Sentencia de los ERE: El ex presidente andaluz y ex ministro Griñán condenado a 6 años de cárcel y Manuel Chaves inhabilitado

La Audiencia Provincial de Sevilla dictó este martes una contundente sentencia sobre el caso de los ERE, por desviación ilegal de fondos de la Junta andaluza para las empresas en crisis hacia otros destinos o creando un sistema heterodoxo de agilización de pagos que vulneraba el procedimiento establecido y esquivaba los controles económicos y de la Intervención.

El fallo del tribunal llega tras siete años de investigación sobre la actuación, durante 10 años, de distintos cargos autonómicos. Una procelosa tramitación de gran impacto mediático y también de gran impacto político. No en vano han sido condenados en esta instancia provincial 19 antiguos altos cargos de la Junta, incluidos dos expresidentes, exconsejeros, viceconsejeros y directores generales. Las condenas más significativas oscilan entre seis años de cárcel para el expresidente José Antonio Griñán (por delitos de prevaricación y malversación) y nueve de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves (por prevaricación).

Prevaricar es dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son; malversar, destinar recursos públicos a objetivos distintos de los previstos legalmente. Ambas conductas son delitos de corrupción; ya en la toma de decisiones de forma ilegal; ya en el manejo torcido de caudales públicos, y/o contrariando los debidos controles.

Ciertamente, no es lo mismo malversar enriqueciéndose personalmente o beneficiando al propio partido al que pertenece el reo que dilapidar sin control el dinero del contribuyente siendo consciente de ello, o crear mecanismos orientados a facilitar el fraude. Todas esas formas de corrupción merecen el más enérgico rechazo social porque merman la credibilidad de las instituciones y difuminan la obligación de usar con pulcritud los recursos que les aportan los contribuyentes. Pero cada forma de corrupción es diferente, a cada una le corresponde un trato distinto y esa es la tarea que compete desempeñar a los tribunales de justicia, cuyas sentencias, cuando alcanzan firmeza en las instancias superiores, no pueden sino ser acatadas.

En este caso, conviene recordar que los dirigentes condenados abandonaron la vida y la militancia políticas hace muchos años; que no se les sanciona por llevarse dinero público a sus bolsillos ni para financiar a su partido. La Audiencia no ha condenado unas siglas políticas, sino unas conductas y redes clientelares.

La virtualidad de esta sentencia es la de constituir un aldabonazo en favor de una correcta gestión de los recursos públicos. Otra cosa es que las concretas imputaciones sean inapelables: todo indica que será el Tribunal Supremo el que acabará dirimiéndolas. Y un punto clave será si comparte o rechaza el criterio sobre malversación del tribunal de Sevilla, más rigorista que el suyo, pues exoneró a consejeros catalanes que aun conociendo el diseño y prestando su apoyo a destinar caudales a un fin ilícito, no dispusieron personal y directamente de esos gastos.

Mientras no haya sentencia firme incumbe a todos cumplimentar la presunción de inocencia de los condenados en primera instancia; celebrar que la resolución alerte sobre el necesario control reglado del gasto público; y respetar, siempre, la independencia de los tribunales.

ABC no se equivocaba cuando al desvelar en exclusiva el fraude masivo de los ERE lo calificó como el caso de corrupción más grave de la democracia. Nunca dos dirigentes políticos que llegaron a ser presidentes de un partido, en este caso el PSOE, habían sido condenados, y nunca se había documentado con la crudeza con que lo hace la Audiencia de Sevilla un caso tan grosero de amiguismo, cuyo último fin era crear una red clientelar al servicio del PSOE. El cortijo en que el socialismo convirtió a Andalucía durante 34 años queda retratado en una sentencia que vuelve a demostrar la doble moral con que la izquierda mide la gravedad de las conductas, incluso del saqueo sistemático de dinero público.

