El Banco de España interviene la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) quebrada y saca a la luz artimañas de sus directivos para cobrar los sueldos más altos posibles

La intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) está descubriendo prácticas financieras irregulares en la entidad que, por sí mismas, justificarían la sustitución de los gestores y la entrada del Banco de España en la gestión. Del examen minucioso de sus balances se desprenden tropelías graves, como la concesión de créditos al 0% de interés a consejeros de la entidad, la financiación arriesgada de los proyectos faraónicos de la Generalitat valenciana (durante los mandatos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps) y un riesgo inmobiliario exagerado, probable consecuencia de obligaciones de financiación impuestas con criterios políticos.

En las cuentas de la entidad se detecta además el seguimiento de criterios insensatos de crecimiento, impuestos probablemente con la finalidad de superar los resultados de Bancaja. El crecimiento a cualquier precio explicaría el aumento desorbitado del número de oficinas, contrario a la gestión prudente que muchas entidades habían adoptado ya a partir de 2007, cuando empezaban a atisbarse los primeros síntomas del crash financiero.

El caso de la CAM es pues un ejemplo perfecto de las perniciosas consecuencias que se producen cuando la gestión de una entidad bancaria se entrega en manos políticas. Cuando se repite desde las instituciones de control financiero que las cajas de ahorros han de ser dirigidas con criterios profesionales y se reclama una disminución de los vocales políticos en sus consejos, se pretende exactamente evitar este tipo de saqueo de las instituciones cuando se imponen una financiación obligada de proyectos políticos sin rentabilidad alguna o promociones inmobiliarias dirigidas por amigos de los poderes autonómicos. Las cajas no pueden ser las ventanillas abiertas siempre para financiar a cualquier coste las ocurrencias de los Gobiernos autónomos; por esa razón, las fusiones de cajas en la misma región, sin cortapisa alguna del mercado o de gestores independientes, debe ser revisada inmediatamente por el Banco de España.

En el caso de la CAM, la investigación de sus balances debería extenderse a las relaciones entre la Generalitat valenciana y la dirección de la caja. El primer paso para evitar la impunidad de los gestores ya se ha dado al destituirlos inmediatamente. Pero, a la vista de las extrañas operaciones que están aflorando tras la intervención, parece razonable suponer que no son los únicos responsables de la quiebra de una caja que, solo para cubrir las necesidades de capital, va a exigir un saneamiento de 4.000 millones de euros. Los corresponsables políticos, si los hay, también deberían hacer frente a sus responsabilidades. Una vez conocidas las cuentas de la entidad, se entiende mejor el tortuoso caso Camps.

La CAM ofrece un muestrario de errores que deberían evitarse en el futuro mediante las modificaciones legales oportunas. Además, es una baza política para instar a las comunidades empecinadas en mantener sus cajas locales a que acepten un modelo más abierto y profesional.

Esta es la historia de un fiasco, afianzado en el boom inmobiliario, consentido, e incluso alentado, por el Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, que utilizó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para financiar sus megaproyectos: Ciudad de las Artes, en Valencia; la Ciudad de la Luz, en Alicante, y Terra Mítica, entre otros. Y rematado con la ambición desmesurada de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja. Así se entiende la deriva de la CAM, el centenario buque insignia de las finanzas de la provincia de Alicante, comandado durante los últimos años por Modesto Crespo, en la presidencia, y Roberto López Abad, como director general, hasta que el pasado 22 de julio fue intervenida por el Banco de España.

En la antesala de la intervención, López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron un dorado retiro con elevadas prejubilaciones (12,8 millones de euros en total). La sucesora de López Abad, la empleada María Dolores Amorós, no quiso ser menos y se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000. Todo ello sin contar con el visto bueno de los órganos de la entidad, pero con el beneplácito del entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, más ocupado en atender las urgencias de su mentor, Francisco Camps, que de los requerimientos del Banco de España para poner orden en las cuentas. El resto de miembros del consejo, conscientes de su papel de comparsas, se mantuvo pasivo y tragando la información que recibían. La CAM pagaba 1.000 euros por cada asistencia al consejo.

