Méndez Pozo entra en prisión tras negarle el indulto el Gobierno del PSOE y con el PP de Burgos tratando de mirar para otro lado

Lo escuché el mismo día. Horas después lo leí en papel impreso, en las páginas regionales de EL MUNDO. Me sentí aludido, señor gobernador, porque ahora resulta que tendremos que demostrar nuestra inocencia por haber pedido el indulto para el señor Méndez Pozo, a través de un comunicado del Comité de Empresa de este periódico, no lo entiendo, y hablo en nombre propio, pero que supongo que será difícil de entender para muchos de mis compañeros.

Estimado César, garcias a Dios hace ya algún tiempo que dejé de sentirme coaccionado, porque creo que vivo en un país libre, democrático, y donde, por ahora, impera el sentido común: he trabajado con total libertad en todos los medios donde he estado, y en caso contrario no hubiera dudado ni un segundo en irme; pero al leer tus declaraciones donde con contundencia significaba que ibas a investigar ‘una por una’ todas las firmas de apoyo al constructor y empresario por si ‘pudieran encerrar contraprestaciones por servicios prestados’, sentí que no yo, pero sí muchas personas podían verse coaccionadas para firmar, libremente, si es que su conciencia así lo dicta, precisamente por venir de ti esa afirmación. Ven en ti como lo veo yo, pero desde la posibilidad que me da el ejercer la crítica al trabajar en un medio de comunicación – al menos tengo algo de defensa – ven en ti, repito el poder, el control de los organismos de administración del Estado, y algunos tan coactivos como son la Policía o Hacienda… y me dio miedo.

Que en un país libre no se puede firmar una petición de indulto porque el propio representante de la ley asegura que nos va a investigar, muestra desgraciadamente todavía algunos signos de intolerancia, si hasta el propio fiscal en Cataluña lo ha solicitado para dos miembros de Terra Lliure, dos personas, ahora arrepentidas, que en su tiempo utilizaron el terror.

Pero que distintas son las expresiones cuando se refieren a las mismas situaciones con distintos protagonistas, es el juego de la política, pero que al simple ciudadano, mucho me temo, que le estamos cansando, vosotros con vuestro estilo y nosotros con nuestra palabra.

Decías que no entraba en tu intención dar el visto bueno a la solicitud de indulto porque no habías visto indicios de arrepentimiento. Desconozco los indicios a los que te refieres en qué pueden consistir, pero he visto de cerca lo que puede sufrir una familia, una persona, cuando se le condena a pena de cárcel por un, digámoslo así, delito urbanístico. Sí hay faltas, que la sentencia reconoce. Pero, como bien sabes, porque has leído el texto, no hay perjuicios a terceros y, creo que en este caso, como otro ciudadano, tiene derecho a pedir el indulto.

Te escribo esta carta el viernes por la tarde. No sé lo que haya podido ocurrir el fin de semana, con las mesas en las calles. Espero, al menos, que tanto los que hayan firmado como los que no, lo hayan hecho libremente, sin coacciones.

Antonio José Mencía

El empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo ya está en la cárcel. Nada he oído ni leído contra esta decisión judicial que, aunque hay que acatar, muchos no compartimos. Si comparáramos la pena impuesta a este empresario con la correspondiente a los capos del narcotráfico en la llamada ‘operación Nécora’ habría que salir huyendo del país. Esto es un cachondeo.

Hace un tiempo que escribí aquí mismo que sólo he visto un par de veces en mi vida a este empresario, y que si Méndez Pozo, en vez de construir en la Comunidad autónomo que gobernó José María Aznar, hubiera operado en las Comunidades donde gobiernan Leguina, Chaves o Bono, por ejemplo, nunca los acontecimientos hubieran llegado al escándalo. El empresario burgalés, de´ciamos entonces, fue el puente por el que algunos quisieron transitar para alcanzar la yugular del jefe de la oposición. Y como no pudieron llegar a esa orilla se han cebado con el puente y ahora quieren dinamitarlo. Dijimos, y ahora recordamos, que el grave delito cometido por este ‘peligroso delincuente’, según la sentencia, fue hacer figurar una finca unos metros más allá de su sitio, pero siempre dentro de los terrenos de su propiedad, y por poner en una escritura una parcela de quinientos metros cuadrados situadas en un terreno que no le pertenecía, aunque no se supiera determinar si era de los colindantes o de la Junta de Castilla y León. En ningún caso hubo daño a terceros.

Hoy, igual que ayer, muchos ciudadanos no entienden por qué este trabajador, empresario y padre de familia ha sido castigado con penas más severas que los traficantes de drogas y que los terroristas. POrque aquí nadie cuestiona que Méndez Pozo esté en la cárcel, lo que se cuestiona es que otros no lo estén. Lo que se cuestiona, dijimos entonces y repetimos ahora, es la impunidad en torno a Filesa, la falta de decencia en torno a los fondos reservados, las barrigas agradecidas, la desapareición de los billetes del maletín del caso Ollero al más puro estilo siciliano.

