28 febrero 1995

Los periodistas de EL MUNDO, Antonio RUbio y Manuel Cerdán publicaron al día siguiente de la detención que no había sido una captura, sino una entrega pactada

Roldán cae en manos de la Justicia: el Gobierno asegura que fue detenido en Laos para luego reconocer que pactó su ‘captura’

Hechos

  • El 27.02.1995 el ministro de Justicia e Interior, D. Juan Alberto Belloch informó de la detención de D. Luis Roldán.
  • El 01.03.1995 el ministro de Justicia e Interior, D. Juan Alberto Belloch volvió a comparecer para reconocer que la entrega había sido pactada

Lecturas

La ‘huída’ de D. Luis Roldán Ibáñez finaliza en febrero de 1995. D. Francisco Paesa cerró su negocio con el ministerio del Interior y acordó la entrega del Sr. Roldán.

Esta se produjo el 27 de febrero de 1995 y el país elegido para la entrega fue Laos, en Indochina. El ministro del Interior, D. Juan Alberto Belloch Julbe, compareció orgulloso el 27 de febrero de 1995 para anunciar que Roldán había sido capturado por la policía en Laos y que sería entregado para ser juzgado por sus delitos de corrupción. Belloch negó entonces que aquello hubiera sido una entrega. Pero la fiesta iba a durar poco tiempo.

El entorno policial del grupo del comisario D. José Manuel Villarejo Pérez tenía los papeles que demostraban que aquello no había sido ninguna redada policial sino una negociación con el ministerio del Interior en la que Paesa, como intermediario del Sr. Roldán Ibáñez, había negociado que este se trasladara a Laos para simular una extradición con el Gobierno de ese país que incluía que sólo pudiera ser juzgado en España por los delitos de cohecho y malversación.

En el propio documento de extradición figuraba expresamente que el Sr. Roldán Ibáñez se entregaba voluntariamente. Aquella información fue adelantada por D. Antonio Rubio Campaña (uno de los destinatarios de las informacioness del Sr. Villarejo Pérez) el 28 de febrero en ANTENA 3 TV y publicado en la portada de EL MUNDO el 1 de marzo. Ante el escándalo, D. Juan Alberto Belloch Julbe tuvo que volver a comparecer una segunda vez para reconocer que esa negociación había existido y explicar que era una medida necesaria para conseguir que el Sr. Roldán pudiera ser detenido y juzgado en España.

28 Febrero 1995

Una buena noticia

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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La detención del ex director general de la Guardia Civil, el prófugo Luis Roldán, 300 días después de su fuga, es una excelente noticia. Porque alguien que se creyó impune será sometido a la justicia, y porque con ello se fortalece la credibilidad del sistema democrático puesta en cuestión por una de las más increíbles peripecias de nuestra historia reciente.Ver al máximo jefe del principal cuerpo policial de España convertido en un prófugo acusado de robar miles de millones de pesetas hizo retroceder los límites de lo inverosímil más allá de cualquier frontera imaginable. Por eso, con la captura de Roldán no sólo se elimina uno de los más graves factores de inestabilidad social y política de los varios que agobian a este país, sino que se da respuesta a una incógnita que se había convertido en la prueba de fuego de la sinceridad del empeño del Gobierno en acabar con la corrupción que anidó durante años en el corazón mismo del Estado. La apuesta que supuso la renovación -de personal y de pautas de comportamiento- del Ministerio del Interior, en buena medida pendiente desde los inicios de la transición, necesitaba el aval de la captura de Roldán. Sólo los partidarios de mantener indefinidamente abiertos los problemas, a fin de alimentar la inestabilidad en la que se desenvuelven como pez en el agua, lamentarán la reaparición de Luis Roldán y su entrega a la justicia.

Durante los 10 meses transcurridos desde su insólita fuga no han faltado, voces que han pontificado sobre la imposibilidad de que Luis Roldán, esa bomba viviente llena de secretos, apareciera con vida. Es verdad que el ex director general es una bomba, pero se equivocaron esos augures. A la espera de conocer los detalles de la captura, sí se puede dar por seguro que la misma no se habría producido de no existir la firme voluntad de capturarlo, cualesquiera que fueran las intenciones del prófugo. Éste no se había reprimido a la hora de esparcir amenazas de tirar de la manta e implicar a altas autoridades del Gobierno. Luis Roldán tendrá ocasión ahora de concretar las bravatas que deslizó ante los periodistas que lo entrevistaban poco después de huir de España. Pero ahora tendrá que hacerlo ante la juez.

