Pacto de Ajuria Enea: todas las fuerzas políticas del Parlamento Vasco, menos Herri Batasuna, se declaran contrarias al terrorismo

1. El Estado democrático de derecho tiene su pilar básico en la soberanía de la voluntad popular, expresado mediante el sistema de sufragio libre. Este Parlamento rechaza, en consecuencia, la utilización de la violencia tal y como viene produciéndose en Euskadi por entender que, además de constituir una práctica éticamente execrable y de acarrear desastrosas consecuencias de todo orden para nuestro pueblo, representa la expresión más dramática de la intolerancia, el máximo despecio de la voluntad popular y un importante obstáculo para la satisfacción de las aspiraciones de los ciudadanos vascos.

En tal sentido, nos reafirmamos íntegramente en la resolución unánime sobre la violencia, aprobada por este Parlamento el 14 de marzo de 1985, insistiendo una vez más en la falta de legitimidad de los violentos para expresar la voluntad del pueblo vasco, así como en el rechazo de su pretensión de negociar problemas políticos, negociación que sólo debe producirse entre los representantes legítimos de la voluntad popular.

a) El Estatuto de Gernika representa la expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos del País Vasco y constituye, en consecuencia, la norma institucional básica de que se ha dotado para acceder a su autogobierno, por lo que su asunción o acatamiento es una condición necesaria para alcanzar su definitiva normalización y pacificación.

b) El pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos del estatuto sigue siendo el marco válido para la resolución progresiva de los conflictos de la sociedad vasca y contribuirá de manera decisiva al reforzamiento de la democracia y de la convivencia pacífica, por lo que todos los firmantes del presente acuerdo nos comprometemos a desarrollarlo en su plenitud, de conformidad con los principios que lo inspiraron y respetando su singularidad. A tal efecto, a través de una comisión institucional del Parlamento vasco, se procederá, en un clima de entendimiento básico, a fijar, con el mayor consenso posible, los criterios del Parlamento sobre el alcance del pleno desarrollo del estatuto.

c) Es la voluntad mayoritaria del pueblo, a través de sus representantes legítimos, y no la de quienes pretenden imponer de forma violenta o totalitaria sus criterios sobre el conjuto de la sociedad, quien debe juzgar en cada momento de la validez o invalidez del estatuto como instrumento de autogobierno y decidir, en su caso, su reforma y desarrollo mediante los procedimientos contemplados en el propio estatuto y en la Constitución, estando siempre legitimado el mismo pueblo para reivindicar cualquier derecho que, de acuerdo con las disposiciones adicional primera de la Constitución y única del estatuto, le hubiera podido corresponder.

d) Frente a quienes pretenden que Navarra forme parte del régimen autonómico vasco al margen de la voluntad de los propios navarros y sus instituciones, proclamamos que sólo a los ciudadanos navarros corresponde decidir sobre su propio futuro.

Las diferentes opciones politicas planteadas en tomo a la relación de Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca tienen su cauce de realización democrática en el marco de la Constitución, del Estatuto de Gernika y la ley de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, que contemplan la posibilidad de su incorporación al régimen autonómico vasco si así lo deciden los ciudadanos navarros, la celebración de convenios para la gestión y prestación de servicios propios, así como de acuerdos de cooperación.

Habida cuenta de que la relación con el territorio foral de Navarra es una aspiración sentida por amplios sectores de la sociedad vasca, los partidos firmantes del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, propiciaremos, de cuerdo con las instituciones navarras, la intensificación de esa relación a la creación de instrumentos que respondan a nuestras afinidades e intereses comunes.

«Acuerdo estable»

3. El Gobierno de la comunidad autónoma, contando con el apoyo activo de los representantes del pueblo vasco, está llamado a encabezar toda acción política y social frente a la violencia de cara a la consecución de la paz.

