Pedro Sánchez concede el indulto a todos los encarcelados por el ‘Procés’ a pesar de haber prometido el día de la sentencia que estas se cumplirían en su integridad

La democracia española ha propiciado en las últimas cuatro décadas una admirable etapa de progreso y libertades, situándose entre las sociedades más avanzadas del planeta. Este logro no excluye que siga afrontando amenazas, de entre las que destaca el secesionismo catalán. Los líderes separatistas perpetraron en 2017 un atropello de los marcos de convivencia constitucional y autonómico que provocó un desgarro en las sociedades catalana y española. El Estado español hizo frente al órdago. Fueron juzgados y condenados. Las sentencias contribuyeron a superar la fase más aguda de la crisis, pero no han resuelto de forma definitiva el reto existencial para la democracia española que supone el independentismo. Este es el contexto en el que debe considerarse la concesión de indultos que ha sugerido de forma explícita el presidente del Gobierno.

Las razones que respaldan un rechazo al indulto son de peso. En primer lugar, resulta ineludible tener en cuenta la gravedad de los hechos subversivos, así como la explícita disposición de algunos de los condenados a repetirlos. Tanto la Fiscalía como el tribunal sentenciador han emitido sendos informes en contra de un posible indulto. En términos estrictamente políticos, las cosas no resultan más fáciles. El Gobierno carga con dos losas. No resulta necesario retorcer los hechos en demasía para sospechar que la motivación primera para indultar a los condenados responde a la necesidad política de mantener el perímetro de gobernabilidad con sus actuales socios. La segunda losa la ha construido el propio presidente con declaraciones, cuando menos, inadecuadas. Introducir la idea de “venganza” —fuera cual fuera su intención última— resulta inaceptable. Tampoco ayuda que en 2019 hablase del “íntegro cumplimiento” de la sentencia.

Pero la figura del indulto tiene naturaleza política —de ahí la inclusión de la “utilidad pública” en la ley—, no jurídica, y el texto que lo regula, de 1870, permite por ello que se conceda incluso en contra del tribunal sentenciador. La democracia española tiene pendiente de resolver el conflicto en Cataluña. Ello puede intentarse con el mantenimiento pasivo del statu quo. O mediante el diálogo. No hay garantía alguna de que esto último surta efectos positivos. Sí hay bastantes pruebas de que el no a todo de gobiernos anteriores ha favorecido el crecimiento independentista en la última década. La situación es ya difícil. Pero se convertiría en una catástrofe inmanejable si un salto cualitativo convirtiese las posiciones en favor de la secesión en ampliamente mayoritarias.

Este periódico cree que la mejor manera de reconducir la crisis es a través de iniciativas políticas que primero rebajen la tensión, y progresivamente recuperen luego en la sociedad catalana espacios de sintonía con el proyecto democrático español. Lo que no parece racional es pensar que la inercia resolverá el problema. Los indultos son probablemente una condición necesaria, aunque no suficiente, para cambiar esta tendencia. Esta medida de gracia, en última instancia, no debería entenderse como un gesto para con los líderes independentistas, de los que la democracia no puede ni debe esperar nada, sino que constituiría un gesto de concordia para con los ciudadanos de Cataluña, que la desea por amplia mayoría, según las encuestas y el arco parlamentario autonómico.

La sentencia no es y no debe ser objeto de discusión. La cuestión se limita al cumplimiento íntegro, o no, de la pena. Lo primero es la opción natural. Pero la segunda sería igualmente legal. Los condenados llevan tres años y medio en la cárcel. Y es evidente que la prisión es utilizada como munición por los que quieren continuar con sus tácticas inflamatorias en Cataluña. No resulta baladí que parte del independentismo continúe denigrando la posibilidad del indulto con esotéricos argumentos. La medida puede facilitar un cambio de clima, en un momento en el que todos los indicadores muestran que la sociedad catalana anhela salir del oscuro túnel de años pasados.

Puede que un estrecho cálculo partidista anime la acción del Gobierno. Pero un análisis ecuánime debe reconocer también el enorme daño que con toda seguridad sufrirán los socialistas —Pedro Sánchez, el primero— con esta iniciativa: los datos muestran que una abrumadora mayoría de españoles se opone al indulto. También los votantes del PSOE. Y, pese a todo, la democracia española debe evitar que más catalanes se sigan alejando del proyecto común, así como procurar que parte de los que se fueron regresen. Es tarea de la política lograrlo. El independentismo no es un bloque monolítico irrecuperable. Es una constelación diversa conformada por distintas causas: hay margen para reducir su perímetro.

