El CGPJ suspende como juez a Baltasar Garzón al estar en trámite en el Tribunal Supremo tres demandas por prevaricación contra él

Es todo un espectáculo internacional que la justicia española haya sentado en el banquillo, por haber intentado dar una respuesta desde el ámbito judicial a la tragedia de los desaparecidos del franquismo, a un juez de reconocido prestigio por sus iniciativas contra los crímenes de las dictaduras latinoamericanas. El estupor es mayor a la vista del ensañamiento con que sus colegas han llevado su persecución hasta el límite de negarle una salida digna, como era autorizar su traslado a la Corte Penal Internacional antes de su suspensión cautelar como juez de la Audiencia Nacional.

La unanimidad del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) al votar ayer la suspensión del juez Garzón parece indicar que el órgano de gobierno de los jueces no tenía otra alternativa legal. Era, en efecto, demasiado tarde para otra decisión, una vez que el instructor Varela hubiera decretado la apertura de juicio oral y que fracasase, por falta de tiempo y de suficiente apoyo en el Consejo, el intento in extremis de un sector del mismo por darle al juez una salida honorable autorizándole su marcha en comisión de servicios, como había solicitado, antes del pronunciamiento sobre la suspensión. La Comisión Permanente del Consejo, reunida ayer tras el pleno de la suspensión, decidió aplazar la decisión sobre el permiso para el traslado del juez.

La baza esencial de la partida que ha llevado a este desenlace estaba ya jugada desde el momento en que el Supremo aceptó a trámite la querella por prevaricación, planteada por dos organizaciones ultraderechistas que acusaban a Garzón de haberse atribuido competencias que no tenía al intentar abrir un proceso penal por los crímenes del franquismo. La Sala pudo haber archivado la querella simplemente siguiendo el criterio de la fiscalía, que descartaba que fuera delito sostener unas posiciones discutibles pero que eran idénticas, por ejemplo, a las defendidas por tres de los miembros de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que se pronunció sobre la competencia.

También pudo haberla archivado aplicando el criterio del Supremo en la sentencia Botín, según el cual no cabe abrir causa con sólo la acusación popular, pese a que fue luego modificada en el caso Atutxa, con un voto crítico de Varela. Pero si el argumento de admitir la querella sobre la endeble base de que la tesis de la «prevaricación no puede ab initio considerarse tan absurda como para descartarla», ya hizo pensar en una parcialidad llamativa, esa impresión se ha ido confirmando en cada uno de los trámites ulteriores, hasta culminar en el postrer gesto de acelerar la apertura de juicio oral en cuanto se conoció la petición de Garzón de traslado a La Haya.

Tras consumarse la vergüenza de ayer, a Garzón sólo le queda ahora esperar que no le cercenen su derecho de defensa como ha sucedido en la instrucción. Varela valoró como «una desconsideración» para con sus compañeros del Supremo el testimonio pericial de jueces y expertos juristas nacionales e internacionales sobre la interpretación legal en que sustentó Garzón la causa por los crímenes del franquismo. Es de esperar que esos compañeros rechacen un argumento que huele a rancio corporativismo y permitan que ese testimonio se produzca en el juicio oral.

Una condena en estas condiciones del juez Garzón añadiría una herida más a las todavía sin cerrar de miles de familiares de víctimas sin sepultura de la Guerra Civil y del franquismo; familiares que no han podido hacer el duelo que en todas las culturas sigue a la pérdida de seres queridos. El argumento de no reabrir heridas se tornaría en cruel sarcasmo y obstáculo para la construcción de una memoria compartida y un reconocimiento hacia todas las víctimas, de uno u otro bando, de la Guerra Civil y de la represión que siguió a la victoria de uno de ellos.

LO ÚNICO que podía hacer ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es lo que hizo: suspender a Garzón tras el auto en el que el Supremo le sienta en el banquillo por prevaricación. El CGPJ se limitó a aplicar la ley, lo que explica -más allá de interesadas fantasías sobre abruptas divisiones- la unanimidad en la decisión.

Garzón estuvo maniobrando hasta el último minuto para evitar lo inevitable. Ayer mismo por la mañana, su abogado presentó un escrito en el Supremo pidiendo la anulación del auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible. Lo ha intentado todo para eludir esa suspensión que pone fin de momento a 22 años en la Audiencia Nacional, en los que ha pasado de ser un joven magistrado desconocido a una superestrella mediática. En congruencia con su trayectoria, ayer organizó una salida teatral de la Audiencia, jaleado por un grupo de incondicionales.

