El Congreso blinda la TDT de pago para Mediapro y el ministro Miguel Sebastián celebra el fin del ‘monopolio’ del Grupo PRISA

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, atraviesa uno de los momentos políticos más difíciles desde su llegada a La Moncloa. Si hasta ahora los electores y los miembros de su propio partido habían pasado por alto los modos presidencialistas exhibidos en el nombramiento del Ejecutivo y en la toma de decisiones, la creciente sensación de que Zapatero actúa con imprevisión y ligereza frente a una de las crisis económicas más graves de la historia está comenzando a pasarle factura. A lo largo del último año, las encuestas muestran el desapego de sectores cada vez más amplios de votantes socialistas, desencantados con los titubeos y las contradicciones en asuntos particularmente sensibles para la izquierda y que el propio Ejecutivo había enarbolado para colocar a la oposición entre la espada y la pared. Entre otros, la memoria histórica, las relaciones entre la Iglesia y el Estado o la política exterior basada en principios éticos.

Gestionar el desgaste no resulta fácil para ningún dirigente político. En el caso de Zapatero, la tarea se complica aún más porque el ascendiente sobre su partido no se basa en la determinación y el acierto a la hora de dirigir un proyecto claramente formulado, sino en prometer (y lograr) victorias electorales a cambio de que se acaten sus criterios cambiantes en función de cada coyuntura. Si, como viene sucediendo desde el principio de la crisis económica, surgen dudas acerca de que esas victorias electorales puedan repetirse, es entonces su peculiar manera de ejercer el liderazgo lo que pierde fundamento y, por tanto, lo que queda en entredicho.

Es seguramente ahí donde habría que buscar una de las principales causas del malestar que empieza a cundir en las filas socialistas; un malestar multiplicado por el hecho de que la actual dirección ha desmantelado los espacios orgánicos en los que debía desarrollarse el debate interno. Los dirigentes socialistas que discrepan del imprevisible contorsionismo desarrollado por el jefe del Ejecutivo no están teniendo, así, otro camino que el silencio resignado o el abandono de la política. En una sola semana, tres ex ministros han dejado su escaño y es previsible que otros lo hagan próximamente. Consciente de esta situación -que, sin embargo, se sigue negando-, Zapatero encara la reunión del comité federal del partido el próximo fin de semana. Es posible que consiga suscitar un cierre de filas en torno a su figura; pero si es a costa de aplazar los debates reales, será un paso en falso.

Como jefe de Gobierno, Zapatero ha querido actuar con los mismos criterios que como jefe de partido. El nombramiento de ministros no ha obedecido a razones políticas identificables, ni su cese. Y una vez en el cargo no se les ha reconocido una competencia exclusiva sobre su departamento, sino que han visto constantemente zapada su labor por las intervenciones de un presidente que los puentea y los desautoriza sin reparar en el coste político e institucional que esta forma de actuar representa para el máximo órgano de dirección política del país. Solbes no es el único que ha sufrido este desgaste, pero sí constituye el caso más grave por la importancia del cargo.

Competencias relevantes como Universidades, claves para el nuevo modelo productivo que proclama el Gobierno, han transitado sin motivos de peso entre varios ministerios, igual que Asuntos Sociales. Los titulares de Industria y de Ciencia se han disputado otras competencias y se han dado hasta codazos en organismos internacionales. Vivienda se creó contra la burbuja inmobiliaria, pero se ha mantenido con los precios de los pisos a la baja. Y, desde el punto de vista formal y contra toda lógica institucional, el propio presidente es responsable de Deportes.

Si el Gobierno que preside Zapatero desea alejarse de la pendiente por la que se está precipitando y asegurar su continuidad, y, lo que es más importante, liderar la recuperación económica y no la marcha hacia el abismo, es preciso un cambio. Pero no sólo de unas políticas que no se sabe bien del todo en qué consisten, sino de una forma de decidirlas y ejecutarlas que está alcanzando unos niveles de confusión sin precedentes, especialmente en asuntos de tanta trascendencia como la lucha contra una crisis que nos acompañará aún mucho tiempo.

Ya no hay duda, no era sólo un amago. Irritado porque el Gobierno ha abierto a otro grupo de comunicación una gran puerta para el negocio del fútbol de pago en televisión (hasta ahora, casi exclusiva de Prisa, por decisión de otros Gobiernos socialistas), Juan Luis Cebrián ha ordenado la caza de Zapatero, y El País se ha puesto a ello con denuedo. Primero, fue el propio Cebrián con el artículo “Un desatino”, el 21 de agosto. Luego, el pasado 6 de septiembre, con un durísimo reportaje sobre la gestión económica de la crisis, ilustrado con una caricatura de Zapatero tan dura que no se recuerdan así ni siquiera sobre Aznar, y en domingo, y en primera página. Después, este lunes, con la principal información de portada, titulada “La gestión de Zapatero de la crisis siembra el desconcierto en el PSOE”. Hoy miércoles, con un editorial muy crítico contra el presidente del Gobierno, titulado “En la pendiente”, arrancado en la primera página (cosa que en El País se ha hecho muy pocas veces en 33 años de historia) y por entregas: lleva un antetítulo ‘El rumbo del Gobierno / 1’, luego mañana tendremos una segunda parte, no sabemos si pidiendo expresamente al PSOE que prescinda de Zapatero.

Mañana, por cierto, el Congreso de los Diputados tiene que ratificar (o no) el real decreto ley de la TDT de pago que tanto ha irritado a Prisa, y algún malvado podría pensar que el despliegue de estos días está encaminado también a que haya fugas de votos en las filas socialistas…

En el PP están encantados. Que el Gobierno socialista y el principal grupo de comunicación de centroizquierda se peleen es una excelente noticia para Mariano Rajoy. El último Barómetro del CIS, a finales de julio, puso al PP por delante del PSOE en intención de voto. No crecían ni el PP ni Rajoy, decrecían el PSOE y Zapatero. Politólogos de uno y otro partido coinciden en que Rajoy tiene más posibilidades de ser presidente del Gobierno cuanto antes se celebren las elecciones, cuanto más metidos en la crisis económica estemos. Si la legislatura llega a su término y la crisis económica ha escampado para entonces, las posibilidades de Rajoy decrecen.

La hipótesis de que el acoso de Prisa y de El País debilite a Zapatero dentro del PSOE y le lleve a adelantar elecciones ha llenado de contento a los estrategas de la calle Génova. Si además el candidato socialista no es ZP -piensan-, tanto mejor.