Los indultos no podrán llevarse a cabo de cualquier manera. Los informes de la Fiscalía y el Supremo requieren que sean parciales. La racionalidad reclama que mantengan la inhabilitación de los condenados a ejercer cargos públicos y que estén condicionados a la no repetición de conductas delictivas. El Ejecutivo deberá explicar con claridad al conjunto de la ciudadanía sus motivaciones.

Aun cumpliendo estos requisitos, se trata de un acto político difícil y polémico, pero seguramente necesario para reforzar el proyecto democrático común. Frente a la decisión de los líderes independentistas en 2017 de fracturar a la sociedad catalana, la concesión de los indultos iría en la dirección contraria: ofrecer a aquella un marco de convivencia y una generosa voluntad de restañar las heridas. Un gesto que solo una democracia sólida puede ofrecer, la misma que los hoy condenados pretendieron destruir. Estos no lo apreciarán. Los catalanes, sí.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solemnizó ayer en el Liceu el gesto político de profundo calado que se plasmará hoy en el Consejo de Ministros, el indulto a nueve de los responsables –los que se quedaron para asumir las consecuencias de sus actos– del destrozo institucional y político que dejó a Catalunya en una vía sin salida en otoño del 2017. No se trata de una decisión fácil, pero sí imprescindible. No es la solución, pero si una condición necesaria para empezar a encontrarla. No supone aún una reconciliación, pero sí es la muestra de que existe la disposición a no quedarse varados en un enfrentamiento estéril e indefinido.

El rechazo del independentismo más primitivo, que llega a ver en los beneficiarios de los indultos incluso a unos traidores –ayer testimonial en la calle aunque algunos lo sobredimensionaran–, podía darse por descontado. También es previsible el malestar irritado de aquellos que actúan desde el cálculo político más irresponsable que ve como único camino a la independencia hacer insoportable la convivencia, incluso al precio de la parálisis política y la ruina económica.

Pero sí se espera del sector más racional y sensato del independentismo, cada día más mayoritario dentro del bloque, que aproveche la ocasión que tiene delante cuanto menos para hacer viable la gobernabilidad de Catalunya y España en un momento crítico. Nadie pide al independentismo que abandone su objetivo político –sí que asuma defenderlo dentro del marco legal acordado por todos– y es lógico que no considere que los indultos que aprueba este martes el Gobierno son una panacea o un episodio final del ‘procés’, porque no lo son.

Pero es evidente que se trata de un cambio de actitud significativo. Y que debería ser correspondido recíprocamente con un cambio de posturas igualmente significativo. En la práctica política del día a día pero también, y de eso aún parece que estemos lejos, en el discurso. Las declaraciones en las que dirigentes independentistas se vanaglorian de haber infligido una derrota a los aparatos del Estado (o sostienen que este está aceptando de forma preventiva su fracaso ante la justicia europea, que no tiene porqué seguir el rumbo marcado ayer por el Consejo de Europa) quizá tengan algún sentido para intentar congraciar a los más refractarios de los suyos. Sin embargo, si más que gestos de apaciguamiento para los más exaltados –a riesgo de dar armas a la porción de la opinión pública en España que solo se plantea la vía del escarmiento y ni por asomo la del diálogo–, realmente algunos dirigentes independentistas, también de Esquerra, creen sinceramente que, como dijeron ayer, no se trata más que de la «corrección de una sentencia injusta» sin ningún atisbo «ni de generosidad ni de reencuentro», eso sería preocupante.

Desde el Gobierno de coalición se han dado pasos, y de forma acelerada. También desde el otro lado de la mesa se debe acelerar. Y asumir que fue un error la vulneración de la Constitución y el Estatut. Ayer, en el Liceu, se dio un primer paso. Solo una propuesta de desbloqueo, aunque con costes notables. Se espera otra del independentismo, realista y posibilista como el gesto que ha supuesto el indulto. Reclamar la amnistía y un referéndum que pueda conducir a la independencia sin necesidad de que España modifique su marco constitucional no lo es. Ni será tampoco suficiente ninguna que no asuma que también debe empezar el diálogo interno en Catalunya, imposible con vetos y descalificaciones a la condición misma de demócratas de la mitad de los catalanes.

