Se viraliza en Internet el ‘Expediente Royela’, las teorías de Alberto Royuela Fernández y su hijo, Santiago Royuela Samit, sobre una organización de jueces y fiscales asesinos en España

España tiene su propio QAnon, la secta estadounidense que propaga por Internet una teoría conspiranoica según la cual el mundo está amenazado por una trama satánica de pedófilos a la que solo se ha enfrentado Donald Trump. Se llama Expediente Royuela (por Alberto Royuela, veterano ultraderechista catalán y exmiembros de la Guardia de Franco) y acusa sin pruebas a un grupo de fiscales y funcionarios de las fuerzas de seguridad, caracterizados por su compromiso con la democracia, de centenares de asesinatos.

Las webs que difunden este bulo están bajo el radar del Observatorio Digital del Centro Criptológico Nacional (CCN), dpendiente del servicio secreto CNI, que solo en las primeras semanas de este año registró más de 40 publicaciones que daban pábulo a esta delirante historia.

El objetivo del observatorio, que se puso en marcha hace un año, es elaborar una base de datos “de medios y perfiles potencialmente desinformativos”, para “determinar el origen y la atribución de campañas destinadas a desestabilizar la cohesión social, política y económica” de España.

Mientras vigilaba el Expediente Royuela, detectó la puesta en marcha de una campaña que, como está haciendo Trump ahora, denunciaba un supuesto fraude masivo en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. La teoría, sin datos que la avalaran, comenzó a circular en varios blogs y saltó a webs de extrema derecha, pero su mayor triunfo fue que sus promotores fueran entrevistados el 20 de enero en Intereconomía, la televisión oficiosa de Vox. El partido ultra, que había más que duplicado sus escaños en los comicios de noviembre, no se subió a este carro, como sí hizo tras las elecciones del 29 de abril, cuando pidió que se repitiera el escrutinio en toda España “por la aparición de decenas de miles de votos nulos”. El porcentaje de votos nulos en noviembre (1,02%) fue casi el mismo que en abril (1.04%).

La web de Intereconomía (rebautizada como El Toro TV) no figura entre las alrededor de 350 que monitoriza el CCN, según los informes a los que ha tenido acceso EL PAIS. La incorporación de un sitio de Internet a esta lista de “medios y perfiles potencialmente desinformativos” se basa en los 95 indicadores evaluados por la herramienta digital Elisa. Muchos están vinculados a su transparencia y trazabilidad; como el país donde está alojado el servidor, la fecha de creación (su proximidad a unas elecciones es motivo de sospecha), la existencia de una sede física, un teléfono de contacto o una dirección de correo, la identificación de los responsables y propietarios, etc.

También se tiene en cuenta su preferencia por las 32 “narrativas desinformadoras” que, según el CCN, buscan romper la confianza en las instituciones, el pensamiento científico, los medios de comunicación convencionales o el sistema financiero. Entre otras, cita el negacionismo climático, la eurofobia, la criminalización de las minorías sexuales o la inmigración, el antisemitismo o el fomento de movimientos independentistas y supremacistas. “No se trata”, según los creadores de Elisa, “de cuestionar la libertad de expresión u opinión, sino de detectar aquellos medios que de manera sistemática explotan” estas vulnerabilidades para anticiparse a una posible campaña de desinformación.

La cuarta parte de los sitios bajo vigilancia son prorrusos, un tercio ubicados en Rusia y otro tercio en España; un 35% son webs antisistema; un 22% de ultraderecha y un 18% de extrema izquierda, tanto alojadas en servidores en España como en otros países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

La vinculación de la extrema derecha española con la alt right (derecha alternativa) estadounidense queda patente con la reproducción de bulos generados en EE UU; como que el helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant fue derribado porque el jugador de baloncesto iba a testificar contra el expresidente Bill Clinton.

Pese a su disparidad ideológica, se aprecia una sorprendente sintonía al abordar determinados hechos, como el asesinato del líder iraní Qasem Soleimani por parte de la CIA o el derribo de un avión estadounidense en Afganistán. Aunque la mayor confluencia se ha puesto de manifiesto con motivo de la actual pandemia. “El análisis muestra una coincidencia en las narrativas de plataformas de extrema derecha, extrema izquierda, conspirativas y vinculadas a países extranjeros”, subraya un informe.

Artículos generados en Rusia han sido traducidos en España por medios de cariz ultraderechista, mientras que las teorías que vinculan al magnate George Soros con el origen del coronavirus han proliferado en portales de ambos extremos del espectro político.

Lo más sorprendente es que casi la totalidad de los medios digitales considerados desinformativos, “incluyendo [los] de extrema derecha y extrema izquierda, comparten su admiración por la figura de Putin” y se alinean con las posiciones del Kremlin “en asuntos estratégicos como el derribo del avión MH17 [en Ucrania por parte de los separatistas prorrusos] o la crisis de Skripal [el exagente ruso envenenado en el Reino Unido]”.

“El primer análisis indica la posibilidad de que exista una red de medios con servidores en países extranjeros que de manera sistemática publican y difunden narrativas maliciosas basadas en noticias falsas y en medias verdades contra España y sus socios de la UE y la OTAN, […] que luego se replican en España por medios nacionales”, advertía el primer balance del observatorio, en diciembre de 2019. Sin acusar a nadie, apostillaba: “La evidencia sugiere que estos flujos [desinformativos] son favorables a Rusia y a sus posiciones”.

