Pedro Sánchez logra ser investido Presidente con la abstención de ERC y forma el primer Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos

El líder de Unidas Podemos ha salido victorioso de unas elecciones en las que ha seguido perdiendo apoyo y cuando se han realizado todas las maniobras posibles para tumbarle. Vetos, presiones de oligarquias económicas, noticias falsas y un adelanto electoral con un nuevo partido que le diera la puntilla. Resistir también a tus propios errores no es tan sencillo en una coyuntura como la que ha tenido el líder del partido de izquierdas cuando tu organización no tiene la estructura de un grande. Solo hay que ver a Albert Rivera cómo se ha disuelto como un azucarillo cuando simplemente le retiraron la brunete mediática de protección.

Pablo Iglesias tenía claro desde un primer momento que el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos no iba a ser fácil tras las elecciones de noviembre mucho antes de que se celebraran. Así lo afirmaba a quien quisiera escucharle. El PSOE pese a sus resistencias en las negociaciones de abril tras las elecciones de noviembre, independientemente del resultado que tuviera Unidas Podemos, iba a necesitarle y la coalición saldría. Nunca perdió la esperanza y esa fue su estrategia, y acertó.

Pablo Iglesias doblegó al PSOE y sus insomnios rindiendo honor a la doctrina marxista. Y en plena ofensiva reaccionaria hay que poner en valor un corpus doctrinario del que enorgullecerse. Habrá quienes consideren que una vez logrado el poder hay que ocultar las enseñanzas del barbudo y de sus correligionarios, pero es ahora cuando hay que valorizarlas. Pablo Iglesias puso en práctica el análisis marxista para la consecución del poder: el análisis concreto de la situación concreta. Una máxima que tendría que ser aplicada por cualquier líder de izquierdas en todas y cada una de las vicisitudes dilemáticas que presenta la vida pública.

No existe una estrategia perfecta cuando eres la parte débil de un gobierno con un tronco ideológico mayoritario más moderado. La institucionalización y los límites que establecen esa dinámica gubernamental son un férreo ancla que no se plantea por primera vez Unidas Podemos al entrar en este ejecutivo. Esas contradicciones son tan antiguas como la izquierda. Es en plena ofensiva fascista cuando hay que afrontarlas con mayor determinación y siendo consciente de que la hemeroteca importa poco en situaciones de alarma.

Leon Trotsky en su libro ‘La lucha contra el fascismo’ afrontaba de frente esa contradicción con una cita de Lenin que explicaba de manera concreta cuáles son las prioridades cuando el peligro fascista es presente y por qué los bolcheviques se unieron a los mencheviques cuando el General Luis Kornílov intentó con un golpe de Estado acabar con la revolución de febrero: «En qué modificamos la forma de nuestra lucha contra Kerensky. Sin atenuar por nada del mundo nuestra hostilidad hacia él, sin retractarnos de nada de lo que hemos dicho en contra suya, sin renunciar a derrocarle decimos: hay que tener en cuenta el momento, no intentaremos derrocarle de inmediato, le combatiremos ahora de otra forma y, más precisamente, señalando a los ojos del pueblo (que combate contra Kornílov) la debilidad y las vacilaciones de Kerensky».

No es previsible que en una situación de inferioridad manifiesta en el gobierno Unidas Podemos tenga capacidad para cambiar de manera sustancial las cosas. Pero ahora las resistencias a entrar en un gobierno con Kerensky pierden toda validez estratégica cuando Kornilov avanzaba con sus 52 brigadas. Eso no significa que las críticas al líder blanco dejen de ser efectivas, sino que la prioridad es unirse en abrazo fraternal para afrontar la urgencia y además así mostrar sus debilidades y resistencias a medidas ambiciosas. El marxismo es una herramienta imprescindible para enseñar a afrontar las contradicciones y modular sus estrategias para no perder el rumbo. En pleno ola de orgullo y exaltación fascista es preciso un gobierno ambicioso que sepa dar pasos adelante en derechos fundamentales y en las áreas más sensibles, aquellas que la ofensiva reaccionaria ponen en cuestión. Mantengan la calma, y lean libros marxistas.