Con Pedro Sánchez, la grandilocuencia de las palabras siempre esconde algo que supera con mucho la propaganda y la teatralidad impostada con las que suele anunciar sus decisiones. Este lunes, Sánchez ha consumado en Barcelona un atropello a la autoridad y credibilidad de nuestras instituciones, desde los magistrados que sentenciaron el golpismo separatista de aquel 1 de octubre de 2017, hasta el último ministro que hoy acepte rubricar unos indultos que deberían causar problemas de conciencia a más de uno. No es una pomposa «agenda del reencuentro» lo que está en marcha, sino el guion de la claudicación de todo un Gobierno y la rendición de todo un Parlamento, tomando como rehén de una injusticia a la inmensa mayoría de la sociedad. Porque no se trata de un acto de generosidad con el delincuente que se arrepiente y se compromete a no reincidir, sino de una estrategia política indigna que está arrodillando a millones de españoles incapaces de digerir una extorsión de esta magnitud. Es inexplicable que Sánchez confíe en que Oriol Junqueras y el resto de condenados no trabajen desde ahora, y en libertad, por otra declaración de independencia. Y no es ceguera, ni incompetencia, ni negligencia. Es irresponsabilidad de un presidente que exige valentía a la sociedad, pero que a su vez incurre en cobardía política, porque es el propio Junqueras quien se ríe de todos diciendo que los indultos son la prueba de la debilidad del Estado. Por desgracia, en eso tiene razón. Lo que hace Sánchez no es solo salvar su legislatura agenciándose los votos de ERC, sino pactar un cuaderno de bitácora deliberadamente ocultado a los españoles: no conocemos ni las condiciones de su pacto con ERC, ni las cesiones, ni el calendario… Pero si la única reclamación irrenunciable del secesionismo es un cambio de régimen basado en la fractura de la unidad nacional, se entiende demasiado bien por qué el Gobierno guarda un silencio tan elocuente.

Sánchez ha alegado que los indultos son el primer paso hacia la construcción de una «nueva España» liderada por una «nueva Cataluña». Tendrá que aclarar qué significa una «nueva España». ¿Será esa que dibujó el ministro de Justicia cuando afirmó que estamos ante otro periodo constituyente? ¿O esa otra a la que Pablo Iglesias aludió cuando invitó a Arnaldo Otegui a participar de la «dirección del Estado»? ¿O aquella que defendía el propio Sánchez cuando decía en campaña que si ganaba las elecciones castigaría más los referendos ilegales, detendría a los huidos de la justicia como Carles Puigdemont, endurecería el delito de rebelión, y nunca concedería indultos? ¿Cuándo dice la verdad Sánchez? Porque ahora ya no está planteando una hoja de ruta insulsa basada en su demagógica concepción del progresismo, la España verde y feminista, el republicanismo sobreactuado, el «escudo social» o la resiliencia como ejes de su mercadotecnia electoral. No. Ha diseñado una cesión grave del Estado y una humillación política, ha desactivado delitos muy graves, y está demostrando que la fuerza de un Estado para defenderse frente a quienes lo agreden es irrelevante porque debe subordinarse al tacticismo oportunista. Sánchez no tiene ninguna idea de España, de su historia, del valor de la Transición, o de lo que realmente significa la concordia. Los indultos son un trágala inaceptable que incrementarán la crispación política y alentarán una ruptura social mucho más ideologizada y combativa.

El PSOE da hoy un paso más del que dio José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. El anterior presidente socialista aprobó una reforma estatutaria en la que se definía a Cataluña como nación -aunque fuera a efectos retóricos-, se le atribuían competencias exclusivas del Estado, y se daba a la Generalitat patente de corso con una ley peligrosamente soberanista. Al final, el TC tumbó muchos aspectos de aquel Estatuto. Algunos artículos, de modo directo y contundente; otros, por la vía de la interpretación. Pero era un estatuto inconstitucional al fin y al cabo. Hoy Sánchez, perfeccionando la insolvencia de Zapatero, no solo ha retomado aquel desafío al Estado, sino que lo multiplica imponiendo de facto una reforma encubierta de la Constitución para esa «nueva España» que predica. No son unos indultos graciosos en un momento en el que el separatismo se haya rendido o el «interés social» pudiera justificar perdones individualizados. Al revés. Son la coartada para un rearme moral de los independentistas, para transmitir a Europa que España cometió una injusticia, y para autorizar a Cataluña a reactivar la vía para separarse, porque nuestras instituciones ya están empequeñecidas e indefensas para ser vendidas por Sánchez al peor postor.

