Marta Rovira se fuga de España y el juez Llarena encarcela a Turull, Rull, Romeva, Forcadell y Dolors Bassa para que no sigan su camino

El auto de procesamiento contra los líderes del procés, dictado este viernes por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha caído como un mazazo en Catalunya, y no solo entre el independentismo. La macrocausa contra los impulsores del referéndum de autodeterminación y de la declaración unilateral de independencia (DUI) se cierra así con 25 procesados por delitos tan graves como rebelión, desobediencia o malversación de fondos públicos, castigados con penas de inhabilitación y decenas de años de cárcel.

En la fase de juicio oral, el tribunal que juzgue la causa deberá dilucidar si la protesta del 20 de septiembre frente al Departament d’Economia, los hechos del 1-O en los colegios electorales o del 27 de octubre en el Parlament encajan, como sostiene el instructor, en la tipología penal de rebelión, que exige la comisión de actos de violencia. Porque algunos pasajes de la narración de Llarena presentan interpretaciones cuanto menos sui generis, como comparar la concentración del 20-S con una «toma de rehenes» con «disparos al aire».

El reingreso en prisión de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, del candidato a la investidura Jordi Turull –ahora suspendido– y de los también exconsellers Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva, junto a la huida al extranjero de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, cincelan con ribetes aún más dramáticos, si cabe, el desenlace judicial de la ofensiva independentista de los últimos años. De las caras visibles del procés, 11 se hallan en prisión preventiva y siete se han evadido de la acción de la justicia. El juez ha reactivado la euroorden contra Puigdemont y los ‘exconsellers’ huidos.

Al impacto emocional por los procesamientos se ha sumado la carta abierta en la que Rovira anuncia su decisión de «emprender el camino del exilio», invocando su condición de madre para justificarla. Un escrito conmovedor que nos vuelve a recordar que los actores del procés son políticos, con sus errores y sus aciertos, pero también seres humanos que están pagando por sus actos una muy gravosa factura personal.

Estas penalidades confirman la advertencia que los líderes independentistas prefirieron desoír: que la vía unilateral, aparte de estéril, toparía con la firme respuesta de la justicia y dañaría las instituciones catalanas. Una lección que nadie debería olvidar.

Catalunya es un país en estado de shock después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya acordado devolver a la prisión a Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, donde ya se encuentran Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En total, seis miembros del Govern, la presidenta del Parlament en la anterior legislatura y los exlíderes de la ANC y Òmnium. Además, se han cursado euroórdenes de detención y extradición sobre los miembros del Govern en el exilio, el president Puigdemont y los consellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. Y una orden de detención internacional en el caso de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que se encuentra desde este viernes en Suiza a donde ha viajado para eludir su entrada en prisión.

Pablo Llarena ha cerrado precipitadamente la causa y ha jugado fuerte con el objetivo de tener lo más rápidamente que pueda en prisión a los seis líderes independentistas actualmente en el extranjero y que se sumen a los nueve que ya se encuentran en los centros penitenciarios de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco. A nadie se le puede escapar que la decisión del magistrado del Supremo es, además de injusta y del todo desproporcionada, enormemente grave. La presentación de los hechos que efectúa el magistrado en el auto de procesamiento ni justifican la rebelión —¿cuándo y cómo se produjo el alzamiento que justifique una acusación tan grave?— ni acreditan la malversación de dinero público. Lo mismo sucede con la sedición, apreciándose tan solo el delito de desobediencia.

Pero es obvio que si todo eso lo puede asegurar una persona carente de conocimientos de derecho como yo, mucho más lo sabe un magistrado de los conocimientos de Llarena o el propio ministerio fiscal. Pero la causa general, que se ha emprendido contra el independentismo precisa poco de hechos y mucho de literatura. Como precisa de un gran consenso político y mediático. El primero para aplaudir las medidas adoptadas y el segundo para acríticamente explicar los hechos aunque sean falsos.