El Congreso de los Diputados convalidó ayer el decreto ley que regula la Televisión Digital Terrestre de pago, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario -dedicado a la crisis económica- que se celebró el pasado mes de agosto. El debate en el Parlamento permitió constatar los aspectos más negativos del despropósito promovido por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien, a través de un procedimiento excepcional, introduce más desorden en un sector, el audiovisual, necesitado de una ley global, y olvida el perjuicio que la medida causa en los consumidores. Incluso los grupos que votaron a favor de convalidar la medida -CiU y ERC- criticaron la utilización del decreto ley, un recurso reservado a situaciones de urgencia. La TDT de pago es un elemento que debe dinamizar nuestro modelo de televisión y colocar a España entre los países que disponen de tecnología audiovisual avanzada. Pero para ello es necesario criterio, seriedad y rigor, aspectos que, en este caso, han brillado por su ausencia.

Ante la inexorabilidad del plazo fijado por el Gobierno para el apagón analógico, los ciudadanos se han visto forzados a adquirir millones de sintonizadores de TDT que ahora deberán adaptar a la nueva modalidad de pago. El perjuicio económico que han padecido no es consecuencia de ningún avance tecnológico que haya dejado obsoletos los equipos, sino de una decisión del Gobierno que, sobre la marcha, ha decidido cambiar las reglas de juego. El porqué de ese cambio, así como las razones de la urgencia, es algo que el Gobierno ni ha explicado ni puede explicar sin dejar al descubierto los motivos espurios que le han movido.

El Gobierno tuvo que escuchar ayer de los grupos de oposición los mismos argumentos que avanzó en su día el Consejo de Estado en contra de la regulación de la TDT de pago por decreto ley. Improvisar una normativa cuando se está negociando una ley general para el sector audiovisual es privar a todos -partidos políticos, operadores y ciudadanos- de la posibilidad de defender sus legítimos intereses. La TDT de pago abre importantes expectativas de desarrollo que desbordan con mucho el reducido marco del fútbol y las retransmisiones deportivas. También en esto se ha equivocado el Gobierno, incapaz de ver más allá de sus necesidades, o de las de sus allegados.

En un alarde de desvergüenza, ignorancia o ambas cosas, Sebastián proclamó ayer: «Se ha resuelto una asignatura pendiente, que era la liberalización de la televisión de pago. Se ha terminado con 20 años de monopolio». Esto lo dice el ministro de un país en el que, desde hace años, hay cuatro millones de abonados a no menos de 10 empresas de televisión diferentes que ofrecen sus contenidos de pago a través de satélite, cable o banda ancha. Son datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, un organismo que entiende de asuntos que dependen del departamento que dirige el propio Sebastián.

Para muchos socialistas, el diario EL PAÍS es como la Biblia para los cristianos. Sus editoriales les marcan la pauta mucho más que cualquier resolución congresual del partido. Lo que dice EL PAÍS va a misa.

Ese matrimonio de intereses se fraguó en plena Transición y tuvo su apogeo tras la victoria del PSOE en 1982. Juan Luis Cebrián, director entonces de EL PAÍS, y Felipe González, presidente del Gobierno y líder indiscutible del PSOE, sellaron un pacto no escrito: tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Por encima de ellos, Jesús Polanco, propietario del grupo editorial, un empresario sin ideología conocida que hizo sus primeros millones vendiendo libros de texto de su editorial Santillana cuando Franco era el jefe del Estado.

El País se hizo mayor con el PSOE en el Gobierno. Compró la Cadena SER a precio de risa y con pago aplazado y logró una concesión de televisión de pago (CANAL PLUS) cuando de lo que se trataba era de conceder canales de TV en abierto. «A mí no hay cojones para negarme una televisión», dicen que llegó a decir Polanco. Y, conociéndole, es muy probable que dijera eso o algo parecido. ¡Tan consciente era del poder de su grupo periodístico y de la dependencia del Gobierno de sus influyentes editoriales!

EL CARDENAL Y EL BECARIO. Cuando, contra todo pronóstico, Zapatero ganó el congreso del PSOE en el verano del año 2000, el de León visitó casi como era preceptivo la Capilla Sixtina del Grupo PRISA: su sede de Miguel Yuste. El almuerzo, en el que estaba presente como gran cardenal Cebrián, tenía por objeto darle al nuevo delfín el marchamo de calidad.

Cebrián no sólo ejerció e maestro de ceremonias, sino que le dijo a Zapatero lo que debía y no debía hacer, tratándole casi como a un becario de su periódico.

El líder del PSOE nunca olvidó tamaña humillación, así que cuando ganó las elecciones en 2004 (también contra todo pronóstico) se propuso romper el cordón umbilical que había unido desde hacía más de dos décadas a su partido con el grupo de Jesús del Gran Poder (como fue bautizado por el editor del Grupo16 Juan Tomás de Salas).

Zapatero no sólo retiró la proscripción contra EL MUNDO, periódico al que la vieja guardia culpaba de la pérdida del poder a manos de Aznar, sino que comenzó a ayudar a un grupo mediático en el que el presidente contaba con amigos y confidentes.

Las hostilidades, los celos, no tardaron en aflorar.

La llamada ‘Segunda Guerra del Fútbol’ (históricamente los derechos para retransmitir fútbol de pago los tenía una sociedad controlada por PRISA) fue el detonante de una separación que amenaza con convertirse en violento divorcio.

EL FUEGO AMIGO. Fue Felipe González, precisamente en un acto de homenaje al fallecido Jesús Polanco que se celebró en Madrid el 21 de septiembre de 2007, quien ya avisó de las consecuencias de ese inaudito y funesto desencuentro: «Me preocupa el fuego amigo y los daños colaterales…». Un mes después, el 8 de octubre, en un acto público con empresarios y en presencia del entonces número dos del PSOE, José Blanco, Cebrián acusó a los «brujos visitadores de La Moncloa» de organizar los asaltos al BBVA y a Endesa. Olvidó decir que el inspirador del asalto al banco presidido por Francisco González no era otro que el conspicuo abogado, asesor áulico y consejero de PRISA, Matías Cortés.

