Primera condena de la Audiencia Nacional contra Mario Conde: 6 años de cárcel por desviar 600 millones en el ‘caso Argentia’,

MARIO CONDE, el banquero que se presentaba, y era presentado por su propio aparato mediático, como abanderado de la regeneración ética y paladín de la resistencia de la sociedad civil frente a los abusos del poder, fue condenado ayer a seis años de cárcel por apropiación indebida de 600 millones, suma que deberá devolver a Banesto. La sentencia es apelable ante el Supremo en el plazo de cinco días. Conde está también acusado de estafa en otro sumario que investiga operaciones por un importe global de unos 14.000 millones, en las que habría utilizado presuntamente sociedades interpuestas para lucrarse personalmente -junto a varios ex directivos del banco- a expensas de la entidad que presidía. La condena de ayer se refiere a un asunto colateral al sumario principal, pero resulta ilustrativo del modus operandi del autor de El sistema, obra en la que culpaba de su desgracia a maquinaciones políticas de diverso signo.La primera noticia sobre esta historia apareció en EL PAS el 7 de abril de 1994. Allí se daba cuenta de que Banesto había pagado 600 millones de pesetas a Argentia Trust por trabajos inexistentes relacionados con la Corporación Industrial Banesto. Tras conocerse la información, el entorno de Mario Conde difundió que se trataba de un pago a Antonio Navalón, asesor de Conde en 1990, para que consiguiera, a través de contactos con políticos del PSOE, determinadas exenciones fiscales vinculadas a la creación de la Corporación Industrial Banesto. Que ésta era una versión oficial del entorno de Conde vino a confirmarse tres meses después, cuando el ex banquero declaró en una entrevista publicada el 27 de junio de 1994 lo siguiente: «Había que vencer el clima político creado por Solchaga, pagamos los 600 millones y conseguimos las exenciones. Eso es todo».

Pero la factura del supuesto pago a Argentia Trust nada decía de exenciones fiscales y, en cambio, se refería a gestiones para una colocación de acciones de la Corporación Industrial. No existió nunca soporte documental de estos trabajos. Tampoco se sometió a la comisión ejecutiva del banco el contrato, que, según el ex banquero, fue verbal. Conde tenía los poderes para disponer el pago, pero sus obligaciones como administrador le imponían acreditar los servicios que pagaba. Nunca lo hizo y cuando públicamente habló de ello dio versiones contradictorias.

La sentencia, redactada por el magistrado Ventura Pérez Marino, no sólo describe a un mal administrador, sino que encaja la desaparición de los 600 millones en el tipo, de apropiación indebida. Para que exista este delito -diferente al hurto o al robo, etcétera, aunque el efecto sea el mismo- no es necesario que el acusado sea sorprendido metiendo la mano en el cajón. La distracción de fondos de una sociedad en beneficio propio, normalmente mediante el recurso a sociedades interpuestas, sería la forma más típica de la apropiación indebida en los tiempos actuales; sin embargo, según la sentencia, «esta práctica, denominada por algunos ingeniería financiera, no es más que una añagaza, similar en cuanto a sus resultados al que se apodera de 600 millones de pesetas de la caja de un banco, de la que tiene llave por ser administrador, y se los lleva a su bolsillo. Aquí no toma el dinero materialmente, pero lo pone a buen recaudo a su disposición».

El propio Conde fue el verdadero promotor del caso. Frente a la acusación de pagar por trabajos inexistentes pretendió tender una cortina de humo con los pagos políticos. La sentencia- constata que no se ha presentado prueba alguna que avale tales tráficos y afirma: «Si bien es posible que efectivamente Conde informase ( … ) a determinados periodistas que le entrevistaron en ese sentido, [ello] no sería más que una argucia en orden a justificar una disposición de dinero, de cuyo fin no ha dado una explicación coherente». De donde se deduce que quienes aseguraron que el poder político había «instrumentalizado la crisis de Banesto para desembarazarse de un personaje incómodo», tal vez fueron instrumentalizados por Conde para enmascarar delitos como el de apropiarse de 600 millones de pesetas.