Las irregularidades descubiertas en la CAM, con unas cañerías alambicadas, plagadas de trampas contables, alcanzan el paroxismo. Un auténtico escándalo, como lo calificó el viernes el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la evaluación de la reestructuración de las cajas. «Uno entiende que la gente se escandalice, solo faltaba que no se escandalizase; pero los clientes pueden quedarse tranquilos, cuando se adjudique [en subasta], la gestión va a estar en manos serias», añadió. Va a estar, dice el gobernador; pero no lo ha estado. Esa es la cuestión.

El regulador comenzó a mirarlo con lupa en 2009. Al año siguiente le obligó a negociar su integración con otras entidades para no tener que intervenir. Hubo un intento de Caja Madrid, que se frustró por la oposición frontal de Camps. Y la CAM recaló en el grupo integrado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Pero el intento duró poco: en marzo pasado la expulsaron al descubrir un agujero que cifraron en 5.000 millones de euros. Cuatro meses más tarde, este tortuoso recorrido desembocó en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que hubo de aportar 2.800 millones de euros y abrió una línea de liquidez por otros 3.000 millones, a fin de que la fuga de depósitos de los clientes que estaba produciéndose no estrangulara la caja.

Tres interventores del FROB, convertidos en los nuevos administradores de la caja mediterránea, tomaron sus primeras decisiones y descubrieron quiénes eran los principales responsables del desaguisado. El FROB no esperó ni un día para destituir al consejo de administración (20 miembros en representación de las fuerzas políticas y, empresariales). Los interventores dieron a Crespo tres horas para recoger su despacho y le prohibieron la entrada en la sede social de la caja.

Modesto Crespo (Elche, 1943) había escalado en la última década desde su concesionario de coches hasta la cúspide empresarial y financiera de Alicante. Labró su meteórico ascenso con el apoyo del poder político hegemónico en la Comunidad Valenciana, y en concreto del exlíder de los populares valencianos, Francisco Camps, tras vencer la resistencia del sector del PP opuesto en Alicante, los ripollistas (seguidores de Joaquín Ripoll, heredero político de Eduardo Zaplana). Además de sintonía política, Camps y Crespo sumaban un mismo fervor religioso. (De hecho, el único cargo que mantiene Crespo ahora es el de presidente del patronato del Misteri de Elche). En todos los escalones por los que pasó dejó su impronta: fuerte personalismo y querencia por el oscurantismo para blindar su gestión.

Crespo desempeñó la presidencia de la CAM sin sueldo oficial, pero se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de la caja, la mercantil TI Participaciones. El «sombrío y religioso» empresario, como lo definen personas de su entorno, fue uno de los más beneficiados por los préstamos blandos que la caja concedió a los consejeros. Entre 2004 y 2010, la CAM había prestado 161 millones a sus consejeros, en algunos casos al 0%, y con el permiso de la Generalitat. Crespo, apenas aterrizado en el cargo, consiguió cinco millones al 2,5% de interés.

Crespo entregó la cuchara la mañana del pasado 21 de julio, cuando en un «patético» consejo -según definición de uno de los presentes- comunicó que a las 0 horas del día siguiente se iba a producir la entrada del FROB. Esto es, la pérdida de la autonomía de la caja a favor del Estado. Tan solo dos días antes de la intervención, Crespo había permitido que la CAM comprara pagarés de la Generalitat Valenciana por 200 millones al 4,75%, para inyectar liquidez en las arcas autonómicas.

Los administradores del FROB no pudieron destituir al resto de la cúpula directiva. Estos, encabezados por Roberto López Abad, aprovecharon el ERE que la entidad impulsó a finales de 2010 para rescindir su relación laboral a cambio de millonarias prejubilaciones. Ello le permitió alejarse del fracaso de la caja en la fusión. A falta de datos oficiales, fuentes sindicales cifran en 5,8 millones la indemnización que se embolsó en virtud del salario de 700.000 euros que percibía como director general. Otros cuatro altos exdirectivos (Agustín Llorca, que se embolsó dos millones; Joaquín Meseguer, otros dos; Vicente Soriano, 1,5 millones; y Gabriel Sagristá, 1,5 millones) completan la selección de ases del ERE.

Al mismo tiempo se supo que el exdirector general tampoco le había hecho ascos a otra prebenda de la CAM, la denominada mesada. Se trata de una paga extra equivalente al salario de un mes, que se entrega a todos los empleados con motivo de su boda. En noviembre pasado, López Abad recibió unos 70.000 euros cuando contrajo matrimonio con la mujer con la que llevaba años de convivencia, una directiva del tercer escalafón de la entidad, que también se llevó su parte correspondiente.