El Congreso invistió este martes a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Sánchez revalida así su mandato al frente del Ejecutivo, al que llegó tras prosperar una moción de censura contra Mariano Rajoy, a raíz de que el Partido Popular fuera condenado por corrupción. Las mismas fuerzas que entonces le acusaron de acceder ilegítimamente al poder vuelven a hacerlo ahora que ha ganado las elecciones y ha conformado una mayoría, presentando posiciones políticas de parte como si fueran imperativos constitucionales y relativizando la gravedad de las acusaciones que vierten. Declarar ilegítimo a un Gobierno formado a partir del voto de los ciudadanos y a través del procedimiento previsto por la Constitución es, en sentido contrario, declarar legítima cualquier forma de oposición, incluyendo la coacción a los diputados de la mayoría.

Los cuatro años de parálisis padecidos por el país han demostrado que existe una situación más estéril que la de los Gobiernos en minoría, y es la de los Gobiernos en funciones. La obtusa resistencia de los grupos parlamentarios a cumplir con sus deberes más inexcusables, como formar un Gobierno a partir de un Parlamento elegido o articular mayorías para aprobar leyes, ha instalado el sistema constitucional en el peligroso territorio de la excepcionalidad. Los Presupuestos están prorrogados, el mandato de órganos esenciales para el funcionamiento del Estado ha expirado y el decreto ley se ha convertido en un instrumento ordinario de Gobierno. La investidura de Sánchez ofrece una tímida oportunidad para emprender el regreso a la normalidad, alejando al país del abismo político e institucional al que no puede seguir asomado por más tiempo. Para no dilapidarla, es necesario que la oposición asuma que su tarea no consiste en propalar juicios de intenciones para rasgarse farisaicamente las vestiduras a la espera de réditos electorales obtenidos a cualquier precio, sino en controlar las acciones del Gobierno y en ofrecer alternativas.

El nuevo Ejecutivo que Pedro Sánchez presidirá y en el que Unidas Podemos dispondrá de una vicepresidencia y de cuatro ministerios nace políticamente débil, lo que lo obligará a una acción institucionalmente irreprochable para no quedar a merced de algunas de las fuerzas que se han puesto de su lado, ni tampoco de los excesos de una oposición que se dice dispuesta a borrar la frontera entre el debate en el Parlamento y la vociferación desde las calles. Nada exige rendirse a los augurios pesimistas acerca del desarrollo de esta legislatura, como tampoco dejarse seducir por optimismos infundados. Lo importante es que a partir de este momento el futuro depende exclusivamente de las decisiones que adopten los partidos, porque no existe ninguna maldición metafísica por la que España esté condenada a dividirse en dos bandos y a destruir cíclicamente lo construido entre todos. En la hora actual, la responsabilidad de los representantes de los ciudadanos no se refiere al éxito o al fracaso de un Gobierno, puesto que, en democracia, siempre puede dejar paso a otro distinto, sino a los de un país y sus instituciones democráticas para resolver los graves problemas aplazados.

La crisis económica de 2008 dejó huellas dramáticas en la vida de muchos ciudadanos, coincidiendo con las dificultades económicas del Estado para mantener los niveles de solidaridad. De acuerdo con el programa que ha obtenido la confianza del Parlamento, el Gobierno de Sánchez prestará atención preferente a esos ciudadanos a los que la recesión privó de sus hogares, de sus empleos, de la posibilidad de ofrecer una vida digna a sus hijos y, más aún, de la certeza de que, para la Constitución de 1978, la condición de ciudadano y de compatriota significa más que agitar banderas y reverenciar mitos históricos. Precisamente porque acierta al establecer la corrección de la desigualdad como prioridad, es importante que el nuevo Gobierno tome en consideración el impacto presupuestario de las medidas que adopte, así como los instrumentos para financiarlas, evitando una desproporción incontrolable entre gastos e ingresos. Una reforma fiscal que haga viables los objetivos sociales fijados respetando los compromisos europeos adquiridos exige más que subir selectivamente dos impuestos. De la misma forma que el resto de las reformas económicas recogidas en el pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, desde las referidas a la transición ecológica hasta las que conciernen al futuro de las pensiones, el salario mínimo o la reforma laboral, podrían quedar comprometidas si se anteponen los efectos propagandísticos a la solvencia técnica.