El que fue ídolo de la juventud española en los años ochenta se ha convertido en delincuente convicto en los noventa. Es como para escribir una elegía sobre la fugacidad de la gloria en este mundo. Pero no estamos para elegías, sino para mirar la realidad con la misma dureza que ella exhibe. Nadie debe alegrarse de la desgracia ajena, pero asusta pensar que hubiera pasado si Mario Conde hubiera salido absuelto, como decían muchos, por no haberse podido probar que se había aprobado de los 600 millones pagados a Argentia Trust, envueltos en una trama financiera tan compleja como sospechosa y en una red de mentiras sobre su destino final dificilísima de desentrañar. El Tribunal, sin embargo, usó más el sentido común que la casuística jurídica y echí las mismas cuentas que se echa el pueblo: Conde ordenó ese pago a una entidad que ni siquiera figura en el registro español, la orden de abono está falsificada y el destinatario no aparece por ninguna parte. Como es inimaginable que un banquero haya autorizado el pago de 600 millones sin saber adónde van ni con qué motivo, puede deducirse razonablemente que ha habido apropiación indebida y falsedad de documento. Todo lo demás son esfuerzos leguleyos para marear la perdiz y vestir al santo. El delito era evidente.

Y esto es sólo el principio, el caso más pequeño y más fácil para Conde, que tiene todavía por delante el de Banesto, donde hizo y deshizo a su antojo durante los años que lo presidió de forma más que peculiar. Mario Conde ha sido, con Javier de la Rosa y  algunos otros, que no me atrevo a llamar ni financieros ni empresarios, sino más bien ingenieros o magos de las finanzas, el símbolo del éxito en aquella España en la que, según Carlos Solchaga, y él debía saberlo, pues era ministro de Economía y Hacienda, resultaba más fácil hacerse rico que en ningún otro país del mundo. Y a tenor de esos ejemplos, era verdad. Lo que caracterizaba a esos genios era que hacían sus principales negocios, no con otras empresas, como es habitual, sino con las suyas propias. Con lo que hacían unos negocios fabulosos. ¿No los iban a hacer, si ellos mismos imponían las condiciones, los precios y la calidad del producto en transacción? ¿Quién iba a discutirles costes y estipulaciones, si ellos eran a la vez comprador y vendedor? Nada de extraño que hicieran negocios fabulosos. Lo malo era que los hacían a costa de sus propias empresas. De lo que resultaba que mientras ellos se hacían cada vez más ricos, sus empresas se hacían cada vez más pobres, llegando a la quiebra en muchos casos. Algún lector recordará que hablé de ello hace ya años en una ‘postal’ que titulé ‘Ordeñar la propia empresa’, en la que denunciaba tal práctica donde se mezclaban artificios contables y paraísos fiscales, como se han mezclado en el caso Argentia Trust, según ha reconocido la sentencia.

Esto, que también se ha llamado ‘cultura del pelotazo’, se acabó. Por fortuna, apresurémonos a decir, pues tal tipo de prácticas no era bueno ni para la economía ni para la moral del país. Empiezan a exigirse cuentas a los que, aprovechándose del clima de impunidad que aquí reinaba, han arramblado con el dinero que custodiaban, de una forma tan rapaz como grosera. Queda todavía abierta la cuestión de ¿dónde está ese dinero? Suponemos que en paraísos fiscales, porque, como en el caso de Argentia Trust, no aparece por ninguna parte. Y no va a ser fácil recuperarlo, aunque no por eso debe desistirse del empeño.

En cualquier caso, España es hoy un poco mejor que ayer. Hay algo de más confianza en la Justicia entre el ciudadano de la callé, cosa absolutamente necesaria para el buen funcionamiento de una sociedad democrática, mientras los jóvenes se deben decir que Mario Conde no era un modelo a seguir, a la vista de adonde ha ido a parar. En cierto sentido, una era ha acabado. Y excepto los sinvergüenzas, nadie va a echarla de menos.

