25 febrero 2010

Luchas internas en el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ): el vocal José Manuel Gómez Benítez dimite de la Comisión de Calificación dimite por supuestas irregularidades

Hechos

Fue noticia el 25 de febrero de 2010.

15 Febrero 2010

Agencias de colocación

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

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El mercadeo en el reparto de altos cargos en los tribunales es muy dañino para la justicia

Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial propuesta por el PSOE y fundadora de Jueces para la Democracia (JpD), ha respondido a las críticas de su asociación a la política de nombramientos del Consejo con una carta en la que rebate las acusaciones con el alarde de sus éxitos: en apenas 18 meses, 18 asociados a JpD (520 afiliados) han pasado a ocupar altos cargos de la carrera judicial: uno al mes. Y, para apuntalar su eficacia, compara el premio a sus compañeros con el relativo quebranto de las otras asociaciones: la APM, con 1.300 afiliados, ha logrado 21 altos cargos; la Francisco de Vitoria, con 595, se ha quedado en seis. Otros 15 cargos han ido a parar a independientes, que vienen a ser la mitad de la carrera judicial. Y por si alguno de los miembros de JpD aún guardara algún resquemor, les recuerda que en el año y medio de vida de este Consejo, sus afiliados han ocupado tres plazas en el Tribunal Supremo, dos en la Audiencia Nacional, cuatro en Tribunales Superiores de Justicia y seis presiden Audiencias Provinciales.

Llama la atención que la magistrada no se diera cuenta de hasta qué punto es dañino para su propia imagen este ejercicio de jactancia. Aparecer como una diligente agencia de colocación de sus compañeros de asociación podrá cosechar alguna palmada de agradecimiento de los agraciados, pero será difícil evitar la sensación de un favoritismo ramplón. Pero lo peor de este asunto es que el proceder de Robles no constituye una aislada y censurable acción, sino una práctica generalizada. Para que JpD pueda colocar a los suyos, la conservadora APM hace lo propio con sus asociados en una rutina más basada en el amiguismo que en criterios profesionales. Es tremenda esa sensación de mercadeo de altos cargos en los tribunales, los órganos a los que nuestra sociedad ha encargado la Administración de la justicia. Sólo así, con esta más que preocupante premisa de cambios de cromos a la hora de la elección -uno para ti, dos para mí- se entiende el desastre que actualmente viven algunos tribunales superiores, con presidentes incompatibles con el sentido común: están a la espera de acuerdo en el reparto.

Son más que justas las críticas a una justicia que comete demasiados errores o a la vergonzante politización del Consejo del Poder Judicial. Pero poco ayuda la carta de la vocal a quienes se quejan de que los nombramientos judiciales se hagan de esa guisa y abogan por la absoluta independencia de los jueces en los nombramientos. La autopropaganda de Margarita Robles ha desnudado la imparcialidad, la rectitud y la probidad con la que actúan sus señorías cuando tienen la oportunidad de ser ellos quienes eligen y distinguen entre sus iguales, sin las denostadas presiones políticas. El resultado parece asemejarse más al funcionamiento sindical de los muelles de Baltimore, tal y como lo muestra la magnífica serie The Wire, que al exigible a las muy respetables asociaciones judiciales.

25 Febrero 2010

Intereses corporativos

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

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La dimisión de un vocal del CGPJ saca a la luz los amaños en los nombramientos judiciales

La dimisión del vocal del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez de su puesto en la Comisión de Calificación de dicho Consejo ha desvelado un sistema de nombramiento de altos cargos judiciales -especialmente, magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de tribunales superiores de justicia- que parece primar más las relaciones de amistad y la militancia asociativa que el mérito y la capacidad de los candidatos. Había indicios abundantes de que a la lógica de partidos que malea el nombramiento de los miembros del Consejo y condiciona su funcionamiento, dividiéndolo en bloques ideológicos según el partido al que deben su designación por el Parlamento, se había superpuesto una lógica corporativista al servicio de las asociaciones judiciales. Ahora existe un testimonio directo de que eso es lo que ocurre.

Según el dimisionario, vocales que actúan como poderes fácticos en interés de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), afín al PP, o de Jueces para la Democracia (JpD), afín al PSOE, burlan la Comisión de Calificación, a la que corresponde seleccionar los candidatos, y logran imponer sus propios candidatos al pleno del Consejo Judicial. El resultado es que otras asociaciones judiciales y los jueces no asociados, la mitad de la carrera, tienen prácticamente vedado el acceso a los altos cargos judiciales.

Los vocales señalados han acusado a Gómez Benítez de «mentir». Pero los datos no le desmienten: la APM y JpD copan el 75% de los cargos judiciales nombrados por este Consejo. Es un paso en la buena dirección que la entrevista a los candidatos sea en adelante pública, como acaba de decidir el Consejo. Pero de poco valdrá esa publicidad si el proceso previo de preselección es opaco y el gremialismo asociativo sigue imponiéndose al mérito y la capacidad.

La lógica corporativista es tan desastrosa para el órgano de gobierno de los jueces, y para la Administración de justicia como lo ha sido su contaminación por la lógica partidista política. No hay diferencia. A esa lógica hay que atribuir el escándalo de que el presidente del Tribunal Superior de Valencia, ya en funciones en el caso Camps, siga en esa situación meses después. Los partidos no dan ejemplo: la renovación del anterior Consejo estuvo bloqueada dos años por el PP y lo mismo ocurre ahora con el Constitucional. Pero se les puede exigir responsabilidades. Al Consejo, no, y eso alimenta la impunidad con que actúan.