la ideología fascista y desesperados para quienes el crimen es una profesión, sólo es el brazo armado de intereses que buscan la desestabilización del proceso democrático español, en cuyo contexto cobra sentido la ofensiva criminal contra la libertad. Y eso es lo que todos los ciudadanos españoles, desde el Parlamento, las columnas de la prensa o la simple tranquilidad ciudadana tenemos derecho a exigir al Gobierno que controle a los incontrolados, que destruya los últimos nidos que les sirven de protección en la periferia de los propios servicios estatales, y que desenmascare ante la opinión pública a los grupos de intereses y a los servicios internacionales que se mueven en el fondo del escenario. De otro modo, el señor Martín Villa tendrá que mostrarse más convincente a la hora de explicar que, verdaderamente, defiende el orden público.

Bajo el título ‘El Orden y el terror’ un gran diario madrileño se ha permitido publicar un editorial, el día 21 de septiembre, que afecta desagradablemente a los órganos de opinión que, como REPORTER, consideran inoportuno el primer debate parlamentario sobre el orden público.

EL PAÍS, pues de este periódico se trata, dijo en su lamentable editorial:

“Una parte considerable de los órganos de opinión de nuestro país consideraron inoportuno el Pleno del pasado día 14, a propósito de las cuestiones de orden público, entre ellas la impunidad de la que gozan los grupos incontrolados de la extrema derecha. Tal vez el luctuoso suceso de ayer haga reflexionar a quienes consideran un tema menor, no prioritario y de importancia secundaria, todo lo relacionado con la supervivencia, dentro del aparato del Estado, de oscuras conexiones y extrañas connivencias”.

Sentimos más respeto por las opiniones ajenas que el desafortunado editorialista del EL PAÍS. Por ello, no cometeremos la temeridad de imitarle contestándole con un proceso de intenciones. Invitamos a dicho periódico a que señale en concreto un solo órgano de opinión que haya considerado inoportuno el Pleno del día 14 porque sea un ‘tema menor, no prioritario y de importancia secundaria, todo lo relacionado con… la impunidad de la que gozan los grupos incontrolados de la extrema derecha”.

También invitamos a EL PAÍS a que reflexione sobre sus propias incoherencias. ¿Cómo califica de incontrolados a los grupos de extrema derecha que mantienen, en su opinión, oscuras conexiones y extrañas connivencias dentro del aparato del Estado? Incontrolados, ¿por quién? ¿Por el Gobierno? Es posible. ¿Por el Estado? Absurdo. ¿Cómo califica de extrañas connivencias a las relaciones que puedan existir entre los grupos de extrema derecha que defienden la ideología del 18 de julio desde fuera del Estado, con los que profesan la misma ideología dentro del Estado que nació el 18 de julio y que continúa, sin ruptura, en vigor? Es muy respetable que EL PAÍS defienda el actual Régimen. Pero no lo es que, para no contaminarlo con el Estado que le da vida, construya la ficción de considerar ‘extrañas’ a unas relaciones que son forzosamente naturales y normales.

Si EL PAÍS desea erradicar del aparato del Estado, como estamos dispuestos a creer, a esas para él connivencias, ¿por qué considera oportuna una moción de censura que no podía conducir más que al fortalecimiento del ministro que, tras muchos meses al frente del aparato de Estado más cualificado para llevar a cabo esa ‘erradicación’ no la ha realizado?

“Tal vez el luctuoso suceso” – que extraño resulta llamar suceso a lo que es resultado directo de un acto criminal contra un entrañable colega – haga reflexionar a quienes consideran que es un tema menor, ni prioritario y de importancia secundaria la supervivencia dentro del Estado de la Restauración de la misma clase que los regentó durante sus cuarenta años de formato fascista.

Reporter

LA ESCALADA de la violencia que afecta al país, agravada con el criminal atentado terrorista contra la revista El Papus, ha motivado que la prensa catalana haya publicado ayer un editorial común, que a continuación reproducimos como muestra de solidaridad. EL PAIS hace suyos estos argumentos y exigencias. Tan sólo se ha variado un inciso para extender su significado del ámbito catalán al de toda España:«Barcelona y Catalunya -y España entera– quedaron consternadas ayer tras el criminal atentado a los locales de Editorial Amaika, sede de las revistas El Papus, Party y El Cuervo, en el que perdió la vida el conserje del edificio y resultaron heridas otras personas.