Decía al principio que Catalunya es un país en estado de shock. Lo está todo él o una parte muy, muy, amplia. No un partido o unos partidos. Unas entidades u otras. Que oscila entre la depresión y la indignación. Entre la rabia y la desolación. Entre la defensa de las instituciones y la defensa de la calle. Entre el independentismo más enardecido y el más pragmático. Un país que llora más que sonríe. Pero también un país, que nadie se confunda por más errores que la mayoría política haya cometido, que no se dejará arrebatar la dignidad por más que las altas esferas del Estado hayan decidido aporrear la democracia. Las manifestaciones improvisadas en los cuatro rincones de Catalunya son una expresión. Encontrar una salida en el laberinto basada en el diálogo fue la propuesta del candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Turull en la tarde del jueves, ofrecida con toda la solemnidad desde la tribuna del Parlament. La respuesta en esta ocasión ha tardado menos de 24 horas.

Ha ido tan rápido y ha sido tan abrumadoramente cruel que fijar el rumbo de la navegación no va a ser fácil, por más que en una situación absolutamente excepcional incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de lasNaciones Unidas haya requerido al estado español a que adopte las medidas para asegurarse que Jordi Sànchez pueda ejercer sus derechos políticos sin restricciones. Algo que sucedió cuando fue designado hace unas semanas candidato a la presidencia de la Generalitat y su nombre decayó cuando Llarena le impidió abandonar la prisión de Estremera. ¿Problemas? Que España dispone de seis meses para presentar alegaciones al Alto Comisionado de la ONU. Un tiempo demasiado precioso en el momento de discusión actual.

DE NADA SIRVE que toda Europa se vuelque en ayudarnos contra el golpismo catalán si el Gobierno del señor Rajoy y la señorita Soraya siguen tolerando, financiando y mimando el aparato de propaganda y agitación del golpismo, cuya fuerza reside en las televisiones. En las dos que protegen los señores presidentes de la Generalidad, don Mariano y doña Soraya, la TV3 que se niegan a cerrar y La Sexta que crearon delictivamente y siguen protegiendo como lo que es, la silenciosa protectora de la imagen de esa excelentísima nulidad que tenemos como vicepresidenta. Hemos visto ya a algún egregio inquilino de la cárcel encima de un coche de la Guardia Civil arengando a las masas. Pero hemos visto también a los periolistillos de la televisión golpista catalana encaramados al mismo coche y el Gobierno de Madrid, que es el de la Generalidad, les sigue manteniendo el sueldo. Eso no puede continuar así. Nada podemos pedir al Fiscal General del Estado, cuya acreditada sumisión al Ejecutivo del Melindre lo ha desacreditado de por vida. Tendremos, pues, que pedirle a Vox que haga lo que debería hacer Ciudadanos, ya que el PP no existe y el PSOE está con el PSC, o sea, en tierra de nadie, pero tirando a golpista.

Ayer me sorprendió gratamente ver a Albert Rivera saludando la detención del golpista de Waterloo por la Policía alemana. Fue el único de los líderes políticos que saludó el fiasco del politicastro fugitivo. Falta que los partidos que se llaman constitucionales, aunque no siempre lo sean, apaguen el verdadero motor de la agitación contra España y el régimen constitucional, que es la televisión, en Madrid y Barcelona.

Mucho se quejan algunos, y con razón, de la actitud de la Justicia belga. Pues lo más belga, en el sentido más sórdido y siniestro del término, es la actitud de desafío permanente al orden constitucional que mantienen las televisiones públicas de la Generalidad, o sea, de Soraya y Mariano, y el duopolio A3media/La Sexta y Tele5/Cuatro, obra de Mariano y Soraya.

Cuando acabe por haber víctimas en las algaradas promovidas por esas televisiones golpistas, sin las que nada podrían hacer los desastrados vencidos del Prusés, vendrán algunos a pedir prudencia. Lo más prudente, desde hace años, era cerrar a cal y canto cualquier ventana al golpismo. El Gobierno las mantiene de par en par.