Mientras Eduardo Inda, uno de los tertulianos estrella de Antonio García Ferreras o de Ana Rosa Quintana, considera a Alberto Royuela un «investigador», el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene puesta su lupa en este empresario inmobiliario catalán y orgulloso exmiembro de la Guardia de Franco por difundir campañas de mentiras y fake news.

El pasado noviembre el servicio secreto alertaba de que le seguía los pasos a través de su Observatorio Digital del Centro Criptológico Nacional (CCN), que trata de frenar la desinformación a través de la creación de una base de datos «de medios y perfiles potencialmente desinformativos» para «determinar el origen y la atribución de campañas destinadas a desestabilizar la cohesión social, política y económica» de España.

Este sería el caso del famoso Expediente Royuela, la supuesta investigación del ultraderechista, en la que acusa sin pruebas a un grupo de fiscales y funcionarios de las fuerzas de seguridad de centenares de asesinatos.

Además, Royuela explica sin ambages a los cachorros a los que adoctrina desde hace décadas en la guarida ultraderechista de Barcelona Club Empel, que los supuestos servicios de inteligencia que salieron del régimen franquista llevan años actuando al margen de la ley, con la connivencia en muchas ocasiones de funcionarios judiciales, policiales y de políticos. Él mismo habría pertenecido a este servicio de espías.

A pesar de estar sobre aviso acerca del personaje, el juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional la causa de Los papeles de Bárcenas —con la pieza relacionada con Kitchen incluida— ha admitido una presunta «denuncia» del «investigador» y dueño del Club Empel y ha dado rápido traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se inicien las pesquisas.

Alberto Royuela, según la web de Inda, habría aportado documentos sobre diferentes transacciones en paraísos fiscales, de Canadá a Delaware, que el extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias habrían llevado a cabo una vez iniciada la investigación oficial contra ellos en 2013, y también sobre la operación Kitchen, en la que se robó diverso material al matrimonio por parte de varios miembros de la brigada política de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Manos Limpias y Fuster Fabra, camaradas de Fuerza Nueva

Los comisarios de Las cloacas de Interior o la brigada política tienen estrechas relaciones con la extrema derecha desde finales del franquismo y durante la Transición, en concreto con la organización Fuerza Nueva, a la que pertenecieron algunos de sus miembros, como el comisario Enrique García Castaño, conocido como Blasillo por su relación con Blas Piñar, quien fuera líder de Fuerza Nueva. 

No es la primera vez que los clientes del bufete de Baltasar Garzón, Enrique García Castaño o Eugenio Pino, incluso su amigo el comisario José Manuel Villarejo, utilizan a miembros de la extrema derecha, a la que pertenecieron a finales de los setenta, para personarse en causas o introducir información en ellas.

Por ejemplo, la relación entre García Castaño y Miguel Bernard, que fue secretario personal de Blas Piñar y ahora es la cara visible del sindicato Manos Limpias, es conocida por diferentes miembros del entorno de esta asociación y sus contactos con mandos de la Comisaría General de Información quedaron registrados en conversaciones de Bernard que constan en la causa Nelson.

También Villarejo menciona esta conexión en una de las grabaciones de la causa Kitchen desveladas por Público, cuando asegura que tienen «un tío dentro de Manos Limpias». Además, Villarejo reconoció en una de sus declaraciones que había obtenido un pendrive del caso Noos a través de la abogada de esta asociación, Virginia López Negrete.

El modus operandi utilizado hasta el momento por la brigada política para dar salida a los informes fake era, primero, la filtración a sus periodistas afines, como Eduardo Inda o su mano derecha, Manuel Cerdán, identificado en las agendas de Villarejo como Luciman —por ser un hombre para todo, como decía el anuncio de la herramienta—. Después llegaba Manos Limpias, o la propia asociación del comisario Villarejo, Transparencia y Justicia, o se creaba una para el caso y ponía la querella y se personaba como acusación popular para así iniciar un procedimiento y poder regularizar la información. Así se hizo en el caso Pujol con Victoria Álvarez y Javier de la Rosa, con la cuenta de Xavier Trías y también intentó hacerse con el informe falso contra Podemos.

Pero estas relaciones también se han dado con miembros más de renombre de esa extrema derecha de los setenta, como el letrado José María Fuster Fabra, que asimismo proviene de Fuerza Nueva y que fue abogado del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), creado por el comisario Villarejo a finales de los setenta, del que fue portavoz el exjefe de gabinete del número dos de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, y al que pertenecían también Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas.

Fuster Fabra, que no ha renegado de sus ideas y fue impulsor de Sociedad Civil Catalana y de Ciudadanos, es abogado de los hermanos Ramón e Higini Cierco, dueños de la Banca Privada d’Andorra (BPA). En 2009 y 2010 organizó unas jornadas sobre blanqueo de capitales en la BPA a la que fueron invitados primero Baltasar Garzón, el fiscal Javier Zaragoza o el también juez Javier Gómez Bermúdez y, al año siguiente, de nuevo Garzón con la entonces fiscal y ahora fiscal general del Estado y pareja del exjuez, Dolores Delgado.

En 2014, con la Operación Cataluña en marcha, el caso Pujol abierto y Baltasar Garzón teniendo como clientes a la BPA y a usuarios de la entidad investigados por las autoridades internacionales, José María Fuster Fabra intercede ante los comisarios Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas para que se reúnan con los hermanos Cierco y, poco después, Jean Paul Miquel, empleado de la banca andorrana, viaja a Madrid a entregarle al entonces comisario de Asuntos Internos las cuentas de la familia Pujol en la entidad.

