El diputado de Batasuna José Antonio Urrutikoetxea ‘Josu Ternera’, ex Jefe de ETA, se fuga de España tras aparecer indicios que le vinculan con la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza

La justicia no olvida, ni los ciudadanos han olvidado, lo sucedido en Zaragoza en la madrugada del 11 de diciembre de 1987: la voladura por ETA, mediante la explosión de un coche bomba, de una casa cuartel de la Guardia Civil mientras dormían sus ocupantes, 11 de los cuales, entre ellos cinco niñas, resultaron muertos. Uno de los autores materiales de la masacre ha sido juzgado y cumple condena. Pero la justicia nunca ha desesperado de poder demostrar que la orden partió de los entonces integrantes de la cúpula de ETA residente en Francia, entre ellos José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, hoy parlamentario vasco por Batasuna y miembro de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Vitoria.

Un juez de la Audiencia Nacional considera que dispone de indicios suficientes -en especial, testimonios de etarras detenidos en los últimos años- para proceder contra Josu Ternera, Francisco Múgica, Pakito, y José María Arregui, Fitti -estos dos, también dirigentes de ETA en los años ochenta- y convertir en prueba irrefutable lo que es una convicción moral: su autoría, como inductores, de la matanza de Zaragoza. Y a la vista de esos indicios, la fiscalía ha pedido a la Sala Segunda del Supremo que asuma la investigación en lo referente a Josu Ternera, dada su condición de parlamentario y el carácter terrorista de los hechos, y le cite a declarar como imputado.

Es de esperar que la iniciativa judicial tenga sólidos fundamentos. Sería lamentable que se pusiera en marcha un procedimiento que no concluyera en una imputación clara contra Ternera y sus antiguos socios en la dirección de ETA y en su comparecencia a juicio. El voluntarismo sin más -el deseo legítimo de acabar con ETA- no lleva a ninguna parte en el ámbito de la justicia, salvo a su desprestigio y a la frustración ciudadana.

La repugnancia moral que produce que el jefe de ETA en una de las etapas más sangrientas de la banda armada -71 asesinatos durante los años 1987 y 1988, entre ellos los 21 de Hipercor y los 11 del cuartel de Zaragoza- forme parte de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco rebasa todos los límites. Además de una provocación, la presencia en esa institución de un etarra convicto -cumplió condena en Francia por pertenencia a ETA antes de su extración en 1996- constituye una permanente ofensa a las víctimas y al propio Parlamento vasco. Pero esa repugnancia moral no exime a la justicia de actuar con el rigor que exige el Estado de derecho. Es de esperar que la Cámara de Vitoria no ponga trabas y despoje a Ternera del fuero parlamentario.

La sospecha de que José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, ha podido huir y que no acudirá a la cita judicial del próximo día 13 en el Supremo se acrecienta. Algunos pensarán que el juez del Supremo ha pecado de ingenuo al darle un plazo en exceso largo, tras su incomparecencia a la primera cita del pasado día 7, que podría ser aprovechado para burlar de nuevo a la justicia. Tras su carta al diario Gara, en la que advertía de su negativa a participar en ‘un juicio farsa’, parecía evidente que Ternera no comparecería voluntariamente ante la justicia sino conducido por la policía. Anunciar su arresto y no llevarlo a cabo de inmediato para su conducción ante el juez era darle una oportunidad para, al menos, tener en jaque durante unos días a las fuerzas de seguridad y quién sabe si para ponerse fuera de su alcance durante el tiempo que pueda. A sólo dos días de la cita judicial, la policía no ha logrado localizarlo.

Josu Ternera, uno de los jefes de ETA en una de las etapas más sangrientas de la banda terrorista -71 asesinatos en los años 1987 y 1988, entre ellos los 21 de Hipercor y los 11 de la casa cuartel de Zaragoza- y hoy parlamentario de la suspendida Batasuna, está citado para responder a los testimonios de antiguos correligionarios detenidos en los ultimos años que le señalan como inductor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. La fiscalía ha pedido a la Sala Segunda del Supremo que asuma la investigación, dada la condición de parlamentario autonómico de Ternera y el carácter terrorista de los hechos que se investigan.

El parlamentario de Batasuna no está imputado de momento, aunque esté citado en esa condición para garantizar su derecho de defensa. Pero puede estarlo si la investigación judicial, tras contrastar con él los testimonios indirectos que le incriminan, sigue adelante y el Supremo decide presentar al Parlamento de Vitoria el preceptivo suplicatorio para procesarle. Ternera podrá pensar que el procedimiento judicial abierto contra él es ‘un juicio farsa’ y que no tiene por qué responder a los testimonios incriminatorios de antiguos correligionarios suyos en ETA, pero la justicia no va a desistir de preguntarle sobre su papel en la matanza de la casa cuartel de Zaragoza que costó la vida a 11 de sus ocupantes, entre ellos cinco niñas. Puede no acudir a la cita judicial del día 13 e incluso esconderse o huir a donde sea, pero más tarde o más temprano tendrá que contestar y aclarar su presunta participación en un crimen que ni la justicia ni los ciudadanos han olvidado.

Quienes creyeron bajo palabra a Josu Ternera tienen motivos para lamentarlo. En la carta al diario Gara en la que comunicaba su intención de no presentarse a declarar ante el Supremo, el pasado día 6, por considerar que se trataba de un ‘juicio-farsa’, decía que no se iría ‘a ningún lado’ y que pensaba continuar con su ‘acta de parlamentario para seguir trabajando junto a vosotros’. No ha cumplido, y tampoco ayer se presentó ante la justicia para responder de la acusación de haber ordenado, como miembro de la dirección de ETA, el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en 1987, en el que perecieron seis adultos y cinco niños.

El juez instructor no consideró necesario ordenar la detención inmediata de Ternera tras la fallida comparecencia inicial, por ‘no apreciar razones que hicieran pensar en su intención de sustraerse a la acción de la justicia’. El exceso de confianza se extiende a los responsables del Gobierno. La prudencia habría aconsejado mantener bajo vigilancia policial a Ternera desde el momento en que el procedimiento llegó al Supremo, en julio pasado. El escándalo organizado en su día por la fuga de Roldán, que provocó la dimisión del entonces ministro de Interior, Antoni Asunción, debería haber inspirado una mayor diligencia al actual y hace más incomprensible esta negligencia.

El episodio debe servir al menos de aviso respecto a la necesaria coordinación entre la justicia y la policía con vistas a situaciones que podrían producirse en relación a los sumarios abiertos contra el entramado de Batasuna. La idea de que ese mundo está formado por luchadores equivocados pero altruistas y con sentido de la palabra dada es un tópico sin fundamento. En su carta a Gara, Ternera habla de lo mucho que ha sufrido desde su detención, en Francia, en 1989, pero no considera necesario pedir perdón o siquiera lamentar las 11 muertes de Zaragoza. Tampoco niega su responsabilidad en el atentado, limitándose a ensartar frases sobre la persecución de que se siente objeto.

Juicios-farsa los había durante el franquismo, cuando los tribunales militares podían condenar sin pruebas, ateniéndose a su ‘convicción moral’. Si es detenido y juzgado, Ternera dispondrá de todas las garantías del Estado de derecho. No podrá ser condenado sin pruebas. Pero no le bastará invocar sus convicciones políticas para quedar impune.