Los dirigentes de Podemos encabezados por Irene Montero hacen campaña en Twitter contra una particular Esther Argerich por subir el alquiler a una pareja de inquilinos

Irene Montero señaló en las redes, con nombre y primer apellido, a la supuesta propietaria especuladora de un piso. Según Montero y medio Podemos, la señora había subido el alquiler a sus inquilinos un 30%, de 1.000 a 1.300 euros, obligándolos a irse a otra parte. Que un partido señale públicamente a una ciudadana, por más que pueda ser especuladora, ya es tan inmoral que no sabría por dónde empezar. Pero la cosa tiene una segunda vuelta: la persona que a estas horas está sufriendo el linchamiento ni siquiera es la propietaria que ha subido el precio del alquiler a la pareja protagonista del vídeo electoral.

Por partes. El martes 22 de octubre, Irene Montero y Podemos lanzan su señalamiento público. Cuentan la historia de Livia y Juan, expulsados de su vivienda por una tal “Esther Argerich”. De inmediato, cientos de internautas buscan en Google este nombre y descubren que también tiene una casa rural. Irreflexivos, empiezan a atacarla en redes, a puntuar negativamente su negocio, a señalarla como especuladora, traidora, enemiga del proletariado, etc. La prensa liberal reacciona: ¡una pobre mujer señalada públicamente!

Durante la batalla mediática, el miércoles se proporcionan en las redes sus datos, la dirección de su negocio e incluso su teléfono móvil. Desde muy temprano, la señora empieza a recibir llamadas de periodistas, a las que no responde. Yo mismo le envío en mensaje y le digo que, si quiere hablar, me llame cuando pueda. Minutos después, lo hace. Cuál será mi sorpresa cuando, al otro lado de la línea, me encuentro a una señora que llora desconsolada y me dice: “Soy Esther Argerich, pero no soy esa Esther Argerich”.

Recapitulemos: Irene Montero y el aparato de Podemos en Twitter no solo han señalado a una persona anónima públicamente en campaña electoral, cosa que sería condenable en cualquier situación, sino que además lo han hecho con suficiente ambigüedad para que una mujer totalmente ajena acabe pagando el pato. Sin dejar de llorar, Esther me dice: “Yo no sé qué hacer, vivo de ese pequeño negocio de casa rural, pago anuncios y por eso aparezco muy arriba en Google. Y me están destrozando, ¡me están destrozando!”.

El segundo apellido de la protagonista de esta historia es distinto. El Sindicato de Inquilinas de Barcelona, plataforma que lucha contra la especulación, dio a conocer el caso. La propietaria del piso del ‘spot’ de Podemos posee cinco viviendas, una oficina y varias plazas de aparcamiento. No es una pobre mujer, para entendernos, que se saca un extra con el alquiler de una segunda vivienda, sino que forma parte de la minoría de multipropietarios que viven de las rentas. ¿Justificaría eso su señalamiento por parte de un partido con representación parlamentaria? Jamás. Pero lo que ha hecho Podemos es muchísimo peor.

Las veleidades de este partido con la justicia paralela han sido constantes. Se sumaron, siendo ya parte del poder legislativo, a las protestas contra los jueces de la primera sentencia de la Manada y contra los del Supremo por el caso del ‘procés’. Han abrazado y promocionado, gozosos, juicios sumarísimos del movimiento #MeToo. El caso de Esther Argerich es otra muesca en el fusil, y el hecho de que alguien ajeno al lío pague las consecuencias es la constatación de que la justicia paralela jamás puede ser un método aceptable.

El precio de los alquileres es un problema fundamental en España. Los fondos buitre son la punta de lanza, y muchos multipropietarios van detrás en el engorde del precio de mercado, al que acaban sumándose los pequeños propietarios. Pero esto no es un problema de personas concretas, sino sistémico. Limitar el precio máximo de los alquileres, como están haciendo ya ciudades tan poco sospechosas de comunistas como Berlín o París, es una medida aceptable. Señalar a particulares públicamente, jamás.

“Esto no me hubiera pasado si me llamara Pepa Pérez”, se lamenta Esther Argerich antes de colgar. “No, señora”, le respondo: “Esto no le hubiera pasado si Irene Montero se comportase como una persona que ostenta un puesto de responsabilidad”.

Hace unos meses, tres dirigentes de Podemos —Irene Montero, Ione Belarra y Rafa Mayoral— señalaron a una propietaria de Barcelona y difundieron su nombre y apellidos en redes sociales para intentar parar un desahucio. Este martes, Esther Argerich, la dueña del piso, publicó un artículo en el portal Idealista News defendiéndose. «Me han hecho un linchamiento público y todo para quedarse con mi piso a precio de ganga», asegura.

En su relato de los hechos, Argerich afirma que heredó la vivienda de sus padres —de 140 metros cuadrados y cinco habitaciones— hace doce años y la alquiló a través de una agencia por 1.100 euros mensuales. El contrato de arrendamiento era en principio de cinco años, pero se prorrogó en varias ocasiones.

En una de ellas, y como consecuencia de la pérdida del trabajo de uno de los inquilinos, se rebajó el importe del alquiler hasta los 1.000 euros mensuales.

