Polémica en torno a la central nuclear de Garoña, en Burgos

El Gobierno ha mantenido desde su llegada al poder un discurso difuso en materia nuclear. Frente a la resistencia de Industria y otros departamentos a alterar la actual configuración de este sector energético, el presidente se ha proclamado el miembro «más antinuclear del Ejecutivo» y ha anunciado repetidas veces la puesta en marcha de un calendario de cierre de las centrales, aunque jamás ha ofrecido fechas concretas. Esta ambigüedad permitió en un principio contentar a defensores y detractores de la energía atómica, pero ha acabado por erosionar la credibilidad gubernamental.

Ahora, el Ejecutivo ha decidido impulsar un plan para reducir la energía nuclear cuya principal baza, si no hay sorpresas de última hora, será el cierre de la central de Garoña (Burgos), la más pequeña después de Zorita, y cuya vida útil acaba en 2009. La medida pretende dar satisfacción a los grupos ecologistas y parlamentarios que esperan que el presidente cumpla su palabra. Asimismo permitiría negociar una de las mayores prioridades en materia nuclear: la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) que ha de guardar los residuos radiactivos generados en España.

La construcción de este depósito provoca el rechazo de amplios sectores ecologistas. La moneda de cambio política para superar este obstáculo podría ser precisamente, en cálculos gubernamentales, el cierre de Garoña (decisión que ha de superar primero algunos trámites, como el preceptivo informe del Consejo de Seguridad Nuclear). En esta línea, para la propiedad, que ya ha solicitado la prórroga de la vida de la central, y el sector energético, inicialmente opuesto a esta medida, la contrapartida radicaría en el abaratamiento de costes que acarrearía este almacén central.

No hay un pronóstico claro, con todo, sobre la recepción que tendrán estos planes gubernamentales cuando se oficialicen en lo que queda de legislatura. La enorme dependencia energética de España y la necesidad de reducir las emisiones de efecto invernadero, básicamente por combustibles fósiles, han renovado en los últimos años el atractivo de la energía nuclear. Si finalmente el Gobierno emprende alguna acción deberá explicar claramente con qué fuente de energía se pretende sustituir la atómica (Garoña produjo un 2% de la energía consumida en 2005). Desafortunadamente, la energía eólica, muy subvencionada en los últimos años, es de difícil manejo, puesto que sus puntas de producción no suelen coincidir con las de demanda y no es posible arrancar o desconectar el viento cuando conviene. Para resolver estas incógnitas el Gobierno debe hablar claro y pronto.