Pero, ¿quiénes eran esos brujos visitadores? En ese cajón de sastre Cebrián incluía desde Miguel Barroso a Javier de Paz, pasando, claro está, por José Miguel Contreras o Jaume Roures y, cómo no, por el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

En realidad, Zapatero no ha tratado tan mal al Grupo PRISA. Ni mucho menos. Le dio una solución muy favorable a sus intereses tras la sentencia del Supremo sobre el llamado antenicidio (introduciendo en la ley de TV digital una mayor concentración de la radio); le bajó el IVA para la venta de codificadores de CANAL PLUS del 16% al 7%, y, más importante todavía, le proporcionó un canal de TV en abierto: CUATRO.

Pero Cebrián quería más. Pretendía marcar la línea del Gobierno en relación a los medios de comunicación. Seguir siendo la prima dona del socialismo.

La guerra tiene sus consecuencias. Y en este caso han sido demoledoras para PRISA. El fútbol elevó la deuda del Grupo por encima de los 5.000 millones de euros. Y eso en un contexto de caída de la publicidad y de la difusión.

Cebrián, que manda ahora más que cuando vivía Jesús Polanco, se erigió en estratega empresarial para salvar al Grupo de la suspensión de pagos.

MENOS ÍNFULAS. Lo primero que hizo fue negociar con Telefónica la venta de Sogecable (propietario de CANAL SATÉLITE, auténtico cáncer del grupo). Para empezar, Cebrián pidió a Telefónica nada menos que 5.000 millones de euros por su participación en la compañía. César Alierta, presidente de Telefónica, remitió un mensaje a Moncloa a través de su recién incorporado consejero, Javier de Paz: «¿Qué debo hacer en este asunto?». El Gobierno respondió con claridad: «Lo que interese a la compañía; el Ejecutivo no va a presionar ni en un sentido ni en otro».

Alierta dejó pasar el tiempo para que se enfriasen las ínfulas de Cebrián, mientras en paralelo caía el valor de las acciones de PRISA en Bolsa. De los 5.000 millones iniciales, se pasó a los 3.500 y luego a los 3.000.

En ese escenario, con una crisis económica cada vez más devastadora, a Cebrián no se le ocurrió otra cosa que lanzar una OPA sobre el 100% de las acciones de Sogecable. Con lo cual no sólo hizo una ruinosa operación con un alto coste para el Grupo PRISA, sino que dio la oportunidad a Telefónica y a Vivendi para salir de su capital a un precio bastante razonable (24 euros por acción).

En diciembre de 2008, el Gobierno se había comprometido con los editores (agrupados en la patronal Uteca) a lanzar la TDT de pago en la primavera de 2009.

Era la posibilidad que esperaba el grupo de Roures (Mediapro) para rentabilizar su voluminosa inversión en la compra de derechos de fútbol.

El 3 de abril de 2009, el Ministerio de Industria emitió una nota en la que daba por abierto el plazo a las empresas operadoras para presentar la solicitud de emisión en TDT de pago. Eso ocurrió por la mañana. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras una conversación subida de tono con Cebrián, llamó a Sebastián y le obligó a rectificar la nota. «Bien, pues ahora ocúpate tú del asunto de la televisión», le dijo el titular de Industria a la vicepresidenta.

Evitar la guerra. Ésa era la nueva consigna. Darle un plazo de gracia a PRISA para evitar un conflicto mediático. Así que desde el Gobierno (sobre todo, con el apoyo incondicional de De la Vega -cuya posición cambió después hacia posiciones más zapateristas- y Rubalcaba) se apostó por un acuerdo amistoso que podría concretarse en la fusión de LA SEXTA y CUATRO.

Las negociaciones se iniciaron en primavera. El objetivo original estaba muy claro: en la sociedad resultante, cada grupo debía tener el 50% de la propiedad, aunque la gestión la controlaría LA SEXTA y Cebrián pretendía dirigir la línea editorial. «En los encuentros la verdad es que no había mucha química, aunque nos esforzamos por mantener una, llamémosle, cordialidad técnica», recuerda uno de los negociadores.

Las discusiones se centraron en la valoración de los activos que cada una de las sociedades aportaba a la que sería sociedad resultante de la fusión. Cebrián, ni corto ni perezoso, valoró DIGITAL PLUS en 4.000 millones de euros, aunque ya nadie daba por ella ni 2.000 millones.

A los representantes de Mediapro le preocupaban dos cosas, amén del elevado precio que Cebrián pedía por su parte. El informe del Consejo de Estado sobre un borrador de Real Decreto sobre la TDT de pago que fue presentado a mediados de junio por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (dependiente del Ministerio de Industria); y el informe de Competencia sobre las consecuencias para el mercado de una fusión de las dos únicas plataformas que tenían derechos sobre el fútbol.

«NO HABRÁ PROBLEMAS». Cebrián dejó boquiabiertos a sus contertulios cuando, en una de las reuniones, al poner alguien sobre la mesa la primera de esas cuestiones, afirmó: «Al Consejo de Estado lo controlo yo».

Respecto a la segunda de las preocupaciones, el consejero delegado de PRISA se mostró más que confiado: «Soy amigo de Luis Berenguer (presidente de la Comisión Nacional de la Competencia), fuimos juntos al colegio; con él no habrá problemas».

La seguridad de Cebrián chocaba con la realidad. El pasado 10 de julio, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones emitió un informe (al que ha tenido acceso EL MUNDO) en el que dice, entre otras cosas: «En el actual contexto, Sogecable es la única alternativa de suministro (de televisión de pago) en importantes áreas del territorio nacional… Dicho operador ostenta una cuota de mercado superior al 70% en todo el territorio nacional». Es decir, la descripción de un monopolio.

Para sorpresa de los representantes de Mediapro, a primeros del mes de agosto, PRISA se descolgó con una nueva petición: querían la mayoría en la gestión y el 51% de la propiedad en la empresa resultante de la fusión. La reunión duró apenas media hora. El día 7 de agosto, PRISA comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la ruptura formal de sus negociaciones con Imagina (holding que engloba a Mediapro y Globomedia).

¿Qué fue lo que hizo cambiar de criterio repentinamente a PRISA? Sus competidores hacen la siguiente reflexión: «Tanto María Teresa Fernández de la Vega como Rubalcaba y Elena Salgado habían advertido al presidente sobre las consecuencias de una guerra con PRISA y EL PAÍS. Regular la TDT por decreto era para Cebrián una declaración abierta de hostilidades. Ese relevante grupo de miembros del Gobierno le hizo saber al consejero delegado de PRISA que Zapatero no se atrevería a sacar por decreto la TDT. Por tanto, si la regulación se retrasaba, al tenerse que tramitar como una ley, Sogecable seguiría actuando como monopolio. Faltaban sólo unas semanas para comenzar la Liga y eso les daba una inesperada posición de fuerza. Por eso nos echaron el órdago. Nosotros no lo aceptamos».