Todo el peso de la ley. La condena de diecinueve antiguos altos cargos del socialismo andaluz, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el desfalco sistematizado de 680 millones de euros, demuestra que su partido siempre mintió respecto a los ERE. Está probado que el PSOE los diseñó como coartada de una red clientelar ideada para perpetuar a los gobiernos socialistas en Andalucía. Por cuantía económica, por contumacia en el diseño de una estructura delictiva y por la consciente permisividad de la Junta andaluza, es el caso más serio de desfalco de las arcas públicas vivido en España. Las penas de prisión superiores a cinco años para Griñán y otros nueve antiguos altos cargos apuntan a que previsiblemente serán encarcelados en breve, lo que representa un durísimo golpe emocional para el PSOE. La evidencia es que durante quince años se cebó un sistema organizado de corrupción, privilegios y abusos con el dinero público que el PSOE deberá llevar siempre en su conciencia, por más que trate de sacudirse cualquier responsabilidad. La trama de Filesa era, en comparación, un juego infantil.

El PSOE incurrió ayer en un ejercicio de cinismo. Pero su reacción no fue una sorpresa: silencio descriptible de Pedro Sánchez y derivación de responsabilidades al socialismo andaluz. El PSOE podrá alegar cuanto quiera, porque ni se condena al partido por financiación ilegal ni se juzgaba un enriquecimiento ilícito de sus dos expresidentes. Pero en nada se compadece esta reacción con el falaz discurso que Sánchez siempre mantuvo. Si otro partido, como el PP, incurre en conductas corruptas, bien merece una moción de censura, aunque su presidente fuese ajeno a esas prácticas. En cambio, si es el PSOE, lo hace por la causa del progresismo, comprometido con los derechos de los desempleados. Todo era una farsa, una burda mentira que el propio PSOE se encargó de normalizar en el Parlamento con partidas presupuestarias ad hoc para dar patente de legitimidad a un robo. El PSOE creó una red inmoral de nepotismo, sus dos presidentes y varios consejeros han sido condenados, se pervirtió el control de las subvenciones, se eludieron los más básicos sistemas de supervisión, se silenció a la Intervención del Estado, se repartieron millones a capricho -incluso para drogas y burdeles- y la Junta de Susana Díaz se confabuló para obstaculizar la labor judicial. Al menos, el PSOE no debería citar la palabra «honestidad» para proteger a los suyos.

Pedro Sánchez no puede escurrir el bulto. Tampoco Pablo Iglesias y el resto de una izquierda política que ayer no sabía dónde esconderse con tal de no poner en jaque la gobernabilidad. Si Unidas Podemos tuviese un mínimo criterio de ética pública no podría apoyar la investidura de Sánchez, obligado, por su parte, a repensar la estrategia que presentó a la sociedad como presunto abanderado de la ética y la regeneración. Pero es mucho pedir. Una vicepresidencia y varios ministerios bien valen un escorzo de hipocresía. Contra Rajoy, Iglesias sostenía en mayo de 2018, en referencia a la sentencia de la trama Gürtel, que no podía haber «delincuentes a los mandos del Gobierno». Si Rajoy -estigmatizado por una simple frase por un juez afín al PSOE- era entonces un «delincuente», también hoy lo es Sánchez.

El doble rasero de la izquierda y su pretendida superioridad moral son flagrantes. Da igual el importe defraudado y que un socialista delinca, porque siempre lo hace guiado por la buena fe. Pero los delitos de otros partidos son intrínsecamente más graves porque se miden por criterios ideológicos y de dogmatismo excluyente. Algo enfermizo empieza a anidar en la izquierda si ese es el listón con el que medir un latrocinio como el de los ERE. La democracia no puede deglutir todas sus miserias bajo el prisma del «pensamiento único» que impone la izquierda. Cuando los tribunales cumplen su misión es porque la democracia responde. Pero el PSOE, que llegó a impulsar escraches contra la juez instructora, es responsable de una merma de la higiene democrática. Acorde con el rasero del PSOE, la sentencia debería inhabilitar a Sánchez para gobernar.