Pedro J. Ramírez recupera el ‘caso Lucía Urigoitia’ y ahora sí asegura que fue asesinada de un tiro en la nuca

Ocho años después de los hechos vuelve a la escena política la muerte de la etarra Lucía Urigoitia. Con los datos disponibles entonces, este periódico informó de que el tiro que le había causado la muerte había sido disparado a quemarropa y sobre la nuca. Un editorial de EL PAÍS decía entonces (25 de julio de 1987): «La presión a la que las fuerzas de seguridad vienen siendo sometidas en Euskadi explicaría actitudes incontroladas del género de la que ha podido llevar a la muerte a la presunta terrorista; pero, explicándolas, ni las justifica en absoluto ni puede evitar el castigo ejemplar que merece quien sea hallado culpable tras un juicio en regla». Hoy mantenemos la misma opinión de entonces. La lucha contra el terrorismo sólo puede hacerse desde el respeto a la ley. No sólo por cuestión de principio, también por eficacia.Nuevas revelaciones sobre el caso, que proceden del inagotable manantial del Cesid, -también este informe lleva la firma del coronel Perote-, señalan ahora que agentes de la Guardia Civil entraron en el despacho del juez que instruía el sumario para alterar pruebas de forma que no pudiera sostenerse la acusación del tiro en la nuca. Hoy, como ayer, pedimos que se investigue el asunto y que la justicia actúe con ejemplaridad. También sobre cuantos falsearon las pruebas, si ello se demuestra.

¿Qué decir de cuantos avalaron sin mayores reservas la versión oficial y desde ella arremetieron contra este periódico? Un repaso a la hemeroteca provoca perplejidades. Así, DIARIO16, dirigido entonces por Pedro J. Ramírez, publicaba una semana después de ocurridos los hechos, y bajo el título No fue en la nuca, un editorial en el que decía: «La etarra Lucía Urigoitia no murió de un tiro en la nuca. Los que se han empecinado en cargar el suceso de graves acusaciones, sin pruebas suficientes, deberán dar ahora razón de sus actos». La información de EL PAÍS era calificada como una «manipulación sistemática de la realidad para forzar la caída del ministro del Interior».

La agitación permanente en que se encuentran algunos periodistas les lleva en muchas ocasiones a no contrastar sus rotundas afirmaciones actuales con las que sobre la misma cuestión mantenían hace unos años. Decía entonces Pedro J. Ramírez: «El guardia Civil que disparó dos veces contra la terrorista, un tirador de élite, lo hizo seguramente a matar, tras recibir un impacto en su chaleco antibalas. Pero no fue un tiro en la nuca. Esa es la sutil pero decisiva diferencia entre un crimen y un acto de servicio».

Hoy parece claro que las sutiles diferencias eran otras. Las hemetotecas se vengan de quienes parecen haber contratado la verdad de una vez y para siempre. Es de agradecer de todas formas que, independientemente de las motivaciones y con ocho años de retraso, vengan algunos a reconocer lo que en estas paginas se afirmaba.

No incurriremos nosotros en la actitud sostenida entonces, desde ese diario, al parecer más interesado en condenar al competidor que en esclarecer los hechos. Los nuevos datos deben ser investigados hasta el final, y para ello no cabe otro procedimiento que reabrir, el sumario. Hay que aclarar de una vez por todas los episodios de la guerra sucia contra ETA, por decencia, pero también porque un Estado democrático no puede sobrevivir si ampara el crimen.

Duramente tocado ante la opinión pública por la sentencia judicial que presenta al imperio Polanco como un peligro para la libertad de expresión, El País manipula hoy unos textos de Diario 16 de 1987 -atribuyendo, falsamente además, su autoría a Pedro J. Ramírez por el mero hecho de que era el director- con la pretensión de descalificar a quienes entonces dieron crédito a la versión del Gobierno, respaldada por la autopsia y la prueba balística, sobre la muerte de Lucía Urigoitia. Cabe recordar, en primer lugar, que el primero que lo hizo -engañado como los demás- fue el juez, archivando el sumario. Pero es que, en segundo lugar, en 1987, cuando El País aún enmascaraba su gubernamentalismo con la guerra personal que libraba con Barrionuevo, no se habían descubierto ni Filesa, ni Ibercorp, ni el caso Roldán, ni las escuchas del CESID, ni por supuesto la trama de los GAL. Mientras los profesionales de Diario 16 y EL MUNDO asumían todos los riesgos al investigar uno tras otro esos tremendos asuntos, El País engordaba apoltronado con los créditos FAD y los regalos del Gobierno en radio y televisión, fingiendo hasta hoy ignorar la corrupción y el crimen de Estado. No deja de ser elocuente que haya tenido que nacer un periódico como éste para desvelar ocho años después lo sucedido entonces y proporcionar a El País la ocasión de esbozar este patético escorzo.