El 12 de agosto, como había vaticinado el consejero delegado de PRISA, su periódico, EL PAÍS, adelantó el informe del Consejo de Estado que establecía que la modificación de las reglas de juego en la televisión de pago requería su tramitación como ley.

Era un golpe directo a las intenciones del Gobierno, que al día siguiente tenía prevista una reunión de urgencia en plenas vacaciones para aprobar un paquete de medidas contra la crisis. Sin embargo, las maniobras de Cebrián no dieron resultado. El 13 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó por sorpresa el Real Decreto 11/2009 por el que se regulaba la TDT de pago.

Cebrián se encontraba ese día en Estados Unidos y movió todos los hilos para afear la conducta del Gobierno. Incluso llamó por teléfono a Mariano Rajoy (tras hablar primero con Esteban González Pons), a quien hizo ver que Zapatero estaba cometiendo una tropelía con el único objeto de beneficiar a Roures y a su grupo. «La aprobación por decreto no tiene justificación; espero que el PP se oponga a ese atropello», atribuye una fuente al enfadado Cebrián en su conversación con el líder de la oposición.

EL DESATINO. A su regreso a España, la respuesta no se hizo esperar. Al margen de editoriales y artículos críticos contra el Gobierno, el propio Cebrián tomó la pluma y arrancó en la portada de EL PAÍS del 21 de agosto un duro artículo contra Zapatero. Entre otras lindezas, Cebrián acusaba al Gobierno de «favorecer los intereses de una empresa cuyos propietarios están ligados por lazos de amistad al poder». Y concluía, indignado: «Ningún demócrata que se precie de serlo puede pasar por alto semejante desatino».

Desde entonces, EL PAÍS ha mostrado una inusitada beligerancia contra la política económica de Zapatero. Incluso ha reflejado en su portada el «desconcierto» en algunos sectores del PSOE por la política «errática» del presidente del Gobierno.

Según algunas fuentes, Cebrián ha llegado a insinuar que Zapatero podría adelantar las elecciones ya que no iba a aguantar la presión de su grupo periodístico unida a la crisis económica que seguirá prolongándose, al menos, durante otros tres trimestres.

El último esfuerzo de Cebrián por impedir la catástrofe se centró en evitar la aprobación por el Congreso del decreto ley del 13 de agosto. Según algunas fuentes, el consejero delegado de Prisa, personalmente, habría hablado con líderes de CiU para que votaran en contra y con dirigentes del PSC para que presionaran a Zapatero.

Pero Cebrián ha perdido el pulso: el Congreso aprobó por 183 votos la TDT de pago (el PP, PNV y UPyD votaron en contra), lo que supone un varapalo para los intereses de PRISA.

Es verdad que algunos socialistas se preguntan si su partido podrá seguir manteniendo el poder sin el apoyo mediático de EL PAÍS, la SER y CUATRO (Iñaki Gabilondo ha dicho en su telediario esta semana que el «problema de Zapatero no es PRISA, sino Zapatero»).

Pero el presidente del Gobierno cuenta con el apoyo mayoritario del Comité Federal y del Grupo Parlamentario. En el propio Ejecutivo, el más crítico con su decisión ha sido el ministro del Interior.

Pero, al otro lado de la barrera, Cebrián no ha logrado que su chantaje (retirarle el apoyo a Zapatero si no cedía en la TDT de pago) surtiera efecto.

Uno de sus competidores, que le conoce bien, concluye: «Cebrián ha demostrado ser un mal gestor porque la situación del Grupo PRISA es ahora peor que nunca; pero tampoco ha demostrado que pueda lograr concesiones por parte del Gobierno. Entonces, ¿para qué le sirve ahora Cebrián al Grupo PRISA?».

Un dirigente del PSOE es aún más drástico: «Esto sólo tiene dos salidas: o Zapatero se carga a PRISA, o PRISA se carga a Zapatero».

Casimiro García Abadillo

Decía Pepe Oneto, muchos años atrás, que el poder consiste en moverse y desenvolverse en la parte superior de la boina, la del pitorro. Por encima, muy pocos. Bajo la boina, los demás. Todo se cuece encima de la boina. Nadie que no tenga acceso al altiplano de la chapela, tiene la más mínima posibilidad de mandar. El poder del sistema se halla en el plano superior de la boina, y sólo cambia cuando alguien, más poderoso que los que habitan la azotea de la boina, la vuelve del revés. Boinazo.

Falleció Jesús Polanco. Era el patrón, el gran empresario. Se puede decir mucho a favor y en contra del hacedor de Prisa, pero no negarle el mérito y la inteligencia empresarial. Su mano derecha, Juan Luis Cebrián, cometió algunos errores importantes. Se halla recuperándose de una eventualidad episódica y le envío mi respeto y buena voluntad. Javier, el sobrino predilecto, dimitió de su cargo, y en Prisa se suceden las malas noticias, nada aliviadas por su impresionante deuda. Zapatero le debe su poder a PRISA. Sin su ayuda no habría ganado las elecciones después del maldito, en todos los sentidos 11 de marzo de 2004. Golpe de Estado o Golpe de Opinión, pero Golpe. Y le entregaron el poder en bandeja. Los que opinan que influyeron los pancarteros y pegatineros del cine son unos ingenuos. Esos mueven doscientos votos, los suyos propios. Pero EL PAÍS y la SER ocuparon la trinchera de la manipulación y consiguieon no dar la vuelta a la boina, sino a la tortilla. Pero el de Valladolid no es agradecido. Y con Miguel Barroso, persona cercana y de gran inteligencia, se apresuró a desmontar PRISA, a lo que contribuyó la enfermedad y desenlace de Jesús Polanco. La SEXTA, Mediapro y todo lo demás, presidido por el falso buenismo del médico de familia. Y a PRISA, que la zurzan. Boinazo.