01 Marzo 1995

Roldán pactó su entrega a través de Laos por medio de una extradición limitada

Antonio Rubio / Manuel Cerdán

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Según los documentos remitidos por el ministro de Justicia del país asiático a Juan Alberto Belloch, aprobados y rubricados por el propio Luis Roldán, sólo podrá ser juzgado en España por cohecho y malversación

La condena máxima que se le aplicaría de acuerdo con las leyes de Laos por los dos delitos mencionados no podrá superar los 7 años por malversación y los 5 años por cohecho, y en su grado mínimo se reduciría a un año de prisión

Por el contrario, el acuerdo «rechaza irrevocablemente» que la extradición del ex director de la Guardia Civil a España pueda llevarse a efecto por los delitos de fraude fiscal, tráfico de influencias o falsedad en documento

Exige igualmente que Luis Roldán no pueda «ser sometido a tratamientos humillantes o degradantes» y también pone de manifiesto que «se ha presentado voluntariamente no interponiendo recurso contra esta decisión»

MADRID.- Luis Roldán, en contra de la versión ofrecida ayer por el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, pactó su entrega con el Gobierno de Laos. Roldán se presentó a mediados de febrero ante las autoridades laosianas y manifestó su deseo de ser extraditado a España. A continuación el Gobierno de Laos, ajustándose a las leyes internacionales, se puso en contacto con Madrid para transmitirles las intenciones de Roldán. EL MUNDO ha tenido acceso a los documentos del Ministerio de Justicia de la República Democrática de Laos en los que se demuestra que éste informó el 23 de febrero a Belloch sobre las condiciones de la «extradición administrativa solicitadas por el señor Luis Roldán Ibáñez, español, poseedor del pasaporte nº 17101369».

Todos los documentos que el Ministerio de Justicia de Laos remitió al ministro Belloch están firmados de puño y letra por Roldán con la anotación en francés «lu et approuvé» («Leído y aprobado»).

Las autoridades laosianas limitan la extradición de Roldán a los delitos de «corrupción activa y corrupción pasiva», de las leyes de aquel país, que corresponden a los delitos de «cohecho» del código español, y a los de «apropiación de los bienes del Estado o de la colectividad», que corresponden al delito de «malversación» español.

El Ministro de Justicia de Laos informa a Madrid que «la extradición es rechazada irrevocablemente por los hechos siguientes: fraude fiscal, por ausencia de acuerdo bilateral concerniente a infracciones fiscales, entre la parte demandante y demandada, y tráfico de influencias, delito que no aparece en el código penal de la parte demandada».

El documento sobre la extradición de Roldán se remite a la convención europea de extradición, la convención de Derechos Humanos y a otras leyes internacionales «que comprometen a las dos partes». En este compromiso se obliga a las autoridades españolas a que «el señor Roldán Ibáñez no será perseguido por otros hechos que aquellos por los que la extradición está acordada, hechos instruidos por el Juzgado de Instrucción número 16 de la Audiencia Provincial de Madrid (España)». La titular de este juzgado, Ana Ferrer investiga el «caso Roldán» desde hace un año e imputa a Roldán los delitos de fraude a la Hacienda Pública, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, defraudación, abuso de autoridad y falsedad. Sin embargo, los aspectos concretos de las imputaciones judiciales contra Roldán se sabrán esta misma mañana cuando la juez Ferrer levante el secreto del sumario tal como le ha informado a las partes.

BENEFICIOS LEGALES Las autoridades de Laos recuerdan a las españolas que Roldán se beneficiará de la ley más favorable: «No será condenado a penas superiores a aquellas fijadas por los artículos número 101 y 146 del Código Penal de Laos» y «el señor Luis Roldán no será sometido a tratamientos humillantes o degradantes».

En el apartado 4º del documento el Ministerio de Justicia de Laos recuerda a las autoridades españolas que «el señor Roldán Ibáñez ha comparecido voluntariamente, no interponiendo recurso y contra esta decisión de extradición administrativa o sobre los términos de la misma». Este punto aclara, si había alguna duda, que Roldán es quien se entrega de forma voluntaria y que no pone ningún tipo de trabas para su traslado a España.

El punto número 5 del acuerdo de extradición pone en entredicho la versión dada por Belloch durante la rueda de prensa celebrada ayer en Interior: es Laos, a requerimiento de Roldán, el que fija la entrega y el lugar de la misma. Literalmente señalan que «informaremos a sus servicios de la fecha y el lugar de la entrega del señor Luis Roldán Ibáñez».

Las autoridades de Laos incluyen un anexo sobre el contenido de las leyes de aquel país que afectan a los cargos por los que Roldán puede ser juzgado en España. El artículo 101 del código laosiano, correspondiente a la apropiación de bienes del estado o de la colectividad, impone una pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años, aunque si «el culpable actúa de forma habitual o en grupo o produzca graves perjuicios» la pena sería de 3 a 7 años.

El artículo 146 de aquel país, referido a la corrupción pasiva y activa, contempla unas penas de 1 a 3 años cuando el funcionario ha recibido pequeños regalos o de 3 a 5 años cuando estos son muy elevados.