Entendemos necesario y urgente el establecimiento de un acuerdo estable y definitivo entre el Gobierno de la comunidad autónoma y el Gobierno de Estado del que se derive una acción coordinada para combatir el terrorismo, en la que se contemple la asunción progresiva de responsabilidades en la materia por parte del Gobierno vasco en consonancia con el acuerdo unánime del Parlamento vasco del 16 de octubre de 1987, y en desarrollo del artículo 17 del estatuto de autonomía.

4. Ante la violencia sistemática de los principios que conforman la convivencia democrática y especialmente el derecho a la vida, abogado por una solución democrática y respetuosa de los derechos humanos frente al problema de la violencia compartimos la necesidad e importancia de la acción policial que contribuya a la erradicación del terrorismo, a la protección de dichos principios y a la prevención de atentados y la persecución de sus autores.

5. Expresamos nuestra convicción de que la colaboración internacional entre los Gobiernos y los distintos poderes judiciales es indispensable para la erradicación de la violencia, a fin de prevenir la comisión de nuevos atentados y evitar la impunidad de quienes los han cometido o los pudieran todavía cometer, colaboración que debe producirse acorde con los principios que rigen las relaciones internacionales y el respeto a los derechos humanos.

6. Nos comprometemos a velar por que la necesaria defensa del Estado de derecho contra los ataques de la violencia se produzca siempre dentro del más estricto respeto de la legalidad y de los derechos humanos en general, sintiéndonos legitimados para denunciar, con la misma convicción con que condenamos toda violencia, los casos en que pueda haber violaciones de dicho principio.

7. Dado que la ruptura que se ha producido en nuestra sociedad entre quienes mayoritariamente hemos optado por las vías democráticas y estatutarias y quienes continúan haciendo uso de la violencia sólo podrá superarse como consecuencia del cese de esta última, hacemos un llamamiento a quienes aún continúan utilizándola para que, atendiendo a la voluntad mayoritaria de su pueblo, renuncie a ella como instrumento de acción política y se incorporen a la tarea común de buscar, por los cauces mayoritariamente aceptados, los instrumentos más adecuados para dar satisfacción a las aspiraciones compartidas de la sociedad vasca.

8. Hacemos, igualmente, un llamamiento a quienes, aun ostentando representación parlamentaria, no ejercen sus derechos y obligaciones inherentes a la misma, para que, al igual que el resto de las fuerzas políticas, asuman las responsabilidades institucionales y defiendan desde ellas sus propios planteamientos políticos. En tal sentido, la legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, tiene en el marco parlamentario, la vía de defensa, y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación.

9. En consonancia con las resoluciones adoptadas por ananimidad por el Parlamento vasco, consideramos válidas y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto.

10. Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.

11. La defensa de nuestro sistema democrático contra la violencia no requiere en la actualidad de una ley de carácter especial por lo que apoyamos la derogación de la legislación especial contra el terrorismo y los principios de independencia, intervención e inmediación jurídica.

12. Reiteramos nuestro apoyo al texto consensuado en la comisión de derechos humanos del Parlamento vasco en relación con las ayudas a víctimas de atentados terroristas y sus familiares, en sesión celebrada el 13 de mayo de 1987.

13. La gravedad de situación de crisis que atraviesa la economía, con sus secuelas de paro, especialmente entre los jóvenes, y de marginación de los sectores menos favorecidos de la sociedad, que adquiere en nuestro caso un carácter diferencial derivado de la especial naturaleza del tejido industrial vasco y de la perpetuación de un clima de violencia, que dificulta la recuperación de nuestra economía a través de la inversión, refuerza nuestro empeño por lograr una situación normalizada.

Urgimos a las instituciones públicas a intensificar las medidas necesarias para superar las graves consecuencias sociales de la crisis económica y para impulsar desde el sector público la creación de las condiciones precisas para la recuperación de la economía de Euskadi, al tiempo que nos comprometemos a crear el clima propicio de pacificación y normalización que anime la confianza inversora imprescindible para la economía vasca.

14. Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos vascos para que, individualmente y a través de las asociaciones ciudadanas, sindicales, empresariales y profesionales en que se integran, trabajen activamente en favor de la tolerancia, del respeto recíproco y de la libertad personal y colectiva como elementos básicos de la convivencia pacífica y constructiva de la sociedad. Dirigimos muy especialmente este llamamiento a los responsables políticos, a los educadores, a los profesionales de la información, quienes están llamados a desempeñar, por su indudable influencia en los comportamientos sociales, un papel importante en el proceso de pacificación de nuestra sociedad.

15. Invitamos a todas las instituciones vascas -juntas generales, diputaciones forales, ayuntamientos y demás entidades públicas- a que, asumiendo el sentir de este Parlamento, se sumen a este acuerdo para la normalización y la pacificación y trabajen en sus respectivos ámbitos para lograr la plenaa instauración de la convivencia democrática en Euskadi. Por ello, y a través de nuestros representantes, nos comprometemos a adherirnos a este acuerdo en la próxima reunión de las respectivas instituciones.

16. El contenido de este acuerdo se trasladará al Gobierno del Estado y a los partidos firmantes del acuerdo de Madrid, de 5 de noviembre de 1987.

17. Al objeto de propiciar el diálogo permanente entre las distintas fuerzas políticas, profundizar en las vías que posibiliten la incorporación de quienes hoy no aceptan la voluntad mayoritaria del pueblo vasco y garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, solicitamos al lendakari continúe liderando el proceso en aras de la total normalización del país».

La firma del pacto de «normalización y pacificación de Euskadi», suscrito por todas las fuerzas con representación parlamentaria, excepto Herri Batasuna (HB), es una buena noticia. Pero la dificultad de la gestación del pacto mismo pone de relieve que la sociedad vasca sigue padeciendo serios problemas de vertebración e identidad de cara a los contenciosos que tiene planteados. No se ha conformado todavía un sistema de valores compartidos capaz de servir de plataforma para acuerdos sólidos. En Euskadi hay tantas subculturas políticas como partidos. Ello explica que incluso lo que parece más obvio -el rechazo por parte de la mayoría pacífica de la pretensión de imposición de la minoría violenta- encuentre en Euskadi insospechadas dificultades.El Estatuto de Gernika pudo haber sido esa plataforma y desempeñar un papel similar al de la Constitución de 1978 en el conjunto de España: articular unos principios básicos y unas reglas del juego aceptadas como eje de la convivencia. Sin embargo, la presencia agobiante de la violencia (y la polarización por ella ocasionada) rompió el consenso. Primero, entre nacionalistas y no nacionalistas; posteriormente, en el interior de la comunidad nacionalista. Todo intento de vertebración de la sociedad vasca pasa necesariamente por la reconstrucción del consenso autonómico, y esa reconstrucción resulta inseparable del acuerdo sobre la forma de hacer frente a la presión de la violencia.

El 14 de marzo de 1985, inmediatamente después del asesinato por ETA del jefe de la Ertzaintza, todas las fuerzas vascas -excepto HB- suscribieron un documento por el que se negaba a los terroristas cualquier legitimidad para sus métodos y todo fundamento a su pretensión de actuar en nombre del pueblo vasco: ese documento se convirtió en papel mojado. Algunos de los principales firmantes del mismo consideraron compatible la condena genérica de los métodos de ETA -en la que perseveraron- con el suministro de coartadas ideológicas a los violentos. En plena convulsión interna, el PNV se convirtió en inconsciente propagandista de algunos de los lemas que necesitaba ETA para proseguir su escalada (Constitución impuesta a los vascos, Estatuto arruinado, causas políticas del terrorismo, razziaspoliciales a ambos lados de los Pirineos, carácter negociable de la alternativa KAS incluso con el Ejército). ETA aprovechó ese discurso para asegurar que actuaba no ya únicamente en nombre de sus votantes, sino de toda la comunidad nacionalista. Por ello, el pacto actual, que renueva el compromiso de 1985, estaba plenamente justificado; también el hecho de que la condena a ETA se enmarque en un compromiso más amplio sobre las reglas del juego democrático. Se trata de reconstruir el consenso en torno al Estatuto y de deslegitimar cualquier intento de justificación del recurso a la muerte como vía para alcanzar objetivos políticos.

