Redada del juez Garzón y el juez Bueren contra independentistas catalanes a los que acusan de querer atentar contra los Juegos Olímpicos como terroristas

TERRA LLIURE, la organización terrorista catalana enterrada oficialmente por sus dirigentes en julio de 1991 después de 12 años de penosa existencia, se resiste a desaparecer. Quienes entonces se opusieron a la autodisolución han perpetrado una decena larga de atentados en un año. Su metodología ha sido, afortunadamente, tan pedestre como la de sus antecesores: una bombona de cámping-gas y cloratita. Sus objetivos, igualmente anárquicos: desde oficinas de Banesto -banco oficial de los JJ OO de Barcelona- hasta locales del Instituto Nacional de Empleo. La última aventura de los grupúsculos. que pretenden mantener viva las siglas de Terra Lliure lleva buen camino: los tres artefactos que colocaron fueron desactivados y 29 personas han sido detenidas. Era una operación necesaria por parte de la Guardia Civil a escasos días de que empiecen dichos Juegos. Hubiera rozado el es perpento que, en un momento en el que ETA parece haber perdido enteros como amenaza potencial a la gran cita barcelonesa, un microscópico grupo de iluminados, cuya deficiente organización interna debe ser forzosamente permeable a las fuerzas de seguridad, pudiera ensombrecer uno de los mayores compromisos internacionales de España en este siglo.Las detenciones, ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, no se han limitado, al parecer, a las personas directamente sospechosas de la colocación de artefactos en fechas recientes. Han incluido también a algunos militantes, e incluso a un dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido que rechaza expresamente la violencia para la obtención de sus objetivos independentistas. La protesta airada de la propia ERC y de otros medios del radicalismo nacionalista, a la que se ha añadido Iniciativa per Catalunya y las juventudes de Convergència, entraría únicamente en el terreno de lo sorprendente si los hechos no fueran mucho más graves. Acusar a la policía y al juez de persecución contra el independentismo, comparar la Audiencia Nacional con el Tribunal de Orden Público del franquismo o evocar los viajes de Franco a Cataluña y las consiguientes detenciones de personalidades de la oposición, es una forma fácil de intentar mezclar violencia e ideas políticas, que sólo puede perjudicar, precisamente, a quien la practica. Si el juez Garzón cree conveniente interrogar a sospechosos de acciones violentas que abandonaron Terra Lliure hace unos meses o un par de años, con vistas a esclarecer unos delitos y prevenir la realización de otros, nadie en su sano juicio y desde las filas de la democracia puede oponerse: el juez está sólo in vestigando, y es él, y no otros, quien deberá sentenciar o exculpar, a menos que se quiera mostrar algún tipo de complacencia o benevolencia con quienes se dedican a sembrar el terror.

De otra parte, recordar que los disidentes de Terra Lliure son numéricamente insignificantes, como nulo es su apoyo social, y que se trata de lamentables aprendices de terrorista sirve de muy poco y no debe llevar a bajar la guardia en la represión de los violentos, pues sigue existiendo el riesgo de que cualquier iluminado, bomba en ristre, trate de llamar la atención de la comunidad internacional. De que intente aprovechar la convocatoria olímpica, y la comprensión de algunos sectores de opinión para hacer creer al mundo que cuando el río suena… es porque algo extraño sucede en Cataluña. Algo sobre lo que deberían reflexionar quienes se muestran tan benévolos con los violentos y quienes -por fortuna, de forma pacífica y democrática- apuestan estúpidamente por la campaña paraolímpica del Freedom for Catalonia, como si Cataluña no tuviera ya libertad y como si la Constitución, el Estatuto y la Generalitat fueran el enemigo de los catalanes en vez de sus instrumentos.

LA DETENCIÓN, el pasado martes, de dos militantes de Esquerra Republicana (ERC), acusados por el magistrado de la Audiencia Nacional Carlos Bueren de presuntas relaciones con la banda terrorista Terra Lliure, ha levantado de nuevo polémica en Cataluña. Hace apenas tres meses, una operación de mayor amplitud, ordenada en aquel caso por el juez Baltasar Garzón, se saldó con la detención de 36 personas, de las que 16 permanecen en prisión y otras 13 están en libertad bajo fianza. Ambas actuaciones han despertado sorpresa -pues al menos una parte significativa de los detenidos hace tiempo que abandonó la violencia-, y algún exabrupto demagógico.El caso de esta, semana tiene, además, la particularidad de que uno de los detenidos, Jordi Vera, acusado de haber desempeñado tiempo atrás cargos de responsabilidad en Terra Lliure, es precisamente uno de los artífices del proceso de disolución de esta banda en julio de 1991 y de la incorporación de sus elementos a la política democrática, en las filas de la independentista Esquerra Republicana, que dirige Ángel Colom. Disuelta la organización terrorista, Jordi Vera recorrió las cárceles en las que se encontraban presos algunos de sus miembros para tratar -no siempre con éxito- de que se sumaran al proceso.

Toda esta elogiable evolución no puede hacerse, sin embargo, obviando un principio básico del Estado de derecho, a saber, que los delitos no pueden quedar impunes. Ni su corolario: cualquier solución a los casos particulares ha de instrumentarse a través de los órganos jurisdiccionales competentes y de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Hay elementos suficientes en el Código Pena¡ y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reinsertar a quienes han hecho expresa renuncia de sus actividades delictivas.