López Abad (Alcoi, 1956) ocupó la dirección general de la CAM desde 2001 hasta noviembre de 2010. Su etapa al frente de la dirección de la caja estuvo marcada por un primer periodo de expansión basado en el boom inmobiliario. Admite tener un riesgo de 11.000 millones en créditos a sociedades promotoras, aunque otras fuentes cercanas a la caja lo estiman en 16.000 millones, casi el 30% del total del crédito de la entidad, lo que está fuera de toda ortodoxia. López Abad embarcó a la CAM hasta en 66 sociedades y 104 proyectos vinculados al sector del ladrillo. Eran los años en los que, según exconsejeros, la caja avalaba préstamos a constructores con un simple solar rústico, suponiendo que en un par de años su precio se iba a multiplicar como consecuencia de la especulación y la recalificación.

El artífice de la ficticia escalada de la CAM hasta el cuarto puesto de la lista de cajas españolas se marchó sin dar la más mínima explicación pública de su gestión. La vacante de López Abad fue cubierta por su mano derecha, María Dolores Amorós (Alicante, 1962). Licenciada en Económicas por la UNED, tiene funciones ejecutivas en la entidad desde 1988, tanto en la caja como en el grupo de empresas de la entidad. Hija de un empleado de la caja y con varias hermanas también trabajadoras en la misma, ella es, según sus colaboradores más próximos, una ejecutiva de perfil eminentemente técnico. «Se limitó a mantener la maquinaria heredada de López Abad, una dirigente que desarrolló su papel de manera funcionarial, sin iniciativas propias», señalan esas fuentes.

Amorós asumió el reto de conducir la última etapa del intento de fusión sin rechistar. Pero antes también se aseguró su futuro económico personal con sueldo y pensión vitalicia, lo que la equiparaba a sus excompañeros en la cúpula directiva, ya que no pudo acogerse al ERE por motivos de edad. Amorós ocultó su contrato y la pensión tanto a la comisión de retribuciones como al consejo de administración de la caja. La nueva directora general optó por la huida hacia adelante en busca de un socio privado salvador. El mirlo blanco no aparecía y la entidad siguió a la deriva; eso sí, jaleada por los cantos de cisne de los poderes fácticos de la provincia (empresarios y representantes públicos) que, una vez más optaron por cerrar los ojos y seguir apostando por un futuro en solitario de la CAM.

Los interventores del FROB mantuvieron a Amorós en el cargo apenas tres semanas. El 10 de agosto fue destituida temporalmente. En esas semanas, Amorós se mantenía oficialmente en el puesto, pero de hecho tenía congeladas sus competencias. La destitución provisional se produjo apenas una semana después de que un colectivo de fiscales (la Asociación Internacional contra la Prevaricación) anunciara una demanda por prevaricación si la alta ejecutiva de la caja seguía en el ejercicio de sus funciones. Los fiscales sostenían que la ex directora general podría ser sancionada por ocultar información al Banco de España; por mantener en el puesto al director general de la división inmobiliaria, Daniel Gil, imputado en la trama del caso Brugal; por la gestión del crédito inmobiliario, con una compra a precio superior al de mercado; por la apertura masiva de oficinas sin ningún criterio de sostenibilidad; o por aprobar un canje de acciones por deuda con la promotora Hansa Urbana, participada por la CAM.

El primer dato que levantó la sospecha de los nuevos administradores fue el balance de resultados del primer trimestre de este año, con unas ganancias de 39 millones de euros. Ese balance no estaba auditado, como tampoco el correspondiente al segundo trimestre. El informe final de la caja presentado por el FROB registra que la entidad había perdido 1.136 millones en los seis primeros meses del año. Tras examinar su contrato millonario con la CAM y verificar un supuesto maquillaje de las cuentas de la entidad, el pasado martes los administradores del FROB despidieron sin indemnización a la directora general. El FROB considera que Amorós había realizado lo que en la jerga bancaria se conoce como contabilidad creativa en alguna operación concreta, con objeto de obtener un beneficio propio.