La inmensa mayoría de los españoles considera que la decisión de Sánchez de indultar a los golpistas es un acto de cesión a los delincuentes, un acto de traición a la democracia, el pago de un chantaje para permanecer en el poder y debilitar la cohesión entre españoles y a la propia nación, que su ministro de Administraciones Públicas ya ha anunciado que quiere vender en la Mesa en la que negociarán el siguiente pago del chantaje.

La inmensa mayoría de los españoles, gentes de todas las edades y credos, vecinos de todos los rincones de España, también votantes del PSOE, consideramos que tales indultos representan un grave atentado contra la democracia, perpetrado por el propio Gobierno de España. Lo dice la ley, lo informan los fiscales, lo ha reiterado el Tribunal Supremo: sin solicitud y arrepentimiento no cabe indulto.

Los condenados nos desafían a todos anunciando su voluntad de reincidir en los delitos por los que fueron juzgados con todas las garantías. Delitos que tienen por objeto romper España y derogar de facto la Constitución del 78, el marco que garantiza la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Los sediciosos y malversadores, golpistas que se declaran enemigos mortales de la democracia, festejan los indultos calificándolos como un signo de debilidad del Estado democrático al que quieren destruir. Si en estas condiciones Sánchez indulta a los delincuentes estará violando la Constitución y perpetrará él mismo un delito de complicidad y/o cooperación necesaria, tipificados en el Código Penal. O sea, tras la amnistía encubierta del golpismo y la concesión de los indultos Sánchez deberá ser juzgado no sólo en las urnas sino ante los tribunales de justicia.

Ante los hechos que se avecinan, los españoles tenemos la imperiosa necesidad de defender nuestra Constitución de los ataques llevados a cabo por quienes tienen el deber de hacerla respetar, comenzando por el Gobierno nacional. No podemos tolerar más tiempo nuevos ataques a la justicia y a la división de poderes; no vamos a callar ante los autoindultos de un presidente que, asociado a delincuentes separatistas, traiciona sus obligaciones constitucionales.

El paso siguiente, ya lo han anunciado, será convocar la llamada Mesa de negociación España-Cataluña. La formulación misma de esa mesa supone que el Gobierno de España reconoce al Gobierno de una región de España la capacidad para negociar el futuro de todos los españoles. Ese “derecho a decidir” que Sánchez está dispuesto a entregar a los sediciosos catalanes nos pertenece a todos los españoles, ciudadanos del Estado español y no de uno de sus territorios. Esa Mesa da por bueno el golpe contra la democracia que se produjo el 1 de octubre de 2017 y humilla a España equiparando la nación con una falsa “república catalana”. Con esa Mesa Sánchez ha entregado a los golpistas catalanes la herramienta para destruir la soberanía nacional. En esa Mesa Sanchez -ya lo ha anunciado Iceta- quiere entregar la soberanía nacional que es propiedad irrenunciable de todos los españoles. Nos oponemos a ella y denunciamos sus consecuencias. Y advertimos, formal y expresamente, que saldremos a la calle para impedir que Sanchez entregue la nación y nuestra soberanía a los enemigos de España.

Dijimos en Colón que Sánchez ha puesto la justicia en venta y la usa como medio de pago, socavando así las bases mismas del sistema democrático. Un Gobierno que insulta y excluye a más de medio país tachándole de ultraderecha no es un Gobierno para todos, es un poder excluyente, sectario y peligroso.

Tras destruir todos los consensos democráticos, Sánchez necesita el voto de los delincuentes condenados por sedición y malversación, como los de esos otros que lo fueron por terrorismo y están tan orgullosos de su historia criminal. Es el Gobierno quien da a los delincuentes todas las facilidades para que reincidan, profundizando la fractura política y social, tanto en Cataluña como en toda España. Pero los españoles de bien, la inmensa mayoría, ciudadanos de todas las ideologías, sencilla y primigeniamente demócratas, no vamos a admitir que nuestras libertades, nuestra Constitución ni nuestra nación se entregue como pago a unos delincuentes para que Sánchez pueda mantenerse dos años más en la Moncloa.