Mientras no se demuestre lo contrario, PRISA es una gran empresa que pasa por graves problemas financieros. Sus dos negocios fundamentales, EL PAÍS y la SER perderían potencia e influencia si el resto del imperio cayera con estrépito. Y de todo esto sólo se beneficiaría el nuevo sostén del socialismo de hoy, que nada tiene que ver con el de Felipe González y sus catorce años de Gobierno. Ahora y gracias a sus socios soberanistas, han aprobado la TDT de pago en el Congreso. Dice Sebastián que se ha terminado con veinte años de monopolio. Es falso. La televisión de pago de PRISA es la unión de dos licencias concedidas a dos empresas tan distintas como distantes. Y la TDT del Gobierno es una concesión fantasmal. Ni hay aparatos ni tarjetas en el mercado para acceder a ella. Pero se aprubea su desarrollo con anterioridad a su disposición para ser vista. Boinazo contra DIGITAL PLUS.

Y un lío. Cuando se anuncia que sólo podrá ser visto el fútbol en la TDT de pago –algo había después de tanta gratuidad–, la ciudadanía se lanza al mercado y no encuentra nada. Digital a dedo. Zapatero quiere matar al mensajero que tantos servicios le ha cumplido. No teme a Prisa. Sabe que el enorme edificio que han creado los suyos con el médico de familia a la cabeza le sostendrá en el poder. Que no se confíe. Los monstruos heridos son muy peligrosos. Y si se sienten despechados, aún más. Si hay boinazo, que Zapatero se agarre al pitorro.

El comité federal del PSOE respaldó el pasado sábado, sin la más leve crítica, la gestión de Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Los dirigentes socialistas llegaron a la cita convencidos de que el Ejecutivo atraviesa su peor momento político, y prefirieron hacer un alarde de unidad en torno al líder que una reflexión sobre las causas. No por previsible y esperada, la reacción del máximo órgano socialista entre congresos deja de ser una de las opciones más arriesgadas para el futuro. Desde luego, hubiera sido insensato escenificar un divorcio entre el secretario general y los principales líderes territoriales. Pero la reafirmación de la unidad no tenía por qué basarse en un aval sin condiciones a un modo de gobernar que antepone los golpes de efecto al desarrollo de una estrategia rigurosa.

Si los dirigentes socialistas tenían dudas sobre cuál es uno de los principales problemas que les afecta, en su discurso Zapatero reincidió en él. Una reunión de partido no es lugar para anunciar los planes del Gobierno, menos en un asunto como la financiación local. Zapatero, sin embargo, no tuvo reparos en anunciar el aplazamiento de la deuda de los ayuntamientos durante un año y el escalonamiento del pago por otros cuatro, así como la consagración de un 15% del nuevo Plan de Inversión Municipal a educación. Al margen de la falta de sensibilidad institucional que evidencia el escenario escogido, estos anuncios corroboran la imagen de improvisación que transmite el Gobierno: que su presidente haga pública una nueva medida en cada comparecencia no es prueba de una inagotable capacidad de iniciativa, sino de una irreflexión elevada a la categoría de estrategia.

Zapatero se presentó como un paladín frente a unos imprecisos «poderosos» dispuestos a liquidar las políticas sociales, subrepticio preámbulo para justificar la necesidad de subir los impuestos. En una democracia consolidada, nadie puede haber más poderoso que el propio Gobierno y, por tanto, la retórica presidencial resulta difícil de admitir. La opción de elevar la carga fiscal de una economía que destruye masivamente empleo entraña el grave riesgo de contraer aún más el consumo y la inversión, ahondando las causas que han dejado a cuatro millones y medio de ciudadanos en el paro. Y si este riesgo se materializase, el culpable no sería ningún oscuro poderoso sino el Gobierno, responsable de la política fiscal.

Zapatero tuvo palabras de crítica para el gobernador del Banco de España y para algunos sectores empresariales. En el primer caso, olvida que el gobernador cumple con su misión institucional cuando expresa un criterio independiente; en el segundo, se desentiende de una responsabilidad que le compete: igual que ahora promueve el cambio de modelo productivo, tal vez debería haber saneado esos sectores antes de que estallara la crisis. Ésa hubiera sido mejor manera de proteger a los trabajadores, que ahora se encuentran con que España es el país que más paro produce entre las economías de su entorno. También animó a los suyos a no dejarse llevar por lo inmediato ni desanimarse por «dos editoriales y tres tertulias», en referencia a EL PAÍS y la Cadena SER. Dejando de lado que la concepción del papel de la prensa en democracia que tiene el presidente amerita una reflexión seguramente más larga que la presente, los socialistas tal vez estuvieran en mejores condiciones de hacerle caso si, por su parte, gobernase pensando menos en los titulares y las encuestas, que son otra forma de lo inmediato.

El comité federal de los socialistas se desarrolló y concluyó como lo que era, un acto de partido. Apagados sus ecos, la grave situación económica que atraviesa el país seguirá esperando la respuesta rigurosa y coherente que hasta ahora no ha sido posible identificar.

A los diarios les gusta más dar noticias que ser noticia, y si algún día han de ser noticia, lo deseable es serlo por haber dado una gran exclusiva. Me perdonarán los lectores esta digresión inicial, que en realidad no es sino una confesión de incomodidad: el tema que voy a tratar incide sobre un debate público-mediático muy enconado en el que no todo es juego limpio y en cuyo epicentro se ha encontrado EL PAÍS de una manera que puede erosionar su credibilidad. La tormenta comenzó el pasado miércoles, con la publicación en portada de un editorial titulado En la pendiente, en el que se criticaba muy duramente la política del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en materia económica. Este artículo editorial y algunas informaciones recientes han sido interpretados como un viraje en la línea editorial del diario y como una ruptura entre los medios del Grupo PRISA y el presidente del Gobierno.

Que un diario critique la política económica del Ejecutivo no debería ser noticia. Es lo normal en una democracia. Pero a raíz de ese editorial se ha propagado la idea de que esta posición no es fruto del convencimiento, de un análisis independiente y libre de sus periodistas, sino de una estrategia empresarial del Grupo PRISA frente a decisiones del Gobierno que considera lesivas. El pasado 13 de agosto, en plenas vacaciones estivales, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó, en contra del criterio del Consejo de Estado, la regulación de la Televisión Digital Terrestre de pago mediante un real decreto ley, instrumento que la Constitución reserva para casos de «extraordinaria y urgente necesidad». El consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebrián, publicó el día 21 de agosto un artículo titulado Un desatino en el que afirmaba que ese procedimiento constituía un abuso de poder. Cebrián no se oponía a la regulación de la TDT de pago, sino al procedimiento empleado, por considerar que favorecía a otro operador, Mediapro, con el que PRISA mantiene un largo litigio por los derechos del fútbol.

