Muere el magistrado conservador Roberto García Calvo, del Tribunal Constitucional, y la revista ÉPOCA (INTERECONOMÍA) asegura que ha sido víctima del CNI

El destino ha querido poner un estrambote entre lo trágico y lo rocambolesco al recorrido en el Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña, un texto fruto de una mezcla de frivolidad, falta de sentido común e improvisación de sus autores.

Ese estrambote es el repentino fallecimiento del magistrado Roberto García-Calvo, elegido miembro del Constitucional en 2001 por el Congreso a propuesta del PP.

García-Calvo, de 65 años, había sido juez de la Sala Segunda del Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Era un profesional cualificado a pesar de la campaña de desprestigio organizada por el PSOE y sus medios afines, que cuestionaron sus méritos para acceder al Constitucional porque había sido gobernador civil durante el Gobierno de Arias Navarro y le caricaturizaron como hombre autoritario y hasta violento.

Su muerte tiene la virtualidad de cambiar la relación de fuerzas en el seno del pleno del Constitucional que está examinando el recurso presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña.

Como se sabe, tras salir adelante la recusación del magistrado Pérez Tremps, el pleno había quedado dividido entre el sector vinculado al PSOE, con cinco magistrados -entre ellos, la propia presidenta del Tribunal- y otro sector afín al PP, con seis jueces.

Esta relación de fuerzas anticipaba una posible estimación del recurso del PP y la anulación de artículos muy importantes del Estatuto de Cataluña. Pero la muerte de García-Calvo lo cambia todo porque equilibra la composición del Pleno, en el que ahora se produciría un empate a cinco.

Ese empate sería resuelto por el voto de calidad de la presidenta saliente, María Emilia Casas, que haría un último favor al PSOE convalidando la constitucionalidad del texto. Sería así como la llamada «enmienda Casas» que, con tanta razón y menor tino combatió García-Calvo, adquiriría su más macabra virtualidad.

Ello no es una elucubración porque la experiencia demuestra que, en todos los asuntos importantes donde hay intereses políticos, los magistrados siempre han votado en función de su afinidad ideológica.

Esta disciplina cuasi partidista ha provocado un gran descrédito del Constitucional, que está pendiente de renovación desde el pasado mes de enero por falta de acuerdo del PP y el PSOE.

La muerte de García-Calvo sirve para sacar a la luz la politización de este Tribunal, en el que el desenlace de un pleito depende de la composición de la Sala y no del fondo del asunto.

Sería deseable cambiar el procedimiento de elección y la filosofía con la que opera el Constitucional, incluyendo la posibilidad de designar suplentes para evitar la paralización de esta pieza clave en nuestra arquitectura institucional.

Fue un hombre de Derecho y como tal actuó en una época de crisis para la Justicia. Le tocó vivir en sus diferentes responsabilidades difíciles momentos de una Justicia marcada por la política: como vocal del segundo Consejo General del Poder Judicial, es decir, el nacido de la reforma socialista de 1985 que marca el inicio de su politización; luego, como fiscal, en la Asociación de Fiscales.

Eran los años en que se anuló por primera vez en la historia de la Justicia española el nombramiento del Fiscal General del Estado. Y en los últimos años como magistrado del Tribunal Constitucional.

Como juez he tenido la suerte de estar rodeado de primeros espadas y uno de ellos fue Roberto García- Calvo. En lo personal, la muerte, también repentina, de su hija me mostró su reciedumbre, su profunda fe. En lo profesional, vivimos el nacimiento de la Federación de Asociaciones Profesionales de la Justicia, creada a comienzos de los 90 por las principales asociaciones de jueces, fiscales y secretarios. Buscábamos unidad ante lo que era otra vuelta de tuerca a la politización judicial.

En esos episodios, personales y profesionales, conocí con más intensidad a Roberto. Ya le conocía de sus años de vocal, pero ahí aprendí la diferencia entre la realidad de una persona y la imagen que sus adversarios trazan de ella. La imagen que estos trasladaban era la de un magistrado no ya conservador, sino ultra, reaccionario. La realidad era la de alguien que creía en la independencia judicial, en el Estado de Derecho y en la libertad frente a la tiranía, como lo acredita su compromiso con el pueblo cubano y con la transición pacífica de Cuba a la democracia.

Desgraciadamente, esa imagen falsa es la que algunos se han empeñado en trasladar en estos últimos años. Primero cuando se le nombró magistrado del Tribunal Constitucional y, en especial, en el último año. La razón es obvia. De este Tribunal penden las principales leyes de la anterior legislatura, pero sobre todo una: el Estatuto de Cataluña.

Es la puerta para un nuevo Estado, una enmienda a la totalidad a la Constitución. El Derecho, la razón jurídica, hace tiempo que dejó paso al puro interés político y para su defensa vale todo, también el insulto, la descalificación más grosera.

No quiero en este momento abundar sobre esto y sobre las tretas de algunos medios para intentar arruinar el prestigio de Roberto. Pero quien quiera saber cuál era su pensamiento aconsejo dos lecturas. La primera es la de su comparecencia parlamentaria al ser propuesto en 2001 para el Tribunal Constitucional. En su intervención -clara y contundente- desbarató todos los tópicos y falsedades que sobre él se había trazado.

La segunda es su libro La Justicia en crisis, de julio de 1994. En ese opúsculo traza una diagnóstico breve, pero claro y certero -así era él en la expresión, sin barroquismos ni circunloquios- sobre las causas y posibles soluciones a esa crisis. Releo su dedicatoria con emoción: «A José Luis Requero: compañero de las mismas tareas de amor a la Justicia». En efecto, eso es lo que sentía por la Justicia y comprendo su dolor ante tanto ultraje.