José María Carrascal

Apenas 24 horas después de quedar visto para sentencia el juicio de Argentia Trust, los tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaron ayer una durísima condena contra Mario Conde, que va más allá incluso de las peticiones del fiscal en algunos aspectos. La sentencia -la más rápida en la historia de la Audiencia Nacional- sanciona a Mario Conde con una pena de seis años de cárcel y una multa de 18 millones de pesetas por delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Se le condena también a la pena accesoria de inhabilitación durante seis años como administrador de entidades financieras y se le impone que devuelva a Banesto los 600 millones pagados a Argentia Trust.

La lectura de la sentencia deja a las claras que los magistrados no se han creído ni una sola palabra del testimonio de Conde ni de las versiones de Navalón y Selva, que califican de «inaceptables» y «contradictorias». «Pensar que un banco paga, sin saber, porque se lo indican sus asesores, no es que sea absurdo, es que no es verdad», dice el fallo.

Si no se puede sostener que Conde pagara 600 millones por unos servicios que nunca se prestaron, el tribunal deduce que el ex presidente de Banesto -que como administrador tenía el deber de custodiar los bienes del banco- se apropió de dicha suma. «Esta práctica, denominada por algunos ingeniería financiera, no es más que una añagaza, similar en cuanto a sus resultados al que se apodera de 600 millones de pesetas de la caja de un banco, de la que tiene llave por ser administrador y se los lleva a su bolsillo. Aquí no toma el dinero materialmente, pero lo pone a buen recaudo a su disposición», asegura la resolución.

Es cierto que Conde puso a «a buen recaudo» los 600 millones pero no ha quedado claro en el juicio si fue «a su disposición», a la de sus testaferros o a la de personas ajenas vinculadas, como sostuvo Conde inicialmente, con la compra de voluntades políticas para obtener las exenciones fiscales de la Corporación.

Lo que sí resulta obvio es que el tribunal se ha sentido enojado -y con razón- por las inverosímiles explicaciones de Conde y de los testigos de la defensa, que, lejos de beneficiarle, han convencido a los magistrados de que la estrategia del ex banquero era un montaje para sembrar la confusión.

Conde no ha dicho la verdad durante el juicio. Y nadie mejor que EL MUNDO puede dar fe de ello, puesto que el ex presidente de Banesto mintió en la Audiencia al negar que él hubiera declarado a este periódico que los 600 millones habían ido destinados a lograr las exenciones fiscales. El defensor de Conde abusó incluso en su interrogatorio de las obligaciones que el secreto profesional impone a los periodistas de EL MUNDO, convocados como testigos por el fiscal.

Pasando de una versión a otra, Conde ha cometido el fatal error de cambiar de caballo en la travesía del río y se ha caído al agua. Hubiera sido mejor para él mantener la declaración inicial ante Moreiras. Lo mismo vale para el resto de testigos. Así, la comparecencia de Diego Selva, con un papel fechado pocos días antes del juicio, y en el que se pretendía demostrar que un abogado suizo había cobrado los 600 millones, fue sencillamente patética. Increíble fue también el testimonio de Navalón, que, tras asegurar ante Moreiras que no sabía nada de los 600 millones, avaló en el juicio la nueva versión de Conde de que se trataba de un desembolso para colocar el capital de la Corporación. Arturo Romaní, consejero y mano derecha de Conde, recobró la memoria para acreditar que la comisión ejecutiva de Banesto había sido informada del pago.

Si en lugar de urdir este complejo pero absurdo entramado de falsedades, Conde se hubiera mantenido en su primera versión -mucho más coherente y creíble-, el desenlace del juicio podría haber sido distinto. Hubiera corrido el riesgo de ser acusado de cohecho, pero el tribunal no habría podido condenarle por apropiación indebida.

Lo más frustrante de lo que ha sucedido en este juicio es que, a pesar de la condena, persisten serias dudas sobre la verdad de los hechos. Y éstos se reducen a dos posibilidades: que Conde (él solo o con Navalón) se llevara los 600 millones, como sostiene la Audiencia Nacional, o que esta suma fuera destinada realmente a comprar favores políticos para lograr las exenciones fiscales. Tan posible parece una cosa como otra.