Vivimos tiempos oscuros, tiempos difíciles, y no sólo en lo político; pero saldremos adelante unidos, como lo estuvimos para hacer la Transición y construir la democracia. Es verdad que en aquellos momentos decisivos no teníamos en la Presidencia del Gobierno de España a un traidor a la democracia. Nuestro drama es que hoy el PSOE, un partido político que estuvo en el lado bueno de la historia, se sitúa junto a quienes quisieron impedir que construyéramos la democracia asesinando a centenares de españoles y junto a quienes han protagonizado un golpe para destruirla. Pero si entonces, que veníamos de una dictadura y estábamos fuera de la UE, supimos unirnos para construir la democracia también ahora sabremos unirnos para proteger la comunidad de ciudadanos libres e iguales que Sanchez quiere destruir. En la víspera del día de la infamia en el que todo el Consejo de Ministros perpetrará un acto de alta traición revestido de Real Decreto, este ha de ser nuestro mensaje y nuestro compromiso: los españoles no vamos a permitir que Sánchez culmine su traición. Los españoles le frenaremos en las calles y después, en las urnas, le expulsaremos del Gobierno que ocupa de manera tan indigna.

En La Moncloa sostienen que los gobiernos socialistas siempre toman decisiones difíciles que se entienden mejor con el paso del tiempo. Y creen que la de los indultos a los líderes del procés será una de ellas porque, más allá de la inflamación provocada por la derecha política y sus terminales mediáticas, habrá un momento en que la democracia lo agradezca si la medida provoca los efectos que busca.

Que los indultos no serán por sí mismos la solución al problema es un un hecho tan indubitable como que sin ellos este país no podría pasar la traumática página de lo ocurrido en 2017 ni tampoco explorar posibles soluciones al problema.

El Gobierno tiene el derecho y también la obligación de intentarlo en aras al reencuentro, la normalidad institucional y la convivencia entre españoles, aunque la oposición clame, la supuesta sociedad civil tome las calles y el PSOE pague un coste electoral en las urnas. Las soluciones nunca llegan del inmovilismo ni de la imposición de rupturas unilaterales. Entre lo uno y lo otro, seguro que habrá alguna una fórmula que no entusiasme a todos, pero sí que dentro del orden constitucional sea aceptada por una mayoría que desea estabilidad y luces largas para la política.

Y es en base a estos principios sobre los que el Gobierno ha sustentado su argumentación de la «utilidad pública» a la que responden los indultos, que conviene recordar que son un acto graciable y discrecional sin naturaleza administrativa que no cuestiona en absoluto la validez ni la eficacia de la sentencia dictada en su día por el Supremo.

Habrá miles de españoles que duden legítimamente sobre la decisión del Gobierno y si realmente servirá para reconectar emocionalmente a Catalunya con el resto de España. Pero hay otros muchos que creen que merece la pena intentarlo por varios motivos, entre ellos, que más allá de las barbaridades que salen por la boca de Casado, Ayuso y compañía, no hay en la decisión de Pedro Sánchez vulneración alguna del ordenamiento jurídico. Tampoco rastro del «cambio de régimen» que atisbó Aznar durante la primera legislatura de Zapatero ya en 2006 y con el que vuelve a azuzar ahora Casado en 2021. La creatividad argumental de la derecha es bastante limitada, a tenor de la reiteración de sus proclamas.

Igual que Zapatero no entregó Navarra a ETA, ni dinamitó la Constitución del 78, ni rompió España, tampoco los líderes del procés se han salido con la suya, como sostiene la derecha, ya que el Estado desplegó la vía judicial con todas sus consecuencias. Los responsables de la DUI fueron detenidos, juzgados, sentenciados y han estado en prisión durante nada más y nada menos que 1.328 días. Uno tras otro. Si a alguien le parece que ese tiempo ha sido escaso es que banaliza lo que supone realmente la privación de libertad para cualquier ser humano.