Para poner punto final a una actividad delictiva no basta con comunicarlo en una conferencia de prensa y afiliarse posteriormente a un partido democrático o irse a casa. Hace falta saldar las cuentas con la justicia. Y eso porque es una norma básica del Estado de derecho, no una revancha de la sociedad hacia quienes reconocen sus errores. Hay una lógica del proceso judicial -los delitos no prescritos deben ser perseguidos de acuerdo con las leyes vigentes- que nada tiene que ver con las repetidas imputaciones que ha hecho Ángel Coloni de un supuesto dirigismo del PSOE de las actuaciones de los magistrados de la Audiencia Nacional con el fin de hostigar al independentismo pacífico. Esas imputaciones son irresponsables.

La detención de Jordi Vera ha suscitado un cambio de planteamientos en la dirección de Esquerra. Sus dirigentes han abandonado los argumentos demagógicos y han entrado en el camino de la sensatez y de las soluciones políticas a problemas políticos: propiciar que quienes hayan estado de una forma u otra vinculados a hechos violentos o delictivos se presenten ante los jueces para que salgan a la luz todos los hechos y abordar así las soluciones individuales que en cada caso correspondan. Es el mismo esquema arbitrado, en 1982 por el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, y el diputado de Euskadiko Ezquerra Juan María Bandrés para encauzar, en colabora ción con la justicia, el abandono de la lucha armada de más de 250 militantes de ETA Político-militar que concluyó felizmente en 1987. Es la solución sensata y necesaria.

LA AUDIENCIA Nacional acaba de dictar sentencia en el llamado macrojuicio de Terra Lliure, en el que estaban encausadas 24 personas, detenidas en 1992 poco antes de los Juegos Olímpicos por orden del juez Baltasar Garzón. Atendiendo a que la banda armada «ha quedado disuelta y desarticulada desde hace ya un importante periodo de tiempo y [a que] su, peligrosidad en el momento actual puede considerarse nula», el tribunal pide el indulto para 18 de los 24 encausados, absuelve a otros seis y deja en libertad a cuatro de ellos que estaban en prisión provisional.Esta sentencia y el indulto que en buena lógica debe desprenderse de ella marcan el punto final a la penosa aventura del terrorismo catalán. Terra Lliure no existe desde hace tres años y nadie vinculado a este grupo ha vuelto a utilizar cloratita o bombonas de butano para reclamar sus ensueños nacionalistas. Es cierto que nunca fue una organización presentable en la internacional del terror y su única víctima mortal fue una mujer sobre la que se derrumbó una pared. Nada empaña la tragedia de esta muerte -ni tan siquiera buscada por los propios terroristas-, pero ilustra la ineptitud técnica de unos comandos que, a diferencia de lo sucedido en otros lugares, nunca tuvieron en su propia tierra el mínimo apoyo social que permite crecer y envalentonarse. Es más, el rechazo que han levantado todos los intentos de exportación del crimen por parte de ETA, principalmente con el atentado de Hipercor, han profundizado todavía más la repugnancia de la ciudadanía catalana hacia la utilización de la violencia bajo paraguas de finalidades políticas.

En 1992, en vigilia del acontecimiento olímpico y al calor de la campaña Freedom for Catalonia -un lema imprudentemente auspiciado por el propio nacionalismo conservador-, Terra Lliure intentó dar las últimas muestras de su frágil existencia. Fruto de esta actividad fueron unas detenciones ordenadas, por el juez Garzón, en una heterogenea redada que levantó las protestas de ‘los partidos catalanes. Un aspecto nada menor de la redada fueron las denuncias por torturas presentadas por algunos de los detenidos. El tribunal ha sentenciado ahora a partir de pruebas y no ha tenido en cuenta en cambio las autoinculpaciones de los propios encarta dos, obtenidas, según ellos mismos, bajo coacción física. El tribunal ha actuado correctamente, remitiendo las alegaciones de malos tratos a los tribunale s ordinarios para que investiguen las denuncias.

Éste no es un aspecto anecdótico, sino crucial, en la lucha contra el terrorismo, de la que debe desaparecer el más leve asomo de utilización de medios ilícitos por parte de las fuerzas de seguridad, responsables de velar por el orden público. Una cuestión también fundamental para acabar con el terrorismo es que existan cauces democráticos y legítimos para la acción política en defensa, de objetivos pacíficos. El actual marco constitucional y el nuevo Código Penal, que ahora ha llegado al Senado, así lo establecen. Trabaja en dirección contraria, en cambio, el propósito del Partido Popular de penalizar explícitamente las proclamas independentistas de carácter pacífico.

Una vez indultados, los encausados podrán seguir defendiendo sus ideas independentistas mediante la utilización de métodos legales y pacíficos, como ya han he cho un buen número de ellos, que se han afiliado a Es querra Republicana de Catalunya. El desenlace del juicio a estos 25 independentistas es una ocasión no sólo para enterrar formalmente la intentona del terrorismo catalán, sino para reforzar el mensaje de que la democracia española admite cualquier discurso político que no busque el refrendo de las pistolas.