Se confirma la separación entre los Duques de Lugo: la infanta Elena y Jaime de Marichalar

Pocas horas después de que la Audiencia Nacional condenara ayer a 3.000 euros de multa a los humoristas de El Jueves por un «delito de injurias al Príncipe Heredero», en aplicación del artículo 491 del Código Penal y en virtud de la especial protección de que goza la Corona en nuestro ordenamiento, la Zarzuela anunciaba la separación «temporal» y «sin efectos jurídicos» de los Duques de Lugo; es decir, sin que el «cese de la convivencia conyugal» se traduzca en un proceso de separación o de divorcio.

En el litigio sobre el honor de la Familia Real y en las tribulaciones domésticas de una familia real con los mismos problemas que tantas otras confluyen los elementos definitorios de la naturaleza especial de los miembros de la realeza, así como de los derechos y las obligaciones especiales que condicionan la Monarquía. Los parientes directos del Rey y sus cónyuges constituyen una familia distinta, sujeta a adversidades y problemas similares a los del resto, pero obligados a gestionarlos con fórmulas fuera de lo común. En demasiadas ocasiones, demagogos y radicales se valen de esta singularidad para atacar a la institución que simboliza nuestro marco de convivencia y la unidad de España.

La coincidencia de ambas noticias -la condena a El Jueves y la separación de los Duques de Lugo- sobreabunda en la muy especial atención que viene despertando la Familia Real, por diferentes motivos, desde que en julio pasado el torpe secuestro de El Jueves y el igualmente obtuso inicio de un procedimiento penal para proteger el honor de los Príncipes de Asturias dieran paso a un inquietante debate. Hasta ese momento las prerrogativas de la Corona y su prevalencia en un marco jurídico que consagra la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, y que limita al máximo la censura, habían pasado inadvertidas. La demagogia con que a veces se simplifican los asuntos más complejos contribuyó a la cadena de ataques que sufrió luego la Monarquía a manos de minorías separatistas, cuya escenificación más patente fue la quema de fotos de los Reyes al amparo de un falso sentido de la libertad de expresión. No hace falta apelar a la reciente visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, o al eco de la ya célebre amonestación de Don Juan Carlos a Hugo Chávez, para afirmar que -pese a estos ataques- la Monarquía es una de las instituciones más valoradas y queridas en nuestro país y fuera de él.

La condena a los autores de aquella zafia portada vuelve a perjudicar ahora doblemente a los Príncipes de Asturias. Primero, porque convierte de nuevo en noticia a la Casa Real, en España y fuera de nuestras fronteras, en relación a una caricatura de mal gusto. Y segundo, porque realimenta el debate sobre los privilegios de la Monarquía: desde la inviolabilidad del Jefe del Estado consagrada en la Constitución a la especial protección de que gozan los miembros de la Familia Real en el Código Penal. Además, la revista se beneficia otra vez de una incalculable campaña publicitaria, tras la comisión de un delito harto barato, si se comparan los 3.000 euros de multa con el lucro obtenido por la notoriedad cosechada. Es evidente que no cabía sino dictar una sentencia parecida a ésta, una vez que el juez Del Olmo ordenó el secuestro de la revista e inició procedimiento penal a instancias de la Fiscalía. Pero llama la atención que, en este caso, la Justicia acabe perjudicando a quienes pretendía proteger por su Real condición.