Los indultos son sólo el primer paso de un camino que se prevé largo hasta restablecer la concordia y la convivencia entre catalanes, normalizar las relaciones institucionales pero también las afectivas y proporcionar la estabilidad política y económica que necesita Catalunya y con ella el resto de España. Pero la prisión de los líderes del procés era, a juicio del Gobierno de Sánchez, el principal escollo para empezar a hablar con el independentismo, además de una situación difícilmente entendible en el resto de Europa. «Nos tenemos que escuchar para reencontrarnos», dicen los socialistas, para quienes el diálogo es el único cauce eficaz para resolver los problemas políticos, a pesar de la gravedad de los hechos ocurridos hace casi cuatro años.

La medida de gracia busca en principio un doble objetivo. De un lado, romper con el victimismo del independentismo y de otro, con la desafección de una mitad de los catalanes con España. El Gobierno ha tomado, sí, la iniciativa con su llamada «propuesta para el reencuentro» y, además, dice tener un proyecto para una Catalunya próspera, plural, europea y con más autogobierno. No conocemos los detalles, pero sí que sus límites estarán dentro de la Constitución y el ordenamiento jurídico. ¡Sólo faltaría! ¿De verdad alguien cree que un presidente, del signo político que fuera, puede saltarse el estado de derecho, cambiar de régimen él solito o dar un golpe de gracia a la legalidad, como dice Casado?

La aplicación del 155 fue toda una demostración de la fortaleza del estado de derecho y la concesión de los indultos es ahora una demostración de la grandeza de la democracia. Lo dice Sánchez, lo aplauden los sindicatos, los empresarios, los obispos y hasta la más variopinta prensa internacional. Pero la derecha sigue en Babia, que es lo mismo que estar distraído o ausente. Cuando se trata de España, por mas que manoseen sus símbolos, ni están ni se les espera. Sólo para la construcción de argumentarios construidos a base de mentiras  e hipérboles como las de la España humillada o la «inconstitucionalidad» de una medida que está en la Carta Magna y desarrollada en una ley orgánica.

¿Y si cumplen con el «ho tornarem a fer»? La respuesta está en la condicionalidad de los indultos, en el Código Penal y en las penas de inhabilitación que no han sido indultadas.

P.D. Y dicho todo esto, no estaría de más que el presidente del Gobierno hubiera explicado con claridad su decisión en el Parlamento antes, y no después, de ser aprobada en Consejo de Ministros. Tampoco que se hubiera sometido a las preguntas de los periodistas, que son en definitiva las que se hacen muchos españoles, sobre una medida de gran trascendencia.

Pedro Sánchez se presentó ayer en las escalinatas de La Moncloa para solventar en una brevísima comparecencia sin preguntas el trago de comunicar al país el indulto a los condenados por el golpe al orden constitucional en Cataluña. El presidente no se movió un milímetro del guion que justifica la clemencia por el afán de diálogo, entendimiento, concordia y convivencia contra la división y el enfrentamiento. La gracia para sus socios parlamentarios recibió como respuesta del magma separatista, incluida la Generalitat, el desprecio, la amenaza de que el único futuro pasa por autodeterminación y la amnistía y la quema de banderas españolas. El idílico marco de La Moncloa es una quimera que sirve al plan para que la sociedad española digiera la medida rechazada por siete de cada diez personas. En las palabras de Sánchez, como en su argumentario, desapareció toda razón constitucional, no digamos ya jurídica, con que sostener la indulgencia a políticos condenados por graves conductas contra el criterio del Supremo y la Fiscalía. Se ha adulterado el espíritu de las leyes hasta afectar a principios claves como los de legalidad y justicia. Todos deberíamos ser iguales ante la ley. En el soliloquio presidencial habló de que «Cataluña y España se merecen un futuro mejor». No se logrará con un gestión sectaria del estado de derecho que interfiere en los controles y los equilibrios del sistema, que es lo que sucede cuando el poder confunde voluntad y norma. Estamos obligados a insistir en que el presidente envuelve con lemas emocionales el objeto prioritario de su decisión que es una compensación por la estabilidad de una escuálida mayoría parlamentaria. Quiere alcanzar así el final de la legislatura, o al menos es su convicción. Está por ver cómo será de cruenta, hostil y rápida la deriva secesionista ante un Estado debilitado. Se han anunciado recursos. Su éxito se antoja complejo más allá de que la gracia sea discrecional, pero no arbitraria. Moncloa habla de una fundamentación consistente de los indultos, pero dudamos de que fabulaciones políticas sostengan los requisitos de justicia, equidad y utilidad pública. La democracia debe abrir el debate sobre la prohibición futura de los indultos políticos, incluso sobre robustecer la cobertura judicial del proceso, con un rol no marginal del tribunal sentenciador. Sánchez habló hace un año que salíamos más fuertes de la pandemia. Y no ha sido así en orden alguno. Su videncia vale lo mismo que su palabra, esa que prometió que los separatistas cumplirían sus penas.

