Tras aprobarse la Constitución el presidente Adolfo Suárez González disuelve las Cortes Constituyentes y anuncia convocatoria de elecciones generales para la I Legislatura

AL FINAL Suárez no ha hecho más que lo que tenía que hacer. Lo que la lógica política, de un lado, y la psicología del poder, del otro, estaban demandando. Toda vez que se había obviado definitivamente la formación de un Gobierno de coalición con carácter provisional, una situación como la nuestra era absolutamente ingobernable sin la clarificación de unas elecciones generales. Y eso por más que los sondeos y los expertos insistan en que no ha de variar el cuadro político general. Las Cortes Constituyentes no debían ser prolongadas ni un día más en su función una vez promulgada la propia Constitución. Por un lado, la composición del Senado, como sus funciones, han sido notablemente modificadas por ésta; por el otro, los partidos podrán concurrir a las nuevas elecciones en una situación política infinitamente más transparente que la de junio de 1977. Y a quienes se muestren escépticos ante las urnas se les podría recordar la sorpresa reciente en Venezuela, donde el partido de la oposición ha ganado, contra todo pronóstico, al del poder.Si son verdad los rumores que señalan a algunos buenos amigos de Suárez como asesores de la campaña del candidato perdedor, es de suponer que el presidente acuda a los comicios pertrechado de mejores ayudantes.

La convocatoria electoral implica un riesgo para Suárez, pues aunque no es probable que UCD pierda las elecciones, cabe en el marco de lo posible. Cualquier especulación, sin embargo, a estas alturas sobre los resultados parece más que prematura. Hace falta conocer antes los pormenores de los programas de cada partido, que deben darse prisa en concretar sus alternativas y procurar huir de las generalidades a que nos tienen acostumbrados. La campana va a ser, sin duda alguna, más virulenta que las otras que hemos conocido desde el comienzo del nuevo régimen, y quizá deba ser así, pues resulta incomprensible esta manía que tenemos los españoles de suponer que la democracia es un régimen fabricado exclusivamente de sonrisas. cuando resulta que es un sistema civilizado de abordar los conflictos y las tensiones, nunca de obviarlos. No obstante, se asegura que algún tipo de pacto subterráneo ha sido establecido para limitar los «efectos destructores de la propia campaña».

El riesgo que corre Suárez, sin embargo, es el menor de los que podrían acecharle. Si hubiera ido a la investidura, con el precario apoyo de la minoría catalana y la ayuda «desde fuera» de los comunistas, la fragilidad estructural de este Gobierno -que anteanoche negara cínicamente el vicepresidente Abril en televisión- se habría hecho perdurable. Pero sólo hasta la celebración de las municipales, que de ganarlas significativamente la Izquierda hubieran arrastrado al presidente a una convocatoria de legislativas en situación bastante peor que la de ahora: abrumado por la discusión nada sencilla de los estatutos de autonomía y presionado por la protesta y el cansancio social que la austeridad económica acabarán provocando.

Estos dos meses que median hasta la celebración de las elecciones generales están, sin embargo, sembrados de peligros mayores para todos, y no sólo para el presidente. La izquierda no puede permitirse bajar el tono de sus reivindicaciones sociales, puestas de relieve en la actual negociación en las empresas. El diálogo sobre los convenios va a verse así enormemente politizado, lo que enrarecerá aún más la situación económica. La capacidad de negociación, sin demagogias ni debilidades de nuestros sindicatos y la flexibilidad de diálogo, sin debilidades ni demagogias, de nuestros, empresarios, va a ser puesta a prueba por vez primera seriamente. Por lo demás, la tentación gubernamental de producir sesenta días de cierta laxitud económica, proponiendo un relanzamiento ficticio, que alegre las esperanzas de los ciudadanos y atraiga el voto hacia UCD es más que preocupante. En dos meses se pueden destrozar bastantes de las cosas realizadas -con harto esfuerzo de todos- en la economía española.