Garzón, el estratega y los papeles de Royuela

La estrategia de BPA y de sus clientes, definida por el empleado Pablo Laplana con un enigmático «hemos contratado a Garzón para que actúe», parece que fue diseñada por el despacho del exjuez, Illocad. Garzón no ejerce tras su condena a 11 años de inhabilitación por las escuchas de Gürtel, condena que acabará por cumplir el próximo mayo.

Una frase similar es la que repitió uno de los clientes del bufete, Eugenio Pino, para referirse al estratega de la defensa de la Operación Tádem, después de que uno de los primeros comisarios detenidos junto a Villarejo, Carlos Salamanca, contratara a Illocad. En este caso la sentencia se resumía en un «Garzón habemus», que volvía a situar a la actual pareja de la Fiscal General del Estado en el centro de la política elegida para la defensa de al menos tres imputados.

En el caso de García Castaño, «quien tiene una relación más cercana con Alberto Royuela a través de otro empresario de seguridad catalana, Lorenzo González Díaz, que ya ha salido vinculado a Miguel Bernard en la causa Nelson y Pequeño Nicolás y que también militó en Fuerza Nueva», la estrategia que Baltasar Garzón diseñó con él no está dando todos los resultados deseados.

En el registro de sus inmuebles no se encontró ni un solo documento relacionado con la Policía. Sin embargo, como destacamos en el último capítulo sobre la trama de la Operación Kitchen, García Castaño, siguiendo la estrategia diseñada por Baltasar Garzón, ha ido entregando pruebas que no se hallaron en el registro, algo que no está sentando nada bien ni al titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ni al fiscal Miguel Serrano. Por ejemplo, un pendrive donde supuestamente se encontraría el volcado de unos teléfonos móviles de Luis Bárcenas y cuyo contenido entregó presuntamente al juez en su última declaración y que ha motivado la apertura de una subpieza.

Precisamente las transacciones de Canadá a Delaware corresponden al periodo de tiempo anterior a que García Castaño se descargara el contenido de dichos teléfonos. Y estaría vinculado al seguimiento que hacen a Bárcenas a Canadá gracias a la información proporcionada presuntamente por los hermanos Sánchez Lázaro: uno de ellos, Javier, socio del ex tesorero del PP; y otro, Fernando, socio del comisario de Barajas y estrecho amigos de Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal, como explicamos en el primer capítulo sobre la operación Kitchen.

Fuentes consultadas por Público explican que, «visto el enfado que se están cogiendo fiscal y juez, es normal que busquen a un tercero para que entregue esa documentación, y también es normal que busquen otro juzgado, más aún si el juez es amigo personal de los acusados, porque Pedraz es amigo de García Castaño y era normal verlos juntos, además de con el propio Baltasar Garzón o el juez Fernando Andreu«.

Por si hay alguna duda, el abogado que representa a García Castaño en Tándem lo explicó claramente en la primera declaración del comisario tras ser detenido en julio de 2018, como se escucha a continuación:

García Castaño: Me está mirando el señor fiscal… Señoría, ¿no le importa que le interrumpa? Yo, señores fiscales, estoy a su disposición para lo que quieran. ¿Si tienen ustedes alguna duda?

Fiscal: Es decir, que después del juez, ¿puede ponerse a disposición de nuestro interrogatorio si quiere?

Juez: El letrado ha dicho que no. 

Defensa: En ese sentido quiero aclarar algo, señoría, que no es una decisión del señor García Castaño, pero ya fue a colaborar con los señores fiscales y no quisieron su colaboración y semanas después fue detenido en una detención que consideramos ilegal. Y la decisión no es ni siquiera mía. La decisión es del director de nuestro despacho [Baltasar Garzón], que no quiere que se articule hoy ninguna respuesta al ministerio fiscal por la mala fe que se demostró en no querer tomarle declaración en su momento…

Pero ahora las cosas han cambiado. Las buenas relaciones con la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, además de con Eduardo Inda, el tertuliano que ha publicado la exclusiva de la denuncia de Alberto Royuela tras caer en manos del ministerio público, son más que evidentes.

El diccionario de la Real Academia Española no reconoce el término “conspiranoico”. Recomienda, sin embargo, usar el adjetivo “conspirativo” para referirnos a todos aquellos que desde su ordenador ven un vídeo de una explosión, un incendio o un crimen y no sólo encuentran al asesino: también descubren su conexión con una logia oscura, con varios miembros del Consejo de Ministros y con una red dedicada al sacrificio ritual de recién nacidos. Lo que los grandes medios, los poderosos y todo el mundo en general no quieren que sepas.

En España, ahora mismo, hay dos hombres en lo más alto del ránking conspirativo nacional: Fernando Presencia y Santiago Royuela. Uno es un juez condenado por corrupto, el otro es un ultraderechista condenado por terrorismo, y entre los dos han impulsado denuncias y querellas sobre una supuesta red criminal que compagina los asesinatos de Estado con los paraísos fiscales. Su último éxito: conseguir que Presencia sea denunciado por la Audiencia Nacional por usar documentos supuestamente falsos de Royuela para acusar a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de formar parte de la misteriosa organización. Sus altavoces, además, han abandonado las catacumbas de YouTube y se han instalado en los apéndices mediáticos de la ultraderecha, con el PSOE y determinados periodistas, fiscales y jueces en el punto de mira.

