Se difunde en redes un vídeo sexual del presentador Santi Millán con una mujer desconocida y su esposa le defiende arremetiendo contra los valores de la Iglesia cristiana

Los vídeos sexuales en las redes han dejado de ser excepción para convertirse en rutina. El problema empieza cuando la difusión de esas imágenes se viraliza sin consentimiento de la persona o personas grabadas porque constituye una grave vulneración del derecho a la intimidad tanto de famosos como de no famosos. Es simplemente un delito. El último caso ha sido el de un vídeo sexual del presentador Santi Millán filtrado en Twitter sin su permiso. Fue trending topic de la chismografía en la Red y es una muestra más de la permisividad de la población con el contenido íntimo (ajeno) expuesto a la luz pública. Pero lo peor es que la mayoría de la población, dispuesta a echar unas risas y unos comentarios jocosos a costa de la privacidad de otros, ignora o finge ignorar que el acto mismo de retuitear y difundir el vídeo es un delito de acuerdo con el Código Penal. En su artículo 197.7 establece penas de prisión que van de tres meses a un año, o bien una multa de seis a doce meses para todo aquel que sin autorización de la persona grabada “difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales” que puedan menoscabar la intimidad personal.

No hay ambigüedad alguna: cada cual puede grabarse practicando el deporte que más le guste, incluido el sexo. El delito empieza en difundir la grabación sin permiso y continúa en la contribución a su redifusión. La tentación de aumentar la pena es lógica, pero es también ineficaz, además de torpe: la única mejora en el futuro de una conducta tan innoble y miserable pasa por la educación de la ciudadanía en el uso de las redes sociales, de la misma manera que el intercambio de grabaciones sexuales entre jóvenes o adultos se ha convertido en una feliz rutina lúdica que puede volverse pesadilla en cuanto acaban en las redes con voluntad de destruir o dañar al otro. La serie Pam & Tommy se inspiró en el caso real de la distribución pública de una cinta privada de la noche de bodas de la actriz Pamela Anderson y el batería Tommy Lee Bass. La filtración de aquella cinta sexual fue la primera de una nueva era en la historia delictiva: cientos de miles de personas anónimas dedican horas de su vida diaria a compartir material ajeno en redes sociales que amplifican el impacto de esos contenidos con algoritmos que lo recomiendan sin hacerse responsables de su legalidad.

No valen consideraciones moralistas ni moralizantes: las grabaciones de contenido sexual no tienen nada de reprobable; lo único reprobable es su difusión sin permiso del interesado o de los interesados. Ser el primero en la cadena de distribución o ganar dinero haciéndolo son agravantes, pero ser el último y hacerlo gratis no son atenuantes. Ser famoso no limita el derecho a la intimidad y ser el autor del contenido íntimo, tampoco. Compartirlo sin haberlo visto no reduce la responsabilidad de su difusión. La cuestión central, sin embargo, está en otro sitio: qué responsabilidad tiene el ecosistema que ha adiestrado a millones de usuarios para que compartan material ajeno de forma masiva y mecánica, sin responsabilidad ni consecuencias para plataformas digitales y redes sociales que ganan mucho dinero con ello. Según la nueva ley de mercados digitales, son los “guardianes” de la Red, pero persiste el vacío legal que beneficia a quienes se lucran, que son los proveedores de servicio e irresponsables del contenido. Los suben los usuarios, pero se amplifican y viralizan gracias a los algoritmos de recomendación.