Lo que se cuestiona es el enriquecimiento de Juan Guerra, las dotes de ROldán en la gestión de los patrimonios inmobiliarios y los miles de millones de pesetas desaparecidos de la PSV. Se cuestiona lo que al Erario le ha costado Banesto, Rumasa, KIO, el AVE, VIajes Ceres, la Expo…. lo que se cuestiona es que la Presidencia del Gobierno ponga la mano en el fuego por Mariano Rubio y seguidamente éste acabe en el Juzgado. Y se cuestiona también que el indulto que se otorga a violadores, terroristas y alcaldes del PSOE se le niegue a este ciudadano. ¿Por qué no dice sobre esto Felipe González cuando sale en la Teletienda vendiendo sus productos de medicina, pensiones y becas?

Hoy casi nadie habla sobre Méndez Pozo. Hay miedo. Y ya se sabe que ‘cuando la voz de un enemigo acusa, el silencio de un amigo condena’.

José Antonio Sánchez

LA JUSTICIA acaba de pronunciarse definitivamente sobre un sonado caso de corrupción política (el de la construcción de Burgos) y se apresta a hacerlo sobre otro que no lo es menos (el caso Hormaechea). Son dos hechos significativos de la saga de escándalos que salpicaron la anterior legislatura y que finalmente provocaron una reacción -aunque tibia y tardía- de los partidos, con abstractas invocaciones regeneracionistas y promesas aún no cumplidas de impulso democrático.Sobre la intervención de los tribunales en los comportamientos venales de políticos y cargos públicos -sea en provecho propio o en el de sus formaciones políticas- se han producido en estos años contradictorias y a veces pintorescas opiniones. Los mismos responsables públicos que, en ocasiones, han denunciado la excesiva judicialización de la vida pública no han dudado, llegado el caso, en invocar a la justicia como única instancia legitimada para terciar en los escándalos derivados del mal uso del poder. Salta a la vista el oportunismo interesado de quienes así piensan: usar a los tribunales como coartada de su pasividad o su impotencia en una tarea de limpieza de la vida pública que, en primera instancia, le corresponde a ellos.

Frente a la corrupción política, todos los mecanismos de control democráticos -los internos de los partidos y los institucionales- están obligados a actuar de consuno. Ninguno sobra y todos tienen algo que decir y hacer en sus respectivos ámbitos. Cuando los tribunales se convierten en la única defensa de la sociedad frente a los desvíos y abusos del poder -de ahí el fenómeno de la judicialización-, ello es síntoma de que el sistema político e institucional en su conjunto no funciona como debe. Es, justamente, el caso de Italia.

En cualquier caso, es una garantía que los tribunales de justicia actúen, como ha sucedido en el caso de la construcción de Burgos, o estén a punto de hacerlo, como en el caso Hormaechea, por más que el protagonista de este último maniobre para retrasar ese momento. Una de las características del funcionamiento de los tribunales es que, más pronto o más tarde, siempre llegan a tiempo de pronunciarse. Y en el caso de la construcción de Burgos su pronunciamiento hay que valorarlo especialmente por dos motivos: por la gravedad de los hechos declarados probados y por la inconcebible renuencia del Partido Popular a conderiarlo políticamente en su momento.

La gravedad de los hechos salta a la vista en todas y cada una de las 300 páginas de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso: toda una corporación municipal (la de Burgos durante los años en que fue alcalde José María Peña, elegido como independiente en las listas del PP) poniendo los intereses urbanísticos de la ciudad al servicio de los particulares del constructor Antonio Méndez Pozo. Una frase de la sentencia describe cabal mente este clima de corrupción instalado en el gobierno municipal de la ciudad al atribuir toda una serie de resoluciones injustas dictadas por el alcalde y los concejales condenados a su decidido y unívoco propósito de favorecer al constructor Méndez Pozo, «cuyos deseos en el campo urbanístico da la impresión de que no tenían fronteras ni limitaciones legales o reglamentarias». «De tal manera eran obedecidos» apostilla la sentencia.

Esta última también es importante por la doctrina jurisprudencial que sienta sobre el delito de prevaricación. A partir de ahora no sólo podrán ser condenados por este delito los funcionarios o cargos públicos que dicten resoluciones injustas, sino los ciudadanos que inducen a que se adopten, presionando o prometiendo algo a cambio. Es decir, se acabó la impunidad legal de todo ese mundo oscuro de intermediarios que se mueve en los aledaños de los centros de poder que deciden sobre las obras y contratas públicas. Es posible que esta doctrina jurisprudencial alcance todavía al caso Juan Guerra, si llega al Supremo, y es inevitable que produzca sus efectos en el caso Hormaechea. Sin duda, ampliar el concepto de uno los delitos más definitorios de la corrupción política constituye una buena aportación judicial a la lucha contra una de las peores lacras de la vida pública española.