Que el máximo ejecutivo de un operador privado defienda sus intereses no debería ser tampoco noticia. Tiene todo el derecho a hacerlo. Pero la coincidencia entre la polémica sobre la TDT y la publicación del editorial crítico con el Gobierno ha propiciado que se instale en la opinión pública una sospecha que también ha hecho mella en los lectores. Algunos, como Joaquín Gasca Gil, J. M. Sala Franco, José Luis García Lorenzo o Pablo Requejo, se han dirigido a la Defensora para pedir explicaciones. Otros, como Javier Muñoz Álvarez, Enrique Casanova o Mariano García Pechuan, para comunicar, dolidos, que han dejado de serlo. Se consideran traicionados.

No forma parte de las atribuciones de la Defensora cuestionar la línea editorial del diario. Pero en la medida en que este editorial ha causado inquietud en algunos lectores y claro enfado en otros, le he pedido al director, Javier Moreno, que responda a sus inquietudes. Lo ha hecho extensamente, cosa que, dada la importancia del asunto, agradezco.

«No es cierto que se haya producido un viraje. La línea editorial de EL PAÍS no ha dado un giro de 180 grados a raíz de la aprobación de la TDT de pago a mediados de agosto. Ése es un relato que no encaja con los datos, que son siempre más tozudos que las opiniones. Y en este caso, los datos están a disposición de todos, en la hemeroteca del periódico, accesible a los lectores en elpais.com. Difícilmente un lector atento, que haya seguido con interés la cobertura de la crisis económica en EL PAÍS, habrá pasado por alto alguno de los titulares y editoriales que no encajan con la polémica que se trata de establecer, en mi opinión artificialmente».

«Sin ánimo de ser exhaustivo, citaré sólo tres: la primera que recuerdo fue el 4 de enero de 2008. Ese día EL PAÍS tituló a cuatro columnas en primera página: La economía acosa a los socialistas a sólo dos meses de las elecciones. El 25 de marzo pasado, también abriendo el periódico y a cinco columnas (lo máximo que permite el diseño), titulamos: El paro desborda al Gobierno a propósito de la cifra de paro conocida el día anterior, que por primera vez superaba los cuatro millones de desempleados; acompañaba a la información un editorial (Estado de alarma) que arrancaba en la primera página y en cuya primera frase se decía que la gestión del Ejecutivo en esta materia era «un rotundo fracaso». El 3 de agosto de 2008, el titular de la portada del suplemento Negocios tenía sólo tres palabras: Suspenso al Gobierno».

«No es ningún secreto que la decisión del Gobierno sobre la TDT ha merecido las críticas de EL PAÍS. También Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA, editora del periódico, ha expresado su opinión negativa (y por tanto la de la empresa) en un artículo de opinión el pasado agosto. Así que resulta también difícil de sostener que el diario maneja una agenda oculta a sus lectores. ¿Resultan más duras, por emplear un calificativo usado por algunos de ellos, las informaciones y editoriales sobre Zapatero y la crisis a la vuelta del verano? Sin duda. ¿Responde esto a un deterioro objetivo y cuantificable de la situación económica (paro, déficit, titubeos sobre el alza de impuestos)? Sí, también sin duda. ¿Supone un giro copernicano (donde antes apoyábamos sin fisura ahora atacamos sin fundamento)? Rotundamente no, según los datos a disposición de todos en la hemeroteca. ¿Alguna de las informaciones objeto de la polémica son falsas o utilizan torticeramente los datos en los que se basa la información para engañar al lector? Nadie, ni siquiera los lectores más críticos, utiliza este argumento. EL PAÍS y el Grupo PRISA pueden juzgar con dureza una decisión concreta del Gobierno, pero ello no va a cambiar la cobertura general, ni en un sentido ni en otro. ¿Aceptarían los lectores a partir de ahora una visión más «amable» de la crisis que azota España sólo para evitar suspicacias? ¿Sería esto compatible con la misión y la obligación de un periódico independiente como EL PAÍS?».

«Finalmente, unas palabras en defensa del periodismo y de la dignidad de la Redacción y de todos los profesionales que hacen posible EL PAÍS. Yo soy el director y como tal, responsable último de sus informaciones y de la línea editorial, que se debate ampliamente en los consejos editoriales. Pero en este diario nadie escribe al dictado. Y algunos de los mecanismos de control que aseguran la calidad a los lectores (el Comité Profesional o la Defensora del Lector, que me ha pedido estas explicaciones) aún buscan parangón en el resto de la prensa española». Ésta es la explicación del director. Lo pernicioso de una situación como ésta es que ninguna decisión se libra de las suspicacias. Si un editorial es crítico, será interpretado como una presión o una venganza; si no lo es, como una concesión que espera recompensa. La frase con la que termina Ignacio Carbó del Moral su escrito a la Defensora me ha llevado a una reflexión que requería mucho más espacio. «Lamentablemente», dice, «sus únicos intereses no son mejores que los de cualquier otra empresa cuyo objetivo son las ganancias por encima de otros aspectos. Malos tiempos para el país y para EL PAÍS».

Cuando la sospecha se instaura en el ecosistema mediático, no sólo afecta a la credibilidad del medio que está bajo escrutinio, sino a la del periodismo en general. Y crea desafección. Alimenta un discurso según el cual, parece normal que un Gobierno, del signo que sea, quiera tener medios afines y utilice para ello los resortes del poder; y también, que los operadores respondan a este juego utilizando su influencia para defender sus intereses empresariales. El resultado de este discurso es una idea de efectos letales: la de que todos son iguales, los gobiernos y los medios. Demostrar lo contrario es, pues, un imperativo democrático.

Como enseña la experiencia histórica de los regímenes presidencialistas, las segundas legislaturas de un presidente electo casi nunca son buenas, e incluso pueden resultar desastrosas, según revela el ejemplo de Clinton o de Bush, en EE UU, o de Suárez, González y Aznar, en España. Y a estas alturas ya parece evidente que lo mismo le va a ocurrir al presidente Zapatero en su segunda legislatura.