La abstención de Esquerra Republicana ha sido decisiva para que la investidura de Pedro Sánchez pudiese prosperar, bajo el compromiso de abordar la crisis territorial en Cataluña dentro de la Constitución. Pese a todo, los portavoces de ERC no renunciaron a compatibilizar en el debate elementos de distensión con signos de desprecio hacia el acto en el que estaban participando. Esta doble cara dice menos de la fuerza de ERC en el Congreso que de su debilidad en Cataluña, y no porque sea todavía incierto el desenlace de la lucha electoral por la hegemonía dentro del campo independentista, en la que parece llevar la delantera. Los líderes republicanos que han apoyado pactar con el Partido Socialista lo han hecho porque saben que tarde o temprano el independentismo tendrá que responder ante sus electores de haber emprendido un camino que, como el de la unilateralidad y las vías de hecho, está condenado al fracaso, y que solo ofrece avanzar en círculos para disimular la inmovilidad. La transparencia en las negociaciones es, en cualquier caso, inexcusable, como también el respeto a las instituciones, comenzando por la figura del jefe del Estado.

Las dificultades para ejercer el poder por parte de un Gobierno en minoría como el que presidirá Pedro Sánchez no le eximen de ejercer la autoridad, evitando adoptar a solas decisiones que requieran el concurso de la oposición y haciéndole pagar el coste político por faltar a los más elementales deberes de Estado, si llegara el caso. Lejos de debilitar a Pedro Sánchez y a su nuevo Gobierno, esa contención institucional podría traducirse en la fuerza política que la aritmética parlamentaria les ha negado.

DESPUÉS de fracasar en dos ocasiones y cinco votaciones, Sánchez logró ayer ser investido presidente del Gobierno por la más exigua mayoría del Congreso en la historia democrática. El principal lastre con el que arranca el nuevo Ejecutivo no es el riesgo que plantea para la gobernabilidad la coalición formada entre el PSOE y los populistas, ni un programa económico que causa alarma entre los empresarios e inversores, ni tampoco la debilidad de una base parlamentaria que exige el entendimiento de una decena de fuerzas políticas. La principal rémora es la hipoteca firmada por Sánchez con el independentismo disolvente de la idea de nación que hasta ahora había cohesionado a la democracia española desde la Transición.

El Gobierno resultante de una sesión de investidura urdida aprovechando las vacaciones navideñas no es el que quería la mayoría de españoles. Sánchez vetó a Pablo Iglesias después de las elecciones de abril y ahora le va a nombrar vicepresidente. Y él mismo se comprometió en reiteradas ocasiones a no pactar con los secesionistas y los herederos de ETA, a los que ahora ha convertido en aliados para vergüenza y sonrojo de los socialistas que empeñaron mucho –incluso su vida– en la lucha contra el terrorismo. Las líneas rojas franqueadas por Sánchez son tantas y tan hondas que se puede concluir que estamos ante la consumación de la ruptura del PSOE con la Constitución de 1978. El pacto fundacional de nuestra democracia pivota sobre el consenso y una exigencia de centralidad preservada hasta la fecha por todos los gobiernos, a izquierda y derecha. Los puentes de esta continuidad histórica son los que dinamita Sánchez para saciar su ambición de poder. No solo mediante la entrada en el Consejo de Ministros de un partido de izquierda extrema, satélite del populismo bolivariano y abiertamente republicano, sino por apoyarse en aquellos que perpetraron el golpe del 1-O, como ERC; o que aún no condenan la violencia como método para la consecución de fines políticos, como Bildu. Jamás el PSOE alcanzó tales cotas de indignidad.