Pero el verdadero gran peligro sobre el que deben vigilar estrechamente el Gobierno y los partidos es el aprovechamiento del paréntesis político hasta el 28 de febrero por los grupos terroristas y los partidarios de la violencia. En el País Vasco resulta de perentoria necesidad la legalización inmediata de todos los partidos políticos, incluso los abiertamente independentistas, con tal de que claramente abdiquen de la violencia en sus métodos. Es preciso que, las primeras elecciones de la democracia española se celebren en medio de una escrupulosa igualdad de oportunidades. El descontento perceptible en los sectores vascos y catalanes, por el retraso de la discusión y promulgación de los estatutos de autonomía, al disolverse las Cortes, no debe ser tampoco echado en saco roto ni menospreciado por el poder. Este, por último, no puede llegar a las elecciones sin haber despejado las muchas incógnitas que la «operación Galaxia» ha dejado en las mentes de los españoles. Cualquier sombra de duda sobre la correcta aplicación de la disciplina en las Fuerzas Armadas después de un hecho tan grave -constante y sospechosamente minimizado por las voces de la ultraderecha- debe ser desterrada.

Sobre las elecciones legislativas se van a producir, además, las municipales. Aquí sí que el mapa político se modificará profundamente; tanto que van a tener que trabajar en él no sólo los geógrafos, sino también los geólogos y algún experto en paleontología, capaz de identificar los orígenes de ciertos alcaldes todavía en ejercicio. A la virulencia en la campaña de las generales, que es, a la postre, la propia de un diálogo ideológico, estructural y bastante abstracto, habrá que sumar la inevitable controversia vecinal que las municipales traerán consigo. Aunque Suárez gane las elecciones generales, el resultado de los comicios en los ayuntamientos va a condicionar sobremanera su forma de gobernar en el futuro. Las municipales producirán unos efectos reales de difusión del poder y de la responsabilidad pública y, en definitiva, una democratización infinitamente más profunda de la sociedad. La discusión sobre los propios proyectos autonómicos tomará perfiles distintos si hay en Barcelona o en Bilbao un alcalde socialista, cosa nada improbable, y si los nacionalistas vascos y catalanes obtienen buenos resultados en los ayuntamientos.

Por último, la política exterior va a ocupar un lugar en la discusión política interna, que hasta ahora le había sido vedado. Aunque se elabore, como es lógico y deseable, una cierta solución de consenso para estos grandes temas de Estado, la situación en el norte de Africa, tras la muerte de Bumedian, y la visita del Rey a Marruecos, puede subir algunos grados de temperatura en los primeros meses del año entrante y hasta cambiar de signo. La precaria situación en la que, entre el silencio oficial y las declaraciones de conveniencia, se vislumbran los horizontes de Ceuta y Melilla pueden saltar a un primer plano de actualidad antes de que acudamos a las urnas. Y antes también se va a producir la visita a España de Fidel Castro y la del ministro Oreja a Moscú, en un intento de desbloquear las relaciones con el Este. Pensar que cosas como ésta van a ser desaprovechadas -en un sentido o en otro- por los protagonistas de la campaña resulta absurdo.

Es imposible cerrar este comentario sin una alusión al hecho de que nos acercamos a uno de los períodos electorales más decisivos de nuestra historia sin haber dado respuesta al problema de la Radiotelevisión estatal y sin una solución convincente para ¡a antigua Prensa del Movimiento. La utilización de estos medios durante toda la campaña debe ser vigilada seriamente por las fuerzas políticas, habida cuenta del uso descarado que UCD viene haciendo, en su propio provecho, de la pequeña pantalla. La experiencia tan deprimente del primer debate político en directo entre el Gobierno y las fuerzas de la izquierda, protagonizado el jueves pasado por los señores Abril, Camacho y Redondo, pone además de relieve la necesidad de profesionalizar cuanto antes el. medio y no dejar caer en manos del conchaveo político y la torpeza institucional lo que es un medio de comunicación social para todos los españoles.

En resumen, vamos a tener un primer trimestre movido este año entrante de 1979. De él se deben derivar, y es de esperar que así sea, un Gobierno sólido y una estructura política estable que permitan durante los próximos cuatro años abordar las soluciones de los graves problemas que tiene planteados nuestro país. Ojalá que la decepción popular ante las maniobras de la clase política y la baja perceptible de entusiasmo por la democracia, que el aumento del desempleo y las dificultades económicas han producido en las clases populares, sean superadas por la imaginación de nuestros líderes. Si es así, podrá modificarse el alto signo de abstención en las votaciones producido en el referéndum constitucional. Esta lucha contra el abstencionismo debe ser una de las primeras y más notorias preocupaciones de todos los partidos si se quiere ofrecer un futuro estable y consolidado de libertades a nuestro país.