El 24 de febrero el Ministerio de Justicia de Laos vuelve a enviar un nuevo fax a Belloch en el que le informa que de la extradición de Roldán «han sido rechazados los delitos de fraude y falsedad en documento público, cuya equivalencia es imposible de encontrar en nuestro código penal, sin que esto pueda producir efectos legales discutibles».

COMISION PARLAMENTARIA El encabezamiento de la misiva del ministro de Justicia de Laos es más que aclaratorio: «Excelencia: en correspondencia a su petición y como complemento a nuestra decisión de extradición del señor Luis Roldán Ibáñez del 23 de febrero de 1995, tengo el honor de comunicarle lo que sigue».

Fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO avalaron la validez del documento y señalaron que si el Ministerio de Justicia e Interior aceptó las condiciones impuestas por Laos tendrán que mantenerlas a rajatabla. La única duda que surge es sobre el punto B del apartado 3 que se refiere al «principio de la ley más favorable para el acusado». Los juristas consultados por este periódico aseguran que la juez Ana Ferrer no tiene la obligación de someterse a este requisito.

Los juristas no comprenden las motivaciones que llevaron al ministro Juan Alberto Belloch a asumir este acuerdo de extradición que limita a Roldán en una serie de delitos.

Al margen de las imputaciones legales, la comisión parlamentaria que investigó el «caso Roldán» dictaminó que el ex director de la Guardia Civil había concedido «a dedo» la adjudicación de obras del Instituto Armado, cobrando comisiones de varias empresas de construcción a través de su testaferro Jorge Esparza, y que había desviado dinero de los fondos reservados de la Guardia Civil para sus fines particulares.

Roldán siempre han negado la comisión de estos delitos y ha reconocido que parte de su riqueza procede de los sobresueldos cobrados en Interior con dinero de los fondos reservados. El propio Roldán, en una carta enviada al presidente del Gobierno, reconoció que altos cargos de Interior, entre los que se incluía, cobraron sustanciosos sobresueldos con dinero de la caja de los fondos reservados. Según Roldán, en este manejo especial de los fondos reservados se benefició toda la cúpula de Interior.

01 Marzo 1995

El sabor del éxito

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, tenía ayer todos los motivos para sentirse -y mostrarse, como hizo- satisfecho. A su mando, la policía ha aprobado la asignatura pendiente que él asumió personalmente al hacerse cargo de Interior: la captura del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán. Ha sido un éxito indiscutible de las fuerzas policiales y del propio Belloch. Pero también y aunque el ministro no lo dijera en la conferencia de prensa, del Gobierno. O al menos de parte del mismo.El fin de la fuga de Roldán y su puesta a disposición judicial era la piedra angular de toda política del Gobierno tendente a recuperar parte de la credibilidad perdida en una galerna de escándalos. Era algo necesario para poner en vías de esclarecimiento el mayor caso de corrupción habido en España bajo el Gobierno socialista. Pero era, ante todo, imprescindible para restablecer en la opinión pública la confianza en el funcionamiento del Estado de derecho, debilitada por este y otros casos de abuso de poder.

Todos los españoles deberíamos compartir la satisfacción de Belloch y la policía. Las razones sobran. El presunto delincuente está a disposición de la justicia; los jueces tienen ahora la posibilidad de aclarar las responsabilidades del acusado y de otros posibles implicados; las fuerzas de seguridad del Estado han demostrado su profesionalidad y eficacia; se ha eliminado una causa de malestar social; se ha acabado con una situación anormal que arrojaba sombras sobre las instituciones españolas.

Pero no es así. A ciertos medios de la oposición (política o mediática) parece costarles en extremo disimular el malhumor que les ha producido la nueva. Incapaces de encontrar una estrategia política que no sea la del «cuanto peor, mejor», se muestran incómodos ante la necesidad de reelaborar un discurso que se basaba en una supuesta complicidad del Gobierno o las fuerzas de seguridad con el fugado. En casos no por grotescos menos frecuentes llegaron incluso a insinuar que el Ejecutivo o alguna parte de él había liquidado a Roldán por métodos mafiosos.

No todos los que han agitado esa bandera de la complicidad del Gobierno en la fuga de Roldán tienen ahora la prudencia de callar y disimular. Hay quienes, cegados por sus obsesiones, no retroceden ante el ridículo e insisten, como el portavoz de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo, en la teoría de que el Gobierno tenía localizado a Roldán desde un principio; o como el diputado Ramallo, que aprovecha el éxito de la operación para pedir -¿qué si no?- la dimisión del presidente del Gobierno.

Ahora le toca actuar a la justicia. Es resonsabilidad suya determinar qué delitos ha cometido Roldán, quiénes han sido sus cómplices y cuántas de las acusaciones públicas vertidas por el ex director general de la Guardia Civil durante su huida responden a la verdad. El ministro de Justicia e Interior aseguró ayer que no ha habido ningún tipo de negociación. La realidad parece demostrar otra cosa. El Gobierno de Laos ha realizado, al no existir tratado de extradición, una expulsión administrativa condicionada, al parecer, a que Luis Roldán sólo pueda ser juzgado por dos de los siete delitos de los que le acusa la juez Ferrer. Habrá que determinar a partir de ahora qué validez tiene estaextradición administrativa.