Lo cierto es que Garzón ha rendido buenos servicios a la Justicia pero también se ha pasado muchas veces con esa «imaginación creativa» de la que le acusaba Luciano Varela en su auto y que él mismo reivindicó hace unos días. Garzón ha tentado en demasiadas ocasiones a la suerte con interpretaciones de las leyes que se apartaban del Derecho y de sus principios hasta que el Supremo ha empezado a decir basta.

Lo primero que hay que señalar es que, contra lo que afirman tercamente sus propagandistas, Garzón no se va sentar en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo sino por haber vulnerado la legalidad vigente y haber realizado unas actuaciones para las que no tenía competencias en pos del brillo mediático.

Tampoco es cierto que Garzón haya sido víctima de una campaña de la extrema derecha. Ni Varela, el juez que instruye esta causa, ni Martínez Arrieta, que rechazó la recusación y al que también ha acusado de vulnerar sus derechos, son conservadores. Más bien, todo lo contrario.

Los miembros de la Sala de lo Penal del Supremo que han intervenido en este caso se han limitado a aplicar la legalidad en sus resoluciones, lo que tiene gran mérito en medio de la campaña de insultos e intimidación de la que han sido objeto. Una campaña en la que han participado ministros del Gobierno, dirigentes sindicales y medios de comunicación. En su persistente afán de confundir deseos con realidades, un periódico todavía titulaba ayer que el CGPJ se había roto «en dos» a la hora de suspender a Garzón. Sí, el CGPJ se rompió en dos partes: la mitad votó a favor de la suspensión y la otra mitad, también, porque hubo unanimidad absoluta.

Garzón no puede ejercer como magistrado mientras esté pendiente de juicio, pero volvería a su puesto si saliera indemne de los tres procesos que tiene abiertos. Sea como fuere, los importantes casos que ha acaparado y los muchos errores que ha cometido plantean la conveniencia de acotar el ámbito de competencias de la Audiencia Nacional o ampliar su número de juzgados, a todas luces insuficiente para la cantidad y la envergadura de las causas que instruye.

Nada será probablemente igual en la Audiencia Nacional tras la salida de Garzón, que ha aprovechado su posición para lograr protagonismo mediático y fortuna. Ahora sólo le queda el recurso de marcharse a La Haya como asesor de su amigo, el fiscal Moreno Ocampo, si es que se lo permite el CGPJ, que ayer aplazó su decisión. Ello corrobora lo mucho que han cambiado las circunstancias en muy poco tiempo. De momento, Garzón se ha quedado sin juzgado, lo que equivale a decir sin el inmenso poder sobre las vidas y haciendas de mucha gente del que había disfrutado y abusado durante dos décadas y gracias al cual ha brillado como una estrella del espectáculo.

El juez Luciano Varela acaba de hacer un flaco servicio a la democracia de nuestro país. En el mundo, eminentes juristas, escritores de renombre, las personalidades más diversas, se frotan los ojos sin saber lo que ocurre en España.

El proceso contra el juez Baltasar Garzón, por tratar de investigar los crímenes del franquismo, pone al descubierto la inmadurez de nuestra democracia y nos quita credibilidad. Es como si todavía, a más de treinta años de la Transición, no estuvieran claros y asentados los valores de nuestra democracia y nuestra memoria histórica. Investigar los crímenes de una dictadura, tan atroz como la que sufrimos los españoles, no puede ser un delito, no lo ha sido en ninguna parte y España lamentablemente es una vergonzosa excepción.

Como víctima de la dictadura me siento directamente encausado junto a Baltasar Garzón. Como se sienten o se sentirían los miles y miles de hombres y mujeres que perdieron su libertad o su vida en los años de la dictadura para que España fuera un país libre y democrático. En mis años de condenado a muerte di el último abrazo a centenares de compañeros cuando iban a vivir la última madrugada de su vida. Se enfrentaban orgullosos a la muerte convencidos de que se acercaba un amanecer libre y democrático para España. Es difícil no recordarles e imaginar lo que pensarían si supieran que un juez democrático ha sido encausado por tratar de investigar a sus asesinos. El otro día, ante las víctimas de Mauthausen, la vicepresidenta del Gobierno dijo, con estas o parecidas palabras: No aceptamos el silencio, porque el silencio conduce al olvido y no podemos ni debemos olvidar. El proceso contra Garzón es un borrón de vergüenza en nuestra reciente historia democrática y las víctimas y la sociedad civil seguiremos movilizándonos para reparar tan inconcebible injusticia.