El Gobierno de España aprobó ayer la concesión de indultos a los líderes independentistas catalanes condenados por los hechos subversivos de 2017. La medida es un acto político previsto por el marco constitucional y no afecta a la sentencia condenatoria, sino al cumplimiento de la pena de cárcel; se justifica bajo el criterio de utilidad pública, que contempla la ley, con la intención de mejorar el deteriorado marco de convivencia en la sociedad catalana; mantiene la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y está condicionada a que los beneficiados no vuelvan a cometer delitos. Se trata de una decisión trascendental y polémica, con válidos argumentos en contra. En los términos en los que se ha planteado, sin embargo, su adopción parece acertada al tener el potencial para cambiar una dinámica nefasta para Cataluña y el conjunto de España.

No hay certezas de que el gesto logre efectos positivos; la actitud de los condenados, por lo general, no facilita las cosas; pesa en el balance el interés partidista del Gobierno de coalición, que por esta vía consolida su mayoría parlamentaria. A pesar de ello, la medida representa la oportunidad para un cambio de dinámica positivo para la ciudadanía y la democracia española, sin ceder en los principios. Esa oportunidad, y no la empatía con los indultados, es el objetivo que justifica asumir el riesgo.

Para que se produzca una mejora real es necesario salir del territorio de los parámetros morales y apocalípticos, y adentrarse en el de los políticos y pragmáticos. Algunos episodios han empujado en esa dirección. Frente a las acusaciones de infamia y traición a la patria, se ha abierto paso un discurso más sosegado. El líder de la CEOE optó por una posición serena (que desató reacciones exageradas); dirigentes del PP como Juan Manuel Moreno han intentado circunscribir el rechazo en el marco de una normal dialéctica política; la acción callejera —Colón, recogida de firmas— no ha tenido recorrido; un periódico poco sospechoso de prejuicios partidistas o de desear la ruptura de España como el Financial Times ha respaldado la medida. Ojalá estas posiciones puedan inducir al PP a una oposición más sosegada. Es incoherente elogiar a la sociedad civil cuando se manifiesta en Colón y ningunearla, alegando que lo que importa es la política, cuando los pronunciamientos le son desfavorables.

El Gobierno está llamado a la misma contención. Explicará su posición en la sede oportuna, que es el Parlamento. No se puede exigir una planificación exhaustiva de lo que va a ocurrir, algo imposible al principio de un diálogo, pero el Ejecutivo debería ser claro en relación a lo que no va a hacer. Cabe notar, en paralelo, que quienes se oponen no tienen ni siquiera un esbozo de hoja de ruta para Cataluña. No aportan ninguna solución para el problema político.

Eso es lo que debe hacer la democracia española y lo que en gran medida Europa espera que ocurra: afrontar con la política la cuestión catalana. El momento tiene sentido. Acaba de tomar posesión un nuevo Govern frente al que conviene mantener un sano escepticismo, pero que tiene rasgos —cuando menos tácticos— distintos del anterior. La ciudadanía, agotada tras años de parálisis y con la crisis pandémica, desea menos ideología y más gestión.

Los indultos eliminan un elemento que complicaba el cambio de clima. Aun así, afianzarlo será arduo, y alcanzar resultados reales, más todavía. El diálogo entre el Gobierno y la Generalitat es un carril estrecho. Cambios de fondo necesitan una interlocución más amplia. Pero merece la pena explorar la oportunidad. Entre los conceptos que se han utilizado en estas semanas, han sido recurrentes los de la concordia y la magnanimidad. Esta última, con una fecunda historia intelectual en la línea que va de la ética aristotélica a santo Tomás y Dante, invita a la reflexión. No tanto aplicada a las instituciones, como se ha usado; más bien a los líderes que las encarnan y a los protagonistas del debate público, que deberían tener la grandeza de espíritu de posicionarse evitando el desprecio —cargado de prejuicios— de las ideas de los demás, el insulto y, en definitiva, arrojar más gasolina al inflamable panorama político. Por el bien de la democracia española.