Los caminos de Presencia y Royuela han confluido en los últimos años, pero sus historias arrancan hace varias décadas, por separado y en lugares distintos de España. Fernando Presencia es hijo y sobrino de jueces y, según relata él mismo, se aprendió el Código Penal con siete años. Amagó con convertirse en juez estrella en Valencia durante la crisis económica: desde su juzgado mercantil monitorizó algunos de los concursos de acreedores más sonados del crash financiero, como los del grupo Llanera o el Levante.

En aquellos años Fernando Presencia estaba en la cresta de la ola concursal. Se consideraba un pionero en promover la dación en pago en las quiebras de empresas y participaba en encuentros a los que acudían los cabezas de lista de PP y PSOE en plena campaña electoral. Pero su descenso a los infiernos empezó en 2011: un alumno de un máster en el que impartía clase lo acusó de corrupción en la gestión de su dinero. No consta que esa denuncia ante la Fiscalía prosperara, pero el abogado murciano José Luis Mazón llevó el caso hasta el Consejo General del Poder Judicial. Y ahí empezaron los problemas de verdad.

El órgano de gobierno de los jueces decidió en 2012 que Fernando Presencia había estado cobrando por participar y organizar este máster de la Universidad Politécnica de València sin pedir la autorización necesaria. Su condena fue el destierro a Talavera de la Reina, donde fue nombrado juez decano. Algunos de los vocales del Poder Judicial que firmaron su sanción pasaron a formar parte de su plantilla de denuncias: Margarita Robles, Manuel Almenar o Fernando de Rosa, entre otros. El acuerdo del pleno del Consejo dejó por escrito, además, que más de la mitad de los alumnos de su máster fueron nombrados administradores concursales en su juzgado.

Presencia tardó apenas dos años en volver a las andadas, pero ya a otro nivel. El 26 marzo de 2014 archivó de manera irregular una causa abierta contra un amigo suyo acusado de perpetrar un atropello con fuga en Talavera y dejó el caso en un juicio de faltas. El mismo día archivó otra causa contra otro amigo que estaba acusado de estafa. Las dos jugadas le costaron sendas condenas firmes por prevaricación a razón de 10 años de inhabilitación cada una.

La primera fue confirmada por la sala de lo penal del Tribunal Supremo en julio de 2017. La segunda, por la misma sala en noviembre de 2018. Y el juez Fernando Presencia apuntó la matrícula de sus colegas ponentes de sus dos condenas que le dejaron sin toga: Pablo Llarena y Luciano Varela. También la del presidente de la sala, el magistrado Manuel Marchena. Fue expulsado de la carrera judicial.

Ese día, Fernando Presencia pasó al ataque y puso en marcha una máquina de escribir, difamar y denunciar a todos los que le habían apeado del trono de los concursos de acreedores valencianos. Vaticinó una inexistente nulidad del caso del procés por la elección de Pablo Llarena, exigió al Supremo la jubilación por incapacidad permanente de Luciano Varela y acusó veladamente al CGPJ de tapar la supuesta relación de Margarita Robles, Manuel Almenar y Fernando de Rosa con la proscrita AUSBANC de Luis Pineda. También ha presentado denuncias contra Pablo Lucas Murillo, magistrado del Supremo que confirmó su sanción de 2012.

Sus acusaciones no han quedado sólo por escrito. En enero de 2016, poco antes de ser condenado por primera vez y ya imputado, compareció en el Consejo General del Poder Judicial para optar a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Lo que hizo en realidad fue dedicar la mayor parte del tiempo a hablar de su padre, a denunciar que era víctima de un “destierro” y a acusar a uno de los vocales presentes en la reunión de haberle plagiado una idea para ascender en la judicatura. Uno de los integrantes del Consejo, Álvaro Cuesta, le llamó la atención y le pidió que se ciñera al motivo de su comparecencia. Nadie le votó.

En los últimos años, Fernando Presencia ha metido una marcha más. Condenado por corrupción judicial, se sigue presentando como juez decano y ha fundado una asociación de lucha contra la corrupción: la Asociación contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública (ACODAP). Una fuente inagotable de titulares que podrían hacer temblar los cimientos de la democracia española pero que, hasta ahora, nunca se traducen en realidades. En el último año y medio también ha trazado una alianza para ajustar cuentas contra los que le perjudicaron: su munición ahora son Santiago Royuela Samit y su ‘expediente Royuela’.

El ‘expediente Royuela’ y la ultraderecha

El llamado ‘expediente Royuela’ existe y, como el Guadiana, aparece y desaparece de las cadenas masivas de WhatsApp y esos foros creados para descubrir la verdad que nadie más quiere ver. Miles de documentos con apariencia oficial y confidencial que, supuestamente, prueban que en España hay una organización de asesinos con un fiscal jubilado, José María Mena, al frente. Este manantial milagroso para cualquier teoría de la conspiración bebe de fuentes desconocidas y para entender su origen hay que remontarse a los primeros años de la democracia española. A cuando el apellido Royuela cabalgaba a lomos de la ultraderecha barcelonesa.

Alberto Royuela jugó un doble papel en los años setenta y ochenta: ultraderechista y líder de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, pero también rey de las subastas judiciales. En su nómina hay numerosas detenciones y encarcelamientos por su vinculación con el fascismo así como detenciones sin condena por el atentado ultra contra la revista satírica ‘El Papus’ en 1977 o el asalto al Banco Central en 1981. Las crónicas de la época documentan su dominio férreo del mundo de las subastas desde el bar Scorpio de Barcelona, a pocos metros del Arco del Triunfo.