Como en ocasiones anteriores tras hechos de este tipo, diversos medios informativos han recibido llamadas por las que algunas organizaciones de trayectoria terrorista han reivindicado los hechos.

En cada caso, y también ahora, la prensa democrática ha mostrado su unánime reacción de condena por unos hechos criminales que implican unas tácticas absolutamente alejadas de lo que puede contribuir a la convivencia ciudadana.

Los atentados de derecha e izquierda hoy en día tienen el objetivo común de cerrar el paso al proceso democrático que se ha iniciado en nuestro país. Basta echar una ojeada a lo que ha sido el último mes para advertir que desde determinados sectores de extrema derecha se pretende crear un clima de intranquilidad que impida la consolidación de la, democracia. Algunas veces adopta la forma de manifestaciones callejeras, incontroladas, nunca numerosas, con el objetivo de sembrar el miedo en las calles de la ciudad.

Pero los intentos desestabilizadores de la realidad española no siempre adoptan la forma del puro terrorismo, sino que en esta línea también sabemos constatar hechos paralelos como las sospechosas caídas en vertical de la Bolsa, algunos expedientes de crisis poco justificados en determinadas empresas y ciertas campañas de boca a oreja muy difundidas en determinados medios que nos recuerdan lo que fueron las famosas huelgas de las cacerolas chilenas antes del golpe de Estado. En definitiva, todo ello parece formar parte de una operación de amplia envergadura que no sólo atenta contra la estabilidad del Gobierno, sino contra los mismos cimientos del Estado democrático.

Es obligación del Gobierno que ha dirigido la transición hasta los momentos actuales no sólo garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, sino salvaguardar los avances obtenidos y consolidar hasta el final el proceso democrático. Por ello sorprende que continúen en la impunidad diversas organizaciones de distinto signo que . en repetidas ocasiones han reivindicado hechos terroristas como el que hoy nos ocupa. ¿Por qué no han sido desarticulados?, ¿quiénes son sus dirigentes?, ¿quiénes los financian?, ¿quién les ayuda por acción o por omisión?

La auténtica democracia no se traduce sólo en bonitas y sugestivas declaraciones de principio. En nuestro caso, se necesita, además, dado que partimos de un Estado autocrático, extirpar dentro y fuera de la Administración las posibles estructuras dictatoriales que aún perviven en el actual período. El ciudadano exige que en estos momentos las fuerzas de orden público, tan eficaces durante la época franquista a la hora de ahogar cualquier brote de heterodoxia, muestren aquella misma efectividad para neutralizar a los enemigos de la democracia, y que hoy lo son también de la Corona.

La gravedad de los hechos hace que el problema tras cienda de la competencia del Ministerio del Interior para convertirse en un auténtico problema de Gobierno. Si éste no adopta posturas firmes y eficaces, puede ver cómo el país entra en una imparable espiral de violencia, en una argentinización que parecen propiciar quienes suspiran con nostalgia por situaciones anteriores.

No es casualidad el hecho de que Barcelona haya sido escogida en estos momentos como punto neurálgico de la escalada terrorista. Si hubo que registrar hechos parecidos en Madrid durante las fechas anteriores al referéndum y a las elecciones, ahora se producen aquí cuando Catalunya está a punto de obtener en las próximas fechas una Generalitat provisional, que sería un paso importante hacia la devolución de sus instituciones autonómicas. Si el referéndum fue la puerta de acceso hacia la democracia, la Generalitat, no cabe duda, significa un importante jalón hacia su consolidación.

Sólo esto explica que las fuerzas extremistas interesadas en frenar este proceso lo intenten dinamitar con tan miserables recursos.

Cabe pensar que el objetivo de esta acción criminal ha sido una empresa periodística porque la libertad de prensa, con la pluralidad de opiniones que ello propicia, es un elemento fundamental de la auténtica democracia. Por ello, colectivamente, los diarios de Barcelona condenamos tales hechos terroristas y exigimos medidas eficaces de Gobierno para descubrir a los culpables y terminar con esta grave situación que amenaza al país.»