En efecto, al comienzo del presente curso político, el Gobierno español se encamina hacia su peor coyuntura. Hasta ahora, Zapatero había podido capear el temporal de la crisis navegando a remolque de sus dos rompehielos protectores, los presidentes Obama y Sarkozy, que le condujeron en volandas hasta las cumbres del G-20+2. Pero una vez que la crisis financiera global ha tocado fondo, e inicia su recuperación, esta percha exterior ya no le sirve a Zapatero de coartada. Ahora nuestra propia crisis doméstica prosigue su ineluctable desarrollo con plena autonomía sin poder beneficiarse de la recuperación exterior, impulsada por la inercia del efecto retardado de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Es verdad que nuestras tres empresas globales se han salvado, pero el resto de la economía española continúa prisionera de su triple trampa inmobiliaria (stock sin vender), hipotecaria (morosidad) y presupuestaria (caída del ingreso y explosión del gasto a causa del creciente desempleo por la contracción de la demanda).

Nos espera así una década perdida de depresión del consumo a la japonesa, y mientras tanto seguirá hinchándose la nueva burbuja del déficit presupuestario y la deuda pública. Y por si esto fuera poco, el clima político también empeora. Cuando ya se creía que la debilidad parlamentaria del Gobierno había quedado resuelta con el deficitario pacto de la financiación autonómica, hete aquí que el TC amenaza con decretar la inconstitucionalidad del Estatut, reactivando la insumisión del soberanismo catalán. A su vez, el PP retorna a la neocrispación con su nueva cruzada de victimización conspiranoica. Y para acabar de rizar el rizo, la llegada invernal de la inofensiva pandemia H1N1 desnudará la cara oculta del sistema sanitario español, un ídolo con pies de barro que presume mucho de sus especialidades punteras (como los trasplantes) mientras padece un grave déficit en servicios de urgencia y atención primaria. Por eso es de temer que, pese a la objetiva debilidad de la nueva gripe, nuestra red sanitaria será incapaz de atender el inminente ataque de pánico social mediáticamente creado.

Y para enfrentarse a todo esto que se le avecina, al Gobierno de Zapatero no se le ocurre nada mejor que subir los impuestos, gravando todavía más el consumo de las clases trabajadoras (con tributos indirectos) y las rentas y haciendas de las clases medias (las únicas que pagan impuestos directos), a riesgo de hacer abortar la próxima recuperación económica. Así, ante el dilema de recortar el Presupuesto, como exige la derecha (PP, CiU), o de subir los impuestos, como pide la izquierda (IU, ERC, ICV), el funámbulo Zapatero ha optado como siempre por prometer (no se sabe si también dar) una de cal y otra de arena: 15.000 millones de recorte pactado con el PP y otros 15.000 millones de subida de impuestos, a su vez divididos entre una subida de 10.000 en indirectos, a pactar con el PNV, y otra de 5.000 en directos, a pactar con la izquierda. Es el talante multipartidista de Zapatero, un veleidoso promiscuo de geometría variable que no practica el bipartidismo por consenso, como pretende Obama, sino la bigamia más versátil y voluble, a fin de mantener intacta su autonomía política.

En efecto, en lugar de tratar de atraer a todos hacia su propio terreno, según intentan hacer Obama y Sarkozy como presidentes centrípetos al estilo Rey Sol, el presidencialismo centrífugo de Zapatero sólo aspira a frustrar y defraudar a todos, rompiendo para ello uno tras otro los sucesivos compromisos que ha ido ofreciendo y a veces contrayendo con propios y extraños. Es un peculiar ejercicio del divide y vencerás, que Zapatero aplica preferentemente a sus aliados antes que a sus adversarios. Así acaba de hacerlo también con el principal grupo de prensa español (al que pertenece este periódico), al que no ha dudado en penalizar para ganarse a cambio otro pírrico apoyo. Y la única explicación de tan adúltera estrategia es la de mantener a ultranza su propia autonomía política para no depender de servidumbres ni protectorados (algo que lo iguala a su rival Rajoy). Lo cual le ha llevado a romper con sus aliados naturales de la vieja guardia del PSOE, de la izquierda parlamentaria y ahora del Grupo PRISA. El problema es que a este paso terminará por romper también con sus propios electores.

La palanca de la bota malaya gira un cuarto de vuelta. Aunque la portada de EL PAÍS venía ayer limpia de esquirlas antizapateriles, el editorial contenía la correspondiente dosis de recuerdo del fuego ya definitivamente enemigo. “Todos a una” era el título de una pieza resentida con los socialistas que perdieron la oportunidad para colgar de los pulgares a su secretario general en el último Comité Federal. “Prefirieron hacer un alarde de unidad en torno al líder que una reflexión sobre las causas”, dice el editorialista, antes de hacerse el sueco respecto al recado que dejó el presidente del Gobierno a sus hostigadores: “Zapatero se presentó como un paladín frente a unos imprecisos ‘poderosos’…” ¿Imprecisos? Pues todo el mundo leyó “Prisa” en los labios del leonés.

Más paisista que EL PAÍS, Enrique Gil Calvo entraba en la melé con lenguaje prestado de la legión que acosa por el frente derecho: “Un veleidoso promiscuo de geometría variable que no practica el bipartidismo por consenso, como pretende Obama, sino la bigamia más versátil y voluble”, definía al presidente. Una líneas más abajo escribía: “Es un peculiar ejercicio del divide y vencerás, que Zapatero aplica preferentemente a sus aliados antes que a sus adversarios. Así acaba de hacerlo también con el principal grupo de prensa español (al que pertenece este periódico), al que no ha dudado en penalizar para ganarse a cambio otro pírrico apoyo”. PRISA, retratado por uno de sus pintores de cámara como aliado -ahora ex- del Gobierno. ¡Toma confesión!

La defensora de los lectores, incómoda

Y aquí va otra, la de Milagros Pérez Oliva, Defensora de los lectores de EL PAÍS, que estos días ha tenido a la clientela de uñas por el viraje de su periódico, visible en el doble editorial de la semana pasada: “Este editorial ha causado inquietud en algunos lectores y claro enfado en otros”, reconocía el domingo, y aún añadía que sus comunicantes “se consideran traicionados”.

Ante tal incendio en la parroquia, la defensora cedía su puesto al director del diario. Javier Moreno, claro, negaba la mayor. Luego, la ombudswoman se cruzaba de acera para representar los intereses del patrón y, de propina, socializar el déficit de crédito de su medio con todo el gremio: “Cuando la sospecha se instaura en el ecosistema mediático, no sólo afecta a la credibilidad del medio que está bajo escrutinio, sino a la del periodismo en general”. O sea, los problemas de EL PAÍS  son los del país. Venga ya.