Conspiración, subastas y ultraderecha se dieron la mano en la década de los noventa, cuando un hijo de Royuela falleció víctima de una sobredosis y el patriarca fue después condenado por partida doble: dos años de cárcel por falsificar documentos y más tarde otro año y medio más por presentar denuncias falsas contra jueces y fiscales. En varias entrevistas, los Royuela afirman que no murió sino que fue envenenado por un guardia civil. Su actividad judicial se dirigió entonces contra dos objetivos: el fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, y Carlos Jiménez Villarejo, entonces fiscal en la Audiencia de Barcelona y después Fiscal Anticorrupción.

El ‘expediente Royuela’ recogía decenas de notas manuscritas atribuidas a José María Mena tapando el supuesto asesinato de su hijo y ordenando cientos de muertes por encargo a lo largo de los años. Unas notas supuestamente confidenciales en las que Mena ordenaba y explicaba toda clase de crímenes a otras personalidades igualmente relevantes en la vida pública. Unas notas y unas firmas que los tribunales han considerado falsas e inveraces una y otra vez. El Tribunal Supremo rechazó en 2006 en este auto, por ejemplo, la querella de Royuela que constituye el pilar maestro de su acusación contra esa supuesta banda liderada por el fiscal José María Mena, porque para entonces ya se había jubilado.

Cinco años antes otra de sus querellas había naufragado en la misma sala segunda. Royuela pedía juzgar a los fiscales Mena y Villarejo con la batería habitual de acusaciones pero, en este caso, el Tribunal Supremo devolvió el golpe: el auto, que puede consultarse aquí, recordaba que en ese momento Royuela estaba imputado por denunciar en falso a una jueza de Barcelona y que ahora cargaba contra los fiscales “sin ningún fundamento y sólo avalado por su palabra” y que había que archivar la denuncia. Ningún juez ha dado nunca ni un mínimo de credibilidad a sus documentos.

Con el tiempo entró en juego uno de sus hijos, Santiago Royuela Samit. Pero antes de denunciar una organización secreta y criminal él mismo había formado parte de otra: fue condenado por la Audiencia de Barcelona a seis años de cárcel por participar en la colocación de un explosivo casero en marzo de 2001 en un concierto de Fermín Muguruza a favor de los presos de ETA en la Cochera de Sants. Él y sus compinches se hacían llamar los ‘Timbalers del Bruc’, según la sentencia, y fueron condenados por un delito de terrorismo. Poco antes, en 1999, había concurrido a las elecciones europeas en la lista que encabezaba el ultraderechista Ricardo Sáenz de Ynestrillas.

Los Royuela empezaron entonces a soltar bombas en internet y YouTube, con su canal creado hace ahora dos años y que tiene casi un millar de vídeos. Vídeo tras vídeo, los dos exponían distintos documentos de su ‘expediente Royuela’ de nulo recorrido judicial y una difícil relación con la realidad mientras la trama de la organización secreta y criminal iba cambiando con el viento: primero Mena encargaba asesinatos masivos, después su aliado era el presidente Zapatero pero después Mena sale de la organización y es Zapatero quien encarga este asesinato. En esa competición por ser la conspiración dominante a codazos con el bulo del ‘Bar España’ y los rituales satánicos que motivaron, según esa teoría conspirativa, el triple crimen de Alcàsser, Santiago Royuela ha encontrado un nuevo catalizador para que su expediente vuelva a los juzgados: Fernando Presencia.

El cruce de caminos

La aleación entre Fernando Presencia y el ‘expediente Royuela’ ha tenido el resultado esperado: el magistrado, a través de su asociación ACODAP, se ha convertido en el ariete querellante de los ultraderechistas de la conspiración. Cada nuevo papel que apunta a la oscura implicación de un personaje público cercano al PSOE o la izquierda en la trama de asesinatos es llevado a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo o a la Plaza de Castilla con las acusaciones más graves que permite el Código Penal.

Mientras tanto, Presencia y su cuenta bancaria sobreimpresionada son entrevistados, entre otros sitios, en el canal de Royuela en un momento en que sus condenas corren peligro de ser ejecutadas, él desahuciado y en un momento dado tener que entrar en prisión si así lo deciden los tribunales. También mantiene una lucha con el fiscal Ángel Demetrio de la Cruz por su chalet y ha sido condenado a prisión, todavía no en firme, por calumniarlo y denunciarlo en falso. Él se queja de una campaña constante contra él también desde la prensa.

El carácter escandaloso de sus denuncias es inversamente proporcional a su éxito judicial. “Aparecen las cuentas bancarias de Dolores Delgado en un paraíso fiscal”, decía su página web antes de denunciar en la Audiencia Nacional que la fiscal general cobró varios millones en Panamá procedentes del presidente Zapatero para que se pusiera al frente de la organización de asesinos. El resultado no ha sido sólo la inadmisión de la denuncia: el juez Joaquín Gadea ha dejado el caso en manos de los juzgados de Talavera para que decidan si debe ser juzgado por aliñar sus denuncias con documentación falsificada.