En 2018, cuando caducaba el contrato, Argerich decidió no renovar más el contrato para reformar la vivienda y vivir en ella, algo que notificó a los inquilinos con cuatro meses de antelación mediante un burofax. Sin embargo, antes de que se cumpliera el plazo, el marido de la propietaria sufrió un ictus y permaneció ingresado varios meses, lo que propició un cambio de planes.

Argerich ofreció entonces a los inquilinos un nuevo contrato de, como máximo, tres años de duración con un alquiler de 1.300 euros mensuales. Que no se hubiera actualizado el precio del alquiler en doce años e incluso se hubiera reducido, a pesar de los cambios en el mercado inmobiliario, son el argumento de la propietaria para subir el alquiler. Para la hasta ahora portavoz de Podemos en el Congreso era una «subida abusiva».

Entonces, los inquilinos, siempre según la versión de Argerich, comunicaron a la administradora del alquiler que no querían irse del piso, pero tampoco aceptaban la subida. La dueña del piso y la administradora comenzaron a recibir cartas del Sindicato de Inquilinos y de la Oficina de Vivienda Popular de Gracia solicitando una revisión a la baja del alquiler, por lo que la propietaria decidió zanjar el contrato.

«Coacciones»

En ese punto «empezaron las coacciones» que ella misma relata: «Concentraciones violentas delante de la agencia inmobiliaria con pancartas con mi nombre y apellido, repartieron folletos por las calles con datos personales míos, fueron a mi domicilio a repartir folletos a los vecinos, engancharon carteles con mi nombre y otros datos personales por todo el barrio, hicieron llamadas telefónicas a mi lugar de trabajo, explicando la historia a mis compañeros». Los tres dirigentes de Podemos dieron más alas a la historia.

Además, Pablo Iglesias aseguró en la televisión, según Argerich, que ella era propietaria de 17 viviendas, algo que ella niega: «Ni soy una gran propietaria, ni empresaria, ni mi nombre era público». «Han estado difundiendo datos personales por internet y redes sociales. Y para justificar lo indefendible iban diciendo mentiras. Me han hecho un linchamiento público y todo para quedarse con mi piso a precio de ganga», asegura.

Finalmente, los Mossos d’Esquadra procedieron a desahuciar a los inquilinos el 20 de diciembre. Argerich afirma que hasta julio habían estado depositando el dinero del alquiler en un juzgado, pero cuando les rechazaron un recurso para frenar el desalojo decidieron dejar de pagarlo. Además, asegura que descubrió que estaban realquilando las habitaciones.

Durante el proceso ha tenido que pasar por «varias bajas laborales ocasionadas por la angustia y nervios que estaba pasando» y ahora ha compartido fotos que ilustran el estado en el que ha quedado la vivienda: «La entrada y la escalera la dejaron destrozada. Cuando finalmente llegué al piso estaba fatal. En fin, no quiero ni pensar en todos los daños que me han ocasionado».

El mayor riesgo económico del acuerdo entre el PSOE y Podemos no está en los enunciados contenidos en las 50 páginas de su Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España, sino en lo que no está escrito. Este documento es más trascendente en lo que calla que en lo que dice. De hecho, hay mayor seguridad jurídica ahora mismo sobre lo que está negro sobre blanco que sobre lo que no se dice nada.

Dicho esto, hay que destacar que los dos ámbitos donde se detectan novedades en relación con textos precedentes son la reforma laboral y los alquileres.

En el primero, se ha caído la barrera que el PSOE siempre puso con la expresión «los aspectos más nocivos de la reforma laboral». De los tres aspectos que menciona que derogará con carácter urgente sólo uno afecta directamente a los trabajadores (el despido por absentismo por baja por enfermedad que acaba de ser avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional), los otros dos son medidas destinadas a acrecentar el poder sindical: la supresión de las limitaciones al ámbito temporal de los convenios colectivos y la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales.

En cuanto al control del precio de los alquileres, éste es un terreno donde están muy bien documentados los fallos que se han cometido en la historia. Países como Suecia han cometido errores que las han llevado a deprimir los incentivos para la construcción de nuevas viviendas y, al cabo de un tiempo, se han encontrado con que no hay oferta suficiente para la demanda, lo cual dispara el precio de los activos existentes.

Las largas colas de aspirantes a alquilar en Berlín son una muestra del error de cálculo político que se ha producido en una ciudad que tiene un gran parque público de vivienda (como en Suecia), cosa que no sucede en España que ha dinamitado una y otra vez su política de vivienda pública por la picaresca y el abuso.

El lamentable episodio que implicó a doña Esther Argerich, situada en la diana de la opinión pública por Irene Montero, y en el que al final se ha terminado conociendo que se han dañado tanto o más los derechos de la propietaria que los de la familia que alquilaba, debería servir de alerta para que Podemos piense dos veces sus ocurrencias.

En España, el 80% de las familias son propietarios de sus viviendas. Es un ahorro que, dado el envejecimiento de la población, debe estar disponible para hacerse líquido en cualquier momento. Cualquier medida puede distorsionar el mercado. Si Podemos usa su impulso reformista para acrecentar el parque de vivienda pública de alquiler y dinamizar las medidas para que las personas mayores puedan disponer de su ahorro cuando lo deseen, éste será bienvenido. En cambio, si es para jugar con las cosas de comer, será un grave error.