El líder socialista, ante la aquiescencia sumisa de unos barones convertidos en meros peones del jefe supremo, ha decidido hacer descansar la legislatura en Esquerra, que no ha renunciado a la autodeterminación. Entregar a este partido la llave de la estabilidad constituye un ejercicio temerario y profundamente irresponsable. La portavoz de ERC, hermana de Dolors Bassa –condenada a 12 años por sedición–, humilló al PSOE tachándolo de «verdugo» y exigiendo la nulidad del juicio del procés y la amnistía para todos los dirigentes presos. También aseguró que a ERC le importa «un comino» la gobernabilidad. Sus palabras ponen a Sánchez frente al espejo de sus contradicciones y reflejan que la legislatura durará lo que quiera Junqueras, en la medida que el PSOE se ha rendido ante el separatismo a cambio del poder.

La fragilidad parlamentaria, las concesiones a los independentistas y el descaro de los bandazos de Sánchez explican por qué el PSOE –incapaz de defender al Rey y a los jueces ante el ataque de los secesionistas y proetarras– se ha lanzado en bloque a criminalizar a la oposición de PP, Vox y Cs. Esta maniobra responde al intento de disfrazar la radicalización propia, expresada eufemísticamente por Iglesias en el llamamiento a mantener la «firmeza democrática» frente a la derecha.

La imagen de Susana Díaz en la tribuna de la Cámara Baja junto a Miquel Iceta muestra que Sánchez ha consumado el plan que en 2016 no pudo llevar a efecto por el veto de su partido. El PSOE asume su podemización e Iglesias –no son de extrañar sus lágrimas de ayer– se erige en el gran ganador del pulso mantenido con los socialistas desde la eclosión del 15-M. Sánchez despeña al PSOE por el sumidero de la historia. España tendrá un Gobierno Frankenstein cainita, incapaz de afrontar las reformas y los desafíos pendientes.

La quiebra del compromiso constitucional del PSOE aboca a España a un Gobierno rehén de ERC

AYER no nació un Gobierno, que sería achaque grave pero pasajero. Ayer se instaló, legal pero ilegítimamente, un régimen que no han votado los ciudadanos, y que fue urdido en casa del millonario separatista Roures por el PSC-PSOE, Podemos y Esquerra Republicana. Este nuevo régimen tiene un fin explícito, que es liquidar el régimen constitucional de 1978 y la monarquía parlamentaria como forma de Estado; y otro implícito: imponer dos tiranías sobre los escombros de España: Euskadi y los Països Catalans.

Los medios serán los que ayer manifestaron dos feroces liberticidas, el matón socialista y el llorón comunista: deslegitimar a la media España que no es de izquierdas ni separatista y amenazar a Felipe VI, como hizo ayer el jefe del Gobierno, Pablo Iglesias (el Felón es sólo presidente), para que rompa toda relación con los partidos nacionales. Desde el siglo XVII, no se atrevía un marqués a amenazar al Rey de España y a sus leales compatriotas, como hizo ayer el de Galapagar. Es de agradecer su claridad: el fin de ese partido comunista financiado ilegalísimamente por el triángulo Caracas-La Habana-La Paz, con los cocaleros sustituidos por las FARC, es imponer una república como la de Maduro en la miserable Unión Europea.

Iglesias no controla sus lagrimales ni su condición irrenunciable de escrachador, pero es quien dirigirá la acción de un Gobierno cuyo primer rehén es Sánchez, al que reserva el papel de presidente provisional de la II República bis, y al que derribará, como a Largo Caballero, cuando el poder rojo crea que molesta o que ya ha cumplido su papel, como le sucedió al «Lenin español». El poder de Iglesias no está en sus pocos escaños, sino en los partidos separatistas, de los que es socio y portavoz. Le falta, a diferencia de la II República, una parte del Ejército, la Policía y la Guardia Civil, pero a ello va. Ha nombrado jefe de gabinete al que fuera Jemad, Julio Rodríguez, para acometer la purga de general para abajo. A Margarita Robles se le dejará firmarla.