Ante tantos indicios de actuación fraudulenta, los letrados del Banco de España analizan ahora si pueden exigir la devolución del dinero embolsado y si abren expediente sancionador a los gestores, como ocurrió con los responsables de la administración de Caja Castilla La Mancha (CCM) y Cajasur. Con estos precedentes, todo indica que el expediente es inevitable.

También la Fiscalía Anticorrupción, en plena instrucción del denso sumario del caso Brugal (la mayor trama de corrupción de Alicante ligada al negocio de la basura y el urbanismo, con más de un centenar de personas implicadas), espera al informe final de los interventores del FROB para abrir diligencias penales a la antigua cúpula de la CAM. Desde la intervención, la Fiscalía ha recibido un total de cuatro denuncias de otros tantos colectivos cívicos, que el ministerio público mantiene congeladas.

Fuentes del FROB aseguran, además, que Crespo pudo haber incurrido en desobediencia por omitir al consejo de administración los sucesivos requerimientos, por escrito, del Banco de España para que la que entidad recondujera su contabilidad. Esas fuentes señalan que el órgano supervisor envió varios escritos en ese sentido en los meses previos a la intervención. Exconsejeros de la caja aseguran que Crespo solo leyó ante el consejo una misiva del Banco de España, la remitida en vísperas de la intervención, el jueves 20 de julio. «Nunca antes Crespo leyó ante el consejo ninguna carta o circular del Banco de España», asevera el exconsejero y empresario Jesús Navarro.

La intervención de la CAM ha sido la puntilla a la sociedad alicantina instalada en la última década en la burbuja inmobiliaria. Una fachada que saltó por los aires cuando, en julio de 2006, estalló el caso Brugal. Y al que se ha añadido el caso CAM.

Esta mañana, mientras leía la noticia de María Dolores Amorós, ya saben, la ex directora general de Caja Mediterraneo, me he dado cuenta de que tenía la boca abierta de par en par. La he cerrado enseguida para que no me miraran raro los camareros, pero he seguido leyendo y a los pocos minutos la tenía abierta otra vez. Se ve que una es muy de provincias y a las de provincias la boca se nos abre con nada.

Resulta que esta mujer —iba a llamarla señora, pero eso aún está por ver— ha llevado a juicio a los que la despidieron el año pasado. Amorós fue despedida por maquillar supuestamente las cuentas de la caja, por supuestas negligencias en la gestión y por supuestas irregularidades en la adjudicación de sus honorarios. Como verán, he repetido escrupulosamente la palabra “supuestas” porque ella asegura que el despido fue improcedente. Pero no es eso lo que me ha dejado boquiabierta hoy. Las cifras. Eso ha sido. Números y números abrumadores y ofensivos. Miles y miles de euros bailando alegremente en la página del periódico y, lo que es verdaderamente importante, bailando alegremente en las cuentas corrientes de todas esos banqueros.

Al entrar a ocupar su cargo, María Dolores Amorós se autoasignó un sueldo anual de 593.040 euros y una pensión vitalicia de 370.000. Con un par. Por si fuera poco, ocultó su contrato y la pensión al Consejo de Administración de la caja. Pero ése ya es otro asunto; que se maten entre ellos. Decía, se autoasignó 593.040 euros anuales: 42.360 euros mensuales. Y ahora pensemos.¿Para qué puede necesitar un ser humano semejante barbaridad de dinero al mes? Es más del triple de lo que cobra la mayoría de españoles en todo un año. ¿Tan diferente es ella del común de los mortales, que necesita autoasignarse un salario tan superior? ¿Tan especial es su labor que merece, además, premiarse con 31.000 euros mensuales para el resto de su vida? ¿Lo ven? Ya tengo la boca abierta otra vez.

La animalada de dinero que manejan los directivos en el sector de la banca es como para dejarse la boca apuntalada. Pero no olvidemos que en este caso, además, estamos hablando de la directora general de una caja que tuvo que ser intervenida porque estaba en la ruina. No hay palabras.

Hay que hacer verdaderos ejercicios de autocontrol cuando uno abre miras y ve que hay colegios sin calefacción por culpa de los recortes, mientras que una panda de buitres despreciables se reparten en sus cuentas corrientes las ayudas que el Gobierno sí tiene a bien concederles.

Alguien debería obligar inmediatamente a estos buitres a llenar las calderas de los colegios de sus bolsillos, así, para empezar. Luego, ya veríamos.