En cualquier caso, es la justicia la que a partir de ahora tiene la iniciativa. La juez, encargada de la causa debe proceder ahora como ella mejor considere para llegar lo más lejos posible en el esclarecimiento total de los hechos, aunque puede ser legítima su sensación de haber sido, si, no engañada, al menos marginada por el ministro de Justicia, que en está ocasión parece haber preferido su papel de ministro del Interior. Dicho esto, también conviene saber que en los últimos tiempos sólo ha habido, que se sepa, dos casos de negociaciones en las que los encausados lograron considerables mejoras a su situación procesal. El del arrepentido Portabales en el llamado caso Nécora -con los resultados ya conocidos- y el de Amedo y Domínguez. El artífice de ambas negociaciones fue el juez Baltasar Garzón.

Es muy posible que personas que en el pasado se relacionaron con Roldán, dentro o fuera del Ministerio del Interior, estén ahora nerviosas. Que el ministro Belloch sea una persona sin relación alguna con ese pasado es una garantía de que no vendrán de su parte trabas a la investigación. González asumió riesgos evidentes al elegir a un ministro sin esas vinculaciones, pero a la vista está que tales riesgos eran en todo caso menores que los asociados a la inercia y el continuismo en el que germinó el increíble episodio de Roldán. Se ha demostrado que es posible depurar responsabilidades del pasado en ministerios tan complejos como el de Interior sin merma de la eficacia operativa. Este éxito debería, sabernos bien a todos. Debería ser motivo de satisfacción para cualquier demócrata; lo extraordinario es la irritación que su constatación produce en algunos campeones de la denuncia de la corrupción y la ineficacia.

02 Marzo 1995

Sospecha y ocultación

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El ministro Belloch ocultó el martes a la opinión pública un dato fundamental: que la entrega de Roldán a la policía española estaba condicionada a la aceptación de que sólo sería juzgado por dos de los siete delitos de que estaba acusado. La decisión política de aceptar esa condición es defendible. ¿Por qué, entonces, en lugar de defenderla, fue escamoteada por Belloch en su comparecencia del martes? El argumento de que lo hizo por respeto al secreto del sumario no se sostiene: la negociación de Estado a Estado en que se basa la extradición nada tiene que ver con que el sumario afectado sea secreto o haya dejado de serlo -lo que en el de Roldán, por cierto, ocurrió ayer-. Belloch pudo haber dicho que correspondía a los tribunales interpretar si las condiciones contenidas en el escrito del Gobierno de Laos eran o no vinculantes con vistas a la instrucción del sumario; pero es inadmisible que ocultara la existencia, como un dato previo, de esa limitación.El error no está, pues, en la forma como Roldán ha sido puesto a disposición de la justicia, sino en la ocultación del precio político pagado para conseguir ese objetivo. No es un error de detalle. Nunca lo será que un ministro oculte información. Pero en este caso, además, esa ocultación no puede dejar de alimentar la sospecha. Roldán había amenazado con revelar información comprometedora. Luego la transparencia total era condición previa para no dar pábulo a la hipótesis de un pacto de silencio a cambio de un tratamiento favorable, o lo más favorable posible, para el reo. Es cierto que, si se trata de eso, el Gobierno pudo simplemente haber evitado la captura; pero también es posible que fuera el propio Roldán quien hubiera decidido entregarse. Tal vez no haya sido así, pero no se negará que la ocultación de un dato tan importante como la limitación de los delitos sobre los que será juzgado alimenta esa suspicacia. Luego, como mínimo, el ministro cometió un grave error. Político, precisamente.

Ciertamente, lo importante, o lo más importante, era que Roldán fuera puesto a disposición de la justicia. Y, por otra parte, los delitos de malversación y cohecho permiten investigar las dos fuentes determinantes del enriquecimiento supuestamente ilícito de Roldán: los fondos reservados y las comisiones ilegales. Por tanto, si la opción se planteaba entre aceptar las condiciones impuestas y correr el riesgo de que el ex director general de la Guardia Civil siguiera en situación de prófugo, Belloch hizo bien en elegir la primera alternativa. Incluso asumiendo el riesgo de ser criticado por ello. Algunos lo han hecho con argumentos demagógicos: sometimiento de la soberanía nacional a la imposición de un pequeño y dictatorial país tercermundista, etcétera. Es subestimar a la sociedad española suponer que la mayoría de la población iba a seguir en eso a los críticos. Si Belloch lo hubiera explicado, la gente lo habría entendido. Lo que no se entiéndeles precisamente que se lo callara.