Pero, sea una u otra la verdad, Conde quedaría igualmente malparado, ya que habría actuado delictivamente. Los magistrados han considerado que la conducta del ex presidente de Banesto no podía quedar impune en un asunto tan turbio como éste y han optado por una condena ejemplificadora. No se lo podemos reprochar porque Conde no ha hecho nada para ayudar a la Justicia a esclarecer los hechos, aunque le queda el recurso al Supremo como última instancia para restablecer su honor.

El ex banquero tiene pendiente todavía el juicio por el caso Banesto, en el que se le acusa de delitos infinitamente más graves. Una de las imputaciones es haberse apropiado de 300 millones que un ejecutivo de Banesto entregó en un maletín en efectivo para pagos nunca justificados. Si el tribunal aplicara el mismo rasero, debería ser condenado de nuevo.

En suma, da toda la sensación de que Conde -que ostentosamente vistió la toga durante el proceso- se ha pasado de listo como abogado. También se pasó como banquero y como personaje público que impartía lecciones de moralidad. Tristemente ése ha sido el sino de una carrera malograda por un exceso de astucia y ambición y una falta de ética y autocontrol.

LA CONDENA de Mario Conde por el llamado caso Argentia Trust a seis años de cárcel por apropiación indebida ha llevado, como consecuencia inmediata, a que el ministerio fiscal se planteara la adopción de medidas cautelares para reducir los riesgos de fuga. Mientras la sentencia no sea firme -es decir, no haya sido ratificada por el Tribunal Supremo, tras la interposición de recurso por parte del condenado- queda a criterio de la magistratura el ingreso en prisión. La sala de vacaciones de lo Penal de la Audiencia Nacional ha considerado legítima la preocupación del ministerio público y ha acordado la prisión provisional de Mario Conde, eludible mediante una fianza de 2.000 millones de pesetas y otras medidas de control sobre sus movimientos, como la comparecencia del condenado ante la sala todos los lunes y viernes, el señalamiento de domicilio fijo, la retirada del pasaporte y la vigilancia policial durante los siete días que se le han dado para prestar la fianza.Hasta el pasado jueves 20 de marzo, el ex presidente de Banesto no estaba condenado por un tribunal. Ese día fue sentenciado a seis años de prisión, una condena recurrible ante el Supremo, pero que por el sólo hecho de existir aumenta el riesgo de fuga. Y más si se tiene en cuenta que está pendiente del juicio principal, el que le juzgará por su gestión en Banesto, y en el que se le piden 35 años de prisión por varios presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad. En la valoración de las cautelas adoptadas ha debido pesar también indudablemente el hecho de que Conde disponga de un amplio patrimonio económico, en España y fuera de ella.

El auto dado a conocer ayer es una resolución contundente. Aunque los magistrados estiman necesaria la prisión preventiva, fundamentada en el aumento del riesgo de fuga por la sentencia condenatoria, también introducen dos circunstancias favorables a Conde. La primera apunta a que el ex banquero es un hombre «de arraigo personal y profesional» en España. La segunda, que si bien el delito por el cual se le ha condenado es grave, no puede decirse que lo sea de forma extrema. Por estas dos consideraciones favorables, la sala ha elegido, dentro del abanico que le ofrecía el ministerio público, «sustituir la medida de prisión provisional por otras menos gravosas». El tribunal estima, pues, que no es necesario aplicar todo el peso de la ley -el equivalente a la prisión preventiva ineludible- para asegurar la presencia de Conde en el proceso.

El precio que se le pone a la elección es alto: una fianza de 2.000 millones y unas condiciones de suma dureza. La desproporcionalidad de la fianza -en relación con los 600 millones del caso juzgado- está justificada como disuasión para evitar la tentación de fuga. Los magistrados han atendido así la sugerencia del ministerio fiscal de que la prisión preventiva era innecesaria, pero han sabido aplicar la ley curándose en salud.