Ayer, el Rey, la oposición, los jueces y los medios de comunicación indóciles fueron advertidos de que el poder sólo admitirá el aplauso en el ejercicio vigilado de sus funciones. Y eso va también por las Fuerzas Armadas, cuya misión es defender la Nación y la Constitución, ya sinónimos.

Bienvenidos al rójimen.

Desde el siglo XVII, no se atrevía un marqués a amenazar al Rey de España y sus leales compatriotras como ayer el de Galapagar

Desde que se dio por cierta la investidura de Pedro Sánchez no han dejado de escucharse en los círculos que, de una u otra forma, apoyan al presidente llamamientos a la calma, a la mesura, a la concordia y al optimismo. Es el momento ahora, se dice, de darle una oportunidad al nuevo Ejecutivo, tanto si gusta más como si gusta menos, y de tratar de dejar atrás todos estos meses de acalorado debate que tanto han dividido a la sociedad.

Se describe al Gobierno de coalición como un conjunto, quizá un poco heterogéneo, pero bien intencionado y, en todo caso, preferible a otras opciones, que sufre un acoso feroz por parte de la extrema derecha y de todos los poderes e instituciones “reaccionarias” —judiciales, militares, económicas— que se niegan a darle una oportunidad a políticas progresistas.

Se nos invita, por tanto, a todos a evitar el catastrofismo y a abrir nuestra mente a esta nueva era en la que, por lo visto, será todo más justo y acabaremos siendo todos más felices. Admito que es una invitación tentadora. Después de tantos años de crispación y parálisis, cualquiera estaría dispuesto a subirse al primer tren que condujera no ya a la felicidad, sino, al menos, a la normalidad. Pero es una invitación tan tentadora como tramposa y, desde mi punto de vista, hipócrita.

Por si es necesario, dejemos constancia de la plena legitimidad del Gobierno. Este Gobierno surge de la Constitución española y de su sistema de leyes, concebidas, en efecto, para proteger incluso a quienes las desprecian y usan en su beneficio particular, siempre que las acaten. Tan legítimo es este Gobierno como el derecho a criticarlo. Ni cabe en el debate la más mínima sugerencia de abortar este Gobierno por vías que no sean estrictamente las establecidas en la ley, ni es aceptable que se descalifique toda crítica —incluso las más despiadadas— como un intento fascista o golpista de revertir la voluntad popular.

Tan legítimo es este Gobierno como grande el error que representa y graves las consecuencias que puede tener para todos. No lo digo yo ni lo dice la extrema derecha, lo han dicho antes y mejor que nadie los propios socialistas. Si se quieren escuchar las más rotundas descalificaciones de un Gobierno de coalición PSOE-Podemos nacido tras un acuerdo con los independentistas catalanes condenados por sedición y con Bildu no hay más que acudir a las hemerotecas y videotecas para repasar recientes declaraciones de rivales y aliados de Sánchez en el PSOE. Son ellos quienes mejor han explicado las razones por las que un Gobierno como este nunca debería haber nacido, resumidas en una pregunta convertida en exclamación por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos: “¡Qué sería de España! ¡Qué sería de la izquierda!”.

Son muy poco convincentes los llamamientos a la cordura y la prudencia de un Gobierno integrado por un partido que es fruto de la radicalización de la sociedad española y cuyo principal objetivo manifiesto es acabar con el sistema de consenso que dominó la política española desde la Transición.