La única atenuante imaginable es que no se ve qué beneficio esperaba obtener el ministro de tina ocultación que difícilmente podría durar más de 214 horas: se supone que Roldán tenía copia del papel de las autoridades. laosianas, y que, en todo caso, su contenido se conocería tras levantarse para las partes -incluyendo las acusaciones particulares- el secreto sumarial. Y la simple euforia, el deseo de no empañar un éxito presentado como espectacular o la conveniencia de elevar la moral de los cuerpos de seguridad, tan afectados por el escándalo Roldán, no parecen explicaciones suficientes.

Que encontrar a Roldán era cosa muy difícil, nadie lo duda. Y que para lograrlo la policía española habrá tenido que entrar en contacto con los más diversos bajos fondos, tampoco es cosa que sorprenda. No se trata de que el ministro, tenga ahora que explicar las sin duda complicadas gestiones, por encima de la mesa o bajo ella, realizadas para descubrir el paradero de Roldán, o, en su caso, para provocar en el prófugo tal sensación de acoso que optara por entregarse. De lo que se trataba el martes era, sencillamente, de no ocultar la verdad; de admitir que, por mucho que en su fax Belloch hubiera, insistido en los siete delitos por los que era reclamado Roldán, el Gobierno español había aceptado tácitamente las condiciones impuestas por el de Laos. Y que ése era el precio político pagado para que Roldán durmiera esa noche en la prisión de Ávila.

02 Marzo 1995

Belloch niega el pacto

ABC (Director: Luis María Anson)

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El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, amplió ayer sus declaraciones de anteayer y aseguró que el Gobierno de Laos ha entregado al ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, para que sea juzgado sólo por dos de los siete delitos de los que le acusa la juez Ana María Ferrer, si bien añadió que la última palabra la tiene la Justicia. Se trata de documentos administrativos no vinculantes judicialmente. También reiteró el ministro que no existió ningún pacto del Gobierno con Roldán para que se entregara a la Justicia bajo determinadas condiciones convenidas

En estos momentos lo importante en el ‘caso Roldán’, el más rotundo paradigma de la corrupción que ha incubado la casi década y media felipista, es que el esperpéntico fugado ex director general de la Benemérita está felizmente en poder de la Justicia española, encarcelado y a disposición de la juez para responder de los delitos que se le imputan. Esto es lo importante para la mayoría de los ciudadanos, que comprenden el éxito innegable que el desenlace de la operación supone para las Fuerzas de Seguridad españolas y para el ministro Belloch. No cabría decir lo mismo del presidente del Gobierno, pues si no es responsable directo de los errores de sus ministros, como la designación, mantenimiento en el cargo y fuga de Luis Roldán, sí es responsable de todo lo sucedido en relación al ex director de la Guardia Civil. Pero no sería una excelente noticia la detención de Roldán si no pudiera ser juzgado por todos los delitos de los que se le acusa. Por eso es importante señalar que, como afirmó ayer el ministro Belloch y como han corroborado destacados especialistas consultados por ABC, a pesar de los términos de la extradición administrativa concedida por el Gobierno de Laos, la Justicia española no se encuentra vinculada por éstos. Roldán debe poder ser juzgado sin más condiciones que las que establecen las leyes españolas.

Los testimonios de Belloch y los del abogado de Roldán, José Luis Rodríguez Porto, coinciden en la inexistencia de un pacto entre el Gobierno y el ex fugado, y, por lo tanto, con la información adelantada por nuestro periódico al dar la primicia mundial de la excelente noticia de la detención de Roldán.

Si esto es así, y el equipo de investigación de ABC que ha seguido el caso no ha advertido negociación directa entre el Gobierno y Roldán, el ex director general carece de ningún compromiso o mediatización para no hacer uso de toda la información que obre en su poder y que pueda resultar comprometedora para altos cargos de los distintos ministerios del Interior o para el propio presidente del Gobierno. Esto es lo que esperan los ciudadanos: que se llegue hasta el final en la depuración de sus responsabilidades por el asunto GAL, por el uso delictivo de los fondos reservados y de todos los casos de corrupción que sumen a una nación en la postración, la vergüenza colectiva y el abatimiento y cuyo responsable político directo no es otro que le presidente Felipe González, aferrado desesperadamente al Poder.

02 Marzo 1995

El Tiro por la culata

Jaime Campmany

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¡Pum, pum! Y el tiro les salió por la culata. El tiro lo habían disparado con la carabina de Ambrosio, o mejor, como diría don Pedro Mourlane Michelena (¡que país, Miquelarena, que país!) con la carabina de Ambrosio, pero que damasquinada.