Por eso era tan importante alcanzar la unanimidad, y estaban más que justificados los esfuerzos de última hora para impedir que Garaikoetxea quedase descolgado. La actitud inicial de su partido -tratando de vincular el rechazo de la violencia a la elevación de los techos autonómicos- puso en grave riesgo toda la operación. Finalmente se ha impuesto la sensatez en las filas de Eusko Alkartasuna (EA), lo que refleja sin duda el sentir mayoritario de sus votantes. En cuanto a las reservas expresadas respecto al papel de la Ertzaintza, son discutibles, aunque resultan legítimas. En resumen, el esfuerzo de consenso de todos los partidos, incluyendo al de Garaikoetxea, es digno de elogio. El contenido del pacto obliga a las principales fuerzas nacionales, lo que equivale a decir el Parlamento español. Su cabal cumplimiento será el símbolo de la victoria de la racionalidad y la democracia sobre las fuerzas del fanatismo.

El pacto antiterrorista que han firmado los partidos vascos – con la notoria excepción de Herri Batasuna – es documento que contiene una amplia teoría genética sobre la violencia y escasas aplicaciones prácticas que puedan ofrecer soluciones eficaces al problema del terror. Cuantas consideraciones se hacen, en el texto para rechazar que la violencia pueda influir en el pleno desarrollo del Estatuto de Guernica o ser factor que presione para la incorporación de Navarra al régimen autonómico vasco, son proclamaciones que no necesitan ser públicamente afirmadas o son juegos de palabras cuya intención sólo comprenden los redactores del documento. La única condición positiva del pacto que es el consenso de la mayoría de los partidos vascos, pese a las reservas de Eusko Alkartasuna, y a la insolidaridad de HB, no es suficiente para considerar que el documento es un relevante éxito político. Para llegar a acuerdos tan amplios, tan exentos de compromisos concretos, no hace falta que los partidos políticos celebren tantas y dilatadas reuniones.

Pero si además para lograr la firma de la mayoría de los partidos ha sido preciso que indirectamente sea desactivada o reducida en potencia la acción antiterrorista de las Fuerzas de Seguridad y los efectivos policiales del Gobierno en beneficio de una mayor competencia de instituciones y Cuerpos autonómicos, entonces no se adivina por lado alguno en qué se traducirá en avance contra el terrorismo el pacto firmado en Ajuria Enea. Y pasado el impacto primero, la resonancia propagandística, el documento será olvidado. De momento ha sido recibido con escepticismo, y los propios políticos vascos reconocen que de los acuerdos no se va a derivar una disminución de la actividad terrorista. La opinión pública enjuicia el acuerdo de los partidos como una operación de imagen: un ejercicio demostrativo de actitudes de buena voluntad. Según comentario de Julén Guimón – portavoz de AP en el Parlamento vasco – el pacto contribuye a mejorar el clima de convivencia de los vascos con los demás españoles y demuestra que nos hemos puesto de acuerdo en temas importantes, lo cual no es poco. Pero todo esto no puede valorarse como una gran cosecha. Y no debe olvidarse en ningún momento que la esperada negativa de Herri Batasuna a integrarse en el pacto priva a ese texto de fuerza considerable.

La lucha antiterrorista obtiene su eficacia por la aplicación de medidas disuasorias – policiales y políticas – que son bien conocidas y han sido probadas en toda la Europa democrática. En cambio, de los pactos antiterroristas que firman los partidos políticos no se han deducido hasta ahora más cosas ciertas que las ampulosas condenaciones de la violencia y las acciones criminales. Es decir, algo que, por su elemental obviedad, no necesita ser proclamado con énfasis de puntos, artículos, acuerdos y firmas.