Román Sanahuja inicia un proceso de OPAs para hacerse con Metrovacesa, la primera inmobiliaria de España

La pugna por el control de la primera inmobiliaria española, Metrovacesa, ha quedado en el aire después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya decidido dejar para septiembre el pronunciamiento sobre la validez de una de las dos ofertas públicas de adquisición (OPA) en liza. Accionistas e inversores se quedan durante un mes con la incertidumbre acerca de si las ofertas presentadas tendrán el visto bueno del supervisor de los mercados, que ha roto con la costumbre de pronunciarse inmediatamente sobre la legalidad de las mejoras presentadas por las diferentes OPA competidoras.

Es cierto que la oferta presentada por Cresa, primer accionista de Metrovacesa, es compleja y novedosa en su diseño, pero no es menos cierto que rompe con las normas que la propia Comisión de Valores había fijado con carácter previo a la subasta. Ofrecer acciones como donativo a entidades sin ánimo de lucro como coartada para tomar el control de una empresa con decenas de miles de accionistas sin lanzar una oferta sobre el 100% del capital parece cuestionable, ya que vulnera el espíritu y la letra de la ley, o al menos la interpretación que de ella había hecho el organismo que preside Manuel Conthe.

Pero lo preocupante no es tanto el hecho de que una firma privada intente buscar la interpretación de la ley más favorable a sus intereses en una batalla empresarial. Lo más discutible es que el organismo que debe velar por la transparencia de los mercados, por la adecuada formación de los precios y por la certidumbre de las inversiones no sea capaz de aclarar con una celeridad suficiente si los 90 euros por acción que esa empresa ha puesto encima de la mesa son una realidad o un espejismo.

Con el visto bueno del supervisor, la cotización de la inmobiliaria volvía a escalar ayer en Bolsa al calor de una oferta cuya validez esta en cuestión. Analistas internacionales han resaltado en diferentes ocasiones las deficiencias de nuestra legislación sobre ofertas públicas y mercado de control empresarial. Las dilaciones indebidas y las incertidumbres innecesarias acerca de la aplicación de una normativa ya de por sí muy mejorable contribuyen a agrandar la prima de riesgo del mercado en su conjunto, y pasan factura de ese modo a los cientos de miles de pequeños inversores que tienen su ahorro invertido en Bolsa.