Sólo bajo un desconcierto sublime o por una torpeza supina pueden ser cometidos tantos errores. Ahora sí que habría que llamar a Ricardo de la Cierva, y que escribiera aquello de ‘Que error, que inmenso error’. Error inmenso y terrorífico. Han traído a Luis Roldán pactando con lo peorcito de las cloacas mundiales. Dice el ministro Belloch, asegura, repite, jura y perjura que el Gobierno (‘España’, añade pomposamente) no ha pactado con nadie, y en seguida, en horas veinticuatro, ya habían demostrado los documentos publicados que había pactado con Paesa, ese golfo internacional, y con Laos, ese país que es como el Paesa de la geografía política, y con el mismísimo Luis Roldán, que estampa su firma al pie del documento donde e establecen las condiciones del pacto y con Bangkok, que es donde se hace la entrega, y si no se ha pactado con Bangkok peor lo ponen. Con quien desde luego no han pactado es con la persona que debía conocer obligadamente las condiciones del pacto de la extradición administrativa, que es la juez doña Ana Ferrer.

El señor ministro de Justicia e Interior deja marginada de la ‘Operación Luna’ a la juez que instruye al sumario, la mantiene en Babia, le birla mediante ese pacto ‘no existente’ cinco de los siete delitos que se le imputan a Roldán, le hurta a su conocimiento el documento clave y después exige cínicamente que dejemos trabajar tranquilamente a los jueces. Tampoco informa el señor ministro a su colega de Exteriores, ni al fiscal general del Estado, ni ‘a nadie’. Bueno, al presidente del Gobierno, sí. ¿Y por qué no informa Belloch de todo eso a Solana y a Granados? Escuchen: ¡para que no se entere Roldán, no sea que se vaya de Laos a otro país! O sea, que corríamos el peligro de que don Javier Solana o don Carlos Granados se apresuraran a comunicar a Luis Roldán que la policía española había detectado su presencia en Laos y que ahuecara el ala. ¡Válgame Dios, y en qué manos está el pandero! ¡Y además, señor ministro, si en se momento ya sabíamos todos que Roldán estaba en Laos para entregarse voluntariamente, después de haber estudiado su código penal y tener la seguridad de las condiciones que pondría ese país en las negociación! Ahora cuéntenos usted el de Caperucita Roja, el de Pulgarcito y el de Blancanieves.

Han querido ustedes presentar la entrega pactada de Roldán como una ‘detención espectacular’ y como un gran éxito policial y del Gobierno, y ahora resulta que han hecho una nueva chapuza ilegal, tardía, cara y pactada con los poceros de la cloacas internacionales. Y encima, han intentando engañar a los ciudadanos como si todos los españoles fuéramos tontos de remate, bobos de Coria, majagranzas, ablandabrevas, tiracantos y correlindes, expcetos los listísimos socialistas que nos gobiernas, empezando por Belloch y Felipe González, cuyas vidas y milagros guarde Dios muchos años para bien de la patria.

No pueden hacerse peor las cosas, señor Belloch y señor presidente. Pero lo peor de todo no es que sean ustedes incapaces de tener un acierto, ni con Roldán, ni con la economía, ni con el GAL, ni en la administración del presupuesto, ni en el pozo negro de la corrupción, y no digamos nada de los fondos reservados. Lo peor es que cada vez que hablan, mienten, y sus mentiras y a ni siquiera levantan ampollas de irritación, sino que despabilan sonrisa de cachondeo.

Jaime Campmany

02 Marzo 1995

Penoso e inaceptable

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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Era tan evidente la fragilidad de sus explicaciones que él mismo se sentía obligado a volver cada poco a la misma cantinela: «Estoy persuadido de que la mayoría de los ciudadanos creerá al Gobierno cuando afirma…».

El espectáculo que ofreció ayer el biministro Belloch fue penoso. Fue ridículamente penosa la coartada que exhibió para tratar de justificar que en la conferencia de Prensa de anteayer no hubiera dicho nada de su aceptación de las condiciones impuestas por el Gobierno de Laos para la entrega de Luis Roldán. ¿No quería que la juez Ana Ferrer se enterara por EL MUNDO, periódico que tiene esa manía tan molesta para él de enterarse de lo que ocurre y contarlo? Perfecto: no tenía más que habérselo comunicado directamente antes. O, mejor todavía: podía haber llevado todo mano a mano con ella desde el principio. ¿No dice que los agentes del orden acudieron a Bangkok en calidad de Policía Judicial? Pues razón de más: ¿qué clase de Policía Judicial es ésa que no actúa por orden del juez, sino del Gobierno?

Fue penoso verle hacer desesperados esfuerzos para ocultar lo indisimulable: que sus dos versiones de los hechos son incompatibles. Anteayer, Luis Roldán había sido detenido en Laos el día 20; ayer, no sabía ni siquiera si llegó a estar detenido en aquel país en algún momento. Anteayer, se trataba de una «captura»; ayer, de la aceptación de una extradición limitada, como mal menor. En su atolondramiento, llegó a decir las cosas más inauditas, como que no había pedido el parecer del fiscal general del Estado… ¡para evitar que se produjeran filtraciones y Luis Roldán llegara a enterarse de lo que se estaba haciendo! He ahí no sólo un insulto gravísimo a la Fiscalía General, sino también un disparate completo: Roldán estaba ya perfectamente informado de todo, y Belloch lo sabía de sobra, porque el ex director general de la Guardia Civil avalaba con su firma, en signo de conformidad, cuantas misivas enviaba a Madrid el Gobierno de Laos.

