ETA asesina a tres guardias civiles en Salvatierra (Avelino Palma, Angel Prado y Vázquez Plata) y a tres funcionarios policiales en Durango (Canal, Merenciano y Hernando Ortega)

ESTA SANGRIENTA semana del País Vasco se ha cerrado con el asesinato de tres funcionarios del Cuerpo General de Policía en Durango y tres guardias civiles en Salvatierra. Resulta difícil admitir que estos crímenes, que se suman a los perpetrados en Vitoria, Rentería y Bilbao en los días anteriores, puedan todavía ser aceptados o tolerados en sectores de la opinión pública vasca que no sean directamente cómplices o encubridores de su realización. Porque la romántica presentación de estos encapuchados que matan por la espalda o en emboscadas como herederos de los gudarís es, desde hace tiempo, la inverosimil impostura tras la que, se esconden matones fascistas que parecen salidos de Novecento y gangsters mafiosos dignos de El padrino.

Una vez más resulta preciso señalar la coincidencia entre esta salvaje sucesión de crímenes y los avances -todavía escasos y lentos- conseguidos por el Gobierno y las fuerzas democráticas en la vía de la solución pacífica y negociada del conflicto vasco., En esta ocasión, la transferencia de las primeras competencias sustanciales al Gobierno de Euskadi, las entrevistas de Garaikoetxea con el Rey, con el presidente del Gobierno y con Felipe González y las declaraciones en Madrid del lendakari parecen haber disparado todos los resortes de destrucción y desesperación de los terroristas. Las brutales e inmediatas reacciones de ETA contra las soluciones políticas prueban que el desarrollo del Estatuto de Guernica constituye una grave amenaza para el nacionalismo radical y violento, en tanto en cuanto puede inclinar a sectores sociales que hasta ahora le han apoyado a reconocer la viabilidad de las instituciones democráticas.

Señalemos, a este respecto, que la creación de la policía autónoma, condición para que el Gobierno vasco pueda responsabilizarse directamente de cuestiones de orden público, resulta cada vez más urgente, y que parece absurdo querer condicionarla a la retirada de los cuerpos de seguridad del Estado, con los que tienen que colaborar en la erradicación del terrorismo.

La constatación de las dificultades y fallos operativos de los cuerpos de seguridad estatales en Euskadi no conlleva, en modo alguno, una injusta valoración de los, sacrificios y esfuerzos realizados por sus miembros ni el olvido de las decenas de hombres asesinados en el cumplimiento de su deber. Pero resulta también cada vez más evidente, por razones cuyos orígenes se remontan al período franquista, que las Fuerzas de Orden Público, al faltarles el apoyo de sectores significativos de la población, bien sea por propia convicción, bien sea por amedrentamiento, están en muy difíciles condiciones de erradicar la violencia en el País Vasco. Y también es evidente que las medidas propuestas por los energúmenos de la derecha autoritaria sólo lograrían aumentar esa violencia que tratan de eliminar.

En esta perspectiva, la valiente iniciativa que dio origen al manifiesto de intelectuales vascos durante la pasada primavera se debería convertir en el punto de arranque de un movimiento generalizado de opinión ciudadano contra la violencia. Porque para liberar a la sociedad vasca del miedo, del chantaje y de la confusión resulta imprescindible que los hombres y mujeres más respetados y estimados ayuden con su autoridad intelectual, su coraje moral y su valor cívico a las instituciones autonómicas, al Gobierno de Vitoria y a los partidos políticos democráticos en la tarea de recomponer el desgarrado tejido de la convivencia pacífica en Euskadi.