Las notas del ‘expediente Royuela’, por tanto, pierden toda su capacidad destructiva cuando abandonan las profundidades de YouTube y la explicación del fracaso siempre es más conspiración. Según las últimas teorías de Presencia, el archivo de su denuncia ha sido fruto de una connivencia más entre la Fiscalía, el juez y la prensa. Y ha vuelto a la carga: su última denuncia, basada en nuevas notas y nuevos supuestos ingresos bancarios, es contra el ministro Fernando Grande-Marlaska y su marido. Esta vez, los ‘papeles de Mena’ desvelan que tiene 24 millones de euros en un paraíso fiscal, a falta de nuevas revelaciones.

La ultraderecha mediática

Los Royuela y su expediente nunca han tenido una atención mediática o social más allá de sus propias querellas y de sus vídeos de YouTube, que acumulan varios miles de visualizaciones pero en números discretos. Fernando Presencia, por su parte, contó con el altavoz de medios digitales que publicaban sus columnas, noticias y reflexiones y tuvo su ración de aplausos de una fracción reducida del soberanismo cibernético catalán cuando vaticinó el fracaso de la causa del procés. Pero su reciente ofensiva judicial y conspiradora contra figuras del Gobierno les ha proporcionado un nuevo altavoz donde todo se dice y nada se cuestiona: la ultraderecha mediática.

Estado de Alarma TV, el canal de televisión digital impulsado por el periodista Javier Negre, se ha lanzado a promocionar la figura de Fernando Presencia, Santiago Royuela y sus denuncias en los últimos dos años junto con otros digitales y canales. “El juez perseguido por denunciar a Zapatero y Dolores Delgado”, se titula una de sus entrevistas. “El juez que acorrala a Pedro Sánchez, Dolores Delgado y Robles en la UE”, le presenta otro vídeo. En la línea comunicativa elegida por Vox para ensalzar sus acciones judiciales y ocultar sus fracasos, que un juez estampe un sello en una denuncia de Presencia implica la imputación inmediata de varios ministros y autoridades. El archivo y la inadmisión, sin embargo, suelen ser fruto de una nueva conspiración.

La difusión de las acciones judiciales y documentos de la sociedad Presencia-Royuela ha encontrado también altavoz ocasional en Alvise Pérez, ex asesor de Ciudadanos en Valencia y agitador de ultraderecha en las redes. Hace unos meses, por ejemplo, afirmaba en su canal de Telegram: “Quizá tras esto podemos ya hablar abiertamente del Expediente Royuela sin que nos llamen conspiranoicos”. Lo afirmaba a raíz de una noticia sobre el comisario Villarejo. “En España se asesina por motivos políticos”, concluía. Hace unas semanas difundía un auto de la Audiencia Nacional que rechazaba de plano las acusaciones de Presencia contra la ministra Margarita Robles y que no podía ser más explícito: “Todo ello se afirma sin proporcionar ningún dato sobre los gravísimos hechos denunciados o sobre la identidad de las víctimas, haciendo imposible cualquier ulterior corroboración y, a la vez, inverosímil lo denunciado”, dice la Audiencia sobre la supuesta trama criminal. Más recientemente también ha difundido la denuncia sobre el marido de Grande-Marlaska.

Los flujos de la información han cambiado drásticamente en la última década y uno de sus frutos se recoge en esta parcela concreta. Las teorías que antes se difundían a través de blogs, foros o páginas web de escasa capacidad ahora llegan directas al teléfono móvil y, a veces, cuentan con el altavoz de personalidades con miles de seguidores e, incluso, de formaciones políticas como el Partido Popular o Vox, que el año pasado preguntó al Gobierno sobre este asunto a través de uno de sus senadores y recibió respuesta: “Las afirmaciones en que se basa la pregunta son falsas y calumniosas”, dijo el Gobierno. El ‘expediente Royuela’ y el tándem que forma con Fernando Presencia ofrece, además, unas posibilidades inagotables: las supuestas notas del fiscal Mena pueden seguir apareciendo para reflejar cualquier cosa y ser llevadas al juzgado por todo un ex magistrado a quien nadie hace preguntas incómodas mientras un sector de la ultraderecha difunde sus documentos con el inconfundible aroma que tiene todo aquello que no te contarán los grandes medios.

Este periódico se ha puesto en contacto con varias personas que una y otra vez aparecen o en el ‘expediente Royuela’ o en los artículos, escritos y denuncias de Fernando Presencia. José María Mena, exfiscal jefe de Catalunya y supuesto líder de esa trama de asesinatos que sigue recibiendo cartas a día de hoy, no ha querido hacer declaraciones.

En la mayoría de casos, los afectados han optado por no contestar o no denunciar por miedo a alimentar la maquinaria querellante que triunfa en el mundo cibernético y que, por ahora, fía su éxito tangible a entrevistas y a que, de vez en cuando, una pancarta sobre el ‘expediente Royuela’ aparezca en un plano televisivo a distancia prudente de un cargo público acusado de crímenes inconfesables por Fernando Presencia y Santiago Royuela.

Mi hermano murió en 1993. La primera entrada en prisión de mi padre tuvo lugar 5 años más tarde. La segunda, en 2008. Quince años son muchos años como para que el periodista, tras comentar la muerte de mi hermano, despache ambos acontecimientos con un simple ”después“, término que la RAE define como ”Detrás“ o ”a continuación“. Otro asunto es por qué a mi padre se le condenó de la forma tan descarada en que lo hicieron, sobre todo en la segunda de las ocasiones, donde el juez instructor no admitió las pruebas que llegaron vía diplomática y judicial desde Venezuela, avaladas no ya tan solo con la firma del magistrado que abrió allí una investigación sino por un extenso informe de la Interpol que culpabilizaba a quienes le juzgaron y condenaron en España, que eran los mismos a los que él había denunciado.