El diario EL PAÍS fue creado en el inicio de la Transición por pura necesidad ideológica sin pensar en el negocio. El éxito económico sorprendió a sus promotores. Este diario sintetizó los sueños más nobles de la II Republica destruidos por la guerra y todas las aspiraciones de modernidad que estaban en suspensión en el aire durante la dictadura. El regeneracionismo de Giner de los Ríos, la Institución Libre de Enseñanza, el pensamiento orteguiano, la política de Azaña, el laicismo, la libertad, la democracia y el europeísmo fueron su patrimonio espiritual y a este acervo histórico se sumó el talante de una minoría burguesa ilustrada y la creatividad más vanguardista de las nuevas generaciones. Este mensaje era lo que cada mañana la correa de transmisión del diario EL PAÍS llevaba a los quioscos, a las mesas de los políticos y a los despachos de los altos financieros. Desde el principio fue el diario de referencia, solvente, con una identidad muy marcada, el intelectual colectivo, como lo definió Aranguren. El Gobierno de Felipe González se integró en este mismo proyecto de viaje. Compartían los mismos valores y los mismos ataques desde la caverna. Aquel sueño periodístico, casi romántico, se convirtió en una formidable empresa cultural con gran proyección latinoamericana y según la derecha en un temible contrapoder fáctico. En su momento el propio Felipe González también se consideró desasistido por este periódico hasta el punto de afirmar que había perdido las elecciones contra Aznar por los 300.000 votos socialistas que El PAÍS llevó a la abstención por una simple cuestión de estética frente la corrupción. La derecha ideó todas las tretas posibles para arruinar esta empresa, sin excluir la tentativa de meter en la cárcel al patrón sirviéndose de la prevaricación de un juez. Lo que no consiguió la derecha reaccionaria está a punto de conseguirlo el puto fútbol. Estremece pensar que el burdo enredo de la televisión de pago, la falta de cintura de este Gobierno para asimilar la crítica a su política errática y cuatro pícaros que sólo piensan en forrarse acabe con aquel sueño en una batalla con fuego amigo, en la que El PAÍS puede perder la identidad y los socialistas las elecciones, como un regalo a su común adversario.

Escribe el profesor Antonio Hernando, director del Instituto de Magnetismo, sobre la importancia de la derivada. Señala que la sensibilidad tanto de los sentidos como del intelecto es proporcional a la derivada del agente excitador. Por algo, insiste, las ecuaciones de Maxwell, quizá la formulación más importante debida al intelecto, son igualdades entre derivadas. Así que un estímulo constante, como el movimiento uniforme, no cuente, mientras que la aceleración, el cambio, sea lo que nos afecte.

De regreso al momento político e informativo que vivimos todo lo anterior se traduce en la irrelevancia de las portadas del diario El mundo durante cinco años a base de El Egipcio, El Chino, la mina de la Camocha, la Kangoo, las cintas de la orquesta Mondragón y todas las figuritas adicionales del belén armado en torno a la masacre del 11-M. Como tampoco han traído consecuencias las primeras páginas de EL PAÍS dedicadas a los trajes de Francisco Camps. Pero cuando El mundo la emprende con Mariano Rajoy o EL PAÍS dedica un editorial crítico a José Luis Rodríguez Zapatero se satura la centralita.

Zapatero ha establecido una relación especial con algunos medios que le han sido muy críticos

Se diría que estamos viviendo circunstancias cruciales. El presidente del Gobierno ha perdido credibilidad, se ha dejado ganar por la desconfianza y vuelve sus ojos en busca de adhesiones incondicionales. Ya tiene un grupo naciente de comunicación afín aunque todavía insuficiente. Nunca ha puesto sus complacencias en el grupo PRISA, sospechoso de filofelipismo vetero testamentario.

Además, José Luis Rodríguez Zapatero ha establecido una relación especial con algunos medios que le han sido muy críticos. Así, con la COPE de Federico Jiménez Losantos, de cuya brutalidad piensa haber sacado buen partido. Recordemos la campaña electoral de marzo de 2008, cuando aquellos anuncios en Cataluña «¿Dudas?, escucha la COPE». El cálculo sobre el efecto bumerán del extremismo radiofónico de los obispos se demostró acertado. En cuanto a Jota Pedro, la relación de Rodríguez Zapatero presenta algunas similitudes con la actitud de Adolfo Suárez, cuando era presidente del Gobierno, respecto al diario EL PAÍS. Porque Suárez soportaba las críticas del diario en la esperanza de que algún día llegaría a merecer la patente de demócrata que en aquellos años otorgaban sus páginas. Ahora, todo sucede como si para ZP fuera Jota Pedro quien tuviera ese poder de homologación. Por eso, los padecimientos que le inflige no deben apuntarse a un masoquismo inútil sino que los soporta en aras de un logro decisivo que desea obtener.

En vísperas de un libro desigual pero esclarecedor sobre Jota Pedro, donde queda claro que sólo le ha movido la búsqueda del éxito y de la propia prosperidad, sin ningún otro condicionamiento ni fidelidad a nada ni a nadie, se ha conocido la promesa formulada de arruinar y cerrar el periódico que tiene por delante, creyendo así prestar un servicio al presidente que le distingue con su afecto.

El primer movimiento emula otras maniobras cumplidas por Luis María Anson cuando hizo un ABC más militarista que el diario EL ALCÁZAR para quedarse con los lectores huérfanos tras su cierre y procedió después a convertir ABC en un bastión más católico que el diario Ya para vaciarlo de sus incondicionales.

Se pronostica en consecuencia un momento de zapaterismo subido en el diario de Jota Pedro, para dar consueling a quienes pudieran sentirse dolidos por la crítica que refleje el competidor. Las objeciones carecen de sentido. Pero tampoco lo tendría que alguien se sintiera sorprendido por aquello que es del todo previsible. El desfile de Juan Tomás de Salas y de Mario Conde en adelante es aleccionador y no presenta excepciones. Los encumbrados fueron después arrastrados por el fango porque el único criterio ha sido ese de «yo soy el camino, la verdad y la vida».

Mientras, recordemos que la información es en sí misma una magnitud científica, al menos desde los años cuarenta del siglo pasado cuando C. Shannon estableció que «la información que obtenemos después de presenciar un suceso, crece de modo directamente proporcional con la disminución de la probabilidad que tal suceso tenía antes de ocurrir». O sea, que asistir a un suceso de alta probabilidad es irrelevante a efectos de la información obtenida mientras que los sucesos raros, improbables, son muy ricos en información y suscitan por consiguiente la atención del público.

Miguel Ángel Aguilar