Fue penoso, y hasta grotesco, en fin, escuchar cómo negaba una y otra vez que hubiera existido acuerdo o pacto alguno -ayer prefirió dejar de lado lo de la negociación-, cuando por otro lado estaba admitiendo que el Gobierno de Vientiane había marcado unas condiciones -certificadas por Roldán con su expreso «visto y aprobado»- y que él las había aceptado. ¿Cómo prefiere que llamemos a eso: conformidad, convenio, arreglo, compromiso, transacción, contrato?

Es difícil saber qué estaba pretendiendo hacer Belloch con toda esta chapuza: si atar de pies y manos a la juez, si provocar la nulidad de las actuaciones, o qué otra barbaridad. Pero lo que es evidente es que, para conseguir sus propósitos, fueran los que fueran, ha mentido muy gravemente al país. En tanto que ministro de Justicia, es el notario mayor del Reino. Y a los notarios se les paga exclusivamente para que digan la verdad. O sea, para lo contrario de lo que él ha hecho.

02 Marzo 1995

Indigno Belloch

Pablo Sebastián

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Cabe preguntarse a estas alturas de la transición española: ¿quién gobierna este país? A la vista de lo ocurrido con el falso prendimiento de Luis Roldán, más ignominioso que su fuga, la respuesta es múltiple. Puede que se sienten en el Consejo de Ministros presuntos delincuentes. Por ejemplo, de esos que organizan y encubren tramas criminales como las de los GAL. O de una banda de atracadores de fondos del Estado, con la excusa de que son secretos. O de un grupo de extorsionistas, como los de Filesa -al margen de que el juez Barbero sea un inútil como instructor-. Más todavía, ¿acaso en el Gobierno hay personas que esconden, amparan y negocian con delincuentes, como esas mafias que citó el ministro Juan Alberto Belloch refiriéndose a quienes habían facilitado la fuga de Roldán, su escondite y su posterior delación?

El monto de escándalos y pruebas que señalan al Gobierno español permiten pensar que de todos estos delitos puede haber responsables políticos y penales sentados en el Consejo de Ministros. Y en su cabecera Felipe González, como el jefe, el mister X, Y y Z, el gran autor, principal responsable de cuanto ha pasado en estos años y aquí incluido el daño al nombre de España, a las instituciones y a su propio partido, el PSOE.

El ministro Belloch, indigno político (y posible cómplice de Roldán) ha puesto la guinda al pastel podrido del régimen felipista montando una operación de acuerdo con Roldán destinada a evitar que el ex director general de la Guardia Civil pueda ser juzgado por todos los delitos que se le imputan para que luego en su confesión no implique al Gobierno y al PSOE, y para engañar y limitar la instrucción de la juez Ana Ferrer. Así se desprende de las mentiras que Belloch contó en su primera rueda de prensa el martes y de las nuevas mentiras y tardías excusas que relató ayer. Y todo esto dejando en el mayor de los ridículos al Cuerpo Nacional de la Policía y a su «comando de héroes» que fueron a Laos a recoger un paquete pactado, negociado y atado con un lazo de seda por el propio Roldán. De buena se ha librado la Guardia Civil que fue marginada del festejo por el ministro Belloch.

En menudo lugar ha quedado el Gobierno y el PSOE (estarán contentos en Ferraz con el tercer juez «independiente» que les quedaba) ante la opinión pública sus socios catalanes y la prensa adicta (reléase a Javier Pradera). Menudo fiasco el de Belloch quien, si le quedara algo de decencia política, ya debía haber presentado su dimisión en compañía de su adjunta, la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, y del director general de la Policía, Angel Olivares. Por mentir, engañar al Poder Judicial y pactar con un delincuente. ¿Qué no podía haber hecho otra cosa Belloch? Para empezar podía no haber mentido, y además está por ver y descubrir, la segunda parte de la operación de Laos.

Y además no saben ni guardar los secretos de sus propias trampas. Algunos pensarán que este Estado podrido es además un queso de gruyère por cuyos agujeros se ve y se escapa toda la información. Y todo esto sería motivo suficiente para que cayera en pleno la cúpula de Interior porque pedir la dimisión de González parece tarea inútil conociendo al personaje y su enloquecida ambición de salir de La Moncloa «con honor». Y estamos a la espera de que así lo denuncie en el Parlamento José María Aznar en el nombre de la oposición, ante la gravedad de los hechos que se acumulan, presentando la dichosa moción de censura y señalando con el dedo acusador a González como al depredador de la vida pública española. ¿O es que también Aznar tiene algo que ocultar? En ese caso habría que preguntarse quién gobierna en España y quién dirige la oposición.