En otro párrafo del artículo se dice que los tribunales que han tenido acceso a las notas manuscritas que muestran el Expediente Royuela las han considerado “falsas e inveraces una y otra vez”. Notas atribuidas tanto al exfiscal José María Mena como al resto de sus colaboradores fueron en su día peritadas por tres acreditados profesionales en Madrid, Viena y Toulouse. ¿ Por qué en ninguno de los frentes judiciales abiertos se han valorador esos completísimos informes periciales? ¿Por qué la caligrafía de Mena es intocable en cualquier instancia judicial cuando existe plena constancia de que es suya? A su disposición tengo los informes mencionados.

En cuanto al párrafo que alude al “explosivo casero” que se colocó en marzo de 2001 en un concierto de Fermín Muguruza, cuando se habla de los “seis años a los que fui condenado por terrorismo”, lo que al final se convirtió en una sentencia por un delito de terrorismo, fue calificado en un principio como un simple “delito de faltas” por el fiscal personado en el procedimiento, habida que el artefacto (eminentemente “casero” como bien especifica el artículo) era un mero “petardo de humo”, como así lo reflejaba el informe pericial, incapaz de causar ningún daño físico a las personas que asistieron al concierto.

Por último, decir que de “teorías conspirativas” tipo Quanon, nada de nada. Que en el “Expediente Royuela” estamos únicamente por la verdad que encierran las miles de notas manuscritas que poseemos, peritadas además por expertos y reconocidos profesionales pero cuya difusión, aceptación y tramitación representa un auténtico tabú para instancias policiales, judiciales y medios de comunicación.

El Expediente Royuela es, según los promotores de esta teoría de la conspiración, un dosier de manuscritos que probarían la existencia de más de mil crímenes encargados por una supuesta trama de políticos, jueces y fiscales corruptos. Sin más prueba que unos papeles garabateados e impresos, señala a personas como la ministra de Defensa, Margarita Robles, el exfiscal José María Mena o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

El principal impulsor de esta teoría es Alberto Royuela, un reconocido franquista condenado por denuncias falsas que a finales de los setenta lideró la autodenominada Hermandad Nacional de la Guardia de Franco. Fue detenido en varias ocasiones por su relación con grupos violentos de la extrema derecha y sus supuestos vínculos con atentados como el perpetrado contra la revista El Papus en 1977, por el que fue arrestado pese a que nunca se probó su participación.

Ya en 2019, Alberto Royuela y su hijo Santiago, condenado por ataques violentos vinculados a grupos de ultraderecha, crearon un canal de Youtube desde el que difunden el Expediente Royuela, una conspiración que ahora ha encontrado seguimiento entre grupos negacionistas gracias a la difusión prestada por canales antivacunas con decenas de miles de seguidores.

Las acusaciones sin pruebas de los Royuela: asesinatos, narcotráfico y paraísos fiscales

La conspiración en torno a la supuesta trama de asesinatos urdida por políticos, jueces y fiscales a la que hace referencia el Expediente Royuela nació en 1993 a raíz de la muerte de uno de los hijos de Alberto Royuela, Javier Royuela Samit.

Según la versión de los Royuela, la sobredosis que acabó con su vida habría sido provocada por un guardia civil que, más tarde, habría sido encubierto por los exfiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, que fue eurodiputado por Podemos. Estos son los dos personajes en torno a los que gira buena parte de la conspiración, que incluye miles de supuestos asesinatos por encargo, tráfico de drogas y cantidades millonarias de dinero en paraísos fiscales.

Toda la documentación que, según la conspiración, probaría esta teoría habría sido “robada” de un despacho del exfiscal Mena en una clínica abortista, como cuentan Alberto y Santiago Royuela. El resto de documentos para respaldar acusaciones contra otros personajes los achacan a filtraciones de los “sombreros blancos”, unos supuestos hackers que les pasarían información.

Por ejemplo, en una de las supuestas filtraciones de los Royuela se dice que “Margarita Robles se ha lucrado con el tráfico de drogas gracias a un acuerdo a nivel mundial” de narcotraficantes para “financiar un lobby internacional al servicio del sionismo”.

Como explica a Newtral.es la analista de inteligencia Laura Méndez, experta en extrema derecha, “las teorías de la conspiración se han asociado frecuentemente a exhibiciones esporádicas de locura, a fenómenos extremistas pero residuales, a un fanatismo que muchos automáticamente asumen que es inofensivo. Sin embargo, pueden convertirse en un verdadero problema social desde que alcanzan cierta cuota de respetabilidad, desde que abandonan la marginalidad”.

En octubre de 2021 comenzaron a circular multitud de publicaciones en redes sociales que aseguraban que la ministra Robles estaba siendo investigada por la Fiscalía anticorrupción por tener cuentas en paraísos fiscales. La denuncia la presentó Acodap, una asociación de un juez expulsado de la carrera judicial llamado Fernando Presencia. La denuncia fue archivada meses después por carecer de indicios mínimos.

Más adelante, a principios de abril de 2022, los Royuela y Acodap difundieron que Zapatero y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, habían sido “imputados por la Audiencia Nacional” por cometer unos presuntos delitos de fraude fiscal, evasión y blanqueo de capitales. También resultó ser falso y la propia Audiencia Nacional indicó una posible fabricación de pruebas, ya que Acodap tan sólo presentó un manuscrito y unos supuestos extractos bancarios.