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El fallecimiento hace ocho días de Roberto García-Calvo, elegido por el Congreso magistrado del Tribunal Constitucional (TC) en noviembre de 2001 para un mandato de nueve años, desequilibra la correlación de fuerzas dentro de la institución. Porque los 12 jueces del TC se habían dividido durante la anterior legislatura en dos bloques iguales de seis miembros -el desempate corría a cargo del voto de calidad presidencial- cada vez que los litigios enfrentaban al Gobierno con el PP.

La primera escaramuza de esa guerra civil dentro del tribunal fue la emboscada tendida con malas artes y peores engaños por el bloque de jueces afines al PP -García-Calvo entre otros- para lograr la mayoría en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Los magistrados conjurados votaron en febrero de 2007 la recusación -solicitada por el PP- de su colega Pérez Tremps; el pretexto agarrado por los pelos fue el encargo que éste recibió en noviembre de 2003 -antes de ser nombrado juez constitucional- del Instituto de Estudios Autonómicos para hacer un estudio sobre la acción exterior y la participación europea de Cataluña «ante una posible reforma del Estatuto».

Luego vinieron las recusaciones de varios magistrados cruzadas entre el Gobierno y el PP en vísperas de la sentencia del tribunal sobre el recurso contra la modificación de su propia ley, que prorroga automáticamente el mandato presidencial hasta la conclusión de las renovaciones trienales del TC. Los alguaciles resultaron alguacilados: García-Calvo fue recusado -junto con Rodríguez-Zapata- y la presidenta Casas conservó el voto de calidad.

No habían pasado ni 24 horas desde la muerte de García-Calvo cuando el portavoz popular en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, lanzaba necrófagamente las campanas del funeral al vuelo para exigir la inmediata elección por los 3/5 de la Cámara (los populares sólo disponen de 154 de los 210 votos precisos) de un candidato previamente designado por el grupo popular -sea un ilustre jurista o su caballo- como sustituto del fallecido. ¿No son esas prisas de urinario un gesto de cinismo? Empleando su cuota de bloqueo para boicotear la formación de las mayorías cualificadas requeridas por la Constitución, el PP está retrasando la renovación del CGPJ, pendiente desde hace 18 meses, y el nombramiento de cuatro magistrados del TC por el Senado, aplazado desde hace seis.

El único móvil de la actual urgencia del PP por reemplazar a García-Calvo es su obsceno antojo por mantener la ventaja ilegítimamente ganada con la recusación de Pérez Tremps. No menos humillante para las formas democráticas es la confesada pretensión de Trillo: abandonar las negociaciones entre los grupos parlamentarios dirigidas a elegir magistrados competentes y sustituirlas por el reparto de casilleros en blanco entre los partidos que pueda rellenar cada cual con el nombre de fieles cumplidores de sus consignas.

La muerte de Roberto García-Calvo me ha supuesto, ante todo, una gran convulsión personal. En ÉPOCA hace días que teníamos la privilegiada información que ahora publicamos. De ella se desprende la siguiente noticia: García-Calvo pudo ser víctima de una operación montada desde el Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, para desprestigiarlo y lograr su recusación permanente en el Tribunal Constitucional. Pendiente la decisión sobre el Estatuto de Cataluña, a Zapatero le veía muy bien la ausencia forzada de este extraordinario jurista. Ahora la biología ha facilitado el trabajo que probablemente no pudo culminar el CNI de Zapatero, Rubalcaba y Alonso. García-Calvo se murió solo, un infarto acabó con su vida. Preparaba un voto particular a la insólita sentencia del TC que consagra la discriminación del hombre respecto a la mujer.

Tras una disputa de tráfico, un joven madrileño acusó al juez del Tribunal Constitucional recientemente fallecido, Roberto García-Calvo, de haberle encañonado con un arma. Sin embargo, la denuncia estaba llena de falsedades y no fue ratificada por la supuesta víctima. Ahora les contamos cómo la Inteligencia epsañola estaba detrás de esta truculenta historia. El acusador trabajaba para ellos, según agentes del propio CNI.

El joven que acusó al juez muerto mintió sobre su domicilio, su profesión y los propios hechos en su denuncia ante la policía nacional.

Fuentes internas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aseguran a ÉPOCA que Vicente Garcerán, el joven que acusó al magistrado del Tribunal Constitucional recientemente fallecido Roberto García-Calvo de haberle encañonado con un arma trabajaba para ellos. «Se trata de un procedimiento habitual; se utilizó a un charli-personal que no está en nómina del centro – para provocar al magistrado porque se trataba del juez que luchaba contra las inconstitucionalidades del Gobierno», explican las mismas fuentes de la agencia española de inteligencia. Y para reforzar la campaña de desprestigio, se acudió a los medios más cercanos al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El Grupo PRISA lanzó su artillería y los de Mediapro (LA SEXTA, PÚBLICO) bombardearon poco a poco la imagne del juez. Ésta es la historia de un juez acusado de encañonar a un supuesto ciudadano medio de Madrid.

Por eso nadie supo explicar por qué Vicente Garcerán Martínez, un madrileño de 24 años, aparcaba su BMW 320 blanco en la zona de seguridad de los Juzgados de Plaza de Castilla el pasado mes de enero. Un lugar reservado exclusivamente a los vehículos oficiales de policía y Guardia Civil. Pero no. Durante más de una hora el coche dle joven permaneció dentro de las vallas de seguridad sin que a nadie le llamase la atención.