08 Marzo 1995

Razones de Belloch

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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EN SU comparecencia parlamentaria de ayer, el ministro Belloch admitió que había sido un error político no hablar, en su primera conferencia de prensa tras la detención de Luis Roldán, de la existencia de unos documentos aparentemente relevantes relacionados con las condiciones de la misma. Ésa fue su única concesión a la autocrítica, porque en todo lo demás se mantuvo a la ofensiva, sobre todo contra el Partido Popular.Belloch aseguré que entre las hipótesis barajadas por su ministerio estuvo la posibilidad de que sus interlocutores vía fax no fueran quienes decían ser -autoridades de Laos-, pero que decidieron no realizar mayores comprobaciones para evitar filtraciones que frustrasen la operación, como, según reveló, había ocurrido en anteriores ocasiones. Como casi única novedad aportó el dato de que los agentes españoles comprobaron que el intermediario contactado «en una ciudad europea» -en probable alusión a París- entraba en una embajada -seguramente la de Laos-. La confirmación oficial de que los documentos atribuidos a las autoridades de ese país son falsos elimina cualquier duda acerca de los delitos sobre los que podrá ser juzgado Roldán: todos aquellos que decida la juez instructora, sin limitación alguna. El ministro defendió, de todas formas, que aun si los papeles de la extradición administrativa hubieran resultado auténticos, él habría asumido el riesgo de traer a Roldán y entregarlo a la juez, puesto que ése era el objetivo primordial de la operación.La oposición centró su argumentación en el supuesto contrario: el Gobierno no había hecho lo necesario para que Roldán fuera procesado por todos los delitos, y ello inducía a sospechar la existencia de un pacto con el ex director general de la Guardia Civil, según el popular Álvarez Cascos. Rosa Aguilar, de Izquierda Unida, fue más lejos, asegurando que se trataba de una operación para desviar la atención del asunto de los GAL. Aunque quedan todavía muchos puntos oscuros en el relato -por ejemplo, si Roldán fue localizado en Laos o en cualquier otro lugar del planeta y si se presentó en Bangkok sólo para entregarse-, es una argumentación bastante artificiosa.

Primero, porque es bastante probable que cualquier otra decisión que hubiera adoptado -por ejemplo, no aceptar las limitaciones impuestas en el fax del 23 de febrero- habría merecido similares o más graves reproches por parte de la oposición. Pero además porque, cualquiera que hubiera sido el procedimiento de extradición y el país que la hubiera concedido, habrían existido limitaciones; y porque incluso si sólo hubiera podido ser procesado por cohecho y malversación, ello no impediría la condena de Roldán por cada uno de los numerosos delitos concretos de esta naturaleza de que puede ser acusado; y porque el nuevo Código Penal, que previsiblemente estará en vigor cuando se dicte sentencia firme, prevé para esos delitos penas similares o aun inferiores a las de la legislación laosiana.

En esas condiciones, la hipótesis del pacto, se ve bastante debilitada, al menos en el sentido fuerte: pacto de silencio a cambio de un tratamiento favorable. Si se trataba de eso, lo más sencillo habría sido no detenerle. Además, Amedo había desactivado en buena medida las amenazas deslizadas por Roldán en sus declaraciones periodísticas. Otra cosa es que tal vez alguien le convenciera de que había conseguido unas condiciones óptimas, pero está en las reglas del género la utilización de la astucia para facilitar una entrega pacífica del prófugo. Hablar, como Rosa Aguilar, de «falta de transparencia» resulta ridículo en referencia a un asunto en el que es difícilmente evitable la intervención de agentes -o ex agentes- de servicios de espionaje y grupos de protección a delincuentes.

Lo que sí es relevante es que las actuaciones resultantes de la investigación sean legales, es decir, no impugnables. De ahí el interés de Belloch por acreditar que los agentes españoles actuaron en función de policía judicial y en ejecución de una orden internacional de busca y captura emanada de una decisión judicial. Frente a ello, quizá lo más preocupante del disparate iracional de estos días haya sido la frivolidad de que han hecho gala algunos magistrados y sus asociaciones gremiales, defendiendo improvisadas y descabelladas hipótesis, como que las actuaciones judiciales deberían ser anuladas y Roldán puesto en libertad. Hay demasiado desconcierto en este país como para que personas a las que la gente suele atribuir una cierta presunción de ponderación alardeen de lo contrario. Sobre todo porque, como una vez más se ha demostrado estos días, no faltarán políticos oportunistas dispuestos a utilizar esa presunción para disparatar a su vez hasta convertir el debate nacional en un guirigay. Pero tampoco contribuye a serenar el debate político el desprecio al Parlamento exhibido por Belloch al negarse a contestar al primer partido de la oposición.