Solo en ese sentido puede este Gobierno vanagloriarse de iniciar una nueva era. No, desde luego, por su condición progresista, más que dudosa. Desde la aprobación de la Constitución de 1978 han sido más los Gobiernos de izquierdas, en algunos de los cuales se hicieron las reformas sociales y políticas que todavía hacen de España una de las democracias más avanzadas y equitativas del mundo. Justo es reconocer que otros Gobiernos de derecha contribuyeron con años de crecimiento económico.

Progresista se ha convertido en una etiqueta que se coloca sobre su solapa cualquiera que muestre suficiente odio a la derecha. Pero el verdadero progresista es el que consigue reformas profundas para hacer avanzar la sociedad. Y eso exige amplios consensos y políticas integradoras, que es todo lo contrario de lo que observamos.

Lo más tranquilizador que he escuchado sobre el futuro Gobierno es que, en realidad, no va a pasar nada. Que los acuerdos con los independentistas solo pretenden ganar tiempo y mantenerlos distraídos, pero no llegarán a nada concreto. Y que la presencia de Podemos en el Gobierno es solo un mal menor, que se les da cargos, pero no se les permitirá tomar decisiones de trascendencia.

Triste consuelo, porque este país sí que necesita cambios y reformas, aunque no sean precisamente las que se nos anuncian. La parálisis de los últimos años solo ha conseguido debilitar el sistema y fortalecer a sus enemigos. Hace años que hubiera sido necesario poner en marcha una reforma constitucional que, entre otras cosas, hubiera cerrado la estructura territorial. Es absurdo que, 43 años después de aprobada la Constitución, estén aún sin definir las competencias de las distintas Administraciones del Estado. Es descorazonador que algunos aún quieran debatir sobre cuántas naciones hay en España, entre otras cosas, porque no hemos sido capaces de definir la nación española, el Estado de derecho que somos.

No es un consuelo, por tanto, que se nos haga pensar que los acuerdos contraídos por Sánchez son un mero decorado y que, en realidad, no va a pasar nada. Ese nada ya es mucho, porque nuestra economía se debilita y se queda rezagada, porque los radicales ganan espacio, la división aumenta y España desaparece del panorama internacional, donde también se juega nuestro futuro. Pero es aún peor lo que puede esperarse de unos acuerdos construidos sobre el resentimiento y contra la mitad del país. No hay nada que una al PSOE —ni siquiera a lo que queda de él—, a Podemos, a Esquerra Republicana y a Bildu, al margen de las urgencias del candidato, más que el odio a la derecha, que es la otra mitad de España. No hay un proyecto sólido concebible que una coalición así pueda poner en marcha que cuente con el respaldo de al menos una parte de los que no son sus votantes.

Nos esperan más bien medidas decorativas —educativas, sociales…—, con buena prensa en la izquierda, que serán revertidas en cuanto la derecha recupere el poder, en un círculo vicioso desastroso para nuestro país. Si no ocurre nada peor, proseguirá la larga campaña electoral iniciada con la moción de censura con la esperanza de que algún día, dentro de tres, cuatro años, quién sabe cuándo, Sánchez pueda por fin gobernar, no ser primero en unas elecciones, sino gobernar.

Mientras tanto, se puede seguir también echándole la culpa a la derecha. Alguna tiene, no cabe duda. El clima de radicalización y polarización del que surge este Gobierno no pudo nacer de la noche a la mañana. La corrupción y la arrogancia de otros Gobiernos del PP han tenido su buena parte de responsabilidad. Demos por válido también que ni el PP ni Ciudadanos jugaron adecuadamente sus cartas tras las dos últimas elecciones. Pero eso no puede ocultar que Sánchez nunca quiso gobernar con ellos, que nunca se lo ofreció y que, probablemente, nunca lo hubiera admitido.

Unos y otros acabarán entendiendo quizá algún día que no hay otra salida para sacar a España adelante, que ninguna mitad va a destruir a la otra o a engañarla o a convencerla. Que solo un pacto nacional entre las grandes fuerzas políticas constitucionales puede sacarnos de este profundo pozo. Eso sí sería una nueva era.