[Qué es Acodap, la asociación de un exjuez expulsado por prevaricación que lanza bulos contra políticos y magistrados]

Esos documentos, como reconocieron más tarde los Royuela, partían de su expediente. “Todo lo que ha denunciado [el exjuez] Presencia valientemente se lo ha proporcionado Alberto Royuela, mi padre”, explica Santiago en uno de sus vídeos.

Royuela ya fue condenado por denuncias falsas

Acodap actúa ahora de forma similar a como lo hizo en el pasado el propio Alberto Royuela, que fue condenado en el año 2003 por un delito continuado de acusación y denuncia falsa contra jueces y fiscales de Barcelona a los que acusaba de evasión de capitales.

Los Royuela también intervinieron en otras denuncias como la interpuesta en 2004 contra Josep Lluís Carod-Rovira (ERC). Entonces, Alberto Royuela presentó documentación que presuntamente implicaba al exlíder catalanista con supuestas cuentas en Suiza vinculadas a Batasuna.

El juez de la Audiencia Nacional que llevó el caso fue el hoy ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pidió a Suiza que investigara los papeles aportados por Royuela. Finalmente, la justicia suiza confirmó que los supuestos depósitos bancarios presentados por el promotor del Expediente Royuela y que implicaban a Carod-Rovira eran falsos.

¿Quiénes son Santiago y Alberto Royuela, impulsores del Expediente Royuela?

Alberto Royuela, además de haber militado en grupos de la ultraderecha catalana y las sospechas sobre su participación en el asalto al Banco Central, pertenecía en los años setenta y ochenta a un clan de subasteros que, como relata a Newtral.es el periodista Xavier Rius Sant, que ha investigado a organizaciones de la extrema derecha catalana, “acaparaban en Barcelona y su entorno las subastas judiciales de bienes embargados”.

Antes de acudir a la subasta judicial, que es pública, “estos grupos o personas decidían a cuál acudir, quién se quedaba con aquello que valía la pena y a qué precio; es decir, la subasta era una farsa. Si alguien fuera de estos grupos acudía y pujaba por algo que les interesaba, los subasteros subían las pujas hasta hacerle desistir. Si ese alguien conseguía algo subastado en contra de la voluntad de los subasteros, podía acabar arrepintiéndose”, explica Rius, autor de Els ultres son aquí (Pòrtic).

El principal autor del canal de Youtube sobre el Expediente Royuela es Santiago Royuela Samit, hijo de Alberto, quien ha cumplido varias condenas de prisión por participar en acciones violentas de la extrema derecha, incluido un atentado fallido en un concierto del cantante vasco Fermín Muguruza en 2001.

En el año 2008 ordenó un “ataque contra la vida” de una persona que participaba en una subasta judicial, según los hechos probados en una sentencia de la Audiencia de Barcelona ratificada por el Tribunal Supremo en el marco del caso ‘Casuals’, un grupo de extrema derecha relacionado con los Boixos Nois.

Según explica el escritor y periodista Xavier Rius, Santiago Royuela ha militado en grupos ultraderechistas como Milicia Catalana-Moviment Patriòtic Català y ha estado vinculado a grupos de skin heads o cabezas rapadas. De hecho, como relató La Vanguardia, el hijo del autor del Expediente Royuela también fue detenido por instigar incidentes racistas en Ca n’Anglada (Terrassa) en octubre de 1999.

“El pensamiento conspirativo se encuentra estrechamente ligado a la extrema derecha en todo el mundo. Aquellos que interactúan de forma habitual en ambientes conspiranoicos comparten este esquema mental, independientemente del contexto en que esto se desarrolle o el contenido de la teoría: la sospecha permanente, la obsesión en torno a un complot de carácter internacional o global; es decir, la creencia de que existen unas élites que manejan los hilos del mundo”, explica por su parte la analista Laura Méndez.

El Expediente Royuela, amplificado por negacionistas antivacunas

A día de hoy, la mayor parte de las acusaciones de los Royuela se vierten en Youtube y son replicadas en decenas de canales negacionistas con miles de seguidores. “La mayor parte de la ultraderecha ya lo ha ignorado [a Royuela] dado que creen que el expediente se pasa con la magnitud y cifra de crímenes que denuncia” y “ha conseguido más apoyos de los sectores conspiranoicos y negacionistas que surgieron con la pandemia”, considera Rius.

El pasado 7 de mayo, los Royuela organizaron una manifestación en Madrid a la que acudieron cientos de personas. La convocatoria se hizo, principalmente, desde canales de Telegram negacionistas y cuentas antivacunas, lo que explica que la gran mayoría de los asistentes luciera eslóganes en sus pancartas no ya contra los supuestos “crímenes de Estado” que denuncia Royuela, sino contra el grafeno en las vacunas ─un bulo extendido entre negacionistas─, la “plandemia”, la Agenda 2030 o el 5G.

Para la analista Laura Méndez, “las muestras explícitas de conspiranoia, las más disparatadas, no suelen tener suficiente capacidad para construir mayorías. Por tanto, el pensamiento conspirativo se manifiesta también como una guerra soterrada, aunque revestido de sentido común, contra las conquistas sociales más recientes y contra algunos consensos entre conservadores y progresistas”, lo que ha dado lugar, a su juicio, a negacionismos como el climático o el que niega la violencia de género.