En seguida que los jueces de Dívar confirmaron la condena del juez Garzón al ostracismo se supo que el hombre que investigaba demasiado lloraba su suerte entre sus amigos. Pero además había un gentío esperando la decisión y esperando al juez, o para arroparle en la condena o para celebrar su absolución. Lloró, resultó lo primero. Esas lágrimas ahora se convierten en el certificado de su dolor; y la gente ni llora sólo porque lamente su suerte. La suerte es a veces el resultado de una zancadilla.

De lo que ocurre lo que impresiona más es el efecto que tienen en las personas las malas noticias que sufren. El sufrimiento se nota, antes que nada, por las lágrimas. Sufrir es injusto, sobre todo si lo que se sufre es una injusticia, y esas lágrimas que ahora se unen a la historia (a la historia grande de los desafueros de este país, y también a la historia pequeña de los telediarios) son el símbolo de una injusticia largamente adobada, y ahora se unen a la radiografía del franquismo que (aún) no cesa.

No se ven las caras de los que han juzgado, no se sabe si son caras secas o son también caras en las que se mezcla el mal sabor de haber hecho, a sabiendas, algo por lo que la historia les va a preguntar como preguntan los espejos oscuros, o si son caras lavadas por el empecinamiento: queríamos a ese juez fuera de aquí, ya está, tachado. Se supone que los jueces no tienen alma sino leyes, y por las leyes se rigen. Por eso no lloran.

Pues Garzón ha llorado. Acaso los que andan metiendo en el pendrive los desafueros de este juez se sientan tentados ahora de incluir las lágrimas como otro alimento de la sospecha. En este juicio peculiar en cuyo proceso han perseguido a Garzón la saña con la que en el Oeste buscaban a los bandidos (o a los justos) ha habido todo tipo de rostros, y siempre los he visto sonriendo, ante las cámaras, como si estuvieran juzgando y al mismo tiempo andarán regocijándose con lo juzgado. Hasta la victoria final, que se produjo ayer a mediodía. Ahora ya Garzón no podrá ir ni a La Haya. No querían que se fuera. Querían que llorara aquí.

Las reacciones a la suspensión de Baltasar Garzón merecen algunas reflexiones.

La primera dirigida a Francisco Camps: esperemos que cuando se produzca su procesamiento reaccione proporcionalmente a como lo ha hecho con la suspensión del juez; lo que vale para Garzón tiene que valer para el presidente de la generalidad valenciana.

La segunda: a algunos medios de comunicación que han perdido su larga trayectoria de mesura para sumarse a la tecnología del agitprop que tantas veces habían denunciado. “Juez de la democracia” “perseguido por el franquismo” y otras hipérboles colaboran en un deterioro de las instituciones que ya no podrán denunciar con legitimidad cuando se produzca desde otros parámetros políticos y mediáticos, que ocurrirá.

Tercero: Baltasar Garzón puede ser declarado inocente o culpable; lo ocurrido con su suspensión no es un castigo sino una medida de protección jurisdiccional que evita que todo juez pueda seguir en activo mientras se resuelve su procesamiento. La simplificación de todo el discurso de protección del juez, pretendiendo un tratamiento diferenciado de cualquier ciudadano es un precedente, según el cual, otras personas podrán pretender evitar la acción de la justicia en función de la estimación de sus trayectorias.

Cuarto: poner en entredicho la acción del tribunal supremo, la legitimidad de sus actuaciones y, sobre todo, sentenciar que es la actual mano del franquismo en España abre la puerta para que cualquiera que sea procesado por el más alto tribunal de la judicatura española pueda hacer lo mismo. No nos extrañe, entonces, -por remitirnos a la actualidad política- que Francisco Camps aluda a una persecución política fomentada desde el Gobierno, porque este disparate será simétrico del que se está produciendo en relación con la negación de la legitimidad de las actuaciones contra el juez.

Por último, colocar la simplificación de lo ocurrido a la altura de que al magistrado le sucede todo esto por haber querido investigar y procesar a los responsables de los crímenes contra el franquismo, es una afirmación carente de rigor que trata de manipular los legítimos sentimientos de los familiares de las víctimas del franquismo en el mismo plano que lo hizo el PP con las víctimas de ETA. El dolor y la memoria tienen justificación ante la exageración de